Congreso en Guerrero: improductivo,
subordinado y salarios altísimos
Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma
Chilpancingo
6 de abril de 2026
En Guerrero, los Congresos encabezados por el PRI, PRD y, ahora, por Morena han sido opacos e improductivos, con diputados y diputadas con altos salarios y apoyos económicos extras disfrazados de “gestión social”.
En la actual legislatura todo es igual. Está sometido porque sus integrantes aprueban —en su gran mayoría— las iniciativas de ley que envía la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sin modificarles ni siquiera una coma, a cambio de una serie de privilegios, como buenos salarios y otros bonos extras.
Ese favor los diputados y diputadas lo pagan renunciando a vigilar, a criticar o denunciar la discrecionalidad con la que el gobierno del estado maneja los recursos públicos.
El 22 de diciembre de 2025, antes de que los diputados y diputadas se fueran de vacaciones de Navidad, aprobaron un presupuesto de 87 mil 394 millones 976 mil 837 pesos a ejercer en este 2026.
De ese mismo presupuesto, el Congreso local ejerce en este año mil 25 millones 437 mil 188 pesos, incluyendo el gasto destinado a la Auditoría Superior del Estado (ASE), organismo que se encarga de fiscalizar los recursos públicos de los tres poderes del estado, de los 85 ayuntamientos y de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), pero que en realidad nunca ha cumplido con esa función.
Por ello, es válido preguntarse: ¿a los guerrerenses cuánto nos cuesta mantener a un diputado o una diputada local?
De acuerdo con fuentes del Congreso local, los diputados y diputadas en Guerrero percibe 350 mil pesos mensualmente; es decir, cada año junta una “bolsita” de 4 millones 200 mil pesos, además de su aguinaldo, que se calcula que por lo menos son otros 50 mil pesos.
La entrada de dinero que reciben cada mes los integrantes de la 64 Legislatura está desglosada de la siguiente manera: 50 mil pesos de salario (los cuales aparecen en la página de transparencia del Congreso) y, de manera discrecional, opaca, reciben dos cheques: uno por 200 mil pesos para gestión social y otro de cien mil pesos para “gastos operativos”.
Ambos cheques, el de 200 mil y el de 100 mil, las diputadas y los diputados solo deben comprobarlos con simples fotografías o facturas de los gastos que hacen de sus “gestiones sociales”.
Eso no es todo: cada diputado y diputada tiene derecho a tener a su servicio de tres hasta cinco asesores y un secretario técnico.
Los asesores reciben un salario mensual de entre 17 mil hasta 20 mil pesos. Obviamente, también ese gasto lo absorben las finanzas del Congreso de Guerrero. El cinismo de algunos legisladores y legisladoras es tanto, que algunos utilizan a los asesores, en realidad, como choferes.
En noviembre de 2025, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud, Alondra García Carbajal, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, dio a conocer el monto de su salario mensual.
Desde antaño los integrantes de los Congresos se han exhibido por sus escándalos de corrupción y por estar sometidos al Ejecutivo en turno.
En 1997, el exgobernador interino Ángel Aguirre Rivero regaló un automóvil del año a cada uno de los 46 diputados y diputadas locales, tanto del PRI como de la oposición, luego de que le aprobaron la Ley de Presupuesto de 1998.
Los legisladores dijeron que se trataba de un crédito de 300 mil pesos para la compra de su vehículo, pero meses antes de que concluyeran su periodo, varios de ellos contaron que “se les había condonado el pago”.
En el 2012, el legislador priista Rubén Figueroa Smutny —hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer—, durante una reunión de la bancada del PRI, retó a golpes a su coordinador, Héctor Astudillo Flores, a quien le reclamó porque en un encuentro que tuvieron con el gobernador perredista Aguirre Rivero en la residencia oficial de Casa Guerrero, y al que no asistió, no le pidieron un automóvil de regalo y otros beneficios económicos.
El pleito entre Figueroa Smutny y Astudillo Flores que protagonizaron en las oficinas de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso generó que este último renunciara a la coordinación y su compañero Héctor Apreza Patrón entrara a su relevo.
