Por: Emiliano Tizapa Lucena, Arturo de Dios Palma Ocampo y Jesús Guerrero Salgado.
Guerrero tiene un vasto historial de masacres y abusos de poder. Caciques, militares y políticos han abusado, se han enriquecido y delinquido amparados por la ley.
En los últimos 64 años en Guerrero la barbarie desde el poder ha sido casi permanente: la masacre al movimiento estudiantil en Chilpancingo el 30 de diciembre de 1960; la matanza de padres y madres de familia en Atoyac el 18 de mayo de 1967; la matanza de copreros el 20 de agosto de 1967; la masacre extrajudicial de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995; la emboscada y ejecución extrajudicial en El Charco, Ayutla de los Libres, el 7 de junio de 1998; el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo; el asesinato de tres estudiantes y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El 7 de marzo, Yanqui Kothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa fue asesinado a balazos por policías estatales, fue una ejecución extrajudicial. El montaje que se construyó tras su muerte merece ser castigado.
En 2014, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación 20 días después de que ocurrieron los hechos.
Con el asesinato del normalista Yanqui Kothan, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso un día después del hecho y ahora lo que debe ahondar y aplicar sin miramientos es un castigo ejemplar a los responsables materiales e intelectuales.
¿Con la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Rolando Solano Rivera, y la remoción de la fiscal general del estado, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, significa que en Guerrero la corrupción saldrá también de impartición de la justicia y la seguridad? Pensamos lo mismo: nada cambiará.
La salida de estos personajes ni siquiera fue por voluntad propia como lo afirmó la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, en su mensaje a través de un video transmitido el 14 de marzo. El claro ejemplo fue que Valdovinos Salmerón intentó negarse a abandonar el cargo.
De acuerdo con fuentes internas del gobierno del estado, la destitución de los tres servidores públicos tras el escándalo de la fuga del policía estatal responsable de la muerte del normalista se debe a la presión del Ejecutivo Federal mediante la intervención del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, quien estuvo en Chilpancingo el pasado jueves 14 cuando Evelyn Salgado dio a conocer las renuncias de Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano además del anuncio de la remoción de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos.
O sea por mandato presidencial, el secretario de la Defensa Crescencio Sandoval vino a darle esa orden a la gobernadora.
El pasado 25 de enero, el general Crescencio Sandoval y la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez estuvieron en Chilpancingo en el nombramiento del general brigadier Rolando Solano como titular de la SPP en sustitución del marino Evelio Méndez Gómez, quien renunció al cargo en medio de la primera crisis del 2024 derivado de la violencia en la Sierra de Tierra Caliente por la disputa entre las organizaciones criminales de Los Tlacos y La Familia Michoacana.
En esta nueva crisis que enfrenta su gobierno por la incapacidad que tiene para gobernar, Evelyn Salgado tuvo que acatar la decisión presidencial.
Para que no se nos olviden las irregularidades, delitos y abusos en el caso de Yanqui Kothan los describiremos. Uno: policías estatales asesinaron a Yanqui Kothan y detuvieron a dos compañeros más. Dos: los policías se llevaron el vehículo y sembraron un arma, drogas y cervezas, sin hacer las diligencias periciales. Tres: Yanqui Kothan es trasladado en la batea de una camioneta de Protección Civil al hospital general. Cuatro: los secretarios de Gobierno y Seguridad informaron en la madrugada que el normalista murió por un carro robado y que disparó primero a los agentes. Cinco: la Policía Estatal presentó al Ministerio Público solo a un detenido a las 7 de la mañana, aunque supuestamente desde las 2 de la madrugada lo habían hecho según los secretarios de despacho. Seis: hay una detención ilegal del tercer normalista del cual nunca se informó. Siete: se mantuvieron a tres agentes involucrados en la muerte del normalista en detención administrativa. Ocho: la Fiscalía General del Estado no detiene 48 horas en arresto preventivo a los tres policías, ni solicita órdenes de aprehensión por homicidio calificado. Nueve: el policía estatal, el presunto responsable del asesinato de Yanqui Kothan, huyó.
¿La actuación de Reynoso Núñez y Solano Rivera al montar una mentira, al encubrir un homicidio calificado y al entorpecer la justicia no debe tener consecuencias legales?
De acuerdo con la defensa legal del caso Yanqui Khotan Gómez no han solicitado que a los dos ex secretarios se les finque un delito, pero analizan al menos el de daño moral por sus declaraciones hechas a medios de comunicación donde criminalizaron a los normalistas.
Los análisis periciales al cuerpo de Yanqui Kothan y al segundo normalista detenido, Osiel Faustino Jimón Dircio, demuestran que jamás dispararon un arma, ni que estuvieran drogados o con un nivel alto de alcohol en sus cuerpos como lo aseguraron los funcionarios.
Consultados dos abogados externos al caso, uno del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el otro de un despacho particular, coinciden que tanto Reynoso Núñez como Solano Rivera cometieron al menos los delitos contemplados en el Código Penal del Estado de Guerrero de: falsificación y uso indebido de documentos, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, obstrucción en la investigación, falsedad ante autoridad, evasión de presos, imputación de hechos falsos y simulación de pruebas y encubrimiento por favorecimiento.
Para no errar, citaremos el Código Penal local. El delito de falsificación y uso indebido de documentos dice en el artículo 211 que se impondrá prisión de 3 meses a 3 años o de 180 a 360 días de multa, al que para obtener un beneficio o para causar un daño “inserte o haga insertar en un documento público o privado hechos falsos concernientes a circunstancias que el documento deba probar, altere uno verdadero o lo suprima, oculte o destruya”.
