Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma
El ayuntamiento de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica, está descabezado.
El alcalde Hildeberto Salinas Mariche y la síndica Estephani Oliva Zárate huyeron del municipio por presuntas amenazas y el primer regidor, Félix Gil Calleja Díaz, fue privado de su libertad.
Se desconoce desde cuándo Salinas Mariche y Oliva Zárate abandonaron el municipio, lo único certero es que el 29 de octubre llegó al Congreso de Guerrero su solicitud de licencia para separarse del cargo. También se desconoce si los suplentes están dispuestos a asumir el cargo.
Lo mismo pasa en el municipio vecino, San Nicolás, la alcaldesa Tarsila Molina Guzmán, también huyó de su municipio por la violencia e inseguridad. San Nicolás es un municipio nuevo, que se constituyó con comunidades que se separaron de Cuajinicuilapa.
La alcaldesa como el alcalde fueron postulados por el PVEM y no sólo eso, forman parte del mismo grupo político. Los dos fueron piezas importantes en el gobierno anterior de Cuajinicuilapa, que encabezó Edgardo Miguel Paz Rojas, también del partido verde.
Salinas Mariche fue el tesorero y Molina Guzmán la síndica. Los dos conocían desde antes de ser candidatos las condiciones en las que estaban sus municipios en todos los sentidos, incluido la violencia y la inseguridad.
Pero, ¿Por qué huyeron? ¿Sólo por amenazas? ¿Quién los amenazó y qué tipo de amenazas fueron? ¿De muerte? Y lo más relevante: ¿Por qué los amenazaron? ¿Una organización criminal puede amenazar de la nada a un alcalde? ¿O es el rompimiento de un acuerdo? ¿Qué acuerdo? ¿No hay otra autoridad —por ejemplo, la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo— que pueda garantizar la estancia del alcalde y la alcaldesa? ¿Por qué no impidieron que huyeran?
Son cuestionamientos que están sin respuestas y que urgen ser aclarados.
En Cuajinicuilapa en octubre se soltó la violencia; el 12 en pleno centro un dirigente transportista y su hermano fueron asesinados a tiros. Al día siguiente, hombres armados quemaron el vehículo del tesorero del ayuntamiento, Roberto Avelino. Ese mismo día atacaron varias viviendas y dejaron dos cadáveres desmembrados en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
De acuerdo a reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en este municipio operan las organizaciones criminales Los Rusos y Los Lichos. No hay precisión qué banda amenazó y provocó la huida de la alcaldesa y del alcalde. En redes sociales circularon videos que dan a entender que fueron Los Rusos, a quienes las autoridades ubican sus operaciones en Acapulco y toda la Costa Chica.
Los alcaldes y alcaldesas de Guerrero se convirtieron al mismo tiempo en el eslabón más débil en la estructura gubernamental y los que más acceden a participar con las organizaciones criminales.
Los gobiernos municipales están debilitados, no cuentan con una fuerza policial suficiente y efectiva para hacerle frente a los criminales. Hay municipios donde cuentan con menos de 20 agentes y casi todos en muy malas condiciones físicas, sin armamento, sin patrullas, sin equipamiento.
Esto no es casual, a nadie les ha interesado depurar, profesionalizar y dotar de herramientas a esas corporaciones. Tener Policías Municipales suficientes, efectivas y honestas ayudaría mucho en el combate de la inseguridad. Además es una necesidad ¿Quiénes son los que conocen el territorio y sus actores? Los que están ahí permanentemente. ¿Quienes son los que están más cerca de la población y sus problemáticas? Los agentes municipales.
Los gobiernos municipales están tan mermados que no pueden cumplir son sus funciones básicas: garantizar los servicios públicos a la población.
En estos momentos en Guerrero es cada vez más claro a quién responden los alcaldes y las alcaldesas, en dónde están sus lealtades, sus prioridades y sus intereses. En la gente no, en el bien común menos.