Otro caso ocurrió en septiembre de 2015, cuando los diputados locales que concluían su gestión recibieron cada uno 852 mil pesos de retiro, entre aguinaldo y bonos, aunque ellos exigían más de un millón de pesos.
En la era de Morena, desde 2018 que controla el Poder Legislativo, los escándalos de corrupción no han sido ajenos. En 2019, Morena, con mayoría en el Congreso, adquirió por siete millones 100 mil pesos un tablero electrónico y tabletas para el registro de las asistencias y la votación de los legisladores.
Sin embargo, las dos pantallas y las tabletas electrónicas nunca han funcionado. Las tabletas que tenían instaladas en su curul cada uno de los 46 diputados desaparecieron.
Otro escándalo de corrupción que ha salpicado a las dos últimas legislaturas de Morena es la biblioteca, que desde 2022 no ha sido terminada y donde, según la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Territorial, hasta el 2025 se habían invertido 49 millones de pesos.
La obra de la biblioteca recibió observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 9 millones de pesos debido a irregularidades; fue gestionada por el ex presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, quien pidió a la Secretaría de Obras Públicas que un empresario constructor amigo suyo fuera favorecido con la edificación.
La solicitud de Sánchez Esquivel fue rechazada por un funcionario de esta misma Secretaría durante el gobierno de Astudillo Flores.
En agosto de 2024, un mes antes de que los diputados concluyeran su mandato constitucional, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos de la 63 Legislatura, Esli Joanan Navarrete Cisneros, solicitó al gobierno estatal una ampliación de presupuesto de 108 millones de pesos.
Ese recurso fue solicitado por órdenes de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gloria Citlali Calixto Jiménez. Algunos diputados declararon que sería utilizado para un bono de retiro para los 46 integrantes de la 63 Legislatura.
Sin duda, el diputado que más privilegios tiene en el Congreso local es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien por su situación de poder frente a sus demás compañeros ejerce casi un virreinato.
Actualmente, el morenista Jesús Urióstegui García preside la Jucopo y mantiene un control de los recursos financieros, pues sin su consentimiento no pasan los nombramientos de las áreas más importantes del Congreso como la dirección de Comunicación Social, Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos y, por supuesto, las partidas discrecionales para cada una de las fracciones parlamentarias.
Urióstegui García consiguió este espacio de poder por su cercanía con la gobernadora y el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, a quienes les debe lealtad; sin ellos no tendría futuro político y por ellos también es que anda en plena precampaña para buscar la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
La cercanía de Urióstegui García con el clan Salgado se fortaleció desde el 2021 cuando su ex jefe, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, fue uno de los operadores políticos de la campaña de Salgado Pineda.
Peralta Saucedo es señalado por sus presuntos nexos con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”. Saucedo tuvo de empleado a Urióstegui García cuando fue Administrador General de Aduanas y luego a su paso por la Subsecretaría de Gobernación durante la gestión de Olga Sánchez Cordero, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al inicio de la administración estatal, Urióstegui García ocupó la Jefatura de la Oficina de la gobernadora, pero en mayo de 2023 fue destituido por su escándalo tras participar, en horas de trabajo, en actos de campaña de la candidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
Urióstegui García y otros 11 diputados y diputadas de Morena integran el grupo político que representa al clan Salgado en el Congreso local. Estos “felixistas” hacen frente a los nueve legisladores y legisladoras que forman parte del grupo “nuñista” que dirige el líder estatal de Morena, Jacinto González Varona, quienes también pelean espacios de poder para el 2027.
Aunque los dos grupos políticos de Morena se pelean el control del Congreso y mantienen una abierta confrontación, han sacado juntos la mayoría de las iniciativas de ley que les envía la gobernadora por convenir así a sus intereses.
El Congreso de Guerrero, a pesar del control de Morena, ha frenado iniciativas de leyes que para la izquierda en México han significado una muestra de solidaridad hacia las víctimas. Una de ellas es la Ley de Desaparición Forzada de Personas que desde el 2018 está detenida en el Legislativo local.
En diciembre de 2025, por primera vez desde que Salgado Pineda asumió el cargo de gobernadora, recibió a varios colectivos de personas desaparecidas y les prometió que intervendría para que el Congreso aprobara dicha ley, lo cual no ha sido así.
