Feminicidio de Ayelín, más de
cinco años sin justicia
Jesús Guerrero
Chilpancingo
8 de marzo de 2026
En lo alto de un cerro repleto de follaje seco y cerca de una antena de alta tensión está una galera de 30 metros cuadrados. Ahí, desde hace más de tres años, alumnos de preescolar, primaria y secundaria reciben clases entre polvo y la falta de agua, luz, baños, pupitres y pizarrones.
En esta improvisada escuela estudian cinco niños de nivel preescolar, 12 de educación primaria y seis de secundaria, que son atendidos por una maestra y dos maestros.
La construcción rústica, sin ventanas ni puertas, sin baños y con un techo que tiene sobrepuestos pedazos de lámina galvanizada y asbesto, se ubica en la comunidad Nuevo Guerrero, que pertenece al municipio de Eduardo Neri.
En esta pequeña zona rural, las familias viven otra realidad ante la falta de todos los servicios públicos.
“No se olviden que el lunes tenemos homenaje a la Bandera y tienen que venir temprano”, ordena el profesor Gerson Benguiat Herrera Francisco a sus alumnas.
Flora Marcelo Rojas tiene un grito contenido; confiesa: está “encabronada”. El 9 de febrero la magistrada Indalecia Pacheco León ordenó la liberación a los cuatro hombres que una jueza sentenció a 40 años de prisión por el feminicidio de su hija, Ayelín Iczaé Gutiérrez Marcelo, de 13 años de edad, ocurrido en octubre de 2020.
Para Flora, la resolución no es sólo el resultado de todo un proceso judicial adulterado, sino una “violatoria a los derechos humanos y de las garantías individuales que ha causado gran indignación social”.
En medio de la injusticia, Flora sostiene ha encontrado un motor inesperado: la solidaridad.
“En cuanto lo hicimos público, mi familia y yo hemos recibido mensajes de apoyo de muchas personas solidarias”, dice.
La lucha de Flora es contra la negligencia institucional. A la herida de la liberación de los sentenciados, se suma la dolorosa ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) porque 89 restos de Ayelín aún no han sido localizados, a pesar de las múltiples búsquedas.
“El amor y la solidaridad demostradas a mi hija y a mi familia me dan la fuerza y certeza de saber que hay mucha gente de buen corazón que nos acompaña y a esas personas les digo que se hará justicia, que no descansaremos hasta lograrlo”, afirma.
Lejos de rendirse, Flora exige que el Estado asuma su responsabilidad y, pide se abra una mesa de trabajo con las secretarias de la Mujer a nivel federal que encabeza Citlali Hernández y a nivel local, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, así como la fiscal federal en Guerrero, Neyra Salgado Miranda, para que se analice el caso de Ayelín.
Hoy, Flora se unirá a los colectivos feministas en una marcha en Chilpancingo para exigir justicia por su hija Ayelín.
La resolución
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Indalecia Pacheco León, revocó la sentencia de 40 años de prisión de los cuatro acusados por el feminicidio de Ayelín, con base ea las deficiencias de prueba que presentó la FGE, cuando pudo determinar la reposición del procedimiento para subsanar los vicios y omisiones, pero no lo hizo.
El 7 de octubre de 2025, la jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, Mariela Soraya Alfaro Zapata, dictó una sentencia de 40 años de prisión y la reparación del daño por la cantidad de 623 mil 423 pesos con 20 centavos en contra de Aurelio Guillermo Rodríguez, Juan Pablo de la Cruz Reyes, Hugo Guerrero Rico y Eliazer Casarrubias Juárez por el delito de feminicidio en agravio de Ayelín.
El 9 de febrero, Pacheco León, a quien le tocó revisar el recurso de apelación que interpuso en segunda instancia el abogado de los cuatro acusados, revocó la sentencia y los declaró en libertad absolutoria a partir de ese día.
Las asesoras jurídicas del Instituto del Poder Judicial de la Federación interpusieron un recurso de amparo ante un juzgado federal para que revise el caso de Ayelín.
De acuerdo a las asesoras que llevan el caso, si la magistrada detectó las debilidades que tenía la investigación y de las pruebas debió determinar la reposición del procedimiento y haber revocado la sentencia de la jueza.
El abogado litigante, Valentín Sandoval Montiel, afirmó que si Pacheco León revocó la sentencia condenatoria contra los cuatro acusados es porque encontró deficiencias en la aportación de pruebas del Ministerio Público.
“Sí se puede (en un juicio en primera y segunda instancia) solicitar la reposición del juicio, siempre y cuando un juez o jueza no haya valorado pruebas que se presentaron durante el proceso”, explicó el abogado.
