Guerrero: "en lo oscurito" definen el aumento al pasaje
Emiliano Tizapa, Jesús Guerrero y Arturo de Dios Palma
Celia está preocupada. Antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, en Chilpancingo, gastaba todos los días 80 pesos en transporte para llevar y recoger a sus hijos a la escuela: Marisol, Ernesto y José que cursan la preparatoria, secundaria y primaria.
Tras el aumento de dos pesos al pasaje en estos días de asueto en el transporte público de la capital de Guerrero, este lunes Celia gastará en promedio 100 pesos diarios, lo que al mes ascenderá a un total de 2,000 pesos solo para desplazarse de su casa, ubicada en una colonia al poniente, al centro de la ciudad.
El gobierno de Evelyn Salgado Pineda no ha legalizado el aumento, ni tampoco lo ha justificado ni argumentado. Menos ha sancionado a los transportistas.
En unos días, el costo pasó de ocho a diez pesos. Las camionetas Urvan que transitan en las colonias y avenidas principales de Chilpancingo solo utilizan una hoja impresa donde sostienen que el incremento se debe al alza del precio de la gasolina y de los insumos de sus vehículos.
Han pasado ocho días desde que se aplicó el aumento y, hasta el momento, ninguna autoridad ha dado la cara a los ciudadanos. La gobernadora —como en todo su sexenio— prefirió esconderse. Sus funcionarios tampoco han dicho nada. Nadie quiere asumir el costo político del incremento. Nadie.
En Acapulco también hubo un incremento; el pasaje durante las vacaciones pasó de 12 a 15 pesos en los camiones urbanos y camionetas Urvan.
Guerrero, a nivel nacional, es uno de los pocos estados que continúa sin una Secretaría de Transporte o de Movilidad; en su lugar, la Secretaría General de Gobierno mantiene en su estructura a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad que, como hemos documentado, encabeza un integrante de la familia Salinas Sandoval, financiadores de la campaña del clan de los Salgado en 2021.
Arturo Salinas Sandoval es hermano del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval. Es tío del oficial mayor de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero, Ricardo Salinas Méndez, amigo personal de la gobernadora y quien es impulsado por Salgado Pineda para la alcaldía de Acapulco.
Arturo Salinas no era un empresario del transporte ni un hombre experimentado en la rama; hasta antes del 2021 era un mediano empresario acapulqueño, egresado de la Escuela Superior de Turismo, licenciatura de la que se tituló en mayo del 2022, ya con el cargo de director de transporte.
Según las declaraciones patrimoniales públicas en DeclaraNet, Arturo Salinas también ha tenido un aumento en sus ganancias: en 2022 declaró ganar anualmente 398,555.91 pesos; para 2024 aseguró ganar 434,201.09 pesos al año, un “aumentito” de 35,645 pesos.
Lo extraño es que, de las tres declaraciones patrimoniales que tiene públicas en el sistema, ninguna está completa; solo contienen los mínimos datos necesarios. Tampoco tiene registro de ninguna propiedad, ni de estar casado, de poseer vehículos, bienes muebles, beneficios privados, representación, participación en empresas, préstamos o comodatos, adeudos, inversiones o fideicomisos. En resumen, Arturo Salinas es completamente opaco.
No es extraño que la negociación del aumento de precio del pasaje entre el gobierno de Guerrero y las agrupaciones de concesionarios y transportistas se haya consumado en lo oscuro.
Esto lo confirmó el diputado local por Morena, Vladimir Barrera Villafuerte, quien el 8 de abril en el Congreso aseveró que de manera extraoficial se enteró de un acuerdo del aumento entre las autoridades y grupos de transportistas.
¿Por qué el gobierno de Salgado Pineda hace acuerdos por debajo de la mesa con algunos sectores? Es necesario cuestionar: ¿es esta una manera constante de llegar a acuerdos en su administración?
El presidente de la Comisión de Transportes del Congreso local advirtió que el aumento no solo se podría dar en Acapulco y Chilpancingo, sino en todas las regiones del estado.
¿Acaso el aumento al pasaje se realizó basado en un estudio socioeconómico? La respuesta es no.
De acuerdo con fuentes de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, no se ha realizado ningún estudio desde hace años. Ahora, esta área gubernamental imparte talleres “psicoemocionales” a los choferes con los que supuestamente justifica un proceso de “profesionalización”, pero es todo.
