En Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, se impuso el imperio de las balas.

Desde hace seis años, organizaciones criminales mantienen un control territorial en esta zona que es una de las entradas a la Sierra.

Pareciera que los gobiernos facilitan las actividades de las agrupaciones criminales porque no se entiende que teniendo todos los instrumentos tecnológicos y la fuerza militar y policiaca no realizan acciones para frenarlas.

La ola criminal se ha intensificado en este municipio  —ubicado a 40 minutos de Chilpancingo— desde agosto del 2023.

Desde ese tiempo, los habitantes de la cabecera municipal viven en un toque de queda. Aterrorizados con las persecuciones a balazos, las ráfagas de metralletas contra las casas y el estallido de drones durante las noches e incluso a plena luz del día. El cierre de comercios, escuelas de educación básica y media superior y la suspensión de labores en el ayuntamiento, es parte del saldo de la violencia en la cotidianidad de  Chichihualco.

Desde agosto del 2023, 25 escuelas están cerradas y 6 mil estudiantes reciben clases de manera virtual.  

Los eventos religiosos, culturales y el acto cívico más importante, el natalicio del general Nicolás Bravo que se celebra el 10 de septiembre, se han suspendido en los dos últimos años por la violencia.

El único habitante que seguramente no se preocupa de lo que pase en este municipio es su alcalde Leonardo Maldonado Zúñiga quien desde que fue candidato a este cargo postulado por Morena tiene asignadas dos patrullas de la Guardia Nacional.

Pese a que el morenista ya tiene más de tres meses en el cargo aún tiene protección del gobierno federal.

Leonardo Maldonado ganó las elecciones el 2 de junio del 2024 sin que se registrara ningún incidente. ¿Habría algún arreglo del morenista con las organizaciones criminales para que se alzara con la victoria?

Dos hechos que ocurrieron recientemente y que demostró el poderío de las organizaciones criminales fue el rescate de dos de sus integrantes que fueron detenidos por elementos de la policía estatal y agentes ministeriales que lo trasladaban en una patrulla en la carretera Chichihualco-Chilpancingo.

El comando armado de cien individuos, según un informe oficial, interceptó a los agentes a quienes sometieron y se les obligó entregar a los dos delincuentes.

La mañana del 6 de octubre del 2023, el ex alcalde priísta de este municipio de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán y un grupo de campesinos abordaban una camioneta cuando fueron atacados a balazos por hombres armados en el centro de Chichihualco.

Como consecuencia del ataque, el ex edil murió en el hospital general “Raymundo Abarca” en Chilpancingo y sus cinco acompañantes que resultaron heridos sobrevivieron pero ya no regresaron a su comunidad de Los Morros por miedo a sufrir otra agresión armada. 

El priísta gobernó este municipio del 2018 al 2021, tuvo varios desencuentros con el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores a quien le reclamó su falta de apoyo con mil 800 personas que fueron expulsadas de sus pueblos por la autodenominada policía comunitaria de Tlacotepec y que según las autoridades está vinculada con el cártel de Los Tlacos que dirige Onésimo Marquina.

El desplazamiento forzado de las familias de las comunidades de Filo de Caballos, Los Morros, Polixtepec, Campo de Aviación y Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo, y de la localidad de Izotepec, del municipio de Heliodoro Castillo, ocurrió en noviembre del 2018. Las familias desplazadas estuvieron viviendo varios meses en el auditorio municipal de Chichihualco en condiciones infrahumanas.

Ismael Cástulo, les dio comida, ropa y dinero a la gente.

En 2019 cuando se registró una oleada de violencia en la cabecera de este municipio y en varias comunidades derivado de que las familias desplazadas realizaban protestas para exigir al gobierno les garantizara el regreso a sus pueblos, se acrecentó la pugna entre el alcalde Ismael Cástulo y el gobernador.

Fue entonces cuando el gobierno de Astudillo a través de Comunicación Social instrumentó una campaña sucia contra Ismael Cástulo filtrando a los medios de comunicación una fotografía en la que aparece el edil en una supuesta reunión con el líder de la organización criminal Cártel de la Sierra, Isaac Navarrete Celis, alías “El Señor de la I”.

Si Astudillo sabía que Ismael Cástulo tenía nexos con el líder de este grupo criminal no lo denunció ante las autoridades, pues seguramente en las elecciones del 2018, aprobó que la dirigencia estatal del PRI lo designara candidato a la alcaldía de Leonardo Bravo.

En 2016 Cástulo Guzmán y el líder transportista Servando Salgado encabezaron a miles de campesinos de comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo la toma de la autopista del Sol de donde fueron desalojados por la entonces policía federal y estatal.

Las demandas de los manifestantes eran la realización de obras sociales y que se les permitiera la siembra legal de la amapola.

Ismael Cástulo y Servando Salgado y otras 15 personas fueron detenidas. A Cástulo Guzmán y a Servando Salgado, el gobierno los acusó de tener vínculos con un grupo criminal.

Sin embargo ambos fueron dejados en libertad y en 2018, Ismael Cástulo, tomó protesta como alcalde de Leonardo Bravo y Servando Salgado a diputado local por el Partido del Trabajo (PT) y tuvo una fugaz permanencia en las filas de Morena para posteriormente declararse independiente.

En cuanto a Isaac Navarrete, otro de los principales protagonistas en esta trama que vive el municipio de Leonardo Bravo su poderío disminuyó en el 2019 cuando “Los Tlacos” tomaron el control de esta zona.

Navarrete Celis, el “Señor de la I” quien en sus años de poder vivía en su rancho en la comunidad de Tepozonalco -a 15 minutos de Chichihualco- se desplazó fuera de Guerrero y regresó pocos meses después que asumió la gubernatura la morenista Evelyn Salgado.