Flora afirmó: “Estoy muy enojada y encabronada, desconozco sus intereses ( de la magistrada) del por qué haya dictado la revocación de la sentencia”.
Ayelín fue privada de su libertad el 15 de octubre de 2020, cuatro días después fueron hallados sus restos.
Este feminicidio ocurrió hace más de cinco años, Flora asegura que con la liberación de los cuatro sentenciados ahora el caso “está en ceros”.
En la resoución que emitió la magistrada Pacheco León establece que el Ministerio Público no ofreció prueba directa sólida contra los cuatro presuntos feminicidas.
La única testigo que presentó el Ministerio Público dijo ante la jueza que nunca supo qué decía el contenido de un documento que firmó entre el 16 y 17 de octubre de 2020, en una oficina de Chilpancingo donde la llevaron varios policías vestidos de civil quienes la recogieron en su trabajo para decirle que con sus vecinos de la colonia La Candelaria, en Tixtla, la invitaban a participar en la búsqueda de Ayelín.
Según la carpeta de investigación, la tarde del 15 de octubre de 2020, Ayelín salió de su casa atendiendo el llamado de Flora, para que se trasladara a la colonia Santa Cruz donde trabajaba en una recicladora ubicada en la carretera federal Tixtla-Chilapa.
La acusación del Ministerio Público relata que Ayelín tras salir de su vivienda pasó a la casa de una vecina para cargar su teléfono celular y posteriormente se fue caminando por una vereda y al llegar a unos 500 metros cerca de una barranca fue interceptada por Aurelio Guillermo Rodríguez, alias “La Curia”, Juan Pablo de la Cruz Reyes, alías “El Tribilín”, Hugo Guerrero Rico “La Zoé” y Eliazer Casarrubias Juárez, quienes la sometieron por la fuerza, se la llevaron, violaron y la privaron de la vida golpeándola en la cabeza con un objeto contundente.
En la misma imputación, refiere que el 18 de octubre alrededor de las 9 de la noche, los cuatro individuos fueron a depositar los restos de Ayelín en las cercanías del mismo lugar, es decir, a un lado de la barranca de La Candelaria.
La mañana del 19 de octubre, fueron encontrados los restos de Ayelín por los señores Eduardo Gatica Saldaña y Bertoldo Marcelo Rojas, ambos vecinos de esta colonia.
De acuerdo al único testimonio que presentó el MP, la mujer declaró que a las 9 de la noche del 18 de octubre, apoyada por una lámpara de luz salió de su casa para ir por su esposo y se trasladó por una vereda que va hasta la colonia La Candelaria, en el trayecto le dieron ganas de hacer sus necesidades fisiológicas y se dispuso a realizarlas, luego observó a cuatro hombres quienes se le acercaron y ella les echó la luz hacia sus caras por lo que los reconoció.
Se trataba de Juan Pablo Guillermo, Eliazer Casarrubias Juárez, Aurelio Guillermo y Juan Pablo de la Cruz Reyes, a quienes identificó como sus vecinos.
La testigo dijo que se percató que Aurelio Guillermo Rodríguez y Juan Pablo de la Cruz llevaban una costalilla cada uno y que de estas se desprendían olores desagradables y que los restos de la adolescente Ayelín fueron encontrados en ese lugar al otro día.
Sin embargo, durante el juicio oral con la jueza Mariela Soraya Alfaro Zapata, la testigo negó haber acusado a los imputados y no reconoció el contenido de su entrevista que presuntamente le hizo el Agente del Ministerio Público, Pantaleón Loaeza Santos, el 23 de octubre de 2020, cuatro días después que fueron hallados los restos de Ayelín.
En su resolución, la magistrada Pacheco León señala que no se puede dar mayor valor a una entrevista ministerial como dato probatorio que a una declaración rendida en juicio.
Durante el proceso se determinó que el fluido seminal de los cuatro presuntos responsables liberados no coincidió con el perfil genético hallado en la cavidad vaginal de la víctima que fue violada.
El perfil genético corresponde a un quinto hombre que participó en estos hechos, el cual la Fiscalía General del Estado ni siquiera sabe de quién se trata a más cinco años del crimen.
La magistrada enumeró varias omisiones graves que incurrió la FGE para investigar el caso de Ayelín, entre ellas que no ofreció prueba directa adicional sólida; la testigo clave fue ofrecida por la asesoría jurídica, no por el Ministerio Público; no se presentó a un testigo identificado como “testigo uno”; no se realizó confronta genética de manchas encontradas en el tenis de la víctima; no se explicó porque uno de los acusados estaba detenido desde el 16 de octubre si supuestamente fue identificado hasta el 23 de octubre.
