Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, no es el único político en nuestro país que debería ser investigado por presuntos vínculos con una organización criminal; Morena, como partido, tampoco.

Desde hace décadas, el sistema político de partidos en este país está podrido. Las elecciones se convirtieron en procesos de legitimación de decisiones cupulares, desdibujados, fríos y acelerados.

La premisa es triunfar en la elección y hacerse del poder sin importar cómo se logre, sin importar las alianzas —por muy oscuras que sean— que tengan que hacerse y, sobre todo, con quién se tengan que hacer.

Esa premisa, aplicada por casi todos los grupos políticos, incluido Morena, nos ha situado en un momento donde varias regiones del país son controladas completamente por grupos políticos-criminales o criminales-políticos; donde la ciudadanía vive en constante miedo por el sometimiento bajo la violencia extrema. Prácticamente el terror.

Ante este panorama, es pertinente entender que Estados Unidos no tiene la mínima intención de hacer justicia en nuestro país, ni de llevar a una corte a políticos mexicanos para detener la violencia, las desapariciones, los secuestros y homicidios que ha dejado esta guerra narcopolítica desatada en el «calderonismo» y sostenida por los sexenios que le precedieron. Creer que Estados Unidos salvará a México es una visión totalmente extraviada.

Por ello, ¿cómo entender las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios y exfuncionarios por parte del gobierno estadounidense?

Primero, dichos señalamientos los hace la administración de Donald Trump, un empresario que obedece a una camarilla capitalista con un plan imperialista profundamente racista.

Segundo, nuestro vecino del norte siempre ha utilizado “la desestabilización” mediante la CIA en diversas regiones del mundo con miras a imponer un control político que le permita dominar rutas comerciales y extraer recursos naturales: petróleo, agua, madera, tierras raras, oro y demás minerales. Sin embargo, también buscan el control de las rutas de lo ilegal, como la droga, la trata de personas y el contrabando de armas.

Entonces, ¿la acusación contra Rocha Moya y demás funcionarios es una coartada para vulnerar la soberanía de México, como lo plantean la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la militancia de Morena?

Tampoco. La vulneración de nuestro territorio ha ocurrido en innumerables ocasiones, empezando por el Tratado de Libre Comercio, donde México obtuvo desde el comienzo, con el “salinato”, los menores dividendos.

Resulta irónico, pero la soberanía mexicana ha estado supeditada al plan exterior de Estados Unidos.

Donald Trump busca ejercer presión política contra México con miras electoreras para un tercer periodo al frente de la Casa Blanca, pero a costa de cimbrar la política interna del país. Y es que, como mexicanos, deberíamos cuestionarnos si realmente los señalamientos contra Rocha Moya son solo una respuesta frente a la “colaboración” descubierta de la CIA en un operativo con el gobierno panista de Chihuahua, que encabeza María Eugenia Campos Galván.

Si es así, al gobierno morenista le han pegado en el “dedo chiquito” del lopezobradorismo; es decir, en uno de los gobernadores más protegidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por la actual mandataria. Lo que es innegable es que Rocha Moya es, desde antes del escarnio norteamericano, uno de los morenistas más cuestionables y oscuros, pero hay varios más.

¿Por qué decimos, entonces, que Rocha Moya y Morena no deberían ser los únicos en ser investigados por sus vínculos con organizaciones criminales? Primero, porque Rocha Moya no es Morena y Morena no es México. Segundo, al revisar las acusaciones que se hicieron ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York contra los políticos sinaloenses, esto explica la impunidad y la connivencia que existe no solo en este estado, sino que también podría dar luz al sometimiento que hay en otras regiones del país.

El documento señala que una fracción del Cártel de Sinaloa se alió con políticos y agentes del orden público de esta entidad, a los que califica de corruptos. Dice que estos “políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cártel”; además, sostiene que han participado directamente en la violencia y las represalias perpetradas por la organización.

Las acusaciones que recaen sobre Rocha Moya son: haber protegido a los líderes de «Los Chapitos» —Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— de investigaciones y procesos judiciales; proporcionar información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cártel; ordenar a integrantes de organismos policiales, estatales y locales proteger los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos; permitir que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias; y permitir a «Los Chapitos» colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa.

A cambio de estas acciones, según el documento, Rocha Moya pidió a los líderes de “Los Chapitos” que robaran papeletas con votos de sus oponentes en 2021 y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición.

Según Estados Unidos, antes y después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de dicha organización.

Esos señalamientos podrían trasladarse no solo a gobernadores o gobernadoras en turno de otros estados, sino también a los del pasado, porque esas prácticas no son nuevas.

Dichas prácticas también explicarían explosiones de violencia en otros estados, municipios y regiones, incluso de Guerrero: como Taxco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Tixtla, Copala, Atoyac y la Tierra Caliente.

En el caso del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es señalado de permitir a “Los Chapitos” operar en su municipio sin interferencia del gobierno, protegiendo sus operaciones de tráfico y evitando detenciones.

¿Acaso no hay otras alcaldías en este país y en nuestro estado donde se desata la violencia y, para los ediles, pareciera que no pasa nada, que los grupos criminales son intocables e impunes?

En esta columna hemos detallado hasta el cansancio el ejemplo de Taxco con el hoy prófugo de la justicia, Mario Figueroa Mundo; pero ejemplos sobran. Chilpancingo, con Norma Otilia Hernández Martínez como alcaldesa, no se queda atrás: basta recordar sus encuentros con los líderes de “Los Ardillos”, que desataron varias olas de violencia en la capital guerrerense.

También el municipio de Chilapa, donde gobierna la priista Mercedes Carballo Chino, donde la violencia política —específicamente contra morenistas— no ha significado ni una investigación para la edil.

Otros casos son los ediles de Huamuxtitlán y Juan R. Escudero, con los emecistas Daniel Méndez Flores y Óscar Sánchez Luna. Este último no ha sido tocado a pesar de que en su municipio se vive una serie de enfrentamientos armados y constantes bloqueos carreteros de supuestos líderes comunitarios para evitar operativos militares.