La desaparición forzada de infantes
y adolescentes en Guerrero
John Kenny Acuña Villavicencio*
Acapulco
6 de febrero de 2026
Nos debe conmocionar y preocupar el fenómeno de la desaparición forzada de infantes y adolescentes en pleno siglo XXI. Una de las noticias más impactantes, entre muchas otras ocurridas hasta la fecha, es la desaparición de cuatro infantes y adolescentes —de 8 y 12 años— de Acapulco, quienes fueron localizados sanos y a salvo en Jojutla, estado de Morelos, a cientos de kilómetros de su hogar, en septiembre de 2025.
Sin embargo, contrasta de manera dolorosa con el caso de una menor de 13 años, ubicada en la comunidad de El Huiteco, en Chilpancingo, quien fue hallada sin vida y en circunstancias aterradoras a finales del mismo año.
Este suceso sintetiza la dimensión extrema de un malestar social que no se ha extirpado desde la raíz y que afecta a miles de personas en Guerrero y en todo el país.
La desaparición forzada de infantes y adolescentes no es un acontecimiento marginal ni coyuntural: refracta la crisis del Estado penal, entendido como una forma de poder en la que la protección, la seguridad y el bienestar no están garantizados y, por el contrario, se normalizan la violencia y el vacío del cuidado.
Esta incapacidad estatal para velar por el derecho a vivir, reír y ser sujetos creativos, cuya pasión se caracteriza siempre por ser desordenada y, acaso, anárquica, constituye una verdadera afrenta (W. Benjamin, Juguetes, Casimiro, 2015).
La vida de estas pequeñas personas está siendo absorbida por una comunidad alienada y adultocéntrica, que olvida que alguna vez los sentidos de nuestra existencia estuvieron marcados, paradójicamente, por el aburrimiento, la libertad y la búsqueda de la verdad.
Resulta inaudito que, en tiempos de moralización permanente, el poder del soberano se constituya precisamente sobre la destrucción de la “nueva inocencia”, es decir, la inocencia rebelde, fantasiosa y potencialmente subversiva (R. Vaneigem, Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, 2024).
Esta destrucción no es ninguna invención o mucho menos una abstracción, tiene efectos materiales y demográficos que merecen ser discutidos.
En México, la población infantil y adolescente no es residual: el país cuenta con alrededor de 38.2 millones de personas entre 0 y 17 años, lo que representa el 30.4 % de la población total. De este universo, el 49.3 % son mujeres y el 50.7 % hombres (Balance anual REDIM, 2025).
Hablamos de un tercio de la sociedad mexicana que se encuentra sometida a eventos sistemáticos de violencia, exclusión, marginalidad y abandono institucional.
Lo dicho se observa también en los datos compartidos por la Comisión Nacional de Búsqueda (2026) en relación con el fenómeno de la desaparición forzada de infantes y adolescentes.
Entre 2006 y 2025 se contabilizaron cerca de 108 395 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el país. Este resultado da cuenta de un fenómeno en crecimiento, contrario a las discusiones oficiales, que permanece, en gran medida, invisibilizado por la razón neoliberal y los intereses de la adultocracia.
El Estado penal ha sido incapaz de atender las causas del problema y de generar una protección efectiva a esta población, que exige el respeto pleno de sus derechos sociales y humanos.
Las entidades con una elevada concentración de población infantil y adolescente son el Estado de México, Jalisco y Veracruz. Esto permite inferir mayores probabilidades de exposición a dinámicas de violencia e inseguridad. Ello refuerza la urgencia de atender este problema desde una perspectiva dialógica y crítica, ceñida a los sentidos e intereses de las comunidades de niñas, niños y adolescentes, especialmente en aquellos estados donde, en los últimos años, la inseguridad se ha intensificado en articulación con otros delitos, como la corrupción y la omisión institucional para garantizar condiciones mínimas de protección a los infantes y adolescentes.
Por otro lado, los estados con mayores índices de violaciones graves a los derechos humanos se concentran en entidades como el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, mientras que Guerrero se ubica en una posición intermedia.
