A un año de la tragedia de la comunidad de Chautipan, los familiares de once asesinados y de seis desaparecidos siguen sin justicia, en tanto, el gobierno de Guerrero, de la morenista Evelyn Salgado Pineda, solo los revictimiza.

La noche del 7 de noviembre de 2024, en la batea de una camioneta blanca abandonada en el Parador del Marqués fueron hallados los cadáveres destrozados de once de los 17 desaparecidos, cinco hombres, dos mujeres y tres menores de edad, agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no cumplieron con la cadena de custodia presuntamente para borrar evidencias y proteger a los criminales.´

En los 365 días que han transcurrido, las viudas, familiares de los desaparecidos y los huérfanos y huérfanas viven una segunda tragedia, porque las autoridades no le han dado el trato de víctimas para recibir los apoyos, desde ayuda psicológica y social, hasta un acceso digno a la salud y educación.

La tragedia de las familias de Chautipan la empezaron a vivir el 26 de octubre del 2024, cuando su preocupación fue que las llamadas telefónicas que le hacían a sus parientes se iban directamente a buzón.

Días antes, entre el 21 y 22 de octubre, un grupo de diez lugareños de esta comunidad se trasladaron en una camioneta a la localidad de El Epazote, del municipio de Chilapa, a vender trastes de peltre, actividad que desde hace once años atrás lo hacían sin ningún problema, a pesar del dominio en esa zona de la organización criminal de Los Ardillos.

Un individuo de nombre Juan Rivera, era el que proveía de esos utensilios para venderlos en las comunidades de Chilapa.

Al grupo de lugareños que acudieron a El Epazote le urgía ganar dinero porque sus siembras de maíz, frijol y calabaza habían resultado devastadas por las lluvias provocadas por el huracán John que pegó en Guerrero semanas antes.

Tras las fuertes lluvias que dejó John, ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno acudió a Chautipan para llevarles aunque sea despensas o reparar la carretera.

Las familias no tenían ni para comer. Chautipan con menos de 500 habitantes se ubica a casi dos horas de distancia de Chilpancingo, es una comunidad de la parte baja de la Sierra de Guerrero, es un asentamiento con bajos índices de desarrollo humano y pobreza.

La vía para acceder a esta localidad y pueblos aledaños como Colorada y Jaleaca de Catalán es de pavimento, pero quedó destrozada por los huracanes Otis y Jhon.

Sin embargo, es también una zona en la que opera una organización criminal llamada Los Jaleacos, que en los últimos años se ha aliado con Los Tlacos, otra organización criminal que se dedica a la siembra de estupefacientes, extorsiones y explotación de la madera.

El 26 de octubre de 2024, siete familiares del grupo de los diez vendedores se trasladaron a la comunidad de El Epazote a buscarlos asumiendo todos los riesgos. Pese a los peligros que sabían que enfrentarían cinco hombres y dos mujeres se trasladaron a Chilapa.

El grupo entró por la zona llamada “el corredor azul” o también tierra de Los Ardillos, que abarca los municipios de Mochitlán, Quechultenango y Chilapa y que son gobernados por los ediles Gerardo Mosso López, Hugo Antonio González y Mercedes Carballo Chino.

A un año, se desconoce si los siete pobladores que fueron a buscar a sus parientes llegaron a El Epazote, que fue el sitio donde por última vez hablaron con los primeros 10 habitantes desaparecidos por vía telefónica.

Lo cierto es que desde el 27 de octubre, ya no eran diez los desaparecidos, sino 17.

El primero de noviembre, los familiares de los 17 desaparecidos apoyados por el comisario del pueblo se trasladaron en camionetas a Chilpancingo para una protesta en las instalaciones de la FGE con la que lograron que el fiscal, Zipagná Jesús Torres Ojeda, ordenara una búsqueda que no dio resultados.

Cinco días después, en una inusual conferencia de prensa, el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, anunció un despliegue en las próximas horas de 400 soldados convencionales y de fuerzas especiales del Ejército, así como de helicópteros para sumarse al operativo de búsqueda de los 17 desaparecidos que, según dijo el militar, “estaban retenidos por Los Ardillos”.

La operación del Ejército para rescatar a los 17 pobladores tampoco dio resultados. Y es que la zona es el principal bastión de Los Ardillos.

En febrero de 2022, en la administración del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cientos de pobladores que son la base social de este grupo criminal retuvieron a grupos de militares con sus vehículos en Quechultenango y en junio de ese mismo año en la comunidad de Petaquillas, en Chilpancingo.

