Doris Caqui Calixto lleva buscando a su esposo por más de 39 años. Su amor por él, la verdad y la justicia –en un país como el Perú, donde la impunidad y el olvido son dispositivos de control y dominación– la convierten en un ejemplo de valentía y coraje, tuvo que enfrentar a las fuerzas del orden y a un Poder Judicial cuestionado por su falta de transparencia y respaldo a los derechos humanos.

La voz de Doris narra hechos y acontecimientos que marcaron su vida y la de su familia. Ella no calla, cuestiona y evoca imágenes del desencuentro entre las fuerzas del orden y la izquierda radical, representada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), un partido maoísta que, a inicios del noventa, creía haber estado cerca de tomar el poder.

A partir de entonces, el prejuicio de ser disidente o crítico de la realidad se convirtió en el medio para amputar toda voluntad humana y borrar de la historia cualquier forma de redención.

Ser de izquierda era sinónimo de terrorismo y una amenaza para el orden social. Incluso esta perspectiva no ha cambiado mucho en la actualidad. En ese sentido, el racismo y el clasismo alimentaban el odio y el rencor de una élite que se consideraba heredera legítima de la democracia.

Ante el miedo, es decir, la emergencia colectiva y la escalada de violencia desde abajo, Alan García (1985-1990) y Fujimori (1990-2000) implementaron políticas de represión que desencadenaron una guerra interna sin precedentes.

Estas medidas provocaron la muerte de 70 mil personas (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2023; Comité Internacional de la Cruz Roja, 2025) y la desaparición forzada de más de 22 mil 559 ciudadanos (RENADE, 2023). García fue el primero en poner en práctica esta forma sistemática de liquidación.

En junio de 1986, aproximadamente 300 personas –al parecer militantes de Sendero Luminoso– fueron ejecutadas en las prisiones de El Frontón, Lurigancho y El Callao. Años más tarde, durante la década de 1990, Fujimori replicaría este modelo represivo, consolidando al grupo paramilitar Colina, responsable de la persecución y asesinato de maestros, estudiantes y militantes de organización vinculadas a ideales de izquierda.

Bajo este entramado político, Doris perdió a Teófilo Rímac Capcha, un notable profesor de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) y militante del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP). Esta organización fue una coalición conformada por el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Peruano (Marxista-Leninista) y el Partido Obrero Marxista Revolucionario, su propósito era tener presencia en la Asamblea Constituyente de 1978.

Luego de esta experiencia, el FOCEP experimentaría un cisma y se sumaría a Izquierda Unida, desde donde continuaría su participación electoral durante la década de los años ochenta y noventa.

Doris recuerda que una noche, luego de una jornada de trabajo, Teófilo regresaba a casa como de costumbre. En la madrugada, 40 soldados armados hasta los dientes irrumpieron violentamente en su domicilio y lo detuvieron. Los pusieron boca abajo, no les importó como se encontraban y mucho menos el llanto de sus tres menores hijos. Esculcaron todas sus pertenencias y trataban de llevar cualquier evidencia como libros clásicos del marxismo, documentos y fotos personales. Todo esto con el propósito de asentar una acusación por la presunta participación de Teófilo en el atentado contra efectivos militares.Desde ese día, él perdería comunicación con su familia y nunca más sería visto. Fue trasladado a Carmen Chico, en Cerro de Pasco, donde funcionaba una base militar instalada con el objetivo de combatir, entre otras cosas, a los grupos insurgentes.

Allí lo tuvieron por cinco días sin comunicación alguna. Juan Atencio fue uno de los testigos que logró salir de prisión y vio como “terruqueaban” y golpeaban a los prisioneros.

Doris menciona que esta persona se encontraba en un estado de salud crítico y, sin importar, lo había citado para entregarle un mensaje. Ese día, entre lágrimas, le comentaba que Teófilo fue torturado sin piedad. No podía sostenerse en pie, pero hacia el esfuerzo para levantase y alentar a sus compañeros –entre ellos, estudiantes, campesinos y mineros– que no abandonen sus luchas.

“A Teófilo, creo, ya le tenían la cabeza amarrada, porque la tenía rota en dos. El brazo…solo quedaba el hueso. Ya no había piel, ya no había músculos. Y aun así lo seguían haciendo caminar” (Doris, entrevista, 9 julio 2025).

Los ojos se empozaban de lágrimas y no podía creer lo que escuchaba. Esa historia desgarradora la marcaría para siempre, crecía la indignación y la vergüenza al ver cómo eran tratadas las personas.

En esta experiencia, ocurre algo sorprendente. Doris transformó el dolor en fortaleza y ésta en una militancia de la memoria. A pesar del poco interés de la Fiscalía Provincial de Pasco por resolver la desaparición forzada de su esposo, Doris buscó siempre la posibilidad del diálogo y los recursos del poder estatal. Nunca se doblegó ante la burocracia y la pasividad del Ministerio Público. Buscar la verdad y, sobre todo, encontrar a Teófilo la animaban a no renunciar.

Por ese motivo, en noviembre de 1986, Doris impulsó la conformación de dos comisiones investigadoras en el Parlamento, una de ellas presidida por Javier Diez Canseco, reconocido militante de Izquierda Unida y defensor de los derechos humanos.

En agosto de 1987, el informe presentado por dichas comisiones concluyó que Teófilo había sido brutalmente torturado y que había sufrido de “muerte presunta” a manos de militares en la base de Carmen Chico.

