La autodenominada Cuarta Transformación no ha podido controlar el poder del Ejército en la vida pública del país, lo cual se demuestra con la impunidad persistente en los crímenes que ha cometido en Guerrero en los últimos 50 años que se entrelaza con la clase política del estado.

Dos hechos recientes nos lo recuerdan: el homenaje al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, ahora Defensa) en tiempos de la guerra sucia, Hermenegildo Cuenca Díaz (1970-1976).

Y la falta de una respuesta clara del destino de los videos del Palacio de Justicia de Iguala que evidenciaron la presencia del Ejército durante la desaparición de 20 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, grabaciones por las que fue detenida hace dos semanas la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín.

Un repaso de la historia de Guerrero da cuenta de ese gran poder del Ejército por el que nunca se ha juzgado, por el que la izquierda revolucionaria fue reprimida y por el que mantiene un gran coto de poder en el Estado.

A casi siete años de la elección de Andrés Manuel López Obrador, la guerra sucia y el caso Ayotzinapa  —dos represiones separadas por 50 años pero que comparten el territorio: Guerrero—, siguen sin ser resueltos, no se sabe cuál es el paradero de los desaparecidos y los perpetradores están libres.

El primer presidente de México emanado de Morena se dedicó a defender al Ejército, de manera más acentuada al fin de su sexenio cuando se empezaron a pedir resultados de las investigaciones de los crímenes militares; su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo sólo ha silenciado. 

¿Por qué los presidentes de la República no pueden someter a una rendición de cuentas efectiva al Ejército? ¿De qué magnitud y de qué índole son los intereses de los militares que los han vuelto intocables a lo largo de la historia?

El Ejército es una institución que se cuece a parte dentro del Estado mexicano, estudiosos demuestran los esfuerzos de los militares por sostener el régimen nacido de la Revolución Mexicana.

Paul Gillingham escribe en aquel gran libro Violencia, coerción y formación del Estado en México en el siglo XX, cómo el Ejército se convirtió en “el pilar de la represión en el campo”, donde su misión de seguridad era “preservar el orden público”.

El Ejército estaba muy implicado en su función policial, pero también “en las relaciones económicas, políticas y criminales de las sociedades locales”, tan es así que, por ejemplo, ni Guerrero ni Veracruz tuvieron una fuerza policial estatal eficaz hasta finales de la década de 1940.

La historia oficial ofrece una imagen de convivencia pacífica entre los gobiernos civiles y el Ejército, a diferencia de varios países de América latina, los militares mexicanos dejaron el poder sin armas de por medio en 1946 al transitar del sexenio del general Manuel Ávila Camacho al del civil Miguel Alemán. 

Pero esta ausencia de balazos se sustentó en un pacto entre civiles y militares que estableció la no intervención de una esfera sobre la otra, “los civiles respetan el mundo militar y los militares respetan el mundo civil”, dice el académico Hugo Borjas en su artículo El Ejército en la configuración política del poder en México.

¿Sigue vigente ese pacto?

El 12 de mayo pasado, informó ese día el periódico La Jornada, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la ceremonia para la colocación de los restos fúnebres del general Cuenca Díaz, en el Panteón Dolores de la Ciudad de México.
“El general Cuenca, reconocido por su carácter estricto y firme, antepone su actuación ética, profesional y honesta, a su perseverancia, su talento renovador, a su autoridad, la intransigencia de sus convicciones”, destacó en el evento el vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, el general de División, Diplomado de Estado Mayor, Gastón Menchaca Arias.

El informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) señala que en marzo de 1971 Cuenca Díaz, entonces titular de la Sedena, instruyó a los órganos internos del Plan Telaraña para erradicar a los guerrilleros, percibidos como “maleantes” o “gavilleros”, para no dañar —por conveniencia— la imagen de México.

Esos “maleantes” eran el líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Genaro Vázquez Flores y el fundador del Partido de los Pobres (PDLP), Lucio Cabañas Barrientos, ambas guerrillas fueron reprimidas con base en la desaparición de cientos de campesinos, principalmente de la Sierra de Atoyac.

Además, apunta el informe final de uno de los equipos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) publicado en 2024, Fue el Estado (1965-1990), los militares violaron a mujeres “como estrategia para sembrar terror en la población, obligando a muchas personas con eso a salir de sus comunidades para resguardar su integridad y la de sus familias”.

Otro equipo del MEH en su informe final Verdades innegables por un México sin impunidad acusa: “ el Ejército es responsable de generar un estado de excepción que dio cabida a que grupos del crimen organizado tomaran el control de la sierra media de Atoyac”.

Asimismo, durante la gestión de Cuenca Díaz inició la práctica “sistemática” de los Vuelos de la muerte en 1974, por el que decenas de mujeres y hombres fueron lanzados al mar desde una aeronave que partía de la base militar de Pie de la Cuesta.

El MEH, uno de los cinco mecanismos que conformaron la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Covehj), creada en 2021 por López Obrador y finalizada a la par de su sexenio en septiembre de 2024, fue insistente en la falta de acceso de los archivos militares para investigar más sobre los Vuelos de la Muerte. 

