Después de dos años consecutivos en los que los huracanes “Otis” y “John” destrozaron varios municipios de Guerrero, este viernes la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda dará en el auditorio Sentimiento de la Nación su cuarto informe de gobierno.

Esta será apenas la segunda ocasión en la que Salgado Pineda rinda un informe público. Aunque todo lo hará en un ambiente controlado, lejano de protestas sociales y evadiendo la violencia que azota a diario la entidad, incluso, la que tocó hace unos días el circulo más cercano de su administración, con el asesinato de Hossein Nabor Guillén, amigo cercano de los Salgado.

En cuatro años, de acuerdo con algunos activistas, políticos e investigadores locales, el gobierno de Salgado Pineda ha dejado una huella por la impunidad ante la violencia, por generar una narrativa insuficiente para erradicar la venta de niñas en la Montaña y solo atender problemas coyunturales y no plantear un proyecto a largo plazo.

Violencia: con una estela política

La tarde del 2 de septiembre, pasadas las 5 de la tarde, en la calle principal de la colonia Abedul, en Tixtla, a 150 metro de un módulo de la Policía Municipal, fue asesinado a balazos el ex alcalde de este municipio y subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar, Hossein Nabor Guillén.

El homicidio no generó ninguna condena ni exigencia de justicia por parte del gobierno estatal, lo único que difundió la cúpula en el poder fue esquelas expresando condolencias a la familia.

Nabor Guillén se convirtió en el segundo subsecretario del gabinete de Salgado Pineda asesinado.
En abril de 2024, Benjamín Adame Pereyra entonces subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación Guerrero, fue asesinado con arma blanca en un presunto asalto en su domicilio en la localidad El Ocotito, aunque previo a un proceso electoral marcado por la violencia.

Sin embargo, la inseguridad ha marcado también a la clase política, en cuatro años de la adminsitración de Salgado Pineda han sido asesinados cuatro alcaldes, un alcalde electo y siete ex alcaldes.

Los primeros fueron en octubre de 2022, cuando integrantes de la organización criminal la Familia Michoacana irrumpió en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, y masacró al alcalde Conrado Mendoza Almeda, a su padre, el ex edil, Juan Mendoza Acosta y a 19 personas más.

Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, en junio de 2022, fue asesinado tras ser reternido por un grupo de ciudadanos armados en la colonia Guadalupe en el anexo del ejido de Alacatlatzala.

El 7 de junio de 2024, el alcalde electo de Copala, Salvador Villalba Flores, un capitán de la Marina retirado, fue asesinado antes de asumir la alcaldía que ganó en las urnas.

El 6 de octubre de 2024, el alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán fue decapitado por la organizacion criminal Los Ardillos, a una semana de iniciar su gobierno.

En junio de 2025, Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, murió ocho días después de haber sido atacado a balazos en la carretera hacia Chilpancingo cuando viajaba con su esposa.

Otros homicidios en la presente adminsitración son de los ex alcaldes de Heliodoro Castillo, José Conceción Hernández Solano; de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro; de Huamuxtitlán, Aurelio Méndez Rosales; y de Atlixtac, Marcelino Ruiz.

Nabor Guillén, fue alcalde de Tixtla postulado por el PRD, ahora era cercano a la familia Salgado y a varios liderazgos en Morena, compitió en 2024 por la diputación local del distrito 24 con sede en Tixtla, el cual perdió ante Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo de ex diputado local y ex alcalde de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Ardillos.

En mayo de 2024, Nabor Guillén apareció en un video abrazando a Celso Ortega Jiménez. El video de Nabor Guillén coincidió con las imágenes donde fue exhibida la ex alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

Pese al escándalo, Nabor Guillén no fue investigado, al contrario se reintergró a un puesto en el más cercano círculo de Salgado Pineda.