Ante la falta de justicia y castigo para los responsables, en agosto de 1989, Doris decidió elevar su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y años más tarde, en 1992, ésta le hizo llegar una resolución donde se indicaba que el Estado peruano era el responsable de la muerte y desaparición de Teófilo. Asimismo, el documento manifestaba que ella y su familia debían ser protegidos, puesto que había sido detenida en tres oportunidades sin razón alguna.

En respuesta, en febrero de 1993, el Estado de Perú señalaba que Teófilo fue capturado el 22 de junio de 1986 por un Comando Militar y el 27 de junio del mismo año se dio a la fuga. Con esto trataban de eludir responsabilidades y cerrar el caso.

Durante el tiempo que duró su búsqueda, Doris fue objeto de constante vigilancia por parte de las fuerzas militares. Recuerda que la intimidaban y seguían con tanques de guerra cada vez que salía a trabajar. Agotada por el hostigamiento y temerosa por su vida y la de su familia, abandona Cerro de Pasco a raíz del allanamiento de su domicilio. Viaja sola a Lima el 10 de abril de 1992 y 15 días después se reencuentra con sus menores hijos. Todo esto ocurre luego del autogolpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.

La dictadura marcaría una década de odio y saqueo, pero además demostraría la verdadera naturaleza del poder del dinero. La imposición de la Constitución de 1993, junto con la violación sistemática de los derechos humanos —a pesar de su reconocimiento en el ámbito internacional—, dio lugar a un contexto marcado por la persecución política, la expansión del modelo neoliberal y una corrupción cerril que ha atravesado hoy por hoy todas las instituciones como el Congreso y el Poder Judicial. Se intensificó la represión contra toda fuerza u organización social que cuestionara la autoridad del régimen.

Casos como La Cantuta, Barrios Altos, la esterilización forzada, entre otros, justificaban el clima de despotismo y rechazo de un sector importante de la población.

Tras la caída de Fujimori a finales del año 2000, Doris dio a conocer el caso de Teófilo ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada en el gobierno de Paniagua (2000) y Toledo (2000-2005), este último encarcelado por casos de corrupción. Su testimonio fue incluido en el Informe Final de la CVR, presentado en 2023. Para entonces, Doris se había convertido en la lideresa de tres organizaciones de familiares que buscaban a sus desaparecidos: la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFADET), Familiares Víctimas de la Desaparición Forzada (FAVIDEFO) y la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política (CONAVIP).

Doris y las integrantes de estos grupos se dieron cuenta de que, con el paso de los años, no lograban alcanzar justicia y mucho menos acercase a la verdad.

Esta inquietud impulsó la ampliación de sus demandas, que no solo incluían la exhumación de los cadáveres, sino también la reparación integral para las familias víctimas de desaparición forzada. Cabe señalar que, pese a los compromisos asumidos por el Estado de Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de reparación —particularmente en vivienda, salud y educación—, estos continúan siendo letra muerta o permanecen sin ejecución efectiva.

Sin importar los resultados judiciales, Doris continuó luchando y organizándose con más colectivos a nivel nacional e internacional. Ya había interpuesto varias demandas, entre ellas, dirigida al Comando Militar y a personas clave de la desaparición de Teófilo.

En ese andar, el 2017, la Sala Penal Nacional había decidido sentenciar a Daniel Cortés Alvarado, jefe de servicio de inteligencia, y a Ricardo Mata Vergara, jefe de base militar. Al primero se le impuso una condena de 20 años de cárcel y al segundo, 14 años de prisión efectiva.

Por primera vez, en el Perú, dos altos mandos fueron responsabilizados por la muerte y desaparición forzada. Sin embargo, debido a la insistencia de la fiscalía y, bajo su opinión, a la falta de criterios técnicos adecuados, la decisión judicial no se cumpliría a favor de la familia de Doris.

“Estábamos tan dolidos, tan dolidos de verdad… Decíamos: tantos años de caminata… hasta ese entonces ya llevábamos 37 años” (Doris, 9 de julio de 2025).

Cuando la desesperanza acechaba, Doris hizo todo lo posible para continuar y no rendirse ante el Poder Judicial. Es así que, el 23 de junio de 2023, la Corte Suprema dictaba una segunda sentencia ratificando la condena a los acusados con los mismos años de prisión.

Dicho esto, esta forma estatal no parece velar por la existencia humana, por el contrario, la niega y somete.

Lo dicho, se observa también a partir de los intereses de los grupos de poder enquistados en el Congreso. La derecha y su insistencia en promulgar la Ley 32107 concerniente a la prescripción de delitos de lesa humanidad, la Ley 7549/2023-CR que plantea la amnistía para los miembros de las fuerzas del orden y Ley 32301 que prohíbe a los organismos no gubernamentales a apoyar acciones judiciales contra el Estado, expresa la voluntad plena de afianzarse e imponerse ante las reales demandas de la sociedad.

Esto refleja, en la voz de Doris, la forma en que se impone la verdad oficial. Su aplicación ha llamado tanto la atención de las familias víctimas de desaparición forzada, así como de instituciones que defienden los derechos humanos a nivel internacional.
Sin duda alguna, esta política de cancelación de la memoria es reflejo de la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, la reconciliación y el perdón.

A fin de cuentas, se trata de un tiempo de dolor y negación que no ha logrado cicatrizar. Pero, más allá de estas preocupaciones, Doris sigue luchando, lleva un “duelo congelado” y no pierde la esperanza de encontrar en algún momento a Teófilo, su compañero de toda una vida.

*Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero.

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