Este viernes se cumplen 29 años de que fue desaparecido el profesor y activista indígena Gregorio Alfonso Alvarado López. Debido a la presión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano reconocerá que fueron ellos quienes lo detuvieron y desaparecieron.

Eran las 9 de la noche del 26 de septiembre de 1996, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular había celebrado una reunión en sus oficinas de la avenida Juárez, en Chilpancingo. Gregorio Alvarado salió y subió a su Volkswagen gris oscuro para dirigirse a su casa en la colonia PRD. Encendió su auto y avanzó con dirección hacia el centro. Cuando llegó a la esquina con la calle Nicolás Catalán dobló para desembocar en el bulevar del río Huacapa. Sin embargo, jamás cruzó. Desde ese momento, Gregorio Alvarado y su vehículo desaparecieron.

Ese año, el país era gobernado por el priista Ernesto Zedillo Ponce de León. Dos años antes, en Chiapas explotó un movimiento armado en las comunidades indígenas bajo la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Guerrero, se vivía un ambiente de descontento social y tensión política por la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrida una año antes. En junio de ese año, Ángel Aguirre Rivero, tenía apenas tres meses de tomar el poder con un interinato tras la licencia forzada al cacique Rubén Figueroa Alcocer.

Gregorio fue desaparecido tres meses después de que en el vado de Aguas Blancas sale a luz pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien asegura vengará el asesinato de los campesinos.

Zedillo ejecuta en Guerrero una serie de medidas contrainsurgentes, pretende impedir a punta de asesinatos y persecución otro Chiapas.

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La vigilancia

¿Por qué fue desaparecido Gregorio Alvarado?

Norma Lorena Valdéz Santos, esposa del profesor Gregorio Alvarado, intuye la razón y dice que tuvo que ver con la trayectoria en el movimiento social y magisterial.

Gregorio Alvarado fue estudiante normalista de Oaxaca, donde nació. Fundó en la década de los 70 la Unión de Juventudes Revolucionarias Marxistas (UJRM) que dependía del Partido Comunista. Cuando egresa se integra a la sección 22 magisterial, por situaciones de familia, migra con Norma a Guerrero y retoma su vida sindical y social. Se integra a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y al Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular, por el que asiste en agosto de 1994 como delegado a la Convención Nacional Democrática organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

Ese fue el parteaguas para que iniciara una vigilancia a Gregorio Alvarado y su familia, asegura Norma.

“Vigilaban las escuelas donde iban mis hijos, me vigilaban a mí y lo vigilaban cuando él regresaba de la comunidad de Cerro Pelón donde daba clases en la Sierra de Heliodoro Castillo”.

Norma trabajaba en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en las oficinas ubicadas en la calle Zaragoza número 38, en Chilpancingo.

“Todos los días estaba ahí un hombre. El policía de guardia me decía, ‘oiga, yo espero a que llegue el taxi y tomo nota del taxi, súbase’. Cuando llegaba él, yo tenía más libertad y la vigilancia era para él”.

¿Cómo se enteran que son vigilados?

“Primero porque era muy obvia. Demasiado. Se plantaban dos hombres abajo de nuestra casa. Si llevamos a los niños a la escuela, ellos iban detrás. De repente la vigilancia cambiaba una cuadra, cuadra y media. Nos veían pasar en aquel entonces en un Volkswagen gris oscuro. Hacían que estaban arreglando un carro, se subían y allí iban”.

Un día, Gregorio Alvarado le dice a Norma: “Bájate y checa si es que nos siguen a nosotros”. Ella le hizo caso, ve pasar el vocho con su esposo en el volante y detrás a los hombres a bordo de un vehículo. Norma se percata que las placas de adelante no coinciden con el engomado de atrás, en otras ocasiones que no traen placas atrás, pero adelante sí. A veces cargaban cámaras fotográficas. En otras ocasiones eran dos vehículos.

