Por David Juárez
Este 26 de septiembre se cumplen diez años de un hecho que rompió las barreras de espacio-tiempo para la sociedad mexicana y que ha dejado a 43 familias suspendidas en la búsqueda incansablemente de sus hijos, con la tenacidad de quien busca desesperadamente un pedazo de su vida.
A esto se suma el asesinato extrajudicial de tres estudiantes normalistas, un jugador de futbol, una mujer y otro hombre.
“La realidad no se oculta, está ahí. Somos nosotros quien la negamos”, apunta el periodista Carlos Fazio en uno de sus libros y en gran parte es cierto, prueba de ello, es lo sucedido en el Caso Ayotzinapa.
Los grupos de la economía criminal pertenecen a la forma mas nueva del capitalismo: la “globalización”, ¿pero qué tiene que ver esto con Ayotzinapa? Todo. Entenderlo podría arrojar luz sobre cómo los flujos del capital deciden nuestra vida en la cotidianidad.
La mafia o grupos criminales no son una especie de asociaciones ajenos al Estado y a la sociedad, que un mal día se instalaron en el corazón limpio del Estado Mexicano.
Todo lo contrario: son una nueva forma de empresa ilegal que por momentos se mimetiza con la llamada “legalidad” para operar del lado de esta, en sectores financieros, en aparatos de seguridad, en el sistema judicial y en el político-electoral.
Se refiere a esto porque la noche del viernes 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, las fuerzas “legales” e “ilegales” operaron en conjunto con un mismo objetivo, atacar a los jóvenes normalistas y como consecuencia tres de ellos fueron asesinados y 43 fueron detenidos-desaparecidos, es decir, el Estado (en sus tres niveles) y el crimen fueron uno en esa noche.
Sin embargo, no fue un caso aislado como pretendieron demostrarlo las autoridades. En México el crimen trabaja en conjunto con el Estado en una especie de fase que remite a la acumulación originaria descrita por Karl Marx en el capital en donde la depredación, el robo, el fraude y la violencia serán las formas de dominación y acumulación del capital.
Para el geógrafo David Harvey esta nueva fase del sistema capitalista busca mercantilizar y privatizar el territorio, es decir, la tierra, recursos geoestratégicos muchos de ellos cerrados al mercado, la expulsión de campesinos de sus tierras comunales en beneficio de corporaciones transnacionales y ocupar como mercancía desechable la fuerza excedente de trabajo en algunos lugares bajo regímenes de semiesclavitud.
Harvey sostiene que estos son procesos de construcción violenta del espacio.
En 2014, Guerrero era un espacio en construcción para el gran capital, quien busca apropiarse del territorio rico en maderas, aguas y minerales, basta decir, que en Guerrero han llegado transnacionales como Boise Cascade en la década de los 90s asentándose en la serranía de la Costa Grande y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, lo que causó el acuerpamiento de los pueblos en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) quienes defendían los bosques y los ríos.
Los líderes de los ecologistas fueron criminalizados, encarcelados, asesinados y desplazados primero por el Ejército mexicano y luego por grupos criminales-paramilitares.
Otras dos transnacionales que en Guerrero se han instalado son las mineras Torex Gold (Media Luna) y Equinox Gold (Los Filos), esta segunda ha sido absorbida por Torex.
La dinámica de desordenamiento-destruir-reconstruir-reordenar, tuvo inicios con el sexenio de Felipe Calderón, pero continuó en la administración de Enrique Peña Nieto con la confirmación de las 10 medidas de acción en materia de legalidad y justicia donde se estableció un gabinete de seguridad que implementaría un operativo especial en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de desarrollo integral en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Este desarrollo integral consistía en crear tres zonas económicas. El Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (que se realizó en la administración de Andrés Manuel López Obrador), otro era el Puerto Chiapas y el Puerto Lázaro Cárdenas, todos estos polos de “desarrollos”, financiados por la banca de desarrollo y el sector “privado”, es interesante ver que dentro de estas tres zonas económicas incluían importantes autopistas, gasoductos y que la propiedad comunal era el enemigo a vencer para su avance.
Es en estas lógicas que el caso Ayotzinapa sucede, es decir, cuando las grandes corporaciones privadas buscan la apropiación de todo con el aval del Estado mexicano. La normal de Ayotzinapa es una insignia en la lucha social en Guerrero y tiene una tradición de lucha desde su creación con el proyecto cardenista.
Uno de sus hijos más memorables fue el profesor Lucio Cabañas quien encabezó la lucha armada en 1968, en el Partido de los Pobres y que fue combatido incesantemente por el 27 batallón de infantería que llegó a Atoyac en 1970.
Desde entonces los aparatos castrenses y de inteligencia del Estado, no han quitado la mirada de la normal, esto quedó confirmado con el estudiante desaparecido Julio César López Patolzin, quien pertenecía al Órgano de Búsqueda de Información (OBI) del 50 batallón de infantería de Chilpancingo.
