La desaparición forzada de personas es un problema que se ha documentado que el autor intelectual es el Estado mexicano mediante el Ejército desde 1960.

Esa estrategia de control social fue envuelta en impunidad, por ello actualmente este mecanismo de terror ha pululado en el país en la narrativa construida del enfrentamiento entre organizaciones criminales.

La violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

Peor aún, para desaparecer a una persona debe seguir habiendo una complicidad, omisión y participación del Estado, porque los gobiernos no responden ni abrazan su responsabilidad para la búsqueda, identificación y reparación del daño de este crimen.

De acuerdo con el Registro Nacional hay 133 mil 93 personas desaparecidas y no localizadas en México, de las cuales hay 4 mil 460 en esta situación en Guerrero.

El dolor que ha dejado la desaparición forzada en miles de familias contrasta con un dato más espeluznante: en Guerrero de 1952 al 31 de agosto de 2025, solo 517 personas han sido localizadas sin vida.

Presentamos tres casos que muestran como las autoridades son indolentes, revictimizan y retardan la entrega de los restos de los familiares de desaparecidos.

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Es la mañana del 14 de noviembre de 2019, Sonia Erika Carvajal Sostenes y Marco Antonio Cristino Marino desayunan como todos los días muy temprano antes de comenzar su jornada laboral. Marco Antonio irá este día a instalar unas ventanas de herrería hasta Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, ubicado a unos 40 minutos en vehículo de Chilpancingo. Además, es la entrada a un corredor hacia la sierra de Guerrero donde la violencia desde hace años ha dejado cientos de desplazados, muertos y desaparecidos.

Esta pareja originaria de la capital de Guerrero tiene nueve años de casados, Sonia tiene 28 años de edad y Marco Antonio 32; tienen cuatro hijos: una niña de 9 años, un niño de 8 y las más pequeñas, unas cuatitas de año y medio.

Marco Antonio sale de casa, le dice a Sonia que le avisa cuando ande por Chichihualco. Todo parece ser un día más. Al mediodía, Sonia recibe una llamada a celular. Es Marco Antonio, le dice que está todo bien, que está tranquilo trabajando en Chichihualco. Esa será la última vez que Sonia escuche la voz de Marco.

Durante la tarde, Sonia marca constantemente al número de su esposo, le mandó mensajes de texto, pero estos ya no le llegan y las llamadas enviaban directamente al buzón de voz. Sonia no se alarma, sabe que a veces en los pueblos no hay señal y que el trabajo de Marco, como suele ocurrir, se alarga más de lo esperado.

En los días posteriores, Marco tampoco se comunicó con Sonia, quien acostumbrada a no pedirle explicaciones a su pareja, esperó al sábado, porque esos días Marco siempre cobraba y volvía a casa, pero tampoco llegó. Preocupada, Sonia le cuenta a su suegra lo que pasa y comienzan a buscar a Marco.

Sonia acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para preguntar si no había algún cuerpo con las características de Marco, ella lo describe: “Mi esposo media como un metro con 68 centímetros, moreno, de cuerpo robusto, tenía tatuajes, pelo corto”.

Sin embargo, el personal del Semefo le responde que no hay ningún cuerpo con las características de Marco. La respuesta alivió por un momento a Sonia, pero ella sigue buscándolo.

Después de su visita al Semefo, Sonia y la familia de su esposo denuncian formalmente ante la Fiscalía General el Estado (FGE) la desaparición de Marco.

Sonia se enfrenta a un nuevo panorama en el que sintió sola, con cuatro hijos y sin Marco. Por recomendación de algunos familiares, ella se unió al colectivo Lupita Rodríguez Narciso, donde encontró acompañamiento de otras familias y mujeres con casos similares.

Fue hasta julio de 2023, luego de tres años en la búsqueda de su esposo, cuando Sonia recibe una llamada de la fiscalía de Guerrero, en la que le piden que acuda a las oficinas ubicadas al sur de Chilpancingo.

A Sonia y a su suegra les informan en la FGE, que tras varias pruebas genéticas han identificado el cuerpo de Marco, además coinciden en un 99 por ciento.

