Emiliano Tizapa Lucena
El Quemado, Atoyac
Dos años antes de que el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos (dos de diciembre de 1974) muriera en un enfrentamiento a balazos con el Ejército en El Otatal, municipio de Tecpan, habitantes de las comunidades de Atoyac vivieron una represión brutal perpetrada por el Estado.
Algunas comunidades fueron sitiadas por los soldados; los pobladores fueron torturados, los pueblos fueron saqueados, sus cosechas destruidas y sus animales liberados; mujeres y hombres fueron desaparecidos de manera forzada bajo una estela violenta en la aniquilación de la guerrilla del Partido de los Pobres.
La represión en la comunidad de El Quemado es un ejemplo de una operación de exterminio del Estado mexicano ejecutada por los soldados: Operación Telaraña. En un país gobernado por un PRI absolutista en el que el pensamiento disidente no cabía y cualquier ápice de rebeldía era castigado con la muerte.
A 52 años de que toda una población fue raptada, torturada y asesinada, la justicia aún se ve lejana y, en El Quemado, muy pocas cosas han cambiado, aunque la dignidad de sus habitantes permanece intacta.
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Entre las dos primeras décadas del siglo XX, una familia de apellido Fierro se asentó a 12 kilómetros de la localidad de Cacalutla, hacia la sierra de Atoyac donde fundaron un caserío bautizado como Villa Guerrero.
En aquellos años dominaban la zona los hacendados de los Mendoza y el nuevo asentamiento también conocido como la Villita no agradó a estos caciques de Cacalutla.
Con intención de desalojarlos, entre 1925 y 1930 los Mendoza encargaron en tres ocasiones a Nicho Fierro –poblador originario de un pueblo conocido como El Achotal– que incendiara las casitas de Villa Guerrero.
Por los ataques, con el tiempo el caserío de Villa Guerrero cambió su nombre y adoptó el de El Quemado, aunque sus habitantes jamás abandonaron las tierras.
Arturo Ríos Morales, originario de la zona, dice que en la década de 1960 El Quemado ya no era un simple caserío y superaban los mil habitantes; no había energía eléctrica ni tampoco carretera sino caminos y veredas hacia Atoyac y Cacalutla. Los pobladores sembraban maíz, calabaza, frijol y café, además tenían ganado.
Cada 25 de julio en El Quemado se organizaban carreras de caballos y eran frecuentes las peleas de gallos y los torneos de básquetbol contra habitantes de otras localidades vecinas.
Ríos Morales cuenta que por la noche en El Quemado los niños y las niñas salían a jugar a las calles al encantado, a las escondidas, a la rayuela, al cocol, al trompo y a las canicas, siempre en un ambiente pacífico.
Sin embargo, el 18 de mayo de 1967 en la entonces plaza Morelos de la cabecera municipal de Atoyac ocurrió una matanza a manos de policías judiciales contra un mitin encabezado por Lucio Cabañas Barrientos, un profesor rural que acompañó a maestros y padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez que se manifestaban contra las cuotas escolares que buscaba limitar la educación de las hijas y los hijos de las familias más pobres; cinco personas murieron y aquel día comenzó una persecución que orilló al docente a organizarse de manera clandestina.
El lunes 23 de agosto de 1972, a dos cerros de distancia de El Quemado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, el brazo armado del Partido de los Pobres (PdlP) que fundó Lucio Cabañas, ejecutó su segunda emboscada contra un convoy del Ejército en Arroyo Oscuro. Murieron 18 soldados.
Días después de la emboscada, los militares comenzaron a recorrer las comunidades en busca de la columna de Lucio Cabañas. El Quemado por su cercanía a Arroyo Oscuro quedó marcada. Para ese entonces el Ejército había abierto caminos por todos los pueblos para cazar a la guerrilla del PdlP.
Los militares comenzaron a ejecutar la Operación Telaraña.
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Eran las 8 de la mañana del domingo 5 de septiembre de 1972, 13 días después de la emboscada en Arroyo Oscuro; desde un mes antes los soldados habían hecho recorridos por el pueblo para amenazar a los habitantes para que no apoyaran a Lucio Cabañas y sus hombres.
Arturo Ríos Morales, tenía 12 años. Dice que la tranquilidad de aquella mañana en El Quemado la irrumpió un convoy de militares quienes llegaron hasta la cancha de básquetbol, tocaron una campana y llamaron a todos los ciudadanos de la comunidad a una reunión. Los militares pasaron lista a los hombres del pueblo y los formaron.
Cuando “los guachos” (los militares) terminaron de pasar lista de los asistentes de la reunión, introdujeron a unos cuantos pobladores a una casa que estaba a lado de la cancha.
Arturo Ríos cuenta que en esa vivienda los solados torturaron al grupo de pobladores y los obligaron a que se declararan culpables de la emboscada perpetrada por la guerrilla de Lucio contra el Ejército en Arroyo Oscuro.