Está distanciada de los problemas 

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, asegura que en cuatro años de gobierno de Salgado Pineda ha observado una brecha “por el distanciamiento de la gobernadora a los problemas más álgidos y más graves que están sucediendo en Guerrero”.

“La violencia que persiste en varias regiones del estado. Acapulco, Chilpancingo por colocar dos lugares donde se ha incrementado la violencia, está desdibujada la estrategia de seguridad. Ha habido muchos cambios en los mandos, tanto de la Guardia Nacional como en los titulares de Seguridad Pública (cinco secretarios en cuatro años) y los asesinatos se han incrementado a pesar de las estadísticas oficiales”.

Barrera Hernández dice que en este gobierno cada vez más la población ha dejado de poner denuncias, incluso, en un homicidio ahora “la misma gente levanta los cuerpos de sus familiares”.

“Ha habido realmente un desencanto muy grande de la población hacia la forma en como ha desatendido los problemas más graves del estado de Guerrero por parte de la gobernadora”, sostiene.

El antrapólogo expone que hay conflictos recurrentemente en la entidad por la desatención, el desinterés, la insensibilidad al dolor de las víctimas, de la negligencia para darle seguimiento a los temas y por la falta de una estrategia eficaz al grave problema de la inseguridad y la violencia.

“Y en el tema de justicia, vemos una fiscalía que desde el inicio de su gobierno fue tomada por el Ejército, esto hizo que fuera como un búnker. Los colectivos de personas desaparecidas se sienten indefensos, huérfanas, porque no hay empatía con las autoridades que están llamadas a investigar los delitos. Hay una crisis en cuanto al sistema de procuración de justicia, hay un distanciamiento mayor entre sociedad y gobierno y esto va en detrimento de la misma población, sobre todo la gente más desprotegida”.

Añade que en este gobierno se desconocen cuáles son las obras de impacto: “Vemos que todo se traslada a la Federación. No se ve la acción gubernamental de parte del estado”.

Barrera Hernández resume: “Realmente es un balance muy muy pesimista porque vemos que es catastrófico lo que está sucediendo en nuestro estado”.

Lejos de ser un santuario para las mujeres

Tras dos casos de venta de niñas en la Montaña en el comienzo de su gobierno, Salgado Pineda lanzó una frase que englobaba el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas: Guerrero se convertirá en “un santuario de las mujeres”.

Para lograrlo, la morenista lanzó en estos cuatro años de gobierno una serie de estrategias enmarcadas con el sobrenombre de violeta: el protocolo violeta para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, el transporte violeta como una alternativa de movilidad segura y tarjeta violeta, un apoyo mensual de 2,000 pesos a madres solteras.

Pero, ¿estos programas insignia del gobierno de Salgado Pineda realmente han tenido impacto para transformar la realidad de las mujeres de Guerrero?

Neil Arias Vitinio, activista feminista y abogada defensora de derechos humanos en la Montaña de Guerrero, sostiene que en cuatro años no ha visto avances sino retrocesos en la atención hacia las mujeres y niñas indígenas.

Peor aún, dice que los feminicidios en la Montaña van en aumento, solo en este año, de enero a la fecha ha contabilizado 11 feminicidios de mujeres indígenas.

Reconoce que aunque no reúne las condiciones necesarias, en Tlapa se abrió un Servicio Médico Forense (Semefo) y a pesar de ello, los casos de feminicidios “quedan en el olvido, nadie impulsa las carpetas de investigación, no hay impulso en procesar las carpetas para que pueda haber justicia”.

Sostiene además, que el Ministerio Público especializado en feminicidios que se abrió en 2018 en Tlapa, desde 2021 cerró, ahora todas las investigaciones se hacen desde Chilpancingo.

“En mayo de este año regresó una Ministerio Público especializada, vemos con grave preocupación que no tienen sensibilidad, ni perspectiva de género, no se hacen buenas investigaciones, incluso, se han perdido indicios”, asegura.