En la Plataforma Nacional de Transparencia debería aparecer el número de concesiones y permisos de transporte que hay en la entidad; sin embargo, el apartado está vacío porque el gobierno de Guerrero no lo ha informado.
Pero según datos federales, en Guerrero habría entre 50 y 60 mil concesiones y permisos temporales de transporte público.
Un dato que daría sustento a esta cifra lo dio Salinas Sandoval en 2022, quien afirmó que ya no se entregarían concesiones en Acapulco en lo que restaba del gobierno de Salgado Pineda, porque si antes circulaban 4,800 taxis azules, en ese año eran casi 6,000; de colectivos amarillos dijo que antes eran 3,385 y hasta ese año ya circulaban 5,000; de taxis blanco con rojo, de un padrón de 2,384 ya habían aumentado ese año a 4,000 concesiones.
Estos números no contabilizan camiones urbanos, camionetas Urvan y otras rutas alimentadoras que recorren la zona conurbada del puerto.
Apolinar Segueda Dorantes, presidente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), cuestiona la falta en Guerrero de un marco jurídico actualizado para generar los estudios socioeconómicos y analizar los aumentos de tarifa del transporte público, y que el criterio no sea solo el aumento de la gasolina, sino la inflación.
“Como líder (transportista) yo sí quiero que aumente el pasaje, pero si te hablo como ciudadano, pues voy a decir: ‘Oigan, ya no voy a tener para la segunda combi’. Porque ahora Chilpancingo ha crecido tanto que hay veces que tienes que tomar dos. Y si vas con los dos hijos o con más…”.
— ¿Es verdad que el gobierno se reunió con las organizaciones de transportistas para negociar el aumento de pasaje?
— A mí el director (Arturo Salinas) me dijo —no me valgo solo de lo que haya dicho el diputado, sus tareas debe tener en su agenda—, él me ha dicho que ha habido negociaciones. Pero si hay negociaciones, que abra la invitación. ¿Por qué las hacen en lo oscurito? ¿Por qué para los de arriba sí y para los de abajo no, o viceversa? Yo no me baso en rumores. Yo digo que el director debe ser serio con convocatorias públicas.
— ¿En estos cuatro años se han reunido todos los grupos de transportistas?
— Nunca; este director está muy mal visto. O sea, no sabe de transporte, sabe de seguridad pública. Nunca ha sido líder de alguna organización transportista, por lo tanto le falta en la vida práctica más oficio de funcionario; porque si escucha una opinión y no le parece, te la refuta y se enoja. Cuando no ve que la persona lo está haciendo —como yo respondo por mí—, estoy haciéndolo en el marco de una reflexión social y él lo toma como un ataque personal.
—¿Les han informado en estos casi cinco años de gobierno de Salgado Pineda si se ha hecho algún estudio socioeconómico? ¿Les han mostrado uno de esos estudios?
—Te lo voy a contestar rotundamente: si los han hecho, no te invitan a participar; y si los hicieron, no los dan. ¿Quién los hace? La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad no tiene capacidad; ya tiene años que ha dejado de hacer esos estudios. A mí me consta que los hubo, pero muy limitados, en tiempos de René Juárez Cisneros; pero eran muy limitados en zonas muy conflictivas.
—¿El crimen organizado está también detrás del aumento del pasaje?
—Yo digo que sí, y que me disculpen quienes se sientan aludidos. Pero a mí no me interesa agarrar pleito personal con ninguna organización. La UTD no nació para pelearse con ellos. En tanto afecten al transporte, entonces sí alzaremos la voz, pero a mí sus actividades ilícitas no me toca combatirlas como UTD. En mi tema de transporte, yo nada más les pido que así como yo los respeto, me respeten a mi organización; y si contundentemente respondo, es porque tengo valor civil de decir que sí está y, quizás echándole un poquito más, ni siquiera atrás: en algunas ocasiones ha de estar hasta adelante.
—¿Cómo es el reparto de concesiones?
—Es uno de los talones de Aquiles del transporte; el reparto de concesiones se da sin estudios, se da por corrupción, se da por presión, se da por los tipos de los que ya platicamos. ¿Qué quieres como ciudadano? Transformación. La cuarta transformación es poner orden y respeto. ¿Cuándo se va a aplicar? Que el reglamento o la convocatoria diga: enero y febrero se convoca a hacer los estudios, y en los tres meses que vienen se depura. Y finalizando el año, estoy entregando concesiones con convocatoria en mano a los que pasaron con la antigüedad que dice la ley. No tienen orden. Todo es a discreción y con el señor dinero por delante.