López Obrador dijo que el Ejército sí entregó la información y Sheinbaum Pardo ha callado sobre el homenaje a Cuenca Díaz. 
Dos días después del homenaje a Cuenca Díaz, fue detenida Lambertina Galeana por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 26 de septiembre de 2024, dos de los cinco camiones tomados por los estudiantes de Ayotzinapa salieron de la estación de autobús de Iguala y tomaron  el camino de salida a Chilpancingo por el Periférico Sur hacia el Palacio de Justicia donde desaparecieron videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado.

El autobús Estrella de Oro 1531 llegó hasta el Puente de El Chipote y fue atacado por policías municipales de Iguala y Huitzuco de 9:40 de la noche hasta las 11 de la noche, además estuvieron presentes elementos de la Policía Estatal y la Policía Federal, y un militar de uno de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI) del Ejército recabó información en campo esa noche. 
El camión 3278 Estrella Roja —el enigmático quinto autobús escondido por las autoridades investigadoras y descubierto por el GIEI en 2015—, donde iba otro grupo de estudiantes  fueron amenazados y encañonados por la Policía Federal 100 metros antes del otro autobús, alcanzaron a huir.

El quinto autobús fue escoltado por la Policía Federal hacia la caseta de Iguala, el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo señaló en un documental de la BBC de inicios del 2024 que “posiblemente” iba cargado con heroína y afirmó que hay pruebas de que militares trabajaron “de la mano” con Guerreros Unidos para exportar drogas a Estados Unidos.

Gómez Trejo renunció a su puesto el 27 de septiembre de 2022, cuatro días después de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes de aprehensión de 83 autorizadas el 19 de agosto, entre ellas las de 16 militares de 20 originalmente giradas contra ellos, las 16 fueron reactivadas en junio de 2023.

Siete días después de la autorización de las 83 órdenes de aprehensión, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, señaló al coronel José Rodríguez Pérez de ordenar desaparecer y asesinar al menos a seis estudiantes.

Rodríguez Pérez se entregó el 14 de septiembre de aquel año junto con dos de sus subordinados; obtuvo libertad condicional el 6 de julio de 2024. Un anexo del informe a madres y padres de los estudiantes fechado el 8 de julio y publicado el día 25 por la Secretaría de Gobernación (Segob) incluye un reporte del Ejército que informa de siete militares detenidos, 13 menos de los 20 con orden de aprehensión.

La orden de aprehensión de Lambertina Galeana fue una de las 20 suspendidas en 2022 de las 83 giradas originalmente, de las cuales 25 son contra policías municipales de Huitzuco, corporación involucrada en el ataque en la zona del Palacio de Justicia.
El GIEI señala que los estudiantes de este autobús fueron llevados a Huitzuco y en su recomendación del 28 de noviembre de 2018, la CNDH señaló a El Patrón de ser el autor intelectual de la desaparición de los 43.

En octubre de 2022 se dio a conocer que el ex agente de la Policía Municipal de Huitzuco con nombre clave Damián, declaró a la FGR que entre policías locales denominaban al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer El Patrón.

En el gobierno de Sheinbaum Pardo se desconoce si estas líneas de investigación han avanzado, las reuniones que ha sostenido con los padres y las madres de los 43 se han empantanado por la demanda de que el Ejército entregue los 800 folios.

Un día después de la detención de Lambertina Galeana, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, depuesto por el caso Ayotzinapa, publicó una foto en su cuenta de X con los también ex mandatarios priistas Figueroa Alcocer y Héctor Astudillo Flores. 

Aguirre Rivero se deslindó de la presidenta de la TSJ y dijo desconocer los videos “que se dice destruyó”. 

Aguirre Rivero sustituyó a Figueroa Alcocer cuando el hijo del ex gobernador en los años más cruentos de la guerra sucia, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981), dejó el cargo el 12 de marzo de 1996 por la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, en manos de policías estatales el 28 de junio de 1995.

Durante el interinato de Aguirre Rivero, militares asesinaron diez pobladores na savi  y un estudiante que pernoctaban en los salones de la escuela Caritino Maldonado en la entonces comunidad de Ayutla El Charco, el 7 de junio de 1998.

El tercer personaje de la foto que sintetiza el poder ejercido en Guerrero fuera de las instituciones formales, es Astudillo Flores, quien comparte con Aguirre Rivero, entre otros aspectos, que en sus gobiernos fue detenido y torturado en 2014 y 2018 Marco Antonio Suástegui Muñoz.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) fue asesinado a balazos, murió el 25 de abril después de siete días hospitalizado por el atentado que sufrió el Viernes Santo; no obstante, no hay ningún detenido ni indicios formales del móvil a más de un mes del crimen. 

“Nos dimos un tiempo para compartir recuerdos de vivencias en común, analizar con seriedad y respeto la realidad de Guerrero y del país, y sobre todo, para ratificar los lazos de amistad y camaradería que el tiempo ha fortalecido”, escribió Aguirre Rivero, de origen priista, gobernador por el PRD y ahora cercano a Morena.

¿Analizar “con seriedad” qué?