Arias Vitinio considera que hay algo más grave: los matrimonios forzados infantiles se siguen llevando, se siguen formalizando y consumando en los pueblos.

¿Porqué no se ha erradicado el matrimonio infantil?

“No se puede erradicar, porque lo que están haciendo a través de los talleres de sensibilización, los talleres de masculinidades no tienen grandes avances. También porque seguimos viendo en las comunidades los problemas estructurales de pobreza, de marginación, de la falta de maestros en las escuelas, de médicos en las casas de salud, seguimos teniendo la falta de empleo”.

Arias Vitinio estima que en estos cuatro años de gobierno tampoco se ha mejorado las opciones laborales en la Montaña y los jornaleros siguen migrando a los campos agrícolas del norte del país.

“Es otro problema gravísimo porque allá los están reclutando para meterlos en temas de delincuencia organizada, para ser tiradores de droga, todo eso ahorita es muy latente”.

Para la defensora de derechos humanos, cualquier estrategia sigue sin extiguir otro problema: las muertes maternas.

“La Montaña no solo es Tlapa, la región tiene más de 20 municipios y muchos lugares apartados con marginación y pobreza, donde tendrían que llegar medicamentos, desafortunadamente los pacientes tienen que comprar con sus propios recursos los medicamentos, insumos, material quirúrgico, médicos privados, estudios de laboratorio”.

¿Por qué?

“Luego de que el IMSS Bienestar se está federalizando, la Secretaría de Salud se deslinda de esta responsabilidad, dicen que ya no tiene dinero, que como todo pasó a IMSS Bienestar ellos no cuentan con recursos hasta para los traslados”.

Arias Vitinio cuenta que en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense sigue habiendo muertes infantiles por la negligencia y por la violencia obstétrica.

“De la Alerta Violeta que tiene que ver con las desapariciones, ya nos ha tocado porque hemos acompañado casos de desaparición en donde desafortunadamente en donde todas las autoridades tienen que intervenir, nosotros honestamente no vemos que sea un trabajo realmente diligente, que se haga de manera inmediata”.

Asegura que cuando una adolescente desaparece, las mismas autoridades obligan a decir que se fueron por su voluntad y que nadie se las llevó a la fuerza.

“La Tarjeta Violeta, estos apoyos consideramos son programas paliativos. Los apoyos económicos que se les dan a estas familias solamente cubren una cuestión muy elemental, con esto no vamos a resolver la violencia de las comunidades”.

Arias Vitinio también ha acompañado legalmente a las 45 familias que conforman el Colectivo Luciérnaga, en el que se aglomeran casos de desaparecidos, feminicidios y violación.

En 2020, solo cinco familias entraron al apoyo de la comisión de víctimas por respaldo de la federación, pero en toda la administración de Salgado Pineda 40 familias han sido rechazadas del padrón de la Comisión Estatal de Atención a Víctima para recibir un apoyo económico.

“No han entrado, ni siquiera los familires de feminicidio porque hay hijos huérfanos, ni las familias de víctimas de desaparición, es muy grave porque los hijos de esas víctimas quedan en completo estado de indefensión, vulnerables a poder ser reclutados por los grupos de la delincuencia, para ser víctimas de trata o de delitos de carácter sexual, o sea, es un problema muy grave”.

Acapulco: un desastre sin proyectos locales

En los cuatro años de gobierno de Salgado Pineda ha sorteado no solo con dos huracanes como Otis y John, sino también otros más en las dos costas de Guerrero.

Gabino Solano Ramírez, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), cree que el gobierno de la morenista ha estado más atento a la coyuntura que a “acciones o proyectos de gran alcance”.

Solano Ramírez dice que sumando a que fue un gobierno que entró a la mitad del anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dificultó que Guerrero tuviera proyectos de gran calado como lo hubo para el sureste del país.

El investigador sostiene que si hay algo que reconocer a Salgado Pineda es que “hay cierta estabilidad en la entidad, aún cuando el tema de las violencias estén ahí como una agenda pendiente, como un desafío que cotidianamente enfrentan”.

Con cuatro años en el poder, Gabino Solado afirma que actualmente se puede observar un gabinete elegido por la gobernadora: “El gabinete ha sido modificado en el momento que se ha considerado, varias piezas claves del gabinete han sido modificados de aquel primer gabinete que fue influenciado obviamente por los acuerdos de Morena, de Félix (Salgado Macedonio)”.

¿Qué tanto han actuado los gobiernos locales en Acapulco tras los desastres?

“Si tú lo mides a partir de lo que está viviendo Acapulco en cuanto a la recuperación paulatina del turismo, de las actividades económicas, después de ese desastre uno diría que es positivo. Obviamente gracias a la mayor inversión que la Federación transfirió a Acapulco, a Guerrero. O sea, no es el estado y el municipio, por sí solos no lo hubieran podido sacar adelante. Creo que esas dos premisas habría que tenerlas muy presentes”.

“Los que vivimos el desastre y la magnitud del desastre para lo que hoy estamos viendo en Acapulco hay que aplaudir que está, vamos en el lenguaje oficial, si tú quieres, está de pie. Lo que se extraña y es un poco esto que llamábamos la agenda de largo plazo de los gobiernos locales, se extraña un proyecto propio, vamos, los proyectos que se están implementando y hay que agradecérselos a la federación han sido gracias a la inversión nacional. Hay una deuda de los gobiernos locales para impulsar proyectos con sus propios recursos”.

El investigador de la UAGro sostiene que la pobreza en Acapulco ha sido jalada por los programas sociales federales, de lo contrario “el porcentaje de población en pobreza hubiese sido histórico. Y hoy afortunadamente los datos son menos catastróficos”.

Un gobierno lejano a las organizaciones sociales

El dirigente político de la izquierda en Costa Chica, Eloy Cisneros Guillén opina que en los cuatro años de gobierno de Salgado Pineda “no ha cambiado en nada de los gobiernos anteriores del PRI y algunos del PRD”.

“Aquí en Guerrero no ha habido los cambios por parte del gobierno, los cambios que se requieren para un desarrollo integral de nuestra entidad. Se desperdiciaron los seis años de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, porque ni el gobernador anterior, ni la gobernadora actual, ni los diputados, ni los senadores le presentaron ningún proyecto detonador para la entidad. Y han gobernado aprovechando los proyectos federales, pero estatales no hemos visto ninguno”.

Cisneros Guillén cuenta que los primeros meses de la administración de Salgado Pineda acordaron en un encuentro con ella que se reuniría con diversas organizaciones sociales cada mes para plantearle las necesidades de las regiones, de los pueblos y los municipios, pero no cumplió, jamás volvieron a reunirse con ella, todavía afirma, han solicitado audiciencias de las que no hay respuesta.
“No vemos ningún cambio, ni siquiera estancamiento. En muchos casos vemos retroceso”.

¿Por qué cree que no se asentó ningún cambio en Guerrero?

“La verdad no ha habido proyectos. Se ha gobernado con con lo que se sueña de noche. Y eso es lo que se hace a otro día. Entonces, aquí es importante. Hay gente preparada, gente que conoce el estado, que podrían hacer un proyecto importantísimo para el desarrollo de Guerrero, sobre todo, insisto, del campo. En el campo no hay producción, desgraciadamente. Ya se hubieran mandado a todas las regiones ingenieros para que hagan estudio de la tierra sobre la rotación de cultivos, sobre qué tipo de fertilizante se necesita para hacer producir mejor la tierra. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero desgraciadamente no se han hecho. Ojalá, ya debería estar algún proyecto del gobierno de estado que se le presentara a la doctora Claudia (Sheinbaum Pardo) para que pudiera aterrizar por lo menos en su último año de gobierno”.