Además, las zonas donde están asentadas las minas se convirtieron en focos de terror por la presencia de organizaciones criminales que desaparecen y asesinan a quienes se oponen a los proyectos extractivistas.

El gobierno ha disfrazado estos proyectos de despojo minero como “benefactores” de los pueblos difundiendo que son generadores de empleos y de importantes derramas económicas que van a parar a los dueños de las empresas transnacionales, a pesar de que pagan una cantidad exigua al gobierno por impuestos y derecho de concesión.

De acuerdo a los informes oficiales, en Guerrero los gobiernos federales del PRI y el PAN otorgaron 500 concesiones para la explotación de minas.

Actualmente solo operan 10 en distintos municipios del estado, pero cuatro de ellas son las que tienen una mayor extensión territorial de explotación y más poder económico.

Si bien en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador no se otorgaron nuevas concesiones para la explotación minera, nunca frenó los abusos de las empresas nacionales y extranjeras que tienen proyectos mineros en Guerrero y en el resto del país.

Desde 2006, los ejidatarios de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala, municipio de Eduardo Neri, han rentado más de 2,700 hectáreas a dos empresas canadienses: Gold Corp y actualmente Equinox Gold.

De ellas solamente han sido ocupadas poco más de 700 hectáreas de las cuales 80 por ciento de las tierras pertenecen a Carrizalillo.

Del 2008 al 2024, del cerro más grande de esta comunidad que llevan el nombre de Los Filos – El Bermejal han sido extraídas 3 millones de onzas de oro.

El último convenio de ocupación que se firmó entre los ejidatarios con la empresa canadiense minera fue en 2019 y venció en abril de 2025, ya no se renovó porque la Equinox Gold pretendía un nuevo acuerdo ventajoso, además sin cumplir una serie de compromisos de obras sociales que desde 2007 pactaron con las comunidades.

La minera canadiense, que legalmente es representada por Mina Desarrollos Mineros San Luis, pretendía reducir un 94 por ciento la renta de tierras a los ejidatarios arrendatarios.

No hubo acuerdo y desde el pasado primero de abril la empresa minera cerró sus operaciones, pero lo más inverosímil, es que Equinox Gold demandó a los 126 ejidatarios de Carrizalillo ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) porque presuntamente le quitaron la ocupación de las tierras, cuando los ejidatarios están exigiendo que les paguen la renta.

Desde abril los ejidatarios y sus familias instalaron un campamento en la entrada de la mina para exigir a la empresa el pago de una indemnización, la reparación de los daños ambientales que provocaron los trabajos de explotación y el cumplimiento de las obras sociales, entre ellas la terminación de un sistema de agua en Carrizalillo.

Actualmente los pobladores de esta comunidad tienen que comprar agua de garrafón hasta para bañarse.

Los cinco puntos donde se abastencían de agua fueron agotados por las empresas mineras.

Durante los casi 20 años de explotación de la tierra en esa zona devastó el suelo y los mantos acuíferos, de tal manera que los más de mil habitantes de Carrizalillo ya no tienen un sitio donde sembrar sus cultivos y extraer agua sin riesgo de que esté contaminada.

Todavía en 2004, antes de la entrada de la empresa minera, a unos 400 metros del pueblo de Carrizalillo estaba una gran extensión de tierras de labor para la siembra de maíz, calabaza, chile y frijol.

Actualmente esa zona es un gran patio de lixiviados que utilizó la empresa minera para triturar los metales a base de residuos químicos altamente tóxicos. Imposible que esa zona se recupere para que la gente vuelva a utilizarla para la siembra.

En este litigio que llevan los ejidatarios e incluso pláticas para llegar un nuevo acuerdo con la Equinox Gold, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró hace una semana cinco sitios de la mina Los Filos por daños e incumplimiento de remediación ambiental.

En estos casi 20 años en que las empresas mineras (la Gold Corp y Equinox-Gold) explotaron las tierras a cielo abierto la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) nunca realizaron una revisión de la alteración y destrucción del medio ambiente a pesar de que los habitantes denunciaron las afectaciones.

La organización Procesos Integrales para la Autodefensa de los Pueblos (PIAP) señala que la explotación minera ha provocado daños a la salud a las personas y animales en las comunidades de Carrizalillo y Mezcala.

Pero los daños a la salud más devastadores los sufren los pobladores de Carrizalillo debido a que viven a 400 metros donde están los trabajos de la mina.