Muchos, la mayoría, llegaron por acuerdo, apoyo e intercambio de favores de alguna organizaciones criminales. Todos lo vimos en las campañas: algunos pudieron hacer campaña y otros no. Unos podían entrar y salir a ciertos territorios y otros no. A algunos no les permitieron ni siquiera registrarse.
¿Cómo esos alcaldes y alcaldesas que acordaron, que recibieron apoyo e intercambiaron favores con una organización criminal, piensan gobernar? ¿Cómo? No hay forma. Están comprometidos. Comprometieron el presupuesto público, la obra pública, la seguridad pública. Comprometieron la seguridad de la población.
No es casual que en Guerrero los alcaldes y alcaldesas sean los más atacados.
El 24 de octubre, en pleno centro de Huamuxtitlán fue privado de su libertad el ex alcalde, el morenista Aurelio Méndez Rosales y su chofer, cuando regresaban de comunidades, donde a petición de la gobernadora, supervisó la construcción de los caminos artesanales.
Méndez Rosales y su chofer fueron hallados al día siguiente dentro de su camioneta, los dos estaban muertos. Fueron asesinados a balazos.
El 29 de septiembre, Méndez Rosales había dejado apenas el cargo, no tenía ni un mes.
Este hecho, ocurrió cuando Guerrero aún no salía del asombro por el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán.
A Arcos Catalán no le permitieron gobernar Chilpancingo ningún día. Todavía no comenzaba su gestión y ya le habían asesinado a quien sería el secretario de Seguridad Pública, el capitán del Ejército, Ulises Hernández Martínez. Tenía tres días en el cargo cuando acribillaron por la espalda, en el centro de la ciudad, al secretario general del ayuntamiento, Francisco Tapia Gutierréz, el segundo al mando.
Tal vez, Arcos Catalán estuvo en cargo hasta el sábado 5 de octubre, porque el domingo, el día en que fue hallado muerto, decapitado, pudo haber sido capturado por sus asesinos desde muy temprano.
Por muchos lados han surgido versiones de quienes fueron los asesinos y los motivos. Se dice, por su última ubicación, en la comunidad de Tepechicitlán, que fueron Los Ardillos y la razón: un desacuerdo.
¿En qué consistió el desacuerdo? No hay certezas, con precisión no se sabe. Se ha escrito que Arcos Catalán no quiso entregar a Los Ardillos la Secretaría de Seguridad Pública y la dirección de Obras Públicas. No se sabe porque nadie informa. Todo es especulación, versiones incompletas. Y tal vez esa sea la intención: que en este caso sólo haya especulaciones y versiones incompletas. Dicho de otra forma: que nunca se sepa la verdad.
Pero lo que sí sabemos es el porqué se llegó hasta este punto de brutalidad: por la impunidad.
En lo que va del 2024, tres alcaldes, dos en funciones y uno electo, han sido asesinados.
La madrugada del 16 de junio, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado San Pedro las Playas, en Acapulco, un grupo armado detuvo un autobús procedente de la Ciudad de México. Los armados subieron y buscaron a Salvador Villalba Flores, alcalde electo de Copala. Cuando lo ubicaron le dispararon directamente en cuatro ocasiones.
Del asesinato de Villalba Flores poco se sabe, sólo hay versiones que hablan de un desacuerdo con la organización criminal Los Rusos y otra que el crimen puede ser parte de la crisis política en la que está hundido ese municipio.
Cuatro días después, en la colonia La Guadalupe, anexo de la comunidad Alacatlatzala, en Malinaltepec, en la Montaña, civiles armados asesinaron al entonces alcalde, Acasio Flores Guerrero.
De acuerdo a la poca información que hay del caso, ese día Flores Guerrero llegó a la comunidad y de inmediato lo capturaron los civiles armados, lo llevaron a la comisaría, lo golpearon, lo amarraron y le dispararon en la cabeza. Su cadáver fue hallado el otro día dentro de una camioneta en un camino rural. Durante el día que estuvo sin localizar ninguna autoridad entró a la Alacatlatzala a rescatarlo.
