Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucena y Arturo de Dios Palma
La violencia que el Estado mexicano desató desde hace casi dos décadas en el país ha masacrado principalmente a los jóvenes.
Guerrero no es la excepción.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2003 a 2023, en Guerrero han asesinado a 34 mil 889 personas; 35.79 por ciento han sido jóvenes de 15 a 29 años edad, este rango es el más alto. En números absolutos: 12 mil 486 jóvenes guerrerenses fueron víctimas de esa violencia sistémica.
En 2012, el investigador José Manuel Valenzuela Arce acuñó el término “juvenicidio”. En su libro “Trazos de sangre y fuego” lo define como el “acto límite que arranca la vida de la personas, pero ese acto límite no surge del vacío, sino que es producto y conclusión de diversas formas de precarización económica, social, cultural e identitaria de jóvenes que devienen prescindibles a partir de su situación social y sus repertorios de identidad”.
Expone: “la precarización social y la desacreditación identitaria coloca a los jóvenes en zonas sociales prescindibles, de exclusión, de vulnerabilidad, criminalizadas, de desecho, precarias, de muerte o necrozonas”.
Valenzuela Arce dice que en América Latina las estrategias de política social han expropiado a los jóvenes las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida, aunado a ello, las políticas punitivas policiales y militarizadas con las que supuestamente se abate el consumo de drogas, ha ampliado los escenarios de violencia.
Es decir, no vemos solamente a policías y militares asesinando a jóvenes, sino los procesos de violencia y muerte se han inscrito en estrategias económicas y políticas definidas desde grandes centros económicos y de poder, que son asumidos por los gobiernos de nuestros países.
“Que la violencia sea la principal causa de muerte de la población joven latinoamericana y que se mantengan los modelos económicos-sociales que generan esta muerte conlleva responsabilidad de Estado”, afirma el investigador.
En América Latina la violencia está centrada en contra de los jóvenes y adolescentes: una de cada siete personas asesinadas pertenecen al grupo de 15 a 29 años.
¿Por qué son asesinados nuestros jóvenes? ¿Qué hacen las autoridades para detener esta cruenta violencia? ¿De verdad en los últimos años se han atacado las causas que provocan esta vorágine?
El Inegi reportó que en 2003 en Guerrero apenas sumaban 602 asesinatos, 26.58 por ciento fueron jóvenes de entre 15 a 29 años, es decir, 160 víctimas.
A partir de 2009, la violencia se volvió incontrolable: mil 855 homicidios dolosos; 29.81 por ciento fueron contra jóvenes.
En 2012, el año más violento en estas dos décadas, Guerrero reportó 2 mil 646 homicidios dolosos; mil 46 fueron contra jóvenes de 15 y 29 años.
Entre 2020 y 2022 hubo una contracción en el estado de los homicidios dolosos, pero durante 2023 repuntó nuevamente con mil 720 víctimas, otra vez, el mayor porcentaje, 29.19 por ciento, fueron jóvenes de 15 a 29 años.
En perspectiva, hay un segundo sector que más ha reportado asesinatos en Guerrero, son las personas de entre 30 y 44 años, que suman un registro de 12 mil 21 homicidios dolosos en 20 años.
Recordemos: en 20 años han asesinado a 12 mil 486 jóvenes guerrerenses.
¿Quién se hace responsable de estas muertes? ¿René Juárez, Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre, Rogelio Ortega, Héctor Astudillo, Evelyn Salgado?
Que la violencia se concentre en los jóvenes no es coincidencia. De acuerdo con cifras del gobierno federal, entre 2003 y 2023 han desaparecido 3 mil 476 personas en Guerrero, 43.84 por ciento tienen entre 15 y 29 años de edad. ¿Qué opciones le damos a los jóvenes de Guerrero?, ¿qué hacer para que no sean vistos como carne de cañón o piezas desechables y reemplazables de un modelo político-económico criminal?
La precarización que vive Guerrero es fundamental. Cómo alejar de las zonas de muerte a nuestros jóvenes si en todo el estado apenas contamos con 20 cines privados (hasta antes del impacto del huracán Otis en octubre del 2023) para el esparcimiento de 865 mil jóvenes, según el censo del 2020 del Inegi.
Guerrero tiene 43 museos, pocos comparado con los 185 de Ciudad de México, y si inspeccionamos la calidad de las exposiciones la diferencia es abismal.
En la entidad hasta 2023, de 214 bibliotecas públicas en todo el estado 108 estaban cerradas, algunas saqueadas, abandonadas y sin libros actualizados.
A casi un año del paso devastador del huracán Otis en Acapulco, la biblioteca del Parque Papagayo sigue destruida, con los libros tirados, no se ha tocado un escombro, pero sí se construyó a marchas forzadas un cuartel de la Guardia Nacional.
Chilpancingo, la capital del estado, cuenta con tres centros deportivos: el Polideportivo, Unidad Deportiva Hermanos Galeana y la Unidad Deportiva CREA, esta última construida en 1964 y tras el huracán Otis está ocupada por los servidores de la nación que llegaron de otros estados para levantar el censo de damnificados en Acapulco.