Los diputados y las diputadas dejan tiradas este tipo de iniciativas, pero las que requieren una aprobación incluso “al vapor” no dudan en sacarlas e incluso cambian su redacción para conveniencia de la gobernadora.
Por ejemplo, en mayo del 2024, Calixto Jiménez, como presidenta de la Jucopo, pidió que se agilizara el dictamen de las reformas a la Constitución local en concordancia con la Constitución General de la República en materia de revocación de mandato del titular del Ejecutivo estatal. Pero el Congreso de Guerrero aprobó que este procedimiento popular —que como requisito debe ser a solicitud de 264 mil 325 ciudadanos de Guerrero, que representan un 10 por ciento del padrón electoral— entrará en vigor hasta 2028, cuando Salgado Pineda ya no esté en la gubernatura.
Varios diputados y diputadas confesaron que existió línea de Salgado Pineda para salvarla de una elección ciudadana de revocación de mandato; por eso rechazaron la propuesta de la oposición para que dicha reforma entrara en vigor de inmediato.
Otra armonización que el Congreso local aprobó a gusto del clan Salgado es la Ley 668 de Austeridad del Estado de Guerrero, la cual no pone límites para la compra y renta de vehículos oficiales. La Ley de Austeridad Republicana Federal establece que la renta o compra de vehículos para uso oficial no debe rebasar 4 mil 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 491 mil 667 pesos.
Sin embargo, Salgado Pineda y la mayoría de los funcionarios de su gabinete utilizan camionetas blindadas con un valor de hasta más de 2 millones de pesos.
La armonización a modo para los Salgado que aprobó el Congreso local sobre la Reforma del Poder Judicial fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a raíz de una impugnación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a su vez interpuso una controversia constitucional.
Resulta que el Congreso, a petición de los Salgado, aprobó una reforma al Poder Judicial para que, luego de la elección popular de los magistrados, el nombramiento de los presidentes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial sea a propuesta del gobernador o gobernadora y que el Congreso lo someta a su consideración para su aprobación.
La reforma a la Constitución General de la República establece que los presidentes de los órganos de administración y justicia serán los que más votos obtengan en una elección popular, como ocurrió en el 2024 en la renovación del Poder Judicial Federal.
Con la reforma judicial local que aprobó el Congreso, se daba manga ancha a los Salgado para elegir a los presidentes de los dos órganos de justicia judicial, como lo hicieron con Raymundo Casarrubias Vázquez y Ricardo Salinas Sandoval, este último quien actualmente preside el Tribunal Superior de Justicia.
Con la reforma electoral conocida como el “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que aprobó la Cámara de Diputados y el Senado, se contempla disminuir las regidurías en los ayuntamientos y frenar los excesos de los gastos en los Congresos locales.
Habrá que esperar si el Congreso local y la mayoría morenista apresuran también a Salgado Pineda para que les envíe una iniciativa para homologar esta ley federal y aprueben, sin cambiar punto ni coma a la legislación federal, la reducción de sus canonjías. ¿Ustedes creen que lo hagan? Nosotros definitivamente no.
Chirrionazo
El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, alias “El Tutti Frutti” (por eso de que ha militado en varios partidos políticos), caravanea con sombrero ajeno o, más bien, con recursos ajenos.
Resulta que en estos días de Semana Santa, Alarcón Herrera difundió unos videos donde sale entregando a bajo costo pollos a familias de colonias populares.
Lo que hace el edil, que va a los actos del PRI pero luego dice que no es priista, suena a precampaña; su tirada es reelegirse en el cargo.
Lo interesante es esperar a ver qué partido político llamará a Alarcón Herrera para que sea su abanderado en las elecciones de 2027.
Todos conocen que el edil llegó al cargo tras el asesinato de Alejandro Arcos Catalán y que también ha hecho un triste papel al frente del ayuntamiento.
La inseguridad, el desabasto de agua y la mala recolección de basura siguen siendo problemas de la ciudadanía en la capital. Pero a Alarcón Herrera nada le preocupa. Tiene buen salario, protección las 24 horas con 12 agentes de la Guardia Nacional; además, hasta policías municipales están de guardia permanente en su sanatorio.
