El Poder Judicial de Guerrero, ese que siempre ha estado sometido al Ejecutivo y que tiene un historial de corrupción y nepotismo, está entrampado debido a la renuncia de once magistrados y al menos 30 de los 80 jueces de primera instancia de los 29 distritos jurisdiccionales que demandan su haber de retiro y pensión vitalicia.

Con su dimisión, los juzgadores buscan recibir diversos beneficios económicos que alcanzarían hasta 100 por ciento de pensión vitalicia en los casos que hayan cumplido 20 años de servicio.

O sea, un magistrado recibirá 110 mil pesos y los jueces 52 mil pesos mensuales de acuerdo con las versiones de algunos de ellos y que, aseguran, es lo que perciben de salario.

Magistrados y jueces que ya presentaron su solicitud de retiro ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, advirtieron que en caso de que no le sea aprobada interpondrían un amparo ante la justicia federal para que se les haga valer ese derecho.

La rebelión de los juzgadores surgió luego de que el Congreso local aprobó el pasado 12 de marzo la armonización de la reforma al Poder Judicial, que entrará en vigor en el 2027, establece la elección de magistrados y jueces, pero su pensión ya no será vitalicia y su haber de retiro será de acuerdo a los años que haya estado en el servicio, es decir, recibirán muchísimo menos beneficios económicos.

Por ello, los magistrados que ya presentaron su solicitud de retiro son Olga Iris Nájera, Antonia Casarrubias García, Rubén Martínez Rauda, Jesús Martínez Garnelo, Norma Leticia Méndez Abarca, Esteban Pedro López, Raymundo Casarrubias Vázquez, Vicente Rodríguez Martínez, Alberto López Celis y María Elena Medina.

En el caso de Alberto López Celis, quien fue presidente del Poder Judicial durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores, ya le aceptaron su solicitud de retiro a mediados de este marzo, antes de que se aprobara la reforma.

En mayo próximo concluirán su segundo y último período la magistrada Adela Román Ocampo y el ex presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, pero ya se adelantaron presentando su solicitud de retiro.

Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial excluye de estos beneficios económicos de haberes de retiro y pensiones vitalicias a los actuarios, proyectistas y secretarios de acuerdos y los más de 150 jueces de paz de los 83 municipios de Guerrero.

El Tribunal Superior de Justicia está integrado de 22 magistrados, 19 numerarios y 3 supernumerarios.

Actualmente el órgano de justicia tiene 18 magistrados porque dos de ellos, Rafael Fernando Sadot Ávila y su ex presidente, Edmundo Román Pinzón ya fallecieron y dos más, Alberto López Celis y Julio Lorenzo Jáuregui, ya tienen su haber de retiro.

En el caso de Román Pinzón fue asesinado a balazos por un grupo armado en diciembre del 2024.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda tendrá que enviar al Congreso una lista de seis propuestas para que suplan a los seis magistrados que durarán en el cargo hasta el 2027, porque en ese año habrá una primera elección en urnas de un 50 por ciento de juzgadores (la otra en 2033) aunque los que estén en funciones tienen derecho a participar como candidatos.

Para no variar en eso de colocar amigos en los cargos, Salgado Pineda ya palomeó al primer aspirante a magistrado que enviará en ese paquete en un decreto al Congreso.

Se trata de Edgardo Mendoza Falcón, quien fue Secretario General de Acuerdos y en enero de este 2024, el presidente del Poder Judicial, Ricardo Salinas Sandoval, cercano a los Salgado, lo designó director del Instituto para el Mejoramiento Judicial.

Isis Peralta Salvador, jueza de ejecución penal quien en vez de estar en su juzgado se va a los actos políticos del senador Félix Salgado Macedonio, es otra propuesta de la gobernadora para que sea magistrada del Poder Judicial.

En caso de que el Consejo de la Judicatura que preside Salinas Sandoval apruebe la solcitud de retiro de los magistrados, Olga Iris Alarcón Nájera, Antonia Casarrubias, Rubén Martínez Rauda, Jesús Martínez Garnelo, Norma Leticia Méndez Abarca, Esteban Pedro López, Vicente Rodríguez y María Elena Medina, la gobernadora Evelyn Salgado tendrá que enviar otro decreto al Congreso con las propuestas de quienes los suplan.

Aunque faltan dos años para que entre en vigor la reforma al Poder Judicial local, jueces de primera instancia están muy nerviosos porque ya no gozarán de su pensión vitalicia que representa un beneficio como si fuera un servidor judicial en activo.

“Aceptar las renuncias de magistrados y decenas de jueces de primera instancia con beneficios que actualmente está en la ley orgánica del Poder Judicial se le haría un gran boquete financiero a su presupuesto que ya de por sí más de 90 por ciento se destina al pago de salarios y pensiones y casi nada de dinero para mejorar las instalaciones de los juzgados”, dijo una fuente.

