La reforma a la Ley de Amparo, aprobada en octubre de 2025 por la mayoría de Morena y sus aliados, es una aberración jurídica y política. Bajo el disfraz discursivo de “acercar la justicia al pueblo”, el Congreso ha reducido el amparo, ese escudo que nos protegía de los abusos del poder, a un trámite decorativo. Lo que fue una conquista civilizadora hoy se convierte en una pieza más del aparato político del gobierno.

De orgullo nacional a vergüenza internacional

Durante décadas, el juicio de amparo fue nuestro mayor motivo de prestigio jurídico. En foros internacionales, México era citado como pionero del control constitucional difuso, precursor del habeas corpus moderno y ejemplo de cómo un ciudadano podía enfrentarse al Estado y ganar.

Hoy, esos mismos juristas que antes admiraban nuestro modelo verán con tristeza, y quizá con risa amarga, cómo lo destruimos con las propias manos.

Porque mientras el mundo avanza hacia la expansión de garantías judiciales, México retrocede hacia un autoritarismo legalista que somete al juez a la voluntad política.

La vergüenza internacional que esto provocará no es menor: países que durante décadas adoptaron nuestro modelo de amparo como referencia, Chile, Argentina, Colombia, España, verán cómo su inspirador destruye lo que le dio identidad jurídica.

El amparo fue nuestra aportación al derecho universal. Hoy, México se exhibe como el país que enseñó la libertad y luego la traicionó.

La reforma aprobada mutila el alcance de las suspensiones, limita el control judicial sobre los actos de autoridad y, en su versión inicial, incluso pretendía aplicarse retroactivamente, una violación tan grosera al artículo 14 constitucional que tuvo que ser corregida a regañadientes. Fue como si un cirujano intentara operar con un martillo y luego presumiera que al menos no mató al paciente.

Pero lo que no se corrigió fue el fondo: la idea de que el Poder Judicial debe dejar de “estorbar” al Ejecutivo. Así, lo que en 1847 nació para protegernos del abuso de poder, en 2025 se transforma en herramienta para consolidarlo.
Cuando los ignorantes legislan con soberbia
Que un senador vote sin leer no es novedad en México. Pero que un senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, levante la mano para reformar la Ley de Amparo sin haber leído jamás una demanda de amparo, es una tragedia con tintes de farsa.

Su historia es, de hecho, la metáfora de nuestra decadencia institucional: un político que nació de la impunidad, sobrevivió a la vergüenza pública y terminó premiado con poder legislativo.

Y hoy, sin el más mínimo entendimiento jurídico, vota sobre el instrumento más complejo y delicado del constitucionalismo mexicano.

Y por si la ironía necesitara una vuelta más, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, licenciada y maestra en derecho, respaldó la reforma con entusiasmo. No puede alegar ignorancia, sabe perfectamente lo que el amparo representa.

Guerrero, tierra de insurgentes y juristas, de luchas por la libertad, hoy es también tierra de contradicciones, pues mientras sus gobernantes presumen títulos en derecho o múltiples posgrados, aplauden la demolición del derecho mismo.

Uno esperaría que alguien con formación jurídica entendiera que limitar el amparo es como quitarle los frenos a un automóvil y celebrar que “ya no habrá obstáculos en el camino”. Pero en este gobierno, el conocimiento estorba y la obediencia se premia.

Los jueces del bienestar: la justicia de los votos

Y si la ignorancia legislativa no fuera suficiente, llegó la ignorancia judicial institucionalizada con los “jueces del bienestar”, esa nueva camada de operadores designados por simpatía política más que por mérito profesional.

No llegaron por haber estudiado derecho constitucional, ni por dominar el juicio de amparo, ni por su experiencia en tribunales.

 Llegaron porque obtuvieron votos. Porque en el nuevo país del absurdo, la justicia se elige como si fuera un certamen de popularidad.

Son jueces que no comprenden el lenguaje del amparo porque jamás lo estudiaron; que no distinguen entre una suspensión y una sentencia definitiva, pero que dictan resoluciones con la seguridad del que nunca duda porque nunca sabe.

