Aún estoy aquí, el filme brasileño ganador del premio Oscar a mejor película internacional, retrata la angustia que vive Eunice Paiva, cuando su esposo, el exdiputado del Partido Laborista Rubens Paiva, fue víctima de desaparición forzada el 20 de enero 1971 en Río de Janeiro, durante la dictadura militar instaurada desde el golpe de Estado en 1964.

A miles de kilómetros de distancia, 247 días después, Claudia Reyes García padeció la misma angustia cuando su esposo, el campesino Francisco Vargas Vinalay, fue víctima de desaparición forzada junto con su suegro Josafat Reyes Blanco y otros 89 hombres de la comunidad El Quemado, de la Sierra de Atoyac, el 5 de septiembre de 1972, en el periodo de la contrainsurgencia conocida como guerra sucia.

Ambos casos ejemplifican la violencia de Estado que padecieron los pueblos de Latinoamérica a mediados del siglo XX, en el marco de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, este último sosteniendo una política de represión contra los movimientos de izquierda que se desarrollaban en distintos países del Cono Sur.

La película galardonada muestra a Eunice Paiva sobreviviendo ella misma y una de sus hijas a la detención arbitraria que perpetraron militares días después de que se llevaron a su esposo de su casa. 

En un poco más de dos horas, la película resume la historia de la familia de Rubens Paiva, desde los primeros meses de búsqueda por parte de su esposa, luego la sobrevivencia económica al perder las comodidades que disfrutaban los cincos hijos y sus padres, para pasar finalmente al epílogo de Eunice Paiva padeciendo el alzheimer. 

 

A diferencia de Rubens Paiva, Francisco Vargas, mejor conocido como Franco, regresó a su casa después de cuatro años de estar recluido en la cárcel municipal de Acapulco desde que fue sacado en helicóptero de pueblo acusado de pertenecer a la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos.

La angustia de Claudia Reyes, agravada por su condición de pobreza, común en el campo guerrerense aún en estos días, se condensó con la pérdida de un hijo de seis meses por el ajetreo del ir y venir para que su esposo saliera de la cárcel. En casa de Claudia Reyes y Franco Vargas casi no se habla de ese hijo porque el dolor aún está presente.

Lo demostraron las lágrimas y la voz cortada de Franco durante su testimonio público en los Diálogos por la Verdad en diciembre de 2022, como parte de la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990 creada por el expresidente de la República, el morenista Andrés Manuel López Obrador. 

Las comisiones de la verdad son uno de los mecanismos de la justicia transicional, aquellos “procesos legales y administrativos que se llevan a cabo tras una transición política para investigar los crímenes del régimen pasado”, define el filósofo Jon Elster. 

 

Para dimensionar la magnitud de la represión en México, tal cantidad de víctimas en todo Brasil es similar a la cifra que reportan organizaciones de derechos humanos de desaparecidos sólo en el pequeño municipio de Atoyac.

México es un caso especial para el estudio de la justicia transicional porque ha pasado por tres mecanismos: la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), en el gobierno del panista Vicente Fox; la Comisión de la Verdad, en el de López Obrador, además de la Comisión de la Verdad (Comverdad), creada por el Congreso de Guerrero en 2011.

La más reciente Comisión de la Verdad terminó a la par que el sexenio de López Obrador el 30 de septiembre pasado, y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), uno de los cinco que conformaron la comisión, entregó dos informes de la verdad que dan cuenta de las atrocidades cometidas por el Ejército mexicano.

También incluyeron casos de graves violaciones de derechos humanos después de 1990, particularmente los casos guerrerenses de Aguas Blancas en 1995, El Charco en 1998 y Ayotzinapa en 2014, lo cual fue criticado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en el informe final de la Comisión de la Verdad que presidía. 

Pero la reparación de daños, la demanda principal para cientos de sobrevivientes de la guerra sucia en México como Claudia Reyes y Franco Vargas, no llega después de casi 53 años de la desaparición, conceptualizada como transitoria porque logró salir con vida de ella a diferencia de otros campesinos de El Quemado y cientos de Atoyac. 

Una reparación de daño, que en su perspectiva es una compensación económica por las pérdidas que tuvieron, les fue entregada en 2021 a raíz de un amparo promovido por el equipo de seguimiento de la Comverdad, pero no fue satisfactoria para la pareja campesina: ¿cómo se le puede poner una cifra a la pérdida de un hijo

 

La lucha de El Quemado siguió y logró que la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, acudiera a la comunidad donde se comprometió con los sobrevivientes de la guerra sucia a repararles los daños. 

Sin embargo, a casi tres años de aquella promesa, aún no se cumple y los sobrevivientes de El Quemado optaron por la vía jurídica una vez más, pero la sentencia aún no ha sido publicada, como lo confirmó hace unos días Franco Vargas.

El 4 de abril, Rodríguez Estrada se volvió a comprometer con colectivos de familiares y sobrevivientes de la guerra sucia reunidos en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, con la entrega de la compensación económica en tres meses. 

Aún estoy aquí muestra que una victoria de la lucha de Eunice Paiva fue conseguir el acta de defunción de su marido en 1996, 25 años después de la perpetración del crimen que pretendió borrarlo de la faz de la Tierra, con lo que obligó al Estado, ya de vuelta en la democracia, a reconocer la desaparición forzada.

La película brasileña le ha dado la vuelta al mundo para evidenciar los crímenes cometidos por una de las tantas dictaduras sudamericanas del siglo pasado, cuyos seguidores, no obstante, siguen vitoreando su existencia, como lo demostró la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro en 2019.

Aunque no han tenido el reconocimiento alcanzado por la película brasileña, México también cuenta con algunas obras cinematográficas que retratan los crímenes del Ejército, Rojo amanecer de la masacre de 1968 y El Violín,  que retrata la violencia estatal con claras referencias guerrerenses, son ejemplos de ello.

Sin embargo, aún falta lo más importante para el país: la reparación de daños para las víctimas de la guerra sucia, la verdad y la justicia para los familiares de desaparecidos que exigen saber qué pasó con sus deudos y, en general, las garantías de no repetición para la sociedad mexicana que aún padece la violencia de Estado, en los últimos años ejercida a través de otros medios y otros actores vinculados al mismo Estado.