Pero la orden que el senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora le hicieron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Urióstegui García de aplazara la elección de magistrados y jueces de primera instancia hasta el 2027 solo calentó el avispero al interior del Poder Judicial, donde anida la corrupción, el amiguismo y nepotismo.

Ante la rebelión de magistrados y jueces, los Salgado y el magistrado Salinas Sandoval, a quien lo impusieron como presidente del Poder Judicial a partir de diciembre del 2024, tendrán que operar para enfrentar este problema que podría paralizar la ya de por sí lento sistema judicial.

Salinas Sandoval, quien ha tenido diversos cargos en el Poder Judicial, desde proyectista, secretario auxiliar y juez de primera instancia, también ha sido jefe de la Policía Municipal de Acapulco en el 2002 cuando gobernaba el alcalde perredista, Alberto López Rosas.

Hay que recordar que Salinas Sandoval junto con su hermano Arturo, director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y su hijo, Ricardo Salinas Mendez, Oficial Mayor del Gobierno del estado, forman una pequeña dinastía en el gobierno de los Salgado.

Así uno de los Salinas maneja la impartición de justicia, otro la movilidad vial (controlando al pulpo del transporte que en muchos casos tiene nexos con los grupos del crimen organizado) y el tercero, las finanzas del gobierno estatal. No es una cosa menor.

Pero la podedrumbe en el TSJ de Guerrero no es nueva, desde hace décadas ha sido denunciado por ciudadanos, barras y colegios de abogados.

El ex diputado federal, el morenista Rubén Cayetano García propuso hace ocho años una reforma al Poder Judicial que establecía que el nombramiento de los magistrados ya no corriera a cargo del Ejecutivo, que se transparentara el recurso del Fondo Auxiliar y que los jueces y magistrados sean inhabilitados cuando incurran en actos de nepotismo, corrupción, acoso sexual, laboral, conflicto de interés y fraude procesal.

En la reforma del Poder Judicial local que aprobó el Congreso, contempla la elección de jueces y magistrados pero no las sanciones penales en su contra por incurrir en esas irregularidades como la propone Cayetano García.

Algunos de los magistrados que ya solicitaron su retiro para seguir gozando de privilegios económicos sin estar en activo es Vicente Rodríguez, quien en 2022 durante un paro de labores de los trabajadores que exigían pago de salarios y respeto a la carrera judicial, lo acusaron de haber impuesto a sus hijos Cristian y Alberto Rodríguez como jueces.

Antonia Casarrubias, otra de las magistradas que ya adelantó su petición de retiro, es señalada de haber colocado a sus familiares en cargos en el Poder Judicial.

Otro magistrado con un oscuro antecedente es Jesús Martínez Garnelo quien durante el gobierno de Ángel Aguirre fue presidente del Poder Judicial y secretario General de Gobierno, cargo al que renunció por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en el 2014. También Aguirre Rivero dejó la gubernatura.

En 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) restituyó como magistrado a Jesús Martínez Garnelo quien en 2001 junto con su homólogo Miguel Maya Manrique fueron inhabilitados por el Congreso por haber dejado en libertad al jefe de una banda de secuestradores, Pedro Barragán, al revocarle su sentencia condenatoria.

Otros de los magistrados que han sido acusados de imponer a sus familiares son los casos Hugo Nava Solís quien influyó ante el Consejo de la Judicatura para que su hijo Víctor Hugo Nava lo nombrara juez de primera instancia.

O el caso del magistrado, Paulino Jaimes Bernardino quien asumió el cargo en 2017 y en su gestión su esposa Yolanda Mora Silva fue designada como jueza de Control y Enjuiciamiento Penal.

Paulino Jaimes era activo militante del PRD, fue magistrado del Tribunal Electoral Estatal y en 2017 por propuesta del gobernador priísta Astudillo Flores, el Congreso lo nombró magistrado del Poder Judicial.

Yolanda Mora, la jueza, inició este domingo su campaña para magistrada de una de las plazas de uno de los tribunales colegiados federales para la elección del próximo primero de junio.

El Poder Judicial local no informó si Yolanda Mora solicitó licencia para competir en la elección a magistrada federal.

Ahora Paulino Jaimes y su esposa Yolanda Mora, son allegados a los Salgado.

Dos magistrados en retiro que cuando estaban en funciones fueron cuestionados, es Miguel Barreto Sedeño quien en 2002 junto con la entonces consejera suplente del Consejo Estatal Electoral (CEE) Guadalupe Pavia y su asesora Alma Delia Eugenio Alcaraz fueron sorprendidos en la oficina de defensa del voto del PRI presuntamente elaborando los recursos de impugnación que iban a presentar este partido ante un órgano electoral.

