La escena no ocurre en algún despacho de la Fiscalía de Sinaloa, ni tampoco en el de la Fiscalía federal en la capital mexicana, sino a miles de kilómetros: en Nueva York. Un documento de 34 páginas, firmado por un gran jurado del Distrito Sur, coloca el nombre de un gobernador mexicano en un lugar donde muy rara vez aparecen políticos en activo: el de acusado en una conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021, aparece ahí como pieza central de un engranaje que, según la fiscalía estadounidense, conecta al poder político con el Cártel de Sinaloa.

Pero esa historia no empieza en una corte. Empieza antes. Empieza con una carta.

De la política tradicional al poder (negritas)

Durante años, Rocha fue lo contrario a un personaje incómodo: académico, rector universitario, político formado en el PRI que, como muchos otros, supo migrar a Morena en el momento preciso. Un operador que entendió —también como tantos otros— que el cambio de régimen en México no significaba necesariamente la ruptura de las viejas estructuras priistas, sino su reacomodo.

Su carrera es, en ese sentido, reconocible: Universidad Autónoma de Sinaloa, cargos en la administración estatal, diputación, Senado en 2018 ya bajo las siglas de Morena y finalmente, la gubernatura en 2021 impulsado por el arrastre político del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Su campaña, además, se articuló en torno al lema “Transformemos juntos Sinaloa”, una consigna que dialogaba de forma directa con la narrativa nacional de la cuarta transformación y que lo colocaba en una posición de continuidad del proyecto lopezobradorista en el estado, tal y como muchos otros gobernadores morenistas hicieron para llegar al poder. 

Nada en la trayectoria de Rocha Moya lo hacía excepcional.

Hasta que, el 10 de agosto de 2024, su nombre apareció en la carta de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los dos grandes capos del Cártel de Sinaloa.

En ese documento, difundido tras la detención de “El Mayo” el 25 julio de 2024 —luego de que fuera extrañamente secuestrado por uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán—, el capo más veterano del Cártel de Sinaloa asegura que el día en que fue capturado acudía a una reunión. Una reunión en la que —según su versión— estarían presentes el gobernador Rocha Moya y también el entonces rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado a tiros ese mismo día —25 de julio de 2024—, presuntamente por integrantes del Cártel de Sinaloa.

Ese señalamiento, negado insistentemente por Rocha Moya, no probaba nada. Pero sí colocaba públicamente a un gobernador en funciones en la órbita directa de un líder del narcotráfico, para deleite de los partidos de oposición al gobierno federal, que a partir de entonces multiplicaron las críticas y denuncias por un supuesto ‘narcogobierno’ en Sinaloa.

Para el analista en seguridad David Saucedo, ese momento es un claro punto de inflexión en esta historia.

—La parte político-electoral es lo que más llama la atención del documento de la acusación de Estados Unidos. Entiendo que los estadounidenses procesen todo lo que tiene que ver con sobornos, amenazas, asesinatos, posesión de armas, tráfico de drogas, pero en este documento también llevan al banquillo de los acusados al sistema político mexicano.

Saucedo subraya algo que, hasta entonces, había permanecido en segundo plano para Estados Unidos: la narcopolítica.

—Esa es una vertiente que el Departamento de Estado norteamericano había eludido de manera sistemática… Todo lo que tenía que ver con narcopolítica y violaciones a derechos humanos nunca se trataba para evitar choques diplomáticos con México.

La carta de “El Mayo”, opina Saucedo, fue lo que pudo haber cambiado esa especie de tradición política de ‘no agresión’ entre ambos países.

La acusación y el cambio de postura de Estados Unidos (Negritas)

El documento de la Fiscalía de Nueva York describe algo más amplio que una relación individual o la actuación de unas pocas personas: se trata, presuntamente, de un sistema de corrupción. 

Según la acusación, funcionarios de distintos niveles —incluido el gobernador Rocha Moya— habrían protegido, facilitado y operado en favor de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios. 

No se trata únicamente de permitir o mirar para otro lado, sino de filtrar operativos, liberar detenidos, ordenar arrestos contra rivales, garantizar rutas de tráfico. En este sentido, el documento, además, describe la existencia de pagos sistemáticos a autoridades: listas mensuales de sobornos en las que, por ejemplo, un vicefiscal podía recibir alrededor de 200 mil pesos al mes; un jefe de la policía investigadora, unos 300 mil; mandos policiales, cerca de 100 mil; y policías municipales, alrededor de 30 mil pesos mensuales. 