La noticia es devastadora para ambas mujeres. Sin embargo, a Sonia le detallan cómo, cuándo y dónde fue encontrado su esposo, le muestran fotografías de cómo estaba, de sus tatuajes, de su ropa y ella confirma que es Marco.

Lo que le sorprende a Sonia, es que según la Fiscalía el cuerpo de Marco Antonio fue hallado la noche del 14 de noviembre de 2019, el mismo día que ella perdió comunicación con él; ese día las autoridades levantaron su cuerpo en Chichihualco junto a otro hombre.

Tres años y medio pasaron para que los restos de Marco Antonio fueran identificados y entregados a su familia.

Cuando Sonia preguntó por qué habían tardado tanto en identificar a su pareja, las autoridades les respondieron: “Que fue una mala administración”.

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La mañana del 5 de junio de 2013, Nora Elsi Maldonado Cruz se despidió de su esposo José Vázquez Colebrina, quien como todos los días salió temprano de casa para trabajar como chofer de un camión recolector de basura en Chilpancingo.

Aquel día, cuando comenzaba a atardecer, José se dirigió a guardar su unidad en el Rastro Municipal, estacionó su camión, apagó el motor y tras despedirse de sus compañeros salió del lugar, ahí fue interceptado por hombres armados que viajaban en dos carros quienes se lo llevaron.

José Vázquez Colebrina tenía 32 años y desde entonces su familia lo busca.

Nora Elsi denunció el caso de José ante las autoridades, quienes le aplicaron un cuestionario y explicó una y otra vez su historia, describió otras veces más cómo era su esposo y la ropa con la salió esa mañana de casa; a sus hijos le fueron tomadas muestras de sangre para las pruebas genéticas, y ella, tras toparse con la inoperancia de las autoridades para dar con el paradero de José, se unió al colectivo Lupita Rodríguez Narciso para sentirse acompañada.

Tras once años de búsqueda, el 10 de diciembre de 2024, Nora Elsi recibió una llamada en celular de un número de Ciudad de México. Nora a pesar de la desconfianza contestó. Eran de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quienes le pidieron que acudiera a la capital del país. A pesar de las dificultades Nora hizo el viaje, donde recibió una noticia: Los restos de José Vázquez Colebrina fueron encontrados el 5 de mayo de 2015, casi dos años después de que hombres armados se lo llevaron después de que dejó su camión en el Rastro Municipal. Todo coincide, le dicen a Nora, los detalles de la ropa: zapatos, calcetines, playera, pantalón y su cinturón. Además, coincide en 80 por ciento las pruebas genéticas. José, por fin fue hallado.

Es 1 de septiembre de 2025, pero los restos de José Vázquez Colebrina aún no le son entregados a su esposa Nora. El sufrimiento por la desaparición de su esposo aún no cesa.

A pesar de que las autoridades ya notificaron el hallazgo e identificación de los restos de José, la Fiscalía General de Guerrero (FGE) y el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) solo le han dicho a Nora que los restos no están completos.

Nora dice: “No entiendo. Yo lo único que pido y exijo es que se me entreguen los restos de mi esposo para darle cristiana sepultura y poder estar con mis hijos y poderle llorar, poder descansar después de toda esta búsqueda de 12 años”.

En julio de 2025, tras una protesta en la Autopista del Sol, la FGE aceptó que se realicen tres búsquedas de los restos de José Vázquez en un cerro conocido como “El Salto Valadez” que está entre las comunidades de Petaquillas y Mazatlán, del municipio de Chilpancingo, donde opera el grupo criminal de “Los Ardillos”.

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En mayo de este 2025, el Servicio Médico Forense (Semefo) entregó a tres jóvenes el cadáver de su papá, Damián Ángel Rodríguez, quien en noviembre de 2018 fue secuestrado, asesinado y enterrado en una fosa clandestina en la comunidad de Amojileca, municipio de Chilpancingo.

La joven y los dos hermanos le dieron sepultura en el panteón municipal ubicado al norte de Chilpancingo.