En otra ocasión; un vecino de Gregorio Alvarado y Norma que había sido asaltado en su domicilio, al detectar un vehículo con hombres extraños, llamó a la Policía Municipal.

Por el reporte, llegó a la colonia PRD el “comandante Blas”, quien aborda a los hombres, les pide su identificación. Ellos se presentan como agentes de Gobernación.

Tres meses antes de su desaparición, toda la información del seguimiento a Gregorio Alvarado y su familia la presentó ante las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió visitadores que recomendaron a su familia no salir tarde, no tomar bebidas alcohólicas, tomar precaución, pero no se ejecutó ninguna medida cautelar.

A raíz de ello, dos agentes de la Policía Judicial de Guerrero fueron enviados a investigar que estaba pasando en el domicilio de la familia de Gregorio Alvarado. Entre ellos el agente Trinidad Zamora Rojo, quien no reportó ningún acto de hostigamiento.

Según el expediente, “el comandante Blas”, llevó a los dos hombres sospechosos a las oficinas de la Policía Municipal, donde se identifican como Rafael Copado Balderas y Roberto Vázquez Villanueva, agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

Norma responsabiliza a estos dos agentes de la desaparición de Gregorio.

“Uno de ellos está en activo actualmente y es perito de la Fiscalía General de la República”, reprocha Norma.

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Solución amistosa de la CIDH

Norma Lorena interpuso en 1997 la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de Gregorio ante los nulos avances en su búsqueda por parte de las autoridades mexicanas.

El 27 de agosto de 2025, la CIDH sentó al gobierno de México y la familia de Gregorio para acordar una solución amistosa gracias a la presión internacional.

“El acuerdo más significativo es donde el Estado mexicano reconoce públicamente a nivel internacional que él cometió la desaparición forzada con Gregorio”, dice Norma.

El gobierno mexicano tiene hasta el 30 de noviembre de este año para hacer público ese reconocimiento.

A la familia del profesor desaparecido le preocupa que el Estado mexicano incumpla la solicitud que hicieron de que la disculpa se haga este 26 de septiembre o el 17 de noviembre cuando Gregorio cumpliría 61 años.

Otras de las medidas de solución amistosa que contempla el acuerdo es que se elabore un libro con su historia, sus poesías y una reseña de vida, también que se mejore la escuela que lleva su nombre en la colonia Emperador Cuauhtémoc, asentamiento que fundó en Chilpancingo.

“La gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) argumentó que ya había destinado un presupuesto para la escuela, pero aquí hay dos cosas diferentes, una es su función como gobernadora y por obligación tiene que atender el asunto de educación. Y por el otro es el acuerdo que estamos llevando a cabo con autoridades internacionales en el marco de una violación de derechos humanos y que tiene que acordar con nosotros, independientemente de lo que haya invertido en la escuela”, cuenta Norma.

El acuerdo contempla otras medidas que intentan resarcir el daño, pero para la familia ninguna es suficiente.

“Nos interesaba que reconocieran su responsabilidad porque en la búsqueda, la localización y la investigación, sabemos que no la van a hacer”, dice Norma.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo deberá leer públicamente el documento, publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y difundirlo en diferentes medios de comunicación.

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“Gregorio está muerto”: Zedillo

Norma no solo acudió a la CIDH, también con el apoyo de muchas organizaciones presentó en Amnistía Internacional el caso de Gregorio Alvarado, el cual documentó.

Durante su sexenio, en una visita de Zedillo a Francia, es cuestionado por el caso del maestro mexicano desaparecido. ¿Qué información tiene al respecto?, le preguntan.

A Norma le avisaron de una publicación en un periódico francés, en el que Zedillo declaró: “A la familia ya le informamos que Gregorio está muerto. Ella (su esposa) ya lo sabe”.

“Era la manera más fácil de quitarse las preguntas y eludir su responsabilidad, pero todos han mentido. Todos”, recalca.

