Gobierno incumple recomendación de la ONU sobre desaparición forzada de Jonathan Romero
Jesús Guerrero
Chilpancingo
8 de abril de 2026
Socorro Gil Guzmán denunció que el gobierno ha incumplido las recomendaciones que emitió el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre el caso de su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil quien junto con su amigo fueron desaparecidos por nueve policías municipales en Acapulco en diciembre del 2018.
Socorro Gil junto con un grupo de más de una decena de madres que también buscan a sus hijos desaparecidos realizaron una pega de fichas con los fotografías de sus familiares en la fachada del mercado de Los Ángeles, en Chilpancingo.
Pese a que esta demarcación es considerada con altos índices de violencia por la presencia de un grupo del crimen organizado, las madres de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, se arriesgaron a recorrer sus calles.
Aunque las madres buscadoras fueron acompañadas durante su recorrido por soldados del Ejército y la Guardia Nacional y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
“Estamos haciendo las búsquedas sin el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque dicen que no hay dinero ya que todo el recurso se va a gastar para el Mundial (de futbol) y de aquí del gobierno de Evelyn Salgado nunca nos han dado nada, ni siquiera para un agua”, denunció Socorro Gil.
Con la fotografía de Jonathan Guadalupe estampada en su playera color blanco, Socorro Gil, dice que en diciembre del 2025 su hijo cumplió 33 años de edad.
En mayo del 2025, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU le comunicó a Socorro Gil que este organismo mantiene la alerta de “acción urgente” para que el gobierno mexicano busque a su hijo y de que se investigue y castigue a los responsables.
Entre los presuntos implicados de la desaparición forzada de Jonathan Guadalupe y su amigo Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca están nueve policías municipales de la patrulla 388 de Acapulco.
Los agentes aparecen en la investigación de que se llevaron a Jonathan y a Carlos Ignacio cuando se dirigían a jugar la cancha de basquetbol ubicada cerca de la playa Tlacopanocha.
En la misma investigación se señala que el Fiscal Regional, David García Muñoz, ocultó o “desapareció” un video donde se ve cuando los policías municipales arrojan en la calle el cadáver de Carlos Ignacio Rojas el 6 de diciembre del 2018, a otro día de la desaparición de los dos jóvenes.
“La Fiscalía no ha investigado nada; los policías municipales siguen en activo y el Fiscal Regional (David García) fue destituido pero tampoco ha sido detenido”, contó Socorro Gil.
El mismo informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU menciona que la Fiscalía tampoco ha iniciado una indagatoria contra el dueño del bar La Mandona que era donde trabajaba Carlos Ignacio Rojas.
A Jonathan Guadalupe le habría comentado su amigo Carlos Ignacio que su patrón del bar La Mandona lo obligaba a vender droga.
Socorro Gil quien forma parte del colectivo Memoria Verdad y Justicia encabezó la actividad de búsqueda de sus familiares desaparecidos en algunas calles de la colonia Los Ángeles.
“¿A poco aquí es una zona de violencia?, pero así está todo Guerrero y todo el país, pero mientras el gobierno no reconozca que hay asesinatos y desapariciones nunca hará nada para acabar con todo esto”, dijo Socorro Gil.
Las madres buscadoras, unas que se ven jóvenes y otras ya de avanzada edad, toman varias paredes del mercado municipal para tapizarlas de fotografías de los desaparecidos.
El último hecho de violencia que se registró en esta demarcación fue el pasado 1 de abril cuando un vecino de nombre Jesús “N” fue asesinado a balazos afuera de un taller de motocicletas en la calle Heroínas del Sur, a cuatro cuadras donde las activistas realizaron su actividad de búsqueda.
Fachadas de casas que han sido atacadas a balazos y granadas así como cruces colocadas en las calles con los nombres de las personas asesinadas son las huellas de la violencia que ha marcado a esta colonia.
“Nosotros no buscamos culpables ni preguntamos quiénes son lo único que queremos es de que nos regresen a nuestros hijos vivos”, dijo Socorro Gil.
Mencionó que tras el anuncio que hizo el Comité de Desaparición Forzada de la ONU de que la Asamblea de este organismo internacional examine las desapariciones de personas en México, el gobierno federal autorizó las actividades de búsquedas en Guerrero.
“Pero tuvimos que realizar labores de boteo para juntar dinero y venir a Chilpancingo para llevar a cabo nuestras actividades”, dijo Socorro Gil.
Las integrantes del colectivo realizaron la pega de fichas de sus familiares desaparecidos en Chilpancingo durante el transcurso de la mañana y posteriormente en este mismo día martes se trasladaron a Tixtla, otra zona marcada por la violencia que ha dejado personas asesinadas y desaparecidas.