El cadáver de Ángel Rodríguez estaba en las gavetas del Semefo de esta capital desde noviembre del 2018 y fue hallado en una fosa clandestina tres días después de que un grupo armado lo sacó por la fuerza de su domicilio frente a sus hijos.

“La Fiscalía tardó mucho en identificar y entregar a sus hijos el cadáver de su papá porque se tardaron mucho tiempo en interponer la denuncia porque tienen mucho miedo ya que ellos presenciaron cuando lo golpearon y se lo llevaron por la fuerza varios hombres armados”, cuenta Gema Antúnez Flores, directora del colectivo “María Herrera” quien da acompañamiento a los muchachos.

El sufrimiento de estos jóvenes es doble. El 26 de julio de 2019, la mamá de los jóvenes, Marla Jiménez Carachure, fue privada de su libertad por hombres armados cuando junto con tres compañeros de trabajo se dirigían en su camioneta a Acapulco para realizar un trámite en las oficinas del ISSSTE.

En marzo de 2024 en una búsqueda que realizan integrantes de un colectivo de Acapulco hallaron restos humanos en varias fosas clandestinas en el parque El Veladero.

Por la confronta genética se descubrió que una de las personas asesinadas halladas era la profesora Marla Jiménez, madre de Brayan. Sin embargo, hasta el momento Brayan y sus hermanos no han recibido el cadáver de su mamá.

Gema Antúnez dice que la situación para que Brayan y sus hermanos reciban el cadáver de su mamá se complicó porque sus restos fueron trasladados a una unidad forense de la Ciudad de México desde octubre de 2024.

Marla Jiménez daba clases en una escuela en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo. Los tres profesores que viajaban con ella a Acapulco siguen desaparecidos.

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De acuerdo con un ex trabajador del Semefo en Chilpancingo, el problema de la dilación de identificación y entrega de cuerpos se debe a un doble proceso por parte de la Fiscalía General del Estado, quien por interés económico busca absorber sus facultades.

Reconoce el ex colaborador que el problema es político, tan es así, que el actual director del Semefo en Guerrero es César Manuel Espinoza Suástegui, un geriatra y no alguien especializado en materia forense.

“César es un geriatra, o sea, no tiene ni experiencia. Su asesor es una persona que estuvo en dos administraciones priístas, que tuvo problemas legales porque no aparecían cuerpos”, dice el ex trabajador,

¿Cómo se llama?, se le pregunta.

“Edgar Lemus Salgado”. 

¿Es algo común la desaparición de cuerpos?

“No, no es común. Para que haya identificaciones realmente hay que tener vocación de servicio”.

Durante la pandemia de Covid-19, dice el ex colaborador, “en las cámaras todas las gavetas había de tres, cuatro muertos y aparte en el piso estibados, ¿qué te gusta? De una altura de dos metros con 50 centímetros de altura, un ejemplo, ya tenías una altura de metro y medio de cuerpos estibados en el piso. O sea, para poder sacar un cuerpo que estaba hasta atrás tenías que sacar todos los cuerpos o subirte en la montaña de cuerpos para sacarlos”.

Una de las exigencias de los colectivos de desaparecidos es la independencia del Semefo de la Secretaría de Salud Guerrero, mientras que la Fiscalía busca integrarla a sus tareas.

“Cuando estaban los militares de Sandra Luz (Valdovinos Salmerón, ex fiscal general del estado), querían que se cambiaran los dictámenes. ¿Por qué? Porque a veces en enfrentamientos tú no le puedes disparar a un delincuente por la espalda. El Ejército no lo puede hacer. ¿Y cuántos hubo abatidos por la espalda? Querían que se modificaran, pero nunca se modificaron. Y eso es lo que quiere la Fiscalía, llevarse el Semefo para poner todos los dictámenes a modo”.

Entre otras prácticas cuestionables, cuenta el ex colaborador, es la forma que la FGE muestra fotografías de los cuerpos incluso en descomposición a las familias.

“Según tú estás atendiendo a la víctima pero la estás revictimizando”, dice.