Pero en octubre del 2022, en una masacre fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente. Eran las 2 de la tarde. El perredista Conrado Mendoza Almeda; su padre, el ex alcalde, Juan Mendoza Acosta y por lo menos otras 18 personas más entre funcionarios y policías municipales, estaban reunidos en un autolavado. De pronto llegó un grupo armado y disparó contra todos. Todos murieron. Después, el gobierno federal informó que la masacre la cometió la Familia Michoacana.
En estos cuatro casos, ¿Qué hizo la gobernadora? ¿Qué hizo la fiscalía? Nada. No hay ningún detenido por estos cuatro crímenes, es más, se desconoce si se investigan.
La gobernadora ha desdeñado todos estos casos, ninguno le ha significado la posibilidad de salir de su encierro a dar una explicación. En los cuatro casos ha recurrido a la misma estrategia: lamentar y esperar que la nueva tragedia mande al olvido estos crímenes. Tampoco está haciendo algo para evitar que lleguen a los cargos personajes señalados, cuestionados por tener vínculos con las organizaciones criminales.
Es más, nadie está haciendo algo para evitar que llegue ese tipo de políticos. No hay investigación —o por lo menos que se sepa— contra los candidatos sospechosos. Los partidos políticos están dando el aval —porque eso hacen con darles el registro— a personajes cuestionados por sus vínculos con organizaciones criminales o incluso señalados de ser criminales. A los partidos políticos les interesa ganar elecciones, sin importar el costo.
En los últimos tres años, los alcaldes fueron un factor principal para desestabilizar ciudades completas. Fue uno de los periodos donde se hizo más evidente la complicidad de las autoridades locales con las organizaciones criminales.
Era la madrugada del sábado 24 de junio, en la calle 16 de Septiembre, en el centro de Chilpancingo, dejaron siete cuerpos desmembrados en la calle y cinco cabezas en el cofre de una camioneta.
Junto al hallazgo, había cuatro cartulinas con mensajes. Uno de ellos iba dirigido a la entonces alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez.
“Saludos Presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”.
Hernández Martínez negó cualquier reunión con un líder criminal. Dos semanas después se hizo público un video donde aparece la alcaldesa, acompañada con su esposo Diego Omar Benigno González, sentada en la misma mesa con el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. Luego se publicó uno más, donde Ortega Jiménez explica que la ex alcaldesa fue a ofrecerle el rastro municipal.
Tras la publicación de esos videos, la imagen de la entonces alcaldesa se destrozó, pero sólo eso, no pasó nada más. Se mantuvo hasta el final de su periodo en el cargo. Lo único que pasó fue que Morena, su partido, le impidió reelegirse y, un año después, la expulsó por su aparición en esos videos.
No se sabe si la fiscalía local o federal la están investigando. Lo que sí pasó fue que la ciudad se metió en una de sus peores crisis de violencia. En esos días —del 8 de julio al 18 de agosto— fueron asesinados por lo menos 16 choferes de rutas locales y foráneas. A seis los quemaron dentro de sus unidades. La ciudad se paralizó: se suspendió el transporte público, las clases de cancelaron y los comercios cerraron.
Lo mismo volvió a pasar al inicio del 2024, la ciudad se volvió a paralizar.
Otro caso es Taxco. El primero de octubre de este año, al día siguiente que Mario Figueroa Mundo dejó la alcaldía, fue detenido su hijo mayor junto con su escolta. Los dos son procesados por el delito de desaparición de personas. El 12 de octubre fue detenido otro de sus hijos por el mismo delito.
A casi un mes de que Figueroa Mundo dejara la alcaldía, la FGE junto con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementaron una operación en la comandancia de la policía de Taxco, detuvieron a diez agentes, todos acusados de desaparición forzada y homicidio, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez. El secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, “La Sombra”, huyó y está prófugo.