Pasada la noche, el 6 de septiembre de 1972, a los detenidos los empezaron a sacar con las manos dentro de las bolsas del pantalón, iban amarrados por la parte de adentro, los hicieron caminar por la calle principal hasta donde actualmente está ubicada la preparatoria del pueblo, ahí unos soldados chaponaron e improvisaron un espacio donde bajó un helicóptero, los subieron y los trasladaron a la 27 Zona Militar de Acapulco algunos y otros a la zona militar en Atoyac.
La pesadilla no terminó, los detenidos siguieron siendo torturados.
En diez días fueron detenidos 94 pobladores, entre ellos una mujer; de estos detenidos siete de ellos fueron desaparecidos por el Ejército, 24 fueron sentenciados por el asesinato de los soldados, otros pobladores murieron por la tortura y otros lo hicieron tras regresar después de cuatro años encarcelados.
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Es la mañana de un caluroso sábado 30 de noviembre de 2024, han pasado 52 años del episodio de represión en este poblado de Atoyac. En la comisaría municipal de El Quemado un grupo de 30 personas está reunido; mujeres y hombres, algunos se recargan de bastones, pero a la mayoría, las canas en la cabellera y las arrugas en el rostro lucen ya irreversibles.
Todos son víctimas directas e indirectas de la operación de exterminio que el Estado mexicano ejecutó contra este pueblo y son parte del colectivo El Quemado.
Saúl Martínez Palacios, tienen 58 años, en 1972 tenía seis años cuando los soldados se llevaron a su padre Ramón Martínez Gómez, a su abuelo Fidencio Martínez Fierro, a su tío Fidencio Martínez Gómez, así como a sus familiares Filiberto y Fidencio Radilla Sequeida y Luis Radilla Godoy.
“Soy afectado indirecto, se llevaron a mi papá preso, a mis tíos, a mi abuelo. Cuando llegaron, lo hicieron con muchas dolencias, o sea, muchas afectaciones físicas. Es doloroso para nosotros, incluso cuando éramos niños saber este tipo de situaciones que vivimos en este pueblo y de mucha gente que se la llevaron presa que ya no volvió. Mucha gente llegó a morirse nada más porque venían muy torturados, muy golpeados y otros se están muriendo lentamente por las secuelas”, cuenta Saúl.
“Como niños tuvimos que crecer bajo una situación de miedo, de terror, muchos escuchaban hasta el helicóptero y se asustaban porque aquí el helicóptero diario echaba de tres a cuatro viajes con reos, entonces al escuchar ese tipo de ruido quedó uno como traumado”.
“La gente vivió una calamidad muy enorme, venían los militares y no dejaban ni pasar alimentos porque decían que se le traía comida a Lucio Cabañas o a los guerrilleros, totalmente falso”, relata.
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Angélica Morales Navarrete, tiene 92 años, para caminar se apoya de una madera que le funciona como bastón y del brazo de una de sus hijas; los años se notan en su cuerpo delgado, por los pocos dientes que le quedan y las arrugas arraigadas en su rostro.
En 1972, Angélica tenía 40 años, aquella mañana del 5 de septiembre de 1972, el Ejército sacó a su marido Esteban Valdés Palacio de la casa de su yerno y se lo llevaron a la cancha de básquetbol.
“Llegó el gobierno y nos sacaron para acá para el barrio; teníamos (en la casa) un saco de frijol, dos de café y los militares los regaron en el piso; teníamos una calabaza y la sorrajaron al piso. Mi marido lo tuvieron ahí en una casa donde le estaban preguntando, ¿porque consintió a Lucio? No lo conocemos al señor –respondía mi marido–, pero los militares le decían que sí lo tuvieron y lo golpeaban en la cabeza”.
Angélica observó como a Esteban los soldados lo golpearon hasta que se cansaron. La cabeza se le inflamó tanto que no resistió y murió en su casa.
Esteban y Angélica tuvieron seis hijos, ninguno tenía las condiciones ni la edad para trabajar. Los “guachos” se apoderaron de sus parcelas y cultivos, movían a los animales para que acabaran con las cosechas y a otros los liberaron de sus corrales.
“No podíamos mandar a los chamaquitos a buscar leña al monte, no los dejaban. Hemos sufrido con mis hijos, el día que me muera me va a enterrar el pueblo porque no tengo nada, soy pobre. Mucha gente murió y siguen muriendo por los golpes que le dio el gobierno”, dice Angélica.
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Viviana Morales Jacobo, pronto cumplirá 76 años; en 1972 se encontraba en su casa junto a su esposo Aurelio Díaz Fierro, un policía de la cárcel de Atoyac.
Aquella mañana del 5 de septiembre unos soldados pasaron a su casa y le preguntaron a Aurelio cómo se llamaba, dio su nombre y uno de los militares le dijo que lo acompañara tantito, que regresaría pronto a su casa. Sin embargo, Aurelio también fue detenido.
Viviana asegura que le llevaba de comer a la casa donde lo tenían, pero los militares no se lo daban. Después vio cómo los militares lo subieron a un helicóptero y se lo llevaron. Aurelio jamás regresó.
Sin Aurelio, Viviana y una hija pequeña se refugiaron en la casa de sus padres durante cinco años; lavó y planchó ajeno, sembró tomate y chile, vendía pescado con su madre para salir adelante hasta que volvió a casarse.