Segueda Dorantes sostiene que hace falta que en Guerrero exista un Consejo Estatal de Transporte con líderes transportistas entre sus filas y no solo con funcionarios. También la creación de la Secretaría de Movilidad.
“Las tarifas bien otorgadas con base en un estudio siempre van a ser más sanas. Las que hagas por debajo, por lo oscurito, son bombas de tiempo”, aseveró.
La discusión por el aumento del pasaje en Acapulco y Chilpancingo permite darnos cuenta de las deficiencias y rezagos. Por ejemplo, en el resto del país se está apostando por transporte público que utilice tecnología limpia y que mejore la infraestructura, pero en nuestro estado no hay nada de eso. El Acabus ha ido a menos, y casi todo ha ido en contra.
En el país hay una renovación de la flota del transporte público, mientras que en la entidad no hay nada; las unidades en su mayoría están desgastadas y en pésimas condiciones. En las principales ciudades se han generado sistemas de prepago con aplicaciones móviles y tecnologías de gestión de tráfico, y en Guerrero estamos lejos de ello.
En las principales ciudades del país también existen subsidios y tarifas justas que dan accesibilidad al transporte público, mientras que en Guerrero el único apoyo existente es a los adultos mayores, que se aplica discrecionalmente por los choferes.
La discusión en otras ciudades es la gestión de la movilidad urbana, mientras que en Guerrero, una semana sí y otra no, ni siquiera está garantizada la seguridad del transporte público.
En lo que va del gobierno de Salgado Pineda, se han registrado 15 parálisis en distintas ciudades por el asesinato de choferes o estallidos de violencia, en localidades como Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Acapulco, Taxco, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Ayutla, Tecpan, San Jerónimo, Atoyac, Coyuca de Benítez y los nueve municipios de Tierra Caliente.
Los camiones urbanos en Acapulco llevan de pasajeros a dos guardias nacionales armados apostados en las puertas para dar seguridad a los conductores.
En febrero de este año, en Acapulco, una jovencita estudiante del Colegio de Bachilleres murió tras recibir un balazo en una camioneta pasajera en la que iba, al igual que el conductor; otra estudiante también resultó herida. El 16 de marzo, un matrimonio de conductores de taxi colectivo en Praderas de Costa Azul fue asesinado en su vivienda. El mismo día, en la colonia Jardín Azteca, una Urvan fue incendiada con los pasajeros adentro luego de que hombres armados mataron al conductor e hirieron a militares que iban a bordo.
Las organizaciones político-criminales han utilizado al transporte público en Guerrero como carne de cañón, como vigilantes (halcones), como escudo ante detenciones y también como una entrada alterna de dinero, ya sea por cobro de cuota o al controlar las concesiones.
¿En este contexto, qué hará el gobierno del estado? ¿Confirmará el pacto oscuro con los transportistas con el aumento del pasaje o dará marcha atrás y provocará movilizaciones también del sector?
En cualquiera de los dos panoramas, los ciudadanos como Celia son los que pierden; a quienes no les quedará más que reorganizar su dinero y privarse de otras cosas para completar para el pasaje de su familia.
Chirrionazo
un día después de que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán acudió a un evento en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México con Ricardo Monreal Ávila y Esthela Damián Peralta, la consejera jurídica de la Presidencia, pidió perdón al senador Félix Salgado Macedonio en un restaurante de Chilpancingo.
El rector mostró que de autónoma no tiene nada la Uagro; declaró al periódico El Sur que su líder “es y será” Salgado Macedonio. Prácticamente mostró su subordinación, sumisión, obediencia y sometimiento.
Saldaña Almazán está jugando para buscar “la grande” de Guerrero en 2027, sea con el senador o con quien le dé oportunidad.
No es gratuito que primero amagara con paralizar 70 municipios tras vociferar que desde el gobierno de Guerrero le habían enviado al FREG para pedir una auditoría en su contra y, después su encuentro con Esthela Damián.
Saldaña Almazán está jugando sus cartas con miras a que sea tomado en cuenta para la candidatura de Morena; sin embargo, elegirlo sería como comprar una versión de candidato a gobernador de “Temu”.