Añade que cuando los delitos son ejecutados por un servidor público en ejercicio de sus funciones “será penado, además con privación del empleo e inhabilitación para ocupar otro cargo público hasta por tres años”.
El artículo 244 indica que un servidor público comete el delito de abuso de autoridad cuando “ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, haga violencia a una persona sin causa legítima o la veje o la insulte”. Quien comete este delito “se le aplicará prisión de tres a ocho años y de cien a quinientos días de multa”.
El delito de coalición de servidores públicos previsto en el artículo 246 indica que: “A los servidores públicos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa”.
Reynoso Núñez y Solano Rivera fueron la cara pública del montaje, pero detrás de ellos hubo una red de complicidad desde los policías que dispararon; el director del grupo táctico de reacción inmediata centauro, Pedro Castro Muñoz; el director de Comunicación Social, René Possetl Aguirre; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, entre otros subordinados que construyeron y difundieron una mentira para encubrir un homicidio calificado en conjunto.
Otro delito, en el artículo 257, la falsedad ante la autoridad remarca: “Al que teniendo la obligación legal de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad lo haga falsamente u ocultando la verdad, se le impondrán de 3 meses a 2 años de prisión o multa de 60 a 270 días de salario”.
El artículo siguiente, el 258 señala que el servidor público que “presente testigos falsos conociendo estas circunstancias o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, se le impondrá prisión de 6 meses a 3 años o multa de 30 a 180 días de salario”.
Un servidor público comete un delito contra la administración de justicia cuando “retarda o entorpece maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”. Los dos secretarios de despacho de Salgado Pineda sostuvieron tres días su mentira y retardaron la investigación de lo ocurrido.
Reynoso Núñez y Solano Rivera también ocultaron la detención del normalista Osiel, lo que es un delito: “realizar una aprehensión o detención sin poner al aprehendido o detenido a disposición de la autoridad que corresponda, dentro de los términos que la propia Constitución dispone”.
Pero los delitos continúan, pues “poner indebidamente en libertad o favorecer la evasión de una persona que se encuentre privada de aquélla” se sanciona “con prisión de cuatro a doce años y de noventa a setecientos veinte días multa”. Además de privación del cargo e inhabilitación para obtener otro cargo público hasta por un término igual al de la pena de prisión señalada por la ley para el delito cometido.
Por si lo anterior no convence a los abogados, el artículo 272 señala que el servidor público que: “con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito, le impute ante la autoridad un hecho falso simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y de veinte a cien días multa”.
Tal y como se hizo con Yanqui Kothan, los dos funcionarios estatales mintieron al asegurar, que el normalista había disparado primero a los policías estatales.
Del delito de encubrimiento por favorecimiento, en el artículo 248 dice que: “Al que después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y hasta sesenta días multa”.
De esto no se salva el personal de la Fiscalía General del Estado quien también tendrá que responder como lo dio a conocer el gobierno estatal por: “Negarse o abstenerse injustificadamente el encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, a despachar un negocio pendiente ante él o dictar una resolución de trámite o de fondo dentro de los términos establecidos al efecto”.
De acuerdo con el abogado del Centro de Defensa de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, en su artículo publicado este domingo en La Jornada titulado “Tirar a matar”, a Osiel y el tercer normalista de nuevo ingreso identificado como El Arenita ambos “fueron detenidos por militares que los interrogaron y golpearon. Los obligaron a que confesaran que habían disparado. Los policías del estado se encargaron de ablandarlos con más golpes y amenazas. Dos horas después fueron liberados”.
La participación nuevamente de todas las fuerzas armadas del Estado se vieron involucradas en el caso de Yanqui Kothan.
El que Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Rivera fueran destituidos hace parecer que su falta solo fue con su superiora, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuando su violación a la ley fue contra la sociedad. ¿En cuántos casos más nos mintieron cuando eran servidores públicos?
¿Acaso no este gobierno que está por concluir, de Andrés Manuel López Obrador ha presumido que sus principios son no mentir, no robar y no traicionar?
Entonces en una tierra donde ya quedó evidenciado que los abusos a pesar del cambio de partido no cesan, no mercen todos los involucrados un castigo que deje presedente para que ningún otro funcionario se atreva a mentir, a ocultar, a callar, a ser cómplice de un asesinato.
Reynoso Núñez y Solano Rivera están a punto de seguir los pasos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, político caciquil quien se ha visto involucrado en masacres y matanzas y sigue en las calles impune, gracias a que sus entonces superiores hicieron lo que se está haciendo con los ex secretarios de despacho, sacarlos momentáneamente de la escena pública para que después reaparezcan en otro cargo.
Es claro que estos ex funcionarios cometieron delitos, está en la defensa de la familia de Yanqui Kothan marcar un precedente, una lección para estos funcionarios que abusan del poder.
Chirrionazo. Mientras Evelyn Salgado Pineda enfrenta una situación crítica que incluso le puede ocasionar su salida del gobierno, su papá Félix Salgado Macedonio anda en su habitual mundo de desmadre subiendo videos en los que aparece relajado en sus actos de campaña para reelegirse como senador de la República y darse el tiempo necesario para palomear las listas de los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales a sus amigos y compadres.
Por cierto por culpa del clan de los Salgado que no dan una para gobernar Guerrero, la cantante oaxaqueña Lila Downs canceló su presentación este jueves 21 en el auditorio Sentimientos de la Nación que está ubicado frente al Palacio de Gobierno.
Seguro los Salgado no quisieron que la cantante viniera porque se iba a dar cuenta como las calles de acceso al Palacio está con barricadas y repleto de Guardia Nacional y Policías estatales como si fuera una zona de guerra.
