Guerrero fue empobrecido y ahí está atrapado.

El 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el resultado de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares (Engih). Según el informe, en todo el país unas 13.4 millones de personas dejaron la condición de pobreza entre 2018 y 2024. En Guerrero 80 mil 700 personas dejaron de ser pobres según la medición de pobreza multidimensional.

¿En Guerrero qué se hizo para que 80 mil 700 personas dejaran la condición de pobreza?

Nada.

Al contrario, en los últimos doce años, Guerrero ha experimentado todo tipo de crisis que han profundizado el empobrecimiento de millones de guerrerenses. Desde 2013, cuatro fenómenos meteorológicos han destrozado miles de viviendas por su fragilidad y también por el desorden urbano. Desde hace casi dos décadas la violencia inclemente que ha dejado miles y miles de muertos, miles de desaparecidos y miles de desplazados, también ha provocado el cierre de miles de comercios. En la zonas rurales, en este periodo la situación ha empeorado: en la Sierra, principalmente, se terminó lo único que a muchos pueblos les daba un poco de ingreso: el cultivo de amapola. En la Montaña, donde se concentran los pueblos con el mayor porcentaje de personas empobrecidas, cada año salen huyendo de la pobreza más de 10 mil personas, junto con sus hijos e hijas, a trabajar como jornaleros en los campos del norte del país. Han preferido ser explotados que esperar a que el hambre invada sus casas.

A todo esto se le suma una calamidad: la clase política. En ese mismo periodo, Guerrero sufrió el peor deterioro institucional. El ataque, asesinato y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala, certificó lo que todos sabemos, lo que todos padecemos: que gobernantes, militares y criminales son una sola cosa. 

Nada de esto fue contemplado en el informe del Inegi. Nada. El entorno, el contexto, las particularidades de cada pueblo, de cada familia, el rezago histórico, la extorsión, el arancel impuesto por las organizaciones criminales, los efectos del cambio climático,  toda la merma que deja la corrupción, todo fue ignorado. 

De acuerdo al informe del Inegi el principal indicador con el que determinaron la “reducción” de la pobreza fue el salario de los mexicanos. En el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos a 248.93 pesos. Pero ese fue un privilegio de las zonas urbanas. En la Montaña esta variable no aplica: ahí no hay trabajo, menos salario. 

Abel Barrera Hernández, es director de Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, conoce la región como muy pocos, la ha recorrido una y otra vez. 

Barrera Hernández dice que el estudio del Inegi refleja la macroeconomía del país pero no se enfoca en lo micro, en los pueblos, en las comunidades. En la Montaña, afirma, las condiciones de pobreza siguen intactas como hace décadas. Ahí casi nada ha cambiado: los pueblos siguen sin caminos, sin centros de salud, sin médicos ni enfermeras, mucho menos con medicamentos. Escuelas precarias, sin servicios de agua potable, ni internet. Pueblos completos están en el olvido, en un profundo rezago. Todo eso dificulta la vida, romper esa inercia. 

La marginación en las que viven en la Montaña lo está encareciendo todo, explica Barrera Hernández. Da dos ejemplos. Uno: conseguir comida es cada vez más complicado, llegar hasta los pueblos donde están los productos implica un traslado que cuesta dinero y, ese gasto, impacta en la cantidad y en la calidad de los alimentos que  logran conseguir.

Dos: acceder a los servicios de salud es imposible, no hay ninguna posibilidad que puedan ser atendidos en el sector público, en cambio, en medio de la pobreza, farmacias privadas están haciendo un gran negocio: ofrecen consultas gratis a cambio que les compren todo el medicamento.  

 

¿Trabajo?  El defensor es contundente: nadie tiene, todos se contratan de peones por dos o tres días, pero el que contrata tampoco puede pagar el salario mínimo, “en la Montaña se pagan 150, 180, máximo 200 pesos por jornada”. 

En la Montaña, define Barrera Hernández, en la vida de los pobladores se está dando la jornalerización. Es decir: salir de sus pueblos hacia los campos de cultivos de los estados del norte a trabajar en condiciones indignas, jornadas extenuantes sin pago justo —casi rozando en la explotación— es la única forma de sobrevivencia que les está quedando. 