Para Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, el caso no es sorpresivo, aunque sí inédito.

—Sinaloa es, desde hace décadas, una entidad con infiltración del crimen organizado en sus instituciones. Pero sí es la primera vez que Estados Unidos hace una acusación directa contra un gobernador en funciones.

—Ya había precedentes —agrega en entrevista— pero no estando en funciones. Eso vuelve este caso atípico. Aunque, al mismo tiempo, era una posibilidad que venía rondando desde hace meses.

La acusación también incorpora un elemento particularmente delicado: la elección de 2021.

Según el documento, Rocha Moya habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para llegar al poder, incluyendo intimidación a opositores y manipulación del proceso electoral.

Saucedo lo resume así:

—Lo que cambia no es la postura ante el gobernador Rocha Moya, sino la postura del gobierno norteamericano.

Y ahí aparece el segundo plano de esta historia: Estados Unidos.

En un evento aparentemente rutinario en Sinaloa el pasado 23 de abril, el embajador estadounidense Ronald Johnson visitó el norte del estado para participar, junto al propio gobernador Rubén Rocha Moya, en la inauguración de las obras de una planta de metanol en las cercanías de Los Mochis, una de las mayores inversiones privadas de capital estadounidense en la región. 

Ahí, frente a empresarios, inversionistas y autoridades locales, Johnson lanzó un mensaje que, leído en contexto, adquiere otro peso. Habló de la corrupción como un obstáculo directo para la inversión y dejó entrever que vendrían acciones concretas.

De acuerdo con una nota de Los Angeles Times, esas declaraciones forman parte de una estrategia más amplia para perseguir a funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado, incluso mediante acusaciones en tribunales federales. 

Saucedo lo plantea en términos de presión acumulada:

—Ha sido toda una ruta desde hace un año. El gobierno estadounidense lleva tiempo pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para ir desmantelando esta red de narcopolítica.

Primero, dice, fueron listas. Luego, retiro de visas a por los menos 50 políticos mexicanos. Después, advertencias de Trump de manera pública. Y ahora, acusaciones ante la Justicia estadounidense.

—Finalmente, los estadounidenses dan este tercer campanazo, que evidentemente es un cataclismo al interior de Morena.

Aquí, además, entra en juego el contexto inmediato en el que se hace pública la acusación. En los días previos, la relación bilateral se tensó por la polémica presencia de agentes de la CIA en México, particularmente tras un operativo en Chihuahua que dejó al descubierto la participación estadounidense sin pleno conocimiento o control del gobierno mexicano. Ese episodio generó reclamos desde la Presidencia y abrió un nuevo frente de fricción diplomática.

Para Víctor Sánchez, el momento en que se libera la acusación no es casual.

—Puede funcionar como una cortina de humo —explica—. Si uno revisa el documento, se nota que es una investigación construida a lo largo de varios años. Hay información de más de seis años atrás. Eso sugiere que ya tenían esto al menos en forma de borrador. Entonces, ante los sucesos recientes en Chihuahua y la discusión bilateral que se venía dando, pudo haber sido una decisión de ‘timing’: si ya lo tenías listo para dentro de uno o dos meses, pues mejor suéltalo ahora. Cumples el objetivo de señalar a estos políticos, pero también logras un efecto adicional: distraer la atención y reducir la presión diplomática.

El dilema (NEGRITAS)

Tras el anuncio de este miércoles de la fiscalía de Nueva York, se prevé que el impacto no será solo judicial, sino, sobre todo, político.

Rocha Moya no es un actor aislado, ni un personaje cualquiera. Es parte de un proyecto político que, al amparo del partido Morena y su líder fundador Andrés Manuel López Obrador —y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo—, construyó su legitimidad sobre la idea de ruptura con la corrupción del pasado.

Su ascenso político está directamente vinculado a ese respaldo. En 2021, López Obrador no solo avaló la candidatura de Rocha Moya, sino que lo arropó públicamente como parte de la consolidación del nuevo mapa político en los estados, en un momento en el que Morena buscaba afianzar su dominio territorial. 

Ya como gobernador, Rocha se mantuvo dentro de ese círculo de confianza presidencial, sin cuestionamientos —al menos públicamente— desde el centro del poder.

Ese respaldo no se ha diluido con el cambio de administración y la llegada de Sheinbaum al poder.

