La mañana del 24 de noviembre, una mujer halló en la entrada de su casa una hoja en la que leyó una advertencia que la dejó paralizada.

En la hoja, la mujer leyó el mensaje: “Los comerciantes de estas colonias a partir de diciembre comenzarán a pagar la cuota, esta colonia tiene dueño”.

Este volante fue dejado por debajo de la puerta de la mujer, quien primero pensó que se trataba de una broma, pero esa idea se fue difuminando cuando se dio cuenta que lo mismo había ocurrido con sus vecinos de las colonias Guerrero 200, 20 de Noviembre, Pensadores, Juristas, Valle Verde e Infonavit, así como la Indeco, Margarita Viguri, El Tomatal y Lombardo.

La mujer, una empresaria que había instalado un pequeño negocio no esperó a comprobar si la amenaza era real o una broma de muy mal gusto. A inicios de este diciembre cerró su negocio y tras las fiestas decembrinas abandonará Chilpancingo con su familia y reiniciará en otro lugar su vida y su emprendimiento.

Otro empresario de Chilpancingo, que por temor pidió la reserva de su nombre, sostiene que este año los pequeños y medianos emprendedores están siendo asfixiados más por los excesivos cobros del ayuntamiento y del gobierno estatal que por los cobros de cuota.

Sostiene que su sector este año no sufrió de la extorsión de las organizaciones criminales abiertamente, pero que por el contrario, la extorsión se legalizó en la ciudad.

“En Chilpancingo no vivimos un conflicto político, es un conflicto entre organizaciones criminales. Si este año no sufrimos todos el cobro de cuota descarado, pero todos lo pagamos en lo que compramos: en la comida, en la tortilla, en lo que te tomas, en el transporte, porque en cada cosa ya hay un impuesto o un cobro de los cárteles”.

Otra empresaria de Chilpancingo coincidió que la crisis que vive la capital se debe a los conflictos entre organizaciones criminales.
Pero también afirma: “Acá lo que no aceptan (los gobiernos locales) es que cada quien agarró un bando. ¿Por qué no puede haber feria y Pendón si ha habido años peores con niveles de inseguridad?”.

Los empresarios sostienen que hablar de los cobros de cuota es complicado, incluso entre su gremio, porque no todos lo hablan por temor y cada vez son menos quienes lo denuncian formalmente.

Y no es para menos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada en septiembre de este año, de 33.5 millones de delitos ocurridos en el país en 2024 solo 9.6 por ciento lo denunció. De esas denuncias el 70.5 por ciento el Ministerio Público abrió una investigación, de las cuales el 39.2 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 40.7 por ciento sigue en trámite. Lo que según el INEGI, significa que en 2024, 79.9 por ciento de las denuncias no arrojó conclusión alguna. Es decir, el delito quedó en la impunidad a pesar de la denuncia.

El Envipe da otros datos, por ejemplo, que de cada 100 delitos cometidos en Guerrero solo cinco denuncias se presentan y de ellas, en solo cuatro se inicia una investigación.

Por ello, podemos afirmar que la impunidad se sostiene como el mayor problema en nuestro país y por ende, en nuestro estado.

Si los gobiernos pretenden combatir la extorsión que sigue como el delito con más aumento en los últimos años, debe dar una sacudida a los Ministerios Públicos, a las Fiscalías y comenzar a resolver los casos existentes, porque no servirá de mucho modificar las leyes para penalizar con mayor severidad este delito si los policías, los fiscales y los jueces no castigan a quienes ya han sido denunciados por extorsión.

Si la autoridad no escucha a las víctimas y tampoco castiga a los responsables, entonces hablamos de una colusión institucional, de una complicidad.

El INEGI sostiene que en 2024, la extorsión en Guerrero fue el delito de mayor incidencia, con una tasa de 9 mil 617 delitos por cada 100 mil habitantes. Y que este delito aumentó en comparación a 2023, cuando registró una tasa de 6 mil 438 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes.

En Chilpancingo revelan los empresarios, este año el Ayuntamiento como nunca antes endureció las revisiones y cientos de negocios de todo tipo de giro fueron clausurados porque presuntamente no contaba con algún permiso. Para los comerciantes establecidos esto equivalió a una extorsión legal para reabrir sus negocios.