Durante el gobierno de Figueroa Mundo esa ciudad se convirtió en un lugar imposible, de terror.
Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo la Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos enteros para que votaran por el ahora ex alcalde. Eso tuvo un precio: durante la administración de Figueroa Mundo esta organización criminal endureció su presencia, estaba metida casi en todo: tomaron el control de los productos de la canasta básica, impusieron los precios y su distribución. Toda la población sufrió la extorsión. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron como nunca. Desaparecieron policías, trabajadores del ayuntamiento e, incluso, reporteros.
El entorno de Figueroa Mundo está siendo sometido, pero se desconoce si también hay una orden de aprehensión en su contra o por lo menos si lo están investigando.
En el caso de Taxco surgen preguntas inquietantes: ¿Por qué permitieron que Figueroa Mundo sometiera durante tres años a la ciudad completa al terror? ¿Por qué hasta ahora lo están cercando? ¿Por qué le permitieron que dejara la alcaldía y se fuera tan campante? ¿Quién le permitió gobernar hasta el último día? O de plano: ¿A nadie le importó lo que estaba pasando en Taxco?
Un día antes de que rindiera protestas como alcalde de Copala fue detenido el capitán de la Marina retirado, Rogelio Lozano Pérez, acusado del delito de desaparición de una persona.
De manera extraoficial se supo que Lozano Pérez fue detenido por su probable participación en la privación ilegal de una mujer ocurrida el 10 de septiembre.
Lozano Pérez era el suplente del alcalde electo, Salvador Villalba Flores, asesinado la madrugada del 16 de junio.
En Copala este último proceso electoral estuvo marcado por la violencia. Todavía no iniciaba y a finales de junio de 2023, hombres armados privaron de la libertad a Jesús González Ríos dirigente del PVEM y aspirante a la alcaldía. Estuvo desaparecido dos días. Al tercero, apareció en un camino rural en el municipio de Florencio Villarreal muerto. Estaba decapitado y desmembrado.
Días después del crimen, la familia de González Ríos publicó en redes sociales un video.
Ahí, González Ríos denunció que un mes atrás fue amenazado por la entonces alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalva, para que no compitiera por la alcaldía en 2024.
“Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dijo González Ríos en un video que grabó y que pidió que se difundiera si le pasaba algo.
García Villalba ahora es diputada local por Morena. Se desconoce si es investigada, si esa denuncia que hizo Gonzáles Ríos se estableció como una línea de investigación. No se sabe, no se informa. Lo cierto es que Morena la respaldó, la cobijó.
En este proceso electoral, Candi Espinosa Ríos, hermana de González Ríos, se postuló como candidata del PVEM a la alcaldía de Copala; renunció días antes de que iniciara por amenazas y porque ninguna autoridad le dio protección.
El equipo de González Ríos apoyó la candidatura de Villalva Flores, capitán de la Marina en retiro y primo de la exalcaldesa García Villalva.
Copala estuvo un mes sin alcalde, el 29 de octubre, María del Rosario Zúñiga de la Rosa, viuda de García Villalva, rindió protesta como alcaldesa.
En la Tierra Caliente se vive una tranquilidad inquietante. Los homicidios se han reducido debido al control casi absoluto que impuso la Familia Michoacana.
En esta región los alcaldes y alcaldesas no hacen nada para combatir a la delincuencia, al contrario, le dan su apoyo. Recordemos mayo de 2023. Durante tres días ocho de los nueve ediles de la región, bloquearon la carretera federal Altamirano-Iguala para impedir que la FGE se llevaran 12 vehículos, algunos de lujo, propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, presuntos líderes de la Familia Michoacana.
De esos ocho, tres se reeligieron: la alcaldesa de Cutzamala del Pinzón, la priista Mayte Arce Jaimes; la de Tlalchapa, la morenista Tania Mora Eguiluz y el alcalde de Tlapehuala, el priista José Luis Antúnez Goicochea se reeligieron.