Actualmente Alma Delia Eugenio Alcaraz, identificada con el PRI, es presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Otro caso es el de Lambertina Galeana Marín, magistrada en retiro y presidenta del Poder Judicial durante el gobierno de Ángel Aguirre en 2014.

El nombre de Galeana Marín salió entre un grupo de militares del 27 Batallón de Iguala en un informe de la Comisión de la Verdad y Justicia en donde la señalaban de ser presunta responsable del ocultamente de los videos donde se ve como a un grupo de 17 normalistas de Ayotzinapa son sustraídos de un autobús por hombres civiles armados y policías municipales frente a las oficinas de Ciudad Judicial, en Iguala, la noche del 26 de septiembre del 2014.

Finalmente la magistrada y otros jefes militares fueron exonerados de esa carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2017, durante el gobierno de Héctor Astudillo, el magistrado presidente del Poder Judicial, Robespierre Robles Hurtado, solicitó licencia al Congreso y meses después declinó regresar al cargo.

Robespierre Robles fue nombrado magistrado por el Congreso a pesar de que nunca había tenido un cargo administrativo o jurisdiccional en el Poder Judicial.

El magistrado renunció luego de que se difundió un video donde estaba jugando en un casino en Las Vegas.

Robespierre es hijo del ex procurador de Justicia y ex Secretario General de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, quien en 2005 fue asesinado a balazos por un grupo armado cuando estaba desayunando en el restaurante El Mirador, en La Quebrada, en Acapulco, zona donde tenía su casa residencial.

En opinión de Carlos Marx Barbosa, presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, la corrupción en el Poder Judicial ha significado “un lastre” para Guerrero y cree que el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados hasta 2027 fue una “jugada” del senador Félix Salgado y su hija Evelyn Salgado.

“Realmente lo que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Urióstegui es obedecer a ciegas lo que le dijo Félix; ¿a poco Jesús Urióstegui no sabía que para hacer una elección de magistrados y jueces no se requería presupuesto?

El legislador morenista argumentó que uno de los principales motivos para aplazar la elección de magistrados y jueces en Guerrero es porque en la Ley de Egresos aprobada en diciembre del 2024 no se planteó un presupuesto.

El juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Tecpan de Galeana, Andrés de la Rosa Peláez, consideró que la reforma al Poder Judicial local debió contemplar que la elección de los juzgadores debe ser en tres fases y no en dos como está planteada.

“Los nuevos jueces que van a entrar en funciones me atrevo a pensar sin ninguna experiencia y eso puede provocar que sus resoluciones no estén bien amarradas, tengan errores”, dijo el juez.

Andrés de la Rosa quien tiene 17 años trabajando en el Poder Judicial y de esos 12 años como juez, dijo que él ya solicitó su retiro al Consejo de la Judicatura.

“No sé si me voy aguantar los otros dos años aquí en el juzgado pero lo que sí es cierto, es que no voy a participar en la elección en el 2027 y por eso estoy solicitando mi retiro al igual que muchos jueces”, sostuvo.

Mencionó que en su caso, con los años que lleva en el Poder Judicial, le tocaría una pensión con un 70 por ciento equivalente a su último salario que tiene como juez.

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su ártículo 66 establece que los magistrados y jueces pueden tener una pensión vitalicia; a los que hayan estado 12 años en servicio un 50 por ciento de salario; el de 15 años, un 75 por ciento y al de 20 años, con un 100 por ciento.

Andrés de la Rosa planteó que debió de hacerse una reforma de justicia integral y no solamente a los órganos jurisdiccionales.

“A nosotros como juzgadores nos echan la culpa de que un presunto delincuente salga libre pero no saben que uno lo hace porque las pruebas que nos presenta el Ministerio Público son endebles, tienen falta de pruebas”; nosotros resolvemos en base a lo que un Ministerio Público nos presenta en su carpeta de investigación, aseveró.

Andrés de la Rosa fue secretario de acuerdos del Poder Judicial, reconoce que existe nepotismo y corrupción en este órgano de justicia, “pero no somos todos”.

Chirrionazo

Resulta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda palomea qué reportero y reportera acuden los martes y jueves a su conferencia matutina patito.

A los asistentes no solo les hace firmar una hoja en la que se comprometen a preguntar solo del tema que ha seleccionado para el día el titular de Comunicación Social, René Possetl Aguirre.

Sino que también al final se toman la foto oficial y para el recuerdo con la gobernadora. ¡Pura prensa amiga! Fuera máscaras, la duda más allá de la simulada mañanera es: ¿Habrá además apoyito para cada asistente o su asistencia es un pase de lista de quienes gozan del convenio?

Ojalá la gobernadora ya se deje preguntar temas de relevancia e interés para los guerrerenses.