Una empresaria de la capital indicó que también el gobierno del estado endureció sus revisiones mediante la Secretaría del Trabajo y, reprochó que no se ejecuta la misma penalidad a quienes tienen trabajadores informales o al comercio ambulante.

“No hay circulante en Chilpancingo, el dinero no está fluyendo y esto causará una contracción económica para nuestra capital en 2026.

 Se debe cuidar al empresario pequeño y mediano que no puede competir a la par de los grandes consorcios”, sostiene la empresaria.

Hablar de la extorsión en Guerrero parece un tabú. Las mismas autoridades se niegan a hacerlo, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna, ni siquiera dio una declaración a medios después de comparecer ante el Congreso local y los legisladores tampoco hicieron público cuáles fueron los resultados o cifras que les informó.

El fiscal general de Guerrero, Zipagná de Jesús Torres Ojeda, tampoco se detiene para ninguna entrevista banquetera ante los medios y menos informa el estado de las de investigaciones, tampoco mediante boletines ofrece datos de las carpetas de investigación por extorsión u otros delitos.

El poder judicial de Guerrero, que encabeza Ricardo Salinas Sandoval, tampoco informa cuántos casos han sentenciado por temas de extorsión y, sobre todo, cuántos están pendientes y el por qué.

¿Acaso no es trascendental informar, tener los datos y cifras exactos a la mano sobre un problema que presuntamente el gobierno federal está poniendo en el foco?

¿Por qué en Guerrero parece que la información de la extorsión y el cobro de cuota es un secreto de Estado?

¿Acaso no hay que conocer todo el problema para hallarle una solución? ¿A quién verdaderamente le conviene que estemos en el oscurantismo?

Hace unos días en la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal, afirmó que de julio a noviembre de este año recibieron 102 mil 857 llamadas atendidas por extorsión al número 089.

Sostuvo que de estas llamadas 77 mil 428 fueron extorsiones no consumadas por la orientación; 14 mil 575 llamadas fueron denuncias del número que intentó el engaño o extorsión pasada; y 10 mil 854 llamadas fueron de extorsiones consumadas.

García Harfuch dijo tras de estas llamadas se generaron apenas 3 mil 684 capertas de investigación por las fiscalías locales. Es decir, que si contemplamos solo las extorsiones consumadas, solo el 33.94 por ciento se están investigando.

El funcionario federal añadió que en el mismo periodo detuvieron a 615 personas por el delito de extorsión. Un número muy bajo, suponiendo que un detenido es por cada extorsión, equivaldría a 5.67 por ciento de las 10 mil 854 extorsiones consumadas.

En Guerrero, la advertencia de cobro de cuota en varias colonias de la capital fue tomado públicamente a la ligera con tal de restar el golpe al gobierno estatal, el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros declaró que se investigaba si los mensajes no eran solo una broma.

Chirrionazo

La ex alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, tiró la casa por la ventana en la presentación de su libro.
Resulta que desde Chilpancingo llenó dos camiones con asistentes a su presentación y a un grupo de reporteros que viajaron para darle cobertura hasta Jalisco.

La caravana salió la noche del sábado de la capital, el domingo fue la presentación en Guadalajara y al terminar la presentación y echar un taquito todos se regresaron aunque uno de los autobuses se descompuso de regreso y por eso los viajeros llegaron a la capital casi a medio día del lunes.

También nos enteramos que de agradecimiento doña Otilia dio un apoyito a los reporteros de 3 mil 500 pesos por cabeza. ¿Ustedes creen que todo el gasto le resulte a doña Otilia para alcanzar otro huesito en 2027?

Otro que alzó la mano para la gubernatura, aunque ya lo sabíamos y lo dijimos, fue el ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, quien este domingo en Chilpancingo dijo que aspira a ser el candidato por Morena en 2027 y hasta adoptó un apodo para hacer contrapeso a Félix Salgado Macedonio, quien repite y repite eso de “Hay toro”, Ortega Martínez dice que “Hay tigre”.

A ver si no agarran a ese tigre flaco y cansado pero como al de Santa Julia.