Guerrero, detecta Federación 16 líderes criminales
Emiliano Tizapa, Jesús Guerrero y Arturo de Dios Palma
Chilpancingo
2 de marzo de 2026
Tras el presunto asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, las autoridades federales y locales tienen localizados a 16 líderes criminales con operaciones en Guerrero, entre las que resaltan la Familia Michoacana y Los Ardillos como las que controlan una mayor extensión de territorio de la entidad.
Luego de la operación del 22 de febrero en Tepalpa, Jalisco, fuentes federales de seguridad confirmaron que en Guerrero se tiene información de 16 organizaciones criminales, tres de ellos de alcance nacional: la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Caborca, este último bajo una célula de Los Rusos.
En el caso del CJNG, su operación se vio reducida a Zirándaro, en la Tierra Caliente de Guerrero y en la colindancia con Huetamo, Michoacán. El líder de la región es identificado como Audías Flores Silva, alias “El Jardinero” o “El Señor de las Flores”, según las autoridades era la mano derecha de Oseguera Cervantes y uno de los posibles sucesores al mando de esta organización criminal.
De acuerdo con información de seguridad, en Zirándaro opera para Flores Silva y el CJNG, Francisco Jaramillo Valdovinos, alias “El Serio”.
En el municipio de Coahuayutla, Zihuatanejo y Petatlán hay una pugna entre tres grupos: la Guardia Guerrerense liderada por Aliver Sánchez Coría, alias “El Ruso”; Los Viagras al mando de Gabino Sierra Santana, alias “El Ingeniero” y, Los Arreola liderados por Víctor Hugo Maldonado Guillén, alias “El H”.
Según las autoridades, Los Viagras mantienen una alianza con la Familia Michoacana para la disputa de Zihuatanejo, aunque su bastión se ubica en La Unión, en la colindancia con Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La Nueva Familia Michocana (FM) que lidera Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, de acuerdo con las autoridades opera en los municipios de: Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala del Pinzón, Tlapehuala y su bastión es Arcelia.
Aunque también la FM tienen el control de algunos municipios de la zona Norte de Guerrero: General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuahtémoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, Tetipac, Pilcaya y Taxco.
Un remanente de lo que fue Guerreros Unidos es La Bandera, grupo criminal que lidera Jhosmin Javier Flores Ascensión, con operaciones en los municipios de Buenavista de Cuéllar, Taxco, Iguala y Teloloapan.
El Cártel de la Sierra o Los Tlacos es otra de las organizaciones delictivas que opera desde Huitzuco de los Figueroa, Atenango del Río, Copalillo, Tepecoacuilco, Cocula, Cuetzala, Apaxtla, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Chilpancingo. Esta agrupación es liderada por Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”.
La capital de Guerrero es disputada también por Los Ardillos, que encabeza Celso Ortega Jiménez, alias “La Vela”. Sus operaciones han aumentado exponencialmente desde 2012.
Actualmente Los Ardillos tiene actividades en Juan R. Escudero, Tecoanapa, Mochitlán, Quechultenango, Acatepec, Tixtla, Zitlala, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Ahuacotzingo, Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Malinaltepec, Copanatoyac, Xalpatláhuac, Metlatónoc, Ilialtenco, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa el Grande.
Los Ardillos disputan Tlapa y Olinalá con un remanente de Los Rojos, encabezados por Juan Carlos de Marcos Larios, alias “El Sol”, quien además opera en Cualác, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Xochihuehuetlán, Tlalixtaquilla de Maldonado y Alcozauca.
Los Carillos son otra organización criminal, que según las autoridades lidera Vicente Rufino Carillo Salmerón y, opera en los municipios de Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec, colindantes con Oaxaca.
En la Costa Chica de Guerrero, “Los Marín” dominan los municipios de Azoyú, Cuajinicuilapa y San Nicolás, estos bajo el mando de Luis Gabriel Ventura Pastrana, alias “Licho Ventura”.
En el caso de Los Rusos, que forman parte del Cártel de Caborca, son liderados en Guerrero por Carlos Alberto Navarrete Soriano, alias “El Ruso”. Sus actividades criminales las realizan en Ayutla de los Libres, Santa Cruz del Rincón, San Luis Acatlán, Ñuu Savi, Cuautepec, Copala, Marquelia, Juchitán, Las Vigas, Florencio Villarreal, San Marcos y Acapulco.
En Acapulco también hay presencia del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que lidera Félix Alejandro Magno Acevedo. Así como una célula llamada Los Arizmendi, bajo el mando de Nicasio Arizmendi Díaz.
Según las autoridades, en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac y Benito Juárez opera ahora la organización Gente Nueva Guerrerense (G.N.G.) también conocidos como Los Rodríguez o Los Güeritos, liderados por Víctor Rodríguez García.
El grupo G.N.G. apareció la madrugada del 24 de octubre de 2024, en una irrupción en el municipio de Tecpan. En videos difundidos en redes sociales se dejó testimonio de su llegada y los ataques armados tanto a la policía municipal, a una base de la Guardia Nacional y a integrantes de Los Granados.