Y desde el 2023, Navarrete Celis y su grupo que aparentemente se alió con Los “Ardillos” y “La Familia Michoacana” ha protagonizado una guerra contra “Los Tlacos” en  Chichihualco pagando las consecuencias a la población civil.

La violencia que vive este municipio desde hace años ha sido foco de atención por parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en agosto del 2022 envió a esta cabecera municipal la Relatora Especial sobre Desplazamiento Forzado, Cecilia Jiménez-Damary.

La Relatora tuvo una reunión con las familias desplazadas de noviembre del 2018 de comunidades de la Sierra y de la localidad de Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala que fueron expulsadas por la organización criminal de Los Ardillos.

En esa reunión, una mujer, le dijo a Cecilia Jiménez que al grupo criminal de “Los Tlacos” que la sacó a ella y a su familia de su pueblo, ya no le interesa la siembra de la amapola sino los recursos forestales y la minería.

En su relato, la mujer, contó que el que dirigió la irrupción armada para sacarlos de sus pueblos fue Juan Castillo Gómez alías “El Teniente”, lugarteniente de Onésimo Marquina. “El Teniente” fue asesinado a balazos por la supuesta policía comunitaria en el 2019 tras la ruptura que tuvo con Onésimo Marquina.

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos quien desde el 2019 da acompañamiento a las familias desplazadas por la violencia de las comunidades del municipio de Leonardo Bravo, asegura que la Relatora de la ONU, ya hizo una condena al gobierno mexicano de la situación de violencia que vive la población de esta zona.

Cecilia Jiménez-Damary, ya prepara una recomendación al gobierno mexicano para que atienda a las familias que viven en una situación de zozobra en Chichihualco.

En el 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 171-2023 al gobierno del estado y a las autoridades de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.

La recomendación establece que el gobierno debe de brindar a las familias desplazadas por la violencia a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y al trabajo.

“La recomendación ya está en manos del gobierno de Evelyn Salgado y desde el 2023 no la acata pues es evidente que a ella no le importa lo que le pase a la gente que vive en la violencia”, dijo la activista Teodomira Rosales.

Desde 2020, Rosales Sierra salió de Guerrero tras recibir amenazas de muerte y hasta la fecha sigue siendo hostigada e intimidada a través de llamadas telefónicas.

“No sabemos quien me sigue amenazando a través de mensajes”, dijo la directora del Centro Morelos.

De las 1,800 personas que fueron expulsadas de sus comunidades por la supuesta policía comunitaria en noviembre del 2018, unas se fueron a los estados de Morelos, Estado de México, otras viven en Chilpancingo y desde el 2023, 290 están en Estados Unidos.

“Ya solamente están 300 personas viviendo en Chichihualco en condiciones de extrema pobreza porque el gobierno no los atiende”, dijo Teodomira Rosales.

El 6 de enero se registraron varios ataques armados a casas en Chichihualco y al día siguiente la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que las fuerzas de seguridad federal y estatal detuvieron a 12 presuntos integrantes de la organización criminal que dirige Isaac Navarrete además de armamento que fue hallado en una casa de seguridad.

Pero este 9 y 11 de de enero, la delincuencia realizó más acciones de violencia con un saldo de varias viviendas, asaltó una tienda de conveniencia y un hombre fue asesinado a balazos en una de las calles de Chichihualco.

“A nosotros nos preocupa la seguridad de la gente desplazada que vive en Chichihualco porque el gobierno no hace nada; yo creo que desde el mismo Palacio de Gobierno en Chilpancingo están coludidos con estas mafias”, asegura Teodomira Rosales.

De acuerdo al censo del INEGI que se publicó en el 2020, el municipio de Leonardo Bravo cuenta con una población de 26 mil 357 habitantes que están dispersados en 46 comunidades.

Chichihualco, que es la cabecera y que desde hace décadas era famosa por la maquila de balones de futbol, la ganadería, la producción del mezcal y la miel, tiene 10 mil habitantes.

“La delincuencia aparte de que nos arrebató nuestra tranquilidad también nos quitó el gusto de festejar a nuestros fieles difuntos, a nuestro santo patrono San Miguel Arcángel y hasta acudir a disfrutar las caminatas al cerro o a las calles”, dijo uno de los habitantes de esta localidad.

CHIRRIONAZO.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ordenó a sus funcionarios que obligaran a los trabajadores que acudieran a la plancha del zócalo de la Ciudad de México para echarle porras a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su informe de cien días de gobierno.

Dicen las fuentes del Palacio de Gobierno que la orden de “La Torita” fue tajante: “el funcionario que desobedezca la orden será destituido y los trabajadores que no quieran ir serán despedidos”.

Y pues al parecer esa orden la cumplieron los funcionarios ya que este domingo en punto de las 2 de la madrugada los burócratas llegaron a Palacio de Gobierno para abordar los vehículos que los trasladó a la Ciudad de México pese a que hacía un frío  terrible y no se habían recuperado del sismo que sacudió a esa hora a esta entidad.

El que secundó a Evelyn Salgado fue el delegado estatal del Bienestar, Iván Hernández Díaz quien también exigió a las coordinadoras de los programas sociales y a las y los trabajadores que hicieran presencia en el informe de 100 días de su jefa Claudia Sheinbaum.

Iván Hernández quien pretende un hueso en las elecciones del 2027, ordenó que se alquilaran vehículos para el traslado de los trabajadores a quienes citaron a las 11 de la noche de este sábado en el parque Margarita Maza de Juárez.

Tanto Iván como Evelyn bien que aprendieron las prácticas del viejo PRI. Y luego dicen que son diferentes.