Tras la difusión de la carta de “El Mayo” Zambada y posteriormente, con la acusación de la fiscalía de Nueva York, la reacción del oficialismo ha sido la misma: cerrar filas.

López Obrador, en su momento, pidió no adelantar juicios y expresó confianza en el gobernador, mientras que Sheinbaum ha mantenido una línea similar: evitar confrontaciones abiertas con Washington, pero sin deslindarse políticamente de Rocha. La defensa ha sido más discursiva que jurídica —hablar de falta de pruebas, de soberanía, de “ataques”—, pero suficiente para sostenerlo dentro del amparo del poder.

—El gobierno tiene ahora la disyuntiva de proteger a uno de los suyos y asumir el costo ante Estados Unidos y Donald Trump o bien actuar en su contra —explica Víctor Sánchez.

Pero actuar también tiene riesgos.

—Puede implicar que Rocha Moya tenga información sobre otros políticos. Y que esto no se limite sólo a ellos.

En ese punto, Saucedo plantea que el dilema no es nuevo, sino estructural: durante décadas —dice— se ha sabido que gobernadores de estados clave han tenido vínculos con el crimen organizado, pero que el propio sistema político mexicano los ha protegido. “Los ha blindado”, resume. La diferencia ahora, añade, es que ese esquema de tolerancia habría dejado de funcionar.

Según su lectura, el cambio responde también al contexto en Washington. Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, dice, la lógica es distinta: “todos esos viejos esquemas ya dejaron de estar vigentes”. Estados Unidos —explica— ya no solo apunta a los capos, sino también a empresarios, militares y políticos vinculados al narco, lo que convierte este caso en algo más serio que episodios anteriores.

De ahí que el margen de maniobra del gobierno mexicano se reduzca. Para Saucedo, el escenario se vuelve más binario: “ya nada más hay dos opciones… entregar a Rocha por las buenas o por las malas”. Y advierte que la presión podría escalar —incluso en el terreno económico— si no hay una respuesta, en un contexto donde Washington ya ha demostrado que puede actuar unilateralmente, como ocurrió con la captura de “El Mayo” Zambada y más recientemente, con la operación en Caracas, Venezuela, contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos.

¿Cómo afectaría a la guerra interna del cártel? (Negritas)

En Sinaloa, además, hay otra variable: la guerra interna del cártel.

—El Gobierno sinaloense opera a favor de “Los Chapitos”, así lo refiere incluso el propio documento de la acusación de la Fiscalía —plantea el analista.

Por eso, cualquier movimiento político podría tener efectos directos en el terreno criminal, en un estado particularmente afectado por la violencia: desde el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, suman más de 2 mil víctimas de asesinato y al menos otras 2 mil personas desaparecidas.

—Si se remueve al gobernador o si tuviera que pedir licencia por la presión de la denuncia de Estados Unidos, habría una afectación a la capacidad operativa de “Los Chapitos” de la que se beneficiaría “La Mayiza”.

Hasta la tarde de ayer miércoles, Rocha Moya y otros personajes señalados en la acusación han respondido con una estrategia clara: no se trata de una denuncia personal contra ellos, sino que —aseguran— se trata de un ataque colectivo contra todo el gobierno mexicano y su movimiento, la llamada cuarta transformación. 

En esa línea, el propio gobernador ha rechazado las imputaciones; las ha calificado como carentes de fundamento y ha insistido en que se trata de un señalamiento con motivaciones políticas, al tiempo que ha expresado confianza en que “no va a pasar nada”.

Pero esa estrategia tiene límites.

—Van a intentar cobijarse en Morena, en la Presidencia, pero creo que sería un error —advierte Sánchez.

Porque el documento, insiste, no habla de acusaciones en abstracto.

—Se mencionan nombres y hechos concretos. Se habla incluso de transferencias de dinero, aportaciones a campañas, sobornos. No son acusaciones genéricas —apunta el investigador.

Y al final, la pregunta deja de ser solo sobre Rocha Moya.

—Sí, sin duda —responde Víctor Sánchez cuando se le pregunta si otros gobernadores deberían estar preocupados hoy—. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el de Tamaulipas, el de Sonora, el de Michoacán, la gobernadora de Guerrero… son nombres que han sido mencionados en distintos momentos como posibles objetivos de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos delictivos. 

—Y pues si ya ocurrió una vez con Rocha Moya, no se puede descartar que se repita. Así como Estados Unidos ha ido señalando a distintos operadores del crimen organizado, podría comenzar a hacer lo mismo con actores políticos —concluye el investigador.