En otra ocasión, el ex gobernador interino, el priísta Ángel Aguirre Rivero, pidió platicar con ella para “jurarle por su hijo y su familia” que él no había tenido nada que ver en la desaparición de Gregorio.

“Yo le dije, ‘usted es responsable del estado y nada se mueve en el estado sin que usted lo sepa. Si a nivel federal todas las corporaciones tienen reuniones periódicamente para analizar qué van a hacer en todo el país y las mismas que usted reproduce en el estado, no me diga que no sabe qué pasó. Y si usted me dice que no sabe qué pasó, entonces la situación es más grave, porque vienen a Guerrero a hacer cosas que ni usted conoce'”, narra Norma.

En otra ocasión, cuenta la esposa del profesor desaparecido, el entonces secretario de Gobierno de Aguirre Rivero, Fermín Alvarado Arroyo, le dice que “en Guerrero hay fuerzas que se mueven al margen del control del Estado. Nosotros no podemos hacer nada”.

Pero luego de que la familia de Gregorio lo denunció con la prensa, el funcionario estatal se desdijo.

¿Cómo han sido estos años sin Gregorio?

“Fue complicado, fue muy difícil, porque en la casa todo era equilibrio con él. Había una dinámica en la que compartimos la responsabilidad y los dos trabajábamos. La atención que recibían mis hijos era totalmente diferente. Ellos convivían mucho con su padre, demasiado. Cuando podía hacía tareas con ellos, se iba a caminar con sus hijos”, responde Norma.

Norma y Gregorio tuvieron tres hijos, un hombre y dos mujeres. La menor era muy apegada a su papá.

“Ese día que lo desaparecen a él, yo creo que como familia nos hubiera lastimado más, porque la niña más pequeña siempre andaba con él y casualmente ese día la niña no se le pegó. Nosotros decíamos en broma que era su nariz. Porque cuando él apenas iba a abrir el carro, la niña ya estaba dentro y siempre se la jalaba, era la niña que siempre cargaba en los hombros”.

Norma afirma que lo que el Estado le hizo a su familia no tiene perdón.

“Gregorio no tomaba, Gregorio no fumaba, el único vicio con él eran sus libros y su Volkswagen”.

Tras la desaparición de Gregorio Alvarado, el primer año Norma encargó con familiares y amigos a sus hijos, tenía miedo de que también a ella se la llevaran, pero la distancia no la dejó estar tranquila por mucho tiempo más.

Con los años, dice Norma, entendió que la desaparición forzada de personas como la tiene catalogada el derecho internacional como un delito de lesa humanidad, se debe a que no solamente se ejerce violencia contra la persona que se llevan, sino también con su familia.

A raíz de lo ocurrido, Norma sufre de fuertes migrañas, le dio parálisis; cuando debe enfrentar el caso se siente desganada, enferma.
Con la firma de la solución amistosa, la familia de Gregorio deberá ser atendida de manera psicológica porque así establece el acuerdo, pero Norma dice: “He platicado con mis hijos, vamos a poner nuestra salud no solamente física, sino la psicológica en manos de un sistema que nos ha dañado, piensen, preferible pagar”.

¿Se siguen sintiendo perseguidos por el Estado?

“Vulnerables como familia. Porque ahora que nos pidieron que estuviéramos presentes en la firma en la Secretaría de Gobernación, siempre nos movemos acompañados”, responde Norma.

“Hay compañeros, amigos, familiares que luego dicen: ‘Eres bien exagerada’. Pero estoy viva, esa es la gran ventaja. Gregorio confió y no está aquí”.

Norma sigue leyendo los poemas que Gregorio le dedicó a sus hijos. Cuando lo hace, reflexiona: “Es injusto. Por un error, por un acto desmedido de decir, ‘ yo tengo todo a mi favor y aunque me equivoque lo puedo hacer’, pues se lleven a cualquier familiar, entonces, la vida ya no vuelve a ser igual”.