Riesgo para la democracia que los Salgado reafirmen el pacto de impunidad y silencio con perpetradores de la Guerra Sucia en Guerrero.

El homenaje a Rubén Figueroa Figueroa contraviene las disposiciones en materia de justicia en el marco de la transición democrática instaurada con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al rendir tributo al responsable de encabezar la violencia política y el terrorismo de Estado durante la llamada Guerra Sucia en Guerrero, en las décadas comprendidas entre los años sesenta y setenta.´

El evento institucional podría interpretarse como un —acto de legitimación del pasado autoritario—, en el que se recurre a actores políticos del viejo régimen en momentos de crisis política para mantener el poder, permitiendo que los perpetradores sigan gravitando e incidiendo en las decisiones del gobierno.

Estos actos ponen en evidencia que, a sesenta años del periodo conocido como la Guerra Sucia en México —persiste la violencia política de Estado—, a pesar de que los crímenes de Estado han sido ampliamente documentados en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en los trabajos de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) y de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos (1965–1990) (CoVEH).

En términos de justicia, memoria, verdad, medidas de no repetición y reparación simbólica, la agenda de gobierno compartida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, revictimiza a las víctimas directas e indirectas de delitos cometidos de forma sistemática, como desapariciones forzadas transitorias y continuadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura sistemática, detenciones arbitrarias, prisión por motivos políticos y exilio, que agravian tanto a las víctimas como a la sociedad, y perpetúan la impunidad frente a los crímenes de Estado cometidos durante ese periodo.

Asimismo, invisibiliza la lucha emprendida por los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, así como por miles de estudiantes, trabajadores, sindicalizados, ferrocarrileros, campesinos e integrantes de organizaciones no gubernamentales.

Gobierno y Congreso del Estado, obligados a cumplir las recomendaciones de la CoVEH.

En este debate surgido, la agenda de gobierno del estado se contrapone a la nacional. El evento organizado por la Secretaría de Cultura no puede concebirse como un hecho aislado en el cual el gobierno estatal carezca de responsabilidad. Cabe recordar que, cuando se comete violencia política de Estado, la lógica responde a una cadena de mando que va desde los cargos inferiores hasta las más altas autoridades.

El pronunciamiento de la fracción parlamentaria, en el sentido de asumir la propuesta de la actual gobernadora para legislar sobre la modificación de la Ley de Símbolos y Calendario Cívico, —constituye otro acto más de violencia política de Estado— contra familiares y sobrevivientes de las violaciones graves a los derechos humanos, quienes, a lo largo de seis décadas, en su lucha por la verdad y la justicia, especialmente en torno a la desaparición forzada, se han convertido en especialistas en la materia, con aportes que han revolucionado el campo de los derechos humanos en México, e incluso con impacto en el marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México.

El gobierno del estado y el Congreso deben asumir una actitud responsable y retomar las recomendaciones hechas por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos (1965–1990) (CoVEH) en su informe final —Fue el Estado—, entre las que se encuentran la disculpa pública y el reconocimiento de la responsabilidad en este caso, en el ámbito de nuestra entidad, por ser Guerrero el estado con más casos de personas desaparecidas.

 Asimismo, se recomienda asignar presupuesto para el establecimiento de sitios de memoria y memoriales para las víctimas; fomentar, a través de la Secretaría de Cultura, proyectos dirigidos a jóvenes y organizaciones que contribuyan a los procesos de paz y memoria sobre las distintas formas de violencia cometidas en ese periodo; cambiar la nomenclatura de espacios públicos y vialidades; e incluir en los contenidos del sistema educativo, tanto nacional como estatal, temas sobre las violaciones a los derechos humanos, entre otras acciones.

El acto oficial del gobierno estatal, acontecido el 9 de noviembre en el municipio de Huitzuco, en el marco del natalicio 117 de Rubén Figueroa Figueroa, —evidencia la importancia de legislar en materia de memoria histórica—, mediante la promulgación de una —Ley de Memoria Democrática—, que no deje vacíos legales ni fomente el pacto de impunidad y silencio desde las estructuras de gobierno, con actores políticos del régimen de gobierno autoritario, según las circunstancias políticas que enfrente el gobierno en turno.

Como ejemplo, puede citarse la ley aprobada durante la jefatura de gobierno del Distrito Federal, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, cuyos principios rectores giran en torno a la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas, la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos, la participación de las víctimas directas e indirectas en todas las etapas de las políticas de memoria, el involucramiento de la sociedad civil en dichas políticas, la inclusión y el reconocimiento de las diferentes visiones culturales, las concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos y culturales, así como el enfoque de género.

Por último, hay que mencionar que este homenaje representa un símbolo de la represión, pero también nos recuerda que la —violencia política de Estado persiste—, sustentada en la impunidad, y que la responsabilidad de la memoria histórica y la justicia no recae únicamente en el gobierno de Guerrero, sino que también corresponde a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

* Rodrigo Vladimir Ramírez Wences es estudiante de doctorado en Historia comparada política y social en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde desarrolla una investigación del trabajo realizado por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.