Los OBI son agentes infiltrados de inteligencia, que reportan con cierta frecuencia en mensajes encriptados a sus superiores, en este caso el reporte llegaba al General de División, Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, este reubicado en Guerrero después del caso Tlatlaya donde se vio implicado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que acompañaron a los padres de los 43 en la búsqueda de sus hijos, detectaron que organismos de Inteligencia Militar y civil daban seguimiento a los normalistas esa noche, ahora se sabe que el Estado Mexicano tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real de los sucesos.
Los padres de los 43 normalistas tuvieron una ilusión de encontrar a sus hijos con el gobierno de López Obrador, pero todo se vino a bajo cuando las investigaciones del GIEI señalaron al ejército, a partir de ahí vino una cacería contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, que tuvo que salir del país.
El ejército se ha vuelto mas fuerte en sentidos jurídicos y de administración en este sexenio y este gobierno autollamado de la cuarta transformación se ha negado a cuestionar su participación en la Detención-Desaparición de los 43 normalista, aunque las últimas investigaciones indican que un número de normalistas fueron llevados al 27 batallón de infantería (Iguala).
El 27 batallón, no es cualquier batallón, está especializado en la contrainsurgencia y llegó a Guerrero en 1970 a la Costa Grande (Atoyac de Álvarez) al mando de Coronel Alfredo Cassani Mariña, egresado de la Escuela de las Américas y uno de los más sanguinarios que empleó la Operación Telaraña y Aldea Vietnamita, en la que se cometieron asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales, desplazamiento forzado, entre otras.
Su relevo fue el General Brigadier Salvador Rangel Medina, originario de San Luis Potosí y con fama ya en la tropa por intervenir contra el alzamiento Jaramillista, Rangel Medina, tuvo altercados con su mando superior, que de inmediato era el secretario de la Defensa el General Hermenegildo Cuenca Díaz, por los métodos usados contra la población de la Sierra de Guerrero, por lo que Salvador Rangel fue ignorado a pesar de su rango y otro mando ejecuto las actividades.
El que terminaría al mando del 27 batallón de infantería, fue el teniente Coronel Juan López Ortiz, quien había cursado estudios en la Escuela de las Américas, impartió el primer curso de Fuerzas Especiales en México, y quien también estuvo al frente cuando se cometió la masacre del mercado de Ocosingo en Chiapas en 1994, cuando el alzamiento zapatista.
Juan López Ortiz fue relevado del 27 batallón de infantería, en su lugar asumió el cargo el coronel Javier Escobedo Corvera, también egresado de las Escuela de las Américas y quién operó las últimas estrategias que terminaron con la vida de Lucio Cabañas y con la persecución del Partido de los Pobres.
Después del asesinato de Lucio Cabañas y persecución del PDLP, el batallón fue asignado a la 35 zona militar de Chilpancingo, ahí le asignaron la Ciudad de Iguala para operar desde los 80s, ahí el batallón expandió sus operaciones en la región Norte del estado.
Fue en los años 80s, cuando el 27 batallón empezó a tener nexos con grupos de narcotráfico por su cercanía con la Sierra.
En 2011 al mando del batallón se encontraba el coronel Alfredo Aponte Carranza, quien, en 2009, se había desempeñado como comisionado, como director administrativo de la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el tiempo de la disputa entre el llamado Cartel de Juárez y el de Sinaloa y que convirtió a Ciudad Juárez, en la ciudad más peligrosa del mundo.
Fue con Aponte Carranza que la población de Iguala también comenzó a ver patrullar por las tardes y noches, lo que ellos llamarían escuadrones de la muerte, personas altas, ágiles, vestidas de negro, con manejo de armas de alto poder que patrullaban la ciudad, se presume eran militares en activo.
El actual gobierno se despide con el lastre de no haber querido resolver el caso Ayotzinapa el único que no ha podido cuestionar o desvirtuar, la piedra en su zapato, no permitió investigar al ejército como institución sistémica de graves violaciones a los derechos humanos al largo de la historia de Guerrero y el país.
Según el sociólogo venezolano Carlos Lanz, las guerras asimétricas es cuando los enemigos no tienen la misma capacidad de fuego, no es una guerra regular, es imposible pensar que el 27 batallón de Infantería que albergó al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del cual estuvo al mando el General José Alfredo Oropeza Garnica (quien combatió al EPR y EZLN) fue secuestrado por un ente corruptor llamado Guerreros Unidos.
O fue Guerreros Unidos un instrumento paramilitar del Ejercito Mexicano realizando estrategias contrainsurgentes, el ejército sabe la verdad de los hechos de la larga noche del 26 de septiembre que sangra a un país consumido por la violencia.