La noche de 7 de noviembre, dos días después que el comandante de la 35 Zona Militar anunció el despliegue de tropas, los responsables tuvieron la afrenta de dejar en una camioneta los once cadáveres desmembrados a 500 metros de las instalaciones de la FGE donde despacha Torres Ojeda.

La camioneta Silverado blanca, con placas HAY-988 y reporte de robo, estaba con las luces encendidas y con las llaves puestas, en ella fueron halladas 30 bolsas negras con restos humanos.

En una operación inusual, agentes ministeriales condujeron la camioneta a las instalaciones de servicios periciales de la FGE, sin permitir peritajes, la búsqueda de indicios criminales y revisión de huellas dactilares.´

Con esa mala actuación judicial que realizó la FGE, ¿A quién o a quiénes se protegió de estos horrorosos crímenes?

Tras los peritajes fueron identificados los restos de los menores Raymundo de 13 años; Abraham, de 15; Ángel de 13 y Diego de 16; las mujeres Clara Francisco Cabrera de 30 años y Flor Ituria Cabrera Sánchez de 36 años; y los hombres Héctor Santos de la Cruz de 32 años; José Enrique Francisco Cabrera de 26, Mario Francisco Millán de 49, Alfonso Francisco Cabrera de 35 e Inés Morales Francisco de 35 años.

A un año de ese hallazgo, la FGE no ha dado ningún resultado para la localización de Marco Antonio Barrera Millán, Pedro Israel Barrera Millán, Javier Barrera Millán, Jaime Cayetano Tolentino, Leandro Giovane Francisco Sacristan y el menor de edad Joel, de 14 años.

En abril de este año, integrantes de un colectivo de familiares de personas desaparecidas, dio acompañamiento a los familiares de los seis desaparecidos a una búsqueda en El Epazote y a pesar de que iban custodiados por agentes de la Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, la Policía Investigadora Ministerial y de la Comisión Estatal de Búsqueda fueron detenidos por un grupo de hombres armados.

“Aquí no van a pasar, regresen por donde vinieron”, fue la orden que les dio uno de los individuos armados.

La caravana ya estaba cerca de llegar a El Epazote donde pretendían preguntar a la gente sobre los desaparecidos y pegar fichas en los espacios públicos de la comunidad.

“Desde Petaquillas ya nos iban siguiendo y hasta allá, cerca de El Epazote, nos retuvieron y pues nos obligaron a regresar”, dijo una de las activistas que dio acompañamiento a los familiares de los desaparecidos de Chautipan.

En esta misma zona, de acuerdo a la investigación que realizó la FGE, fue secuestrado y decapitado el alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán, el 6 de octubre de 2024, cuyo caso sigue sin esclarecerse a pesar de que uno de los presuntos autores intelectuales, el coronel militar en retiro Germán Reyes Reyes, encargado de despacho de Seguridad Pública municipal está vinculado a proceso.´

La tragedia de Chautipan ocurrió tres semanas después del crimen de Arcos Catalán.

A más de un año de los hechos de Chautipan, al menos dos familias salieron de la comunidad para buscar el sustento económico y que sus hijos puedan estudiar.

Una mujer que su esposo y uno de sus hijos son parte del grupo de los 11 que fueron hallados desmembrados y tiene otro hijo desaparecido cuenta que allá en Chautipan dejó su casa, sus tierras de labor y varias gallinas.

Después de la tragedia, en Chautipan, los profesores de una escuela telesecundaria, primaria y kínder dejaron de ir a dar clases por miedo. Los 20 huérfanos han tenido clases intermitentes.

La viuda dice que uno de los principales motivos que la orilló a salirse de su pueblo es porque quiere que sus hijos estudien y porque ella tiene que trabajar para mantenerlos.

“Las tierras que mi esposo las sembraba de maíz, frijol y calabaza las renté para que otra persona las siembre a cambio de que me entregue un bidón de maíz al final de la temporada”, cuenta la señora quien también se ofrece como empleada del hogar.

La mujer dice que ella no pierde la esperanza de que su hijo sea localizado, aunque lamenta que la FGE ya no haga nada para buscarlo ni a los otros cinco desaparecidos.

El 26 de noviembre de 2024, el fiscal atendió en sus oficinas a los familiares de los 17 a quienes les reveló que parte de la investigación es que con base a un estudio de geolocalización, el último lugar donde fueron detectados los teléfonos celulares de sus parientes fue en Quechultenango.