Este enfrentamiento dejó 17 civiles armados y dos policías muertos, además por lo menos 21 detenidos, entre ellos 16 guatemaltecos y un salvadoreño.
La organización criminal de Los Granados, una de las más longevas de Guerrero, es comandado por Salvador Granados Vargas, alias “Chava Granados”, que ha visto reducido sus operaciones en el municipio de Tecpan cuando hasta antes de la aparición del G.N.G. mantenían un control hasta las colindancias con Coyuca de Benítez.
Esta organización criminal está relacionada al acoso que sufrió la Organización de Campesinos Ecologístas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que en aquel entonces estaba a las órdenes del ganadero, Rogaciano Alba Álvarez, involucrado con la muerte de la abogada Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2021.
Una década después, Los Granados estuvieron relacionados con la desaparición del presidente de la misma organización ecologista, Marcial Bautista Valle y de la coordinadora, Eva Alarcón Ortiz, en contubernio como lo han denunciado sus familias, con militares, policías municipales y ministeriales.
La violencia sistémica de las organizaciones criminales y la impunidad política con la que imperan tiene gravísimas consecuencias.
El reporte Violencia Política Balance Postelectoral 2023-2024 de Integralia Consultores, sostiene que en las regiones donde los grupos criminales ejercen violencia político-electoral son territorios con menores oportunidades de desarrollo, competitividad y libertad, porque ponen a los nuevos gobiernos a su servicio.
Integralia apunta que en los gobiernos sometidos por el crimen organizado las políticas, programas y acciones de gobierno solo satisfacen los intereses criminales y hay un incumplimiento de funciones públicas básicas e impunidad frente a los delitos.
Añade que las organizaciones criminales explotan la economía local, es decir, establecen los precios de productos como frutas y verduras, carnes, tortilla, abarrotes, combustibles y servicios, transporte público y telecomunicaciones. También deciden quién puede o no producirlos y comercializarlos.
Esta situación, resalta el reporte, genera un menor desarrollo, competitividad, generación de empleos y mayor concentración de la riqueza en estas regiones, incluso, con el riesgo de que algunas comunidades sean económicamente dependientes del crimen organizado.
Aunado a ello, expone que hay menos incentivos para crear pequeñas o medianas empresas y, en casos extremos, los inversionistas abandonan los territorios para buscar oportunidades en otros lugares.
Entre las consecuencias sociales, Integralia afirma que en las zonas controladas por el crimen organizado se incrementan las violaciones a derechos humanos: desapariciones forzadas, desplazamiento de comunidades, censura de los medios de comunicación o neutralización de las organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de la información recabada por las autoridades en sus distintos niveles, en Guerrero desde hace décadas las organizaciones criminales son intocables.
La última gran detención de un líder criminal con presencia en Guerrero ocurrió en agosto de 2010, cuando fue detenido en una residencia en el estado de México, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien operaba para el Cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco.
Tras pasar varios años detenido, Valdez Villarreal fue extraditado en septiembre de 2015 a Estados Unidos, donde en noviembre de 2022 fue liberado al convertirse en testigo colaborador.
Estas 16 organizaciones criminales han generado ingobernabilidad en distintos momentos por el control de la economía, de alimentos y transporte; por pugnas con rivales como la reciente en el corredor de Ayutla a Juan R. Escudero; así como por el asesinato de políticos, un ejemplo es el caso de Chilpancingo, donde en octubre de 2024 fue asesinado el alcalde electo, Alejandro Arcos Catalán.
Estas organizaciones no solo se han quedado con el tráfico de drogas de origen natural y sintéticas o la trata de personas, han expandido sus negocios a la explotación de recursos naturales como la minería y la tala inmoderada, también apostaron al control de los ayuntamientos para manejar los dineros públicos.
Por ello, la pregunta más que obvia es: ¿Hasta cuando terminará la impunidad para los cárteles políticos-criminales en Guerrero?
Chirrionazo. En el Congreso de Guerrero, tres ciudadanos promovieron un juicio político contra dos magistradas y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Olimpia María Azucena Godínez Viveros, Marta Elena Arce García y Luis Camacho Mancilla, porque las dos primeras prolongaron su periodo de forma ilegal para retirarse con el 100 por ciento de su salario y poder cobrar 100 mil pesos mensuales de pensión.
A nivel nacional Morena habla de quitar las altas jubilaciones a los “machuchones” como los calificó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al personal de confianza de gobiernos anteriores, lo que no sabe o no quiere ver, es que actualmente continúa esa red de complicidad en Guerrero.
Resulta que la actual encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, apoya a estos magistrados “ilegales” porque aspira a que ella sea nombrada magistrada en este tribunal, repita lo mismo y se retire con el mismo salario como buen “machuchón”. La funcionaria estatal ya sacó el cobre.