 

Esto es público, apenas este 27 de agosto de 2025, el coordinador de Servicios Periciales de la FGE, Héctor Ramírez Chávez, en un conversatorio en Acapulco presentó fotografías crudas de cuerpos en putrefacción a los asistentes con lo que justificó la entrega de 145 cadáveres identificados. Lo que confirma que no hay un manejo digno de los cuerpos.

Pero hay más.

“Las necropsias no se hacen como deberían, los peritos que son el crimen, en lugar de venir a asistir a lo que ellos les compete, mandan a los de servicio o a los meritorios. Ellos no tienen cargo, ellos no son servidores públicos. Te llegan cuerpos a cualquier hora, llegan, los etiquetan, tienen que llegar los cuerpos como lo marca el protocolo. Cuando por ejemplo, tenemos un muerto aquí, se va a hacer el levantamiento. ¿Quién procesa el crimen?. ¿Quién levanta el indicio? El cuerpo, el cadáver, el 11 es un indicio. ¿Quién lo levanta? ¿Debería ser el perito o no? Pero ¿quién lo termina haciendo? Semefo. Y entregan el cuerpo y no lo etiqueta. Porque el protocolo dice que debe de venir etiquetado, porque el cadáver es un indicio. No lo etiqueta. Y la cadena (de custodia) no la da. La da hasta que se acuerda”.
¿Qué tipo de material hace falta en el Semefo?

“Lo que realmente falta es el equipo de bioseguridad. ¿Cómo es posible que te dan unos guantes para teñirte el cabello como guantes de bioseguridad cuando tienes que utilizar guantes de nitrilo o de látex? ¿Dónde está tu seguridad? Lo peor es que se ha tratado cuerpos de personas con VIH con el equipo de bioseguridad inadecuado. Cuerpos con neumonía, con Hepatitis, con Covid”.

El 27 de agosto de 2025, César Manuel Espinoza Suástegui, declaró en Acapulco, en el mismo conversatorio que Ramírez Chávez, que hay una saturación de cuerpos en las instalaciones del puerto, pero ante los cuestionamientos de reporteros se negó a dar el número exacto de los cuerpos.

 

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La lucha de los colectivos de desaparecidos en Guerrero exigen la legislación de una ley en la materia, así como la creación de un centro de identificación humana y la profesionalización e independencia del Semefo, algo de lo que estamos aún alejados no solo en la entidad sino en el país.

¿El dinero del presupuesto realmente es insuficiente? ¿Por qué siguen aumentando las listas de desaparecidos?¿Por qué los Semefos se siguen viendo desbordados? ¿Por qué hay dilación en la entrega de los cuerpos? ¿Quienes son los responsables? ¿Algún partido político dará solución a este problema?

El problema de la desaparición, la búsqueda, el hallazgo y la identificación de personas hoy parece un gigante que de forma cíclica nos golpea brutalmente en la cara.

Chirrionazo.

Este domingo, en la colonia Las Palmas en Chilpancingo, integrantes del equipo de los diputados locales de Morena, Héctor Suárez Basurto y Jesús Urióstegui García reventaron la votación del comité seccional que promueve su partido.

Resulta que en varios videos difundidos en redes sociales, los vecinos de este asentamiento dejaron evidencia de cómo una mujer y un hombre intentaron incluso robarse la urna de los votos. Los vecinos gritaban “fraude, fraude”.

“No hay legalidad, no hay legalidad”, señalaba un hombre identificado como asesor de Suárez Basurto en el Congreso de Guerrero.

Desde hace un par de semanas, Morena comenzó a crear estos comités seccionales con los que buscan en las próximas elecciones de 2027 organizarse desde las colonias y localidades en el país. Sin embargo, el grupo cercano al senador Félix Salgado Macedonio pretende imponerse al frente de la mayoría de comités en Guerrero, para así tener peso en la decisión de candidaturas, por ello, cuando en alguna se ven en desventaja no permiten que alguien más tenga el control y mejor revientan la votación.

Ahora entendemos aquella frase del ex presidente Andrés Manuel López Obrador que decía que “Morena no era igual que el PRI”, pero vaya que son similares.