Y mientras tanto, los verdaderos jueces, los formados en la tradición jurídica, los que conocen los criterios de Otero, Fix-Zamudio o Burgoa, son desplazados por operadores con lealtad política.

Así, la justicia deja de ser un poder del Estado para convertirse en un brazo del partido. Y cuando eso ocurre, lo que se impone no es el derecho, sino la consigna.

Una lástima histórica

Lo que está ocurriendo no solo genera indignación; genera vergüenza internacional. México, el país que enseñó al mundo el concepto del control judicial frente a la arbitrariedad, hoy será citado en las facultades de derecho como el ejemplo de cómo un sistema puede destruir su legado.

El juicio de amparo era nuestra carta de presentación ante el mundo civilizado: la muestra de que en esta tierra podía haber legalidad incluso contra el poder. Hoy, esa carta ha sido arrugada y arrojada al basurero de la historia por manos que jamás entendieron lo que sostenían.

Una lástima inmensa, un luto jurídico que debería dolernos a todos.

Epílogo: el día que la ignorancia ganó una votación

El Congreso celebró la reforma como si hubiera conquistado un triunfo popular. Lo que en realidad hizo fue proclamar el triunfo de la ignorancia sobre la razón, del fanatismo sobre la técnica, de la obediencia sobre la Constitución.

Un senador de Guerrero votó sin entender, una gobernadora con título en derecho aplaudió sin leer y un grupo de legisladores celebró haber desarmado el último escudo del pueblo contra el abuso. Así, el país que inventó el amparo ahora lo entierra con honores de Estado.

Y mientras los aplausos resuenan en el Congreso, el eco de la historia nos recuerda, con dolor, que las naciones no mueren de hambre ni de guerra: mueren de ignorancia legislativa.

La República del bienestar y el placer de vivir encadenados

México ha alcanzado la perfección de un modelo político que ni los filósofos más cínicos imaginaron: un país donde la servidumbre se confunde con gratitud y el paternalismo se celebra como virtud. La palabra bienestar se ha vuelto el perfume que disimula el olor del autoritarismo; se rocía sobre todo lo que antes olía a justicia, a libertad o a ley.

Tenemos becas del bienestar para los jóvenes, créditos del bienestar para los adultos, abrazos del bienestar para los criminales, jueces del bienestar para los poderosos y, finalmente, sentencias del bienestar para los obedientes. La justicia ya no se imparte, se reparte.

El derecho ya no limita, acompaña. Y el ciudadano ya no exige, agradece.

El amparo, ese invento jurídico que alguna vez deslumbró al mundo, hoy duerme su sueño más triste: ha sido reemplazado por el trámite con logotipo y folio. En la nueva República, el abuso se notifica con amabilidad, la ilegalidad se justifica en cadena nacional y la libertad se considera una actitud neoliberal.

Aquí nadie teme al poder porque el poder sonríe y promete depósitos puntuales. Nadie busca justicia porque ahora llega en formato de tarjeta. Y nadie protesta porque la obediencia también da puntos en la encuesta. Así hemos logrado lo que ninguna monarquía absoluta consiguió: un pueblo feliz en su docilidad y orgulloso de su dependencia.

En esta comedia administrativa todo funciona con eficiencia suiza y lógica tropical. Las leyes se reforman como quien actualiza una app. Los jueces del bienestar comparten selfies en lugar de criterios jurisprudenciales. Y los legisladores, satisfechos, aseguran que el país avanza hacia una justicia más humana, que en realidad significa más manejable.

Tal vez este sea el destino perfecto: una nación donde los ciudadanos son beneficiarios, la Constitución es propaganda y la conciencia se mide por el número de likes en los informes de gobierno. Un país que, después de inventar el amparo, decidió reinventar la obediencia.
Como escribió Voltaire, “El hombre ha nacido libre, y en todas partes se encuentra encadenado.” Claro… del bienestar.
*Humberto García es abogado.

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