El 10 de mayo, Día de las Madres, miles de madres mexicanas no recibirán flores y los abrazos que reciban serán de solidaridad: ellas marcharán, cavarán la tierra y alzarán la voz en busca de respuestas por sus hijos desaparecidos.

Este día se celebra en un contexto marcado, desde hace varias décadas, por la persistencia de la desaparición forzada; un fenómeno que ha adquirido un lugar central en la dinámica social del país y ha transformado profundamente el rol de la madre, cuya figura principal en el núcleo familiar otorga identidad desde la gestación biológica hasta el nacimiento, y que, posteriormente, acompaña el crecimiento y la formación de los hijos para insertarlos en la sociedad.

En miles de casos, este rol ha sido sustituido por una nueva realidad —la maternidad convertida en motor de lucha—: por encontrarlos cuando el Estado ha fallado en su deber de protegerlos, con la esperanza de poder decir algún día, “promesa cumplida”, para hacer hincapié en el compromiso que sustituyó al asumido tras el nacimiento, aunque solo se hallen restos o indicios que confirmen que no hay más por buscar, dando sentido a una nueva búsqueda que se torna colectiva.

El rol de la madre se asemeja al de la “madre patria”, un concepto simbólico que alude a la nación como origen, identidad y fuente de protección. Este contrasta con el modelo patriarcal, en el que la autoridad del “padre fundador” estructura una forma de gobernar muchas veces indolente ante el dolor social.

El papel de las madres buscadoras en el continente americano cobró fuerza durante las dictaduras militares en el Cono Sur y en México, especialmente en las décadas de los setenta y ochenta.

Es inevitable recordar a las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, quienes desde el 30 de abril de 1977 hasta la actualidad han mantenido una resistencia activa.

Comenzaron marchando en círculos, de a dos en dos, tomadas de la mano frente a la Casa Rosada, sede del poder político. Lo hicieron durante 24 horas, como forma de evadir la prohibición de reunirse en grupos de más de tres personas. Con sus pañuelos blancos en la cabeza, visibilizaron la violencia estatal y exigieron la presentación con vida de sus seres queridos.
En México se tiene el caso emblemático de “Las Doñas” en la década de los setenta, mujeres que inicialmente, y de forma aislada, emprendieron la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Al organizarse, descubrieron que eran muchas las madres en la misma situación.

Bajo el lema “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, su lucha trascendió el ámbito privado y se convirtió en una causa política, desafiando el rol tradicional de las mujeres como cuidadoras del hogar.

Esta historia remite a la lucha de Rosario Ibarra de Piedra, quien tras la desaparición de su hijo Jesús Piedra fundó el Comité ¡Eureka! y más tarde consolidó el Frente Nacional contra la Represión. Su labor colocó el tema de las desapariciones forzadas en la agenda nacional e internacional. Además, se insertó en la vida política como dos veces candidata presidencial, diputada y senadora, enfrentando al poder patriarcal que buscaba silenciar las demandas de justicia.

A más de seis décadas del inicio de la desaparición forzada en nuestro país, esta práctica se ha vuelto recurrente. Si bien las desapariciones previas a los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tuvieron motivaciones predominantemente políticas, las actuales comparten las características de este crimen de lesa humanidad: la llamada “desaparición forzada continuada o transitoria”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establece que este crimen implica la privación de libertad por parte de agentes del Estado o con su autorización, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o del ocultamiento del paradero, lo que deja a la persona fuera de la protección legal.

Esta definición no limita la responsabilidad estatal a motivaciones políticas, sino que subraya la complicidad por omisión o aquiescencia cuando el Estado sabe lo que ocurre y no actúa.

La lucha de las madres buscadoras enfrenta grandes retos. Un ejemplo reciente ocurrió en abril, cuando una integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco fue asesinada junto con su hijo, quien la acompañaba en labores de búsqueda. La Fiscalía del estado declaró: “Llegan los sujetos, atacan directamente al joven y la mamá trata de defenderlo, eso lo tenemos documentado”, lo cual muestra una postura institucional alejada de la perspectiva de protección a personas defensoras de derechos humanos.

En el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fenómeno de la desaparición forzada persiste, con más de 125 mil personas no localizadas según los últimos reportes. Ante esta crisis, se han anunciado medidas como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de una base de datos única forense y la activación inmediata de protocolos de búsqueda.

Aunque estas acciones podrían responder a la presión social —especialmente de los colectivos de madres—, también podrían derivar en colaboración internacional, como con la asistencia técnica de la ONU, que contribuya a enriquecer las propuestas nacionales.

Sirvan estas líneas para reconocer el trabajo de las madres buscadoras, quienes, guiadas por el amor a sus seres queridos, alzan la voz, crean nuevas formas de organización y acompañan a otras familias víctimas de la violencia y la omisión institucional pero, sobre todo, para subrayar la necesidad de transformar las estructuras que perpetúan la violencia y la injusticia mediante la impunidad.

En el nuevo contexto, la legitimación del poder político está vinculada a grupos de poder fáctico encerrando las verdaderas dinámicas del poder, como por ejemplo quién lo ejerce, cómo se mantiene y a qué intereses responde.

* Estudiante de doctorado en Historia comparada política y social en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde desarrolla una investigación del trabajo realizado por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.