La hipótesis es que los 17 habitantes de Chautipan habrían estado en El Epazote y el grupo armado se los llevó a Quechultenango.

En enero de este año, días después del Día de Reyes, la gobernadora Salgado Pineda y su hermana Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF, así como el alcalde de Chilpancingo Gustavo Alarcón Herrera llegaron en varias camionetas a Chautipan y fuera de la comisaría protagonizaron un pequeño acto de entrega de juguetes a los niños.
Días antes de la visita de la gobernadora, los pobladores protestaron porque sus hijos tenían varios meses sin clases porque los profesores no iban.

Al concluir el evento oficial, el comisario y los familiares de los 17 pobladores se acercaron para tratar de abordar a la gobernadora, pero Salgado Pineda se dio la media vuelta y se subió a su camioneta blindada.

Una de las viudas cuenta que la mandataria estatal llegó con decenas de escoltas que la protegieron para que nadie la molestara.
Integrantes del colectivo que da acompañamiento a las nueve viudas y 20 huérfanos de Chautipan sufren revictimización del gobierno estatal, la FGE y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), esta última que preside Cecilia Narciso Gaytán.

Las familias como víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos tienen derecho al apoyo mensual de 2,500 pesos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero desde hace tres meses les han negado el apoyo.

Las autoridades les prometieron despensas y becas a los huérfanos, pero tampoco les han otorgado este beneficio.

Hace unos meses el subsecretario de Desarrollo Social y Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, envió a las familias algunas despensas y en algunas de estas se encontraron bolsitas de maicena con el polvo lleno de hongos. De ese tamaño fue la burla del gobierno estatal a las familias de Chautipan.

El centro de salud y las escuelas primaria y telesecundaria siguen cerrados; en el primero de los casos porque no hay médico, enfermera, medicamentos y, en el segundo, los profesores se niegan a ir a la comunidad porque no hay acceso por falta de transporte público.

La presencia de la Comisión de Derechos Humanos que encabeza Narciso Gaytán empezó el 7 de noviembre cuando los familiares de los 11 asesinados acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) a reclamar los cadáveres.

Una de las activistas del colectivo sostiene que la CDHEG lo único que ha hecho es presenciar cuando los familiares se reúnen con algún funcionario o en la Fiscalía o protestan, pero no abrió ninguna investigación.

“Creemos que la comisión no inició la investigación para no enviar una recomendación a la fiscalía o a la gobernadora porque no la quiere incomodar”, aseguró la activista.

El tercer visitador de la CDHEG, Román Jaimez Contreras, confirmó que este organismo no realiza ninguna investigación del caso de Chautipan y lo único que ha hecho es darle acompañamiento a los familiares en sus reuniones con los funcionarios y ser gestores “de los apoyos sociales” que les da el gobierno.

Incluso, mencionó que la comisión gestionó ante el gobierno de Salgado Pineda la donación de los ataúdes para los once cadáveres a los deudos.

“Nosotros no participamos en las búsquedas porque no es nuestra facultad porque esas actuaciones las realizan la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Materia de Desapariciones Forzadas”, mencionó Jaimez Contreras.

En caso de que la FGE o el gobierno del estado tenga alguna responsabilidad al no investigar para hacer justicia a los familiares de los 17 comerciantes de la comunidad de Chautipan, la CDHEG no podrá emitir una recomendación a las autoridades porque no llevan ninguna investigación del caso.

Según el visitador, Jaimez Contreras, a la Comisión no le ha llegado ninguna denuncia por parte de la parte afectada.
“Nosotros no podemos actuar de oficio, eso dice la ley”, dijo.
Narciso Gaytán se negó a dar una declaración pormenorizada sobre el caso Chautipan.

“No llevamos el asunto en forma directa”, se limitó a decir.

Chirrionazo

Al alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, le importa un bledo lo que digan sus detractores acerca de que la plaza central Primer Congreso de Anáhuac esté convertida en un gran tianguis, dejando a la ciudadanía sin un espacio público de esparcimiento.
Dos diputadas locales, una de ellas de su propio partido el PRI, subieron a tribuna para exhortar a Alarcón Herrera para que deje un espacio en la plancha del Zócalo para que se realice la feria del libro.

Pero al edil le importó una pura y dos con sal esas dos peticiones. Desde este viernes, gran parte de la plaza central ya estaba instalado el tianguis.

¿De cuánto es el billete que le están untando la mano a las autoridades municipales? ¿Serán los inspectores del Ayuntamiento los que en verdad están cobrando la cuota o será alguien más?