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Gregorio Pascual Tecuapa, tenía 27 años cuando el Ejército tomó presa a la comunidad. Él fue de los 13 hombres que los soldados no se llevaron de El Quemado.
Gregorio dice que la gente sufrió mucho, sobre todo las señoras que se quedaron sin esposos y con varios hijos.
“Algunos que ya estaban terminando la primaria y los iban a mandar a otros lados a estudiar, así como otros que estaban estudiando afuera ya no lo hicieron. Ese es el dolor del pueblo”.
“Como dos meses después no nos dejaron salir para nada, estábamos presos, hacíamos lo que decían ellos. Un día fui con el capitán para que me diera permiso de salir, pero me dijo son dos horas que pueden salir, a las dos horas tienen que reportarse. Le dije es que tengo mi siembra lejos, me llevo una hora de camino y en esa hora, pues nomás voy a regresar a dar vuelta y para atrás y no voy a alcanzar a reportarme a la hora que usted me dice. No, no, ustedes aquí tienen a ese bandolero, aquí le están dando de comer, me dijo. Le insistí, mire capitán, necesitamos ver los productos, cómo están. No, no hay nada de permiso, me repondió”.
A poco más de medio siglo, Pascual Tecuapa afirma que la población de El Quemado necesita que más estudiantes escuchen su historia para que no se olvide la atrocidad que cometió el Ejército en esta localidad.
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Actualmente en El Quemado todavía hay casas de adobe con techos de teja o lámina y pocas son de otro material. Las calles, con excepción de la principal que lleva a la cancha central, siguen siendo de tierra; no hay drenaje, las tuberías del sistema de agua potable están colpasadas; la única diferencia de hace 52 años dicen los pobladores es que ahora hay energía eléctrica y una carretera pavimentada, aunque con baches y derrumbes como muchas en Guerrero.
En el censo del INEGI de 2020 contabilizó 847 habitantes en El Quemado, cuatro años después dice Arturo Ríos, deben rondar los mil.
A un lado de la cacha de básquetbol, donde siguen jugando los niños, quedó el hueco de la casa donde fueron retenidos los pobladores. Ahora es un terreno baldío porque la casa se cayó ante el abandono de sus dueños originales, quienes huyeron del pueblo. El único recuerdo de que ahí existió esa casa es un horcón tirado entre la maleza que era parte del techo del corredor; entre esas paredes donde quedaron impregnados los gritos, el llanto y el sufrimiento de hombres torturados.
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Arturo Ríos Morales sostiene que desde 1972 El Quemado a nivel nacional se convirtió en el primer pueblo de izquierda porque desde entonces ningún poblador ha votado por el PRI ni por un partido de derecha.
Pero a 52 años de la represión colectiva, El Quemado sigue exigiendo justicia y reparación del daño. Ríos Morales sostiene que a pesar de que ninguna vida ni la libertad se paga con dinero, la gente hubiese quedado conforme y no exigirían nada si hubieran sabido que el ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez y, los militares Arturo Acosta Chaparro, Hermenegildo Cuenca Díaz, Francisco Quiroz Hermosillo, Joaquín Solano Chagoya “se hubieran podrido en la cárcel”.
“Estuviéramos conscientes, diríamos, se hizo justicia, pero todos fueron intocables”.
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Saúl Martínez Palacios sostiene que en estos 52 años han sido engañados muchas veces por los diferentes gobiernos que no cumplen con la reparación del daño indivual y colectivamente.
“Ya son 52 años, nosotros ya no pedimos sino exigimos; con Vicente Fox se aceptó todo esto que pasó. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador nos agendaron una cita con Alejandro Encinas y estuvimos con él, pero también quedó nada más en pláticas, nosotros queremos que nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) nos de la oportunidad de una audiencia para ahora sí terminar con esa injusticia que hubo en este pueblo con la reparación del daño tanto a víctimas directas como a indirectas”.
Ríos Morales explica que de los 94 detenidos en 1972, se dio seguimiento al caso de 79 con el colectivo El Quemado, de los cuales 49 recibieron una indemnización injusta, por ello exigen que se revisen los parámetros utilizados. Mientras que de 30 personas no han recibido nada.
Tampoco se ha cumplido la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ordenó que las futuras generaciones conozcan la historia de El Quemado.
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Los pobladores de lo que en sus primeros años fue Villa Guerrero padecieron también la pérdida de sus cultivos de café por las plagas hace más de una década. Actualmente se han organizado para sembrar más de 400 hectáreas de mango entre todos.
Demandan que el gobierno los ayude con canales de comercialización ya que “los coyotes” les compran a la mitad del valor en el mercado su producto, quedándose con la mayor ganancia.
Ríos Morales afirma: “El gobierno se ha olvidado de nosotros. Como comunidad generamos empleo para toda la región, para camioneros, para los bodegueros, para los coyotes, para los comerciantes de Atoyac. Sería justo que el gobierno nos regresara a ver con canales de comercialización y herramientas como una empacadora, una deshidratadora, que nos hacen falta para darle valor agregado a nuestro producto”.