Antes de Otis, en Acapulco estaba el mayor número de personas en condición de pobreza extrema de todo el país. En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que 108 mil 841 personas en el puerto estaban en situación de pobreza extrema. En 2015, registró una disminución: 93 mil 513. En 2020, la pobreza extrema se disparó: 126 mil 672 personas  no cuentan con los ingresos suficientes ni para cubrir su alimentación. 

En 2025, el Coneval tuvo que haber presentado un informe similar, pero desde el gobierno federal se ordenó su desaparición. Sin embargo, en diciembre del 2023, José Nabor Cruz Marcelo, en ese momento secretario ejecutivo de ese organismo afirmó que en Guerrero, a consecuencia de Otis, la pobreza podría aumentar unos 20 puntos porcentuales. Eso no se sabrá. 

Otis fue devastador sobre todo para esa franja donde habitan las personas más pobres: las ráfagas de vientos destruyeron sus techos y la lluvia acabó con lo poco que había adentro. Para ese Acapulco, la reconstrucción va demasiado lenta. La respuesta del gobierno de López Obrador fue repartir dinero en mano y desplegar sus programas sociales, programas sociales que según el último reporte del Inegi no han sido determinantes para reducir la pobreza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó el programa de reconstrucción “Acapulco se transforma contigo” con una inversión de ocho mil millones de pesos, pero que se están concentrando en la zona turística e ignorando ese cinturón de pobreza. 

Otro aspecto que no se mide, dice García Jiménez, es la contaminación de los ríos y mantos acuíferos, la tala ilegal de los bosques, la explotación de minerales, la falta de normas ambientales en los rellenos sanitarios, todo eso impacta en el empobrecimiento de la gente.

La segunda ausencia en los resultados del Inegi, dice García Jiménez, es la violencia e inseguridad que azota el estado. 

García Jiménez afirma que las organizaciones criminales han tomado el control de fragmentos del territorio del estado donde imponen condiciones de vida y también económicas: establecen precios y distribución de productos de la canasta básica, además de la extorsión que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.

“Hay un tipo de arancel criminal que el Inegi no está tomando en cuenta, no registra que el crimen cobra dos pesos más por kilo de tortilla, 50 pesos por un cartón de cerveza”, explica.

El último aspecto, dice García Jiménez, es la falta de políticas públicas. Se enfoca en la zona rural. Afirma que alrededor del 43 por ciento de los guerrerenses viven en la zona rural y a pesar de eso, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, asigna menos del uno por ciento del presupuesto público. 

“Nos da 7 mil 300 por persona sin importar si tienes media hectárea o una hectárea. Eso lo divides entre 365 días, nos da algo así como 34 pesos diarios. Ese es el subsidio del campo, ¿tú crees que esto va a ayudar a fomentar la producción y a ir salir de la pobreza?”. 

García Jiménez se muestra incrédulo en los resultados de la encuesta, incluso dice, que una mala medición en poco ayuda a resolver el problema. Cuenta que cada vez que recorre las comunidades ve a la gente más pobre. Explica: 

“La gente está igual de pobre o más más pobre, por un lado su edad va avanzando, su capacidad de trabajo se reduce, su suelo se va deteriorando, sus cultivos van a la baja, sus caminos jodidos, si tenía una camioneta, con paso del tiempo se jodió, se deterioró. O sea, va bajando todas sus capacidades. No tiene ni tendrá pues para comprarse un carro del año”.

  

Explica un caso en particular, tras la caída en el precio de kilogramo de opio, los cultivos de amapola prácticamente desaparecieron y con ellos el ingreso de cientos de familias.

Hace una década, Guerrero era considerado el principal productor de goma de opio en el país y a los campesinos les llegaban a pagar unos 13 mil por kilogramo. En 2016, cuando surgió la idea de legalizar los cultivos de amapola, el entonces comisario de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo, Arturo López Torres, afirmó que en la Sierra había más de mil 281 pueblos los que tenía como base económica la cosecha del opio: 50 mil pobladores comían y vestían gracias al enervante.