Esta distribución no es casual: se trata de estados con una alta proporción de población infantil y adolescente y con contextos históricamente marcados por la violencia en sus múltiples dimensiones.
En el Estado de México, por ejemplo, niñas y adolescentes figuran de manera alarmante entre las víctimas de feminicidio. Es una de las entidades con mayores registros de violencia feminicida y, al mismo tiempo, concentra una elevada proporción de niñas y adolescentes que han sido madres al menos una vez, según datos de 2024.
Además, se ubica como una de las principales entidades en delitos como la trata de personas y el secuestro (Balance anual REDIM, 2025).
En Guanajuato, el escenario no es distinto. Destaca por los altos niveles de homicidios cometidos con armas de fuego y por la expansión de delitos como la extorsión, particularmente visibles hacia 2025. En Michoacán, aunque ocupa el noveno lugar en población infantil y adolescente a nivel nacional, es la entidad con el mayor número de homicidios de niñas y adolescentes registrados hasta finales del año pasado (Balance anual REDIM, 2025).
La desaparición forzada de infantes y adolescentes está estrechamente vinculada con otros delitos graves, como la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo forzado y doméstico, así como la cooptación de menores para actividades ilícitas.
Todo ello evidencia una crisis profunda de derechos humanos que exige reformas institucionales y jurídicas orientadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Dicho esto, en Guerrero, este fenómeno no puede entenderse únicamente desde la lógica del crimen organizado. Al contrario, está articulado a condiciones de pobreza, desigualdad, carencias económicas, falta de oportunidades, inseguridad en contextos urbanos y rurales, y acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y alimentación.
Cabe resaltar que el estado cuenta con una población aproximada de 1.1 millones de infantes y adolescentes; de este universo, alrededor del 65 % vive en situación de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 715 mil personas.
Por otra parte, cerca del 25 % se encuentra en pobreza extrema, es decir, alrededor de 275 mil infantes y adolescentes (INEGI, 2024; Red por los Derechos de la Infancia en México [REDIM], 2025). Esta información ubica a Guerrero como uno de los estados con mayores problemas de pobreza y extrema pobreza, sobre todo cuando se menciona que entre el 2022 y 2024 hubo una reducción considerable.
Lo expuesto es una muestra clara de la situación de las infantes y adolescentes, quienes se encuentran no sólo en condiciones de exclusión y desigualdad, sino también de negación sistemática del derecho a una infancia o adolescencia plena: jugar, convivir y desarrollarse emocionalmente.
Estas condiciones profundizan un proceso de vulneración que permanece, en gran medida, en los márgenes del debate sobre la democracia.
La magnitud de este problema es verificable: entre 2007 y enero de 2025, en la entidad se registran 1 443 casos de desaparición forzada de infantes y adolescentes, de los cuales 543 corresponden a hombres y 900 a mujeres.
Del total de casos registrados, 500 personas (34.65 %) corresponden a personas desaparecidas y no localizadas; de estas, 496 son personas desaparecidas (99.20 %) y 4 personas no localizadas (0.80 %).
Por otra parte, se registran 943 personas localizadas (65.35 %), de las cuales 35 fueron localizadas sin vida (3.71 %) y 908 con vida (96.29 %) (RNPDNO, 2026).
Los municipios donde ocurren la mayoría de las desapariciones son Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco.
Los familiares y colectivos de búsqueda de desaparecidos denuncian que los protocolos son burocráticos y las instancias del aparato estatal se encuentran rebasadas.
Este panorama expone el fracaso del Estado penal, de las políticas actuales y de la limitada capacidad de los burócratas y autoridades para garantizar el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Ante ello, no basta con una reforma radical del aparato estatal; hoy más que nunca resulta necesario pensar junto a las infancias y juventudes.
Esto implica romper con el tiempo de la tutela o la idea del “futuro ciudadano”; en el fondo, hablamos de reconocerlas como sujetos políticos y agentes sociales, capaces de participar en la creación de políticas desde abajo en articulación con las familias, las comunidades, las organizaciones e instituciones no estatales, a fin de impugnar un orden social que produce infancias y adolescencias violentadas y subordinadas al discurso del progreso.
*John Kenny Acuña Villavicencio, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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