En Acapulco también hay tres centros deportivos: la Unidad Deportiva Renacimiento, la Unidad Deportiva Acapulco (UDA) y la Unidad Deportiva Vicente Suárez, esta última ubicada en la colonia Morelos que ha estado rodeada de asesinatos de personas.
Por ejemplo, el 27 de julio fue asesinado un lavacoches fuera de este centro deportivo de la UDA y el 7 de agosto dos hombres fueron acribillados en las inmediaciones.
Sin espacios disponibles y de calidad para el esparcimiento de miles de jóvenes, qué han hecho las autoridades para cambiar la vorágine de la violencia.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó el programa social Jóvenes construyendo el futuro con el que supuestamente intentó evitar que jóvenes llegarán a las filas de la organizaciones criminales y también el desempleo. Se concentró en los que no estudiaban ni trabajaban.
En Guerrero, al corte de agosto de 2023, se habían inscrito 184 mil 997 jóvenes de 18 a 29 años. En 2019, el programa inició entregando un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos a cada joven, que se elevó a 7 mil 572 pesos mensuales en 2024.
Sin embargo, organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza indican que a pesar de que de 2019 a 2023 el gobierno federal destinó 100 mil millones de pesos en el programa Jóvenes construyendo el futuro para atender a 2.9 millones de jóvenes en el país, no creció el número de trabajo formal.
Expone que en 2018 el IMSS reportó 20.45 millones de empleos formales en el país, cinco años después había un registro de 22.40 millones de empleos formales, una diferencia de apenas dos millones de empleos más.
La organización resalta que el programa tiene varias limitaciones de origen:
1) No prioriza jóvenes con mayores barreras como el rezago escolar.
2) Hay un sesgo geográfico que reduce la cobertura a ciudades y zonas metropolitanas.
3) No garantiza una experiencia laboral significativa, ni capacitación o desarrollo de competencias.
4) No ofrece garantías a mujeres madres, cuando son la mayoría de las personas jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo.5) No garantiza experiencia laboral relacionada con las ofertas laborales más requeridas de cada región.
6) No promueven la certificación de los aprendizajes.
7) No vincula a los jóvenes con programas e intermediación laboral o bolsas de trabajo.
A nivel local, a pesar de que en Guerrero existe una Secretaría de la Juventud (Sejuve), es un simple cúmulo de empleos burocráticos, porque sus programas no han impactado realmente en los jóvenes.
Tan sólo hay que revisar cuánto dinero han destinado anualmente de 2003 a 2023 los diferentes gobiernos estatales a la Sejuve del total del presupuesto de egresos:
En 2003 se destinó 0.03% del presupuesto; en 2004, 0.03%; 2005, 0.03%; 2006, 0.03%; 2007, 0.07%; 2008 0.06%; 2009, 0.02%; 2010, 0.07%; 2011, 0.06%; 2012, 0.05%; 2013, 0.05%; 2014, 0.07%; 2015, 0.28%; 2016, 0.05%; 2017, 0.05%; 2018, 0.05%; 2019, 0.05%; 2020, 0.07%; 2021, 0.05%; 2022, 0.05%; 2023, 0.05%.
Como podemos observar, el único año que la Sejuve ha rebasado su mediocre presupuesto fue posterior a la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en Iguala.
En 2015, con el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, se presupuestó por única vez en 20 años 121 millones 717 mil pesos para la Sejuve.
El dinero ejercido a través de esta dependencia es insuficiente para sostener un programa que busque impactar en la población joven. Con estos presupuestos se demuestra que desde las políticas hay una desatención hacia ellos, a quienes se mantienen en esas zonas marginales y con proyectos de vida desesperanzadores.
Chirrionazo.
Un mensaje que se hizo viral en las redes sociales en donde se menciona que Félix Salgado Macedonio estaba gravemente enfermo e internado en un hospital privado en la Ciudad de México, bastó para que el autodenominado “toro sin cerca” apareciera públicamente encabezando una marcha en las calles de Chilpancingo tras una pozolada que les ofreció a sus “seguidores”.
Obvio, Félix no quiere estar en desventaja de sus opositores Abelina López y el novel político, Jacinto González Varona, quienes pretenden jugar para la grande en 2027 para suceder a Evelyn Salgado Pineda.
Pero dijera el fallecido cacique, Rubén Figueroa Figueroa: “la caballada está flaca”, nosotros diríamos, “muy escuálida” y jodida.
Por cierto hablando de otros próceres y políticos jodidos, en el Movimiento Ciudadano parece ser que la dupla tenebrosa Héctor Astudillo y Mario Moreno se van adueñar formalmente de esta franquicia ya que van a imponer a Gabriela Bernal en la dirigencia estatal de este partido para darle planchazo a Sebastián de la Rosa Peláez, mejor conocido como “El Zorrillo” quien quería ser el líder naranja.
Al Sebas, lo corrieron del PRD, lo rechazaron en Morena y ahora le están cerrando las puertas en MC. De plano que ya funde su partido para que siga viviendo del presupuesto público.