Según el entonces comisario por cada hectárea sembrada se cosechaban cinco kilogramos de opio. Si por lo menos en cada una de las mil 281 comunidades cultivaban una hectárea, en la Sierra cada cinco meses cosechaban 6 mil 405 kilogramos de goma. La producción en dinero: 8 millones 326 mil 500 pesos.

En la Montaña, en 2013 con la tormenta Manuel y el huracán Ingrid muchas comunidades quedaron devastadas, inhabitables. Unos dejaron la pobreza y entraron en la miseria. Perdieron todo: casa, ropa, animales, trabajo, dinero. La mayoría tuvo que comenzar de nuevo. La opción que tuvieron fue la siembra de amapola, pero les duró poco, unos años, la caída del precio provocó que muchas de las comunidades se convirtieron en fantasmas, que la jornalerización se acelerara. 

¿Guerrero por qué sigue atrapado en la pobreza?

En Guerrero, la pobreza tiene una relación directa con su clase política.

Gabino Solano Ramírez es académico e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). Hace unos años fundó la maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos.

Solano Ramírez explica el empobrecimiento del estado con la falta de un proyecto a largo plazo y a la falta de capacidad de la clase política para gestarlo.

“No tenemos a la vista al menos un proyecto de largo plazo para la entidad, un proyecto de gran visión, un plan de gobierno que pueda pensar que en un cierto periodo Guerrero pueda superar poco a poco porque esto, porque no se va a dar de la noche a la mañana y seguramente en la próxima medición estaremos hablando de lo mismo. No es de corto plazo, superar el rezago y la desigualdad es de largo plazo. Y tendremos que ir trabajando en planes sexenales, planes multianuales para que estos desafíos o rezagos se puedan superar”.

Sin embargo, por ahora no hay ningún plan ni a corto ni a largo plazo.

“Revisas cualquier cualquier programa federal que esté impulsando este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quizás estemos en uno de cada nueve propuestas. La más significativa, es la de Acapulco se transforma contigo. Pero de ahí tú buscas los polos de desarrollo, no estamos. Incluso el propio Programa Nacional de Turismo Comunitario no estamos. Revisa las propuestas de mega proyectos no estamos. La generación de energías, la generación de movilidad, de conectividad, de comunicación no estamos”.

¿Y por qué no estamos? Porque tenemos una clase política que no genera ninguna expectativa. Ninguna.

“Necesitamos una nueva clase política, es evidente que la que hoy tenemos y la que hemos tenido en los últimos sexenios tiene un perfil pre moderno, anclado en relaciones tradicionales de dominación, caciquil que piensa en el estado de manera patrimonialista. La lucha política en Guerrero es muy fuerte porque se da más allá de las cuestiones legales. Son luchas faccionales en donde lo que se disputa obviamente es el control del Estado. Ya no se piensa en un programa de gobierno o una perspectiva de desarrollo, están pensando en el control, en el manejo y la reproducción del propio poder”.

 

 

Chirrionazo
 
Esta semana recibimos en el buzón de quejas una denuncia pasmosa, resulta que René Vargas Pineda, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, reunió hace unos días a todos sus directores para lanzarles tremenda frase: “Quieren conservar la chamba quiero su apoyo con los comités de Morena, para conformar los comités seccionales”. Algunos se quedaron pasmados, obviamente todos dijeron que sí, porque nadie se quiere quedar “sin chamba”.

Otro integrante del gabinete de Salgado Pineda que dio de que hablar fue Pablo André Gordillo Oliveros, secretario de Bienestar, quien desde las 12 día día acarreó a trabajadores del gobierno estatal para llevarlos de porra a la inauguración del hospital del ISSSTE que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Acapulco este viernes.

Lo peor es que cuando arribó el senador Félix Salgado Macedonio, Pablo André comenzó y arengó todas las porras a su líder político y también encabezó las rechiflas a la alcaldesa Abelina López Rodríguez en el mismo evento. Al día siguiente, en la revisión del Marinabús, la presidenta municipal de Acapulco replicó la misma estrategia y mejor llevó porra institucional.