La familia Arce Jaimes está en su tercer periodo de gobierno consecutivo; los Mora Eguiluz van por el quinto. En estas dos familias se ha ido pasando el poder entre el padre, la madre y las hermanas.
En Coyuca de Catalán, el alcalde, el perredista Eusebio Echeverría Tabares, no se reeligió, pero puso de candidata de la alianza PRI, PRD, PAN a su hija, Esbeydi Echeverría García.
Pungarabato es un caso similar. Reynel Rodríguez Muñoz fue diputado federal por el PRI en la anterior legislatura, fue alcalde en los periodos 2012-2015 y 2018-2021. Es decir: dejó la alcaldía por irse a la diputación federal, pero este 2024, su esposa Brenda Janeth Núñez Peñaloza recuperó el ayuntamiento para la familia.
Rodríguez Muñoz también apoyó el bloqueo de la vía.
Por el bloqueo, los alcaldes y las alcaldesas tuvieron alguna consecuencia, otra vez, se desconoce si son investigados, lo único certero es que siguen controlando sus municipios como siempre o, peor aún: con más fuerza.
En la anterior elección, por ejemplo, Arce Jaimes logró 93 por ciento de los votos; Mora Eguiluz, obtuvo 88 por ciento de los votos. Avasallaron.
¿Cómo lo lograron? En la Tierra Caliente —si tomamos en cuenta que las dos alianzas estuvieron integradas por tres partidos cada una— se pudieron haber registrado 10 candidaturas en cada uno de los nueve municipios. Hubo la posibilidad de que compitieran 90 abanderados. Eso no ocurrió. Se registraron 46, pero sólo 10 pudieron hacer campaña.
Hubo municipios donde se registraron tres candidatos y, paradójicamente, donde más se hubo fue en de San Miguel Totolapan con nueve.
El resultado fue obvio: de esos diez que pudieron hacer campaña salieron los ganadores.
La última crisis de violencia que vive Guerrero es en Tecpan, en la Costa Grande. Un comando armado irrumpió la madrugada del 24 de octubre en la cabecera municipal. En estos días ya suman más de 38 personas las asesinadas.
Horas después de la irrupción, el comando armado, que se identificó como Grupo Nueva Generación (GNG), difundió un video. Dijeron que iban por los líderes de la organización criminal Los Granados y pidieron a la alcaldesa, la morenista Alba Soberanis Hernández que renuncie al cargo porque llegó con el apoyo de Los Granados.
La alcaldesa es hermana del ex alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, quien fue edil del 2015 al 2018.
El hermano de la alcaldesa en 2013 fundó un grupo de autodefensa; el entonces comandante de la Novena Región Militar, Genero Fausto Lozano Espinoza, lo vinculó a ese grupo con la delincuencia.
“En el grupo de autodefensa de Tecpan de Galeana no se ha detectado influencia de grupos guerrilleros, sino afinidad con la delincuencia organizada”, declaró a la prensa el comandante.
Ese video no puede ser desdeñado por las autoridades, se debe de investigar para deslindar a la alcaldesa de vínculos o confirmarlos. Así comenzó la historia con la ex alcaldesa de Chilpancingo, primero fue un mensaje en una cartulina, luego un video, luego otro, después la ciudad estalló y hace menos de un mes decapitaron a quien le entregó la alcaldía.
Chirrionazo.
En las dos últimas semanas nuevamente Guerrero ha sido nota nacional e internacional por la violencia pero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de nueva cuenta guardó silencio.
El viernes 1 de noviembre, primer día del festejo de Día de Muertos, hubo una multudinaria protesta en Acapulco de prestadores de servicios afectados por el huracán “John” para exigir que se les incluya en el censo para recibir ayuda material.
La mandataria estatal pudo haber acudido a la protesta para hablar con la gente, pero no lo hizo. ¿Tendrá pánico? La pregunta es ¿entonces para qué está en el cargo?
O a lo mejor a los guerrerenses les gusta tener a una gobernadora que solo salga en transmisiones en Facebook.