La PIAP señala que la explotación minera expande con el polvo 17 metales pesados y de esos cuando menos ocho son altamente tóxicos.

Enfermedades que padecen los habitantes por los efectos de respirar polvo con partículas tóxicas va desde irritación en los ojos, alteraciones en la piel, en los pulmones, que las mujeres tengan partos prematuros con recién nacidos con deformaciones y casos de enfermos de cáncer.

De los enfermos de cáncer no se sabe el número exacto de personas fallecidas durante los años en que han trabajado las empresas mineras en esa zona.

Del 2011 al 2012 hubo 25 casos de partos prematuros en Carrizalillo, en mujeres de una edad de 16 a 40 años de edad, de las que 17 bebés en gestación murieron, revela el PIAP.

Desde la llegada de las mineras se han fortalecido las organizaciones criminales. Inicialmente eran “Los Rojos” y actualmente “Los Tlacos”.

Hay un registro de que en los años que han operado las mineras, 58 personas han sido asesinadas en las comunidades de Mezcala y Carrizalillo.

Durante 2015 fueron halladas ocho fosas clandestinas con restos óseos en las faldas de un cerro de esta localidad.

En ese mismo recuento de violencia, 13 personas están desaparecidas, de las cuales cuatro pescadores son de la comunidad de Mezcala.

A principios de este mes de octubre, el sacerdote de la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Bertoldo Pantaleón Estrada fue localizado asesinado de un balazo en la cabeza después de dos días de haber desaparecido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a dos de sus presuntos responsables pero no ha establecido los móviles.

Un ex asesor externo de la Equinox Gold aseguró que una organización criminal que opera en esa zona minera le cobraba una alta cuota a la empresa para que le dejara trabajar.

También los ejidatarios que rentaban sus tierras a la minera eran víctimas de las extorsiones por parte de la delincuencia.

La operación de los camiones para el traslado de la tierra también era otro de los beneficios que le otorgaba la empresa minera a la organización criminal.

En 2007, habitantes de las comunidades que están asentadas cerca del río Balsas en el municipio de Cocula iniciaron protestas para impedir los trabajos de exploración que realizaba en esa zona la empresa canadiense Torex Gold con su filial Media Luna para encontrar yacimientos de oro.

Los pobladores del ejido Real del Limón cerraron el paso de los camiones y las maquinarias retroexcavadoras de la empresa minera.

Pero finalmente bajo engaños y con la complicidad de las autoridades del gobierno federal y estatal, los ejidatarios de las comunidades Nuevo Balsas, La Fundación y El Limón, cedieron y rentaron 1,955 hectáreas de sus tierras a la Torex Gold en donde opera la mina conocida como Media Luna.

“Desde el 2012 que la empresa minera empezó con los trabajos de exploración y los ejidatarios accedieron a rentarle sus tierras, los efectos ambientales empezaron a reflejarse, pero en el 2016 cuando inició la extracción de oro los daños ya son de más magnitud”, dijo uno de los habitantes de una comunidad de esa zona.

Uno de los primeros daños que provocaron los trabajos de la mina fue la contaminación del río Balsas y eso provocó la disminución de la actividad pesquera que es el principal sustento de los pobladores de esa zona norte de Guerrero.

En 2021, la empresa Torex Gold informó que su proyecto era extraer 3 millones 54 mil onzas de oro.

En febrero de 2015 cuando ya empezaban las protestas contra la minera un grupo armado encabezados por el líder de un grupo criminal, Uriel Vences, alías “La Burra”, secuestraron a 12 personas de la comunidad de Nuevo Balsas. Días después otro grupo armado rescató a los plagiados.

En 2017, meses después que la minera inició los trabajos de extracción de oro, plata y cobre, reinició un movimiento de protesta más fuerte de los habitantes para denunciar los daños ambientales y la falta de cumplimiento de pago convenido por la renta de las tierras y el cambio de la titularidad del contrato colectivo de trabajo que tenía la CTM. Incluso se exigía la salida de la minera.

Las manifestaciones fueron reprimidas por un grupo de hombres armados presuntamente autodefensas que, según los pobladores, fueron contratados por la empresa minera.

En esa ola de represión en noviembre de 2017 fueron asesinados a balazos los hermanos Víctor y Marcelino Sahuinitla Peña.

En enero de 2018, el líder principal del movimiento opositor de la minera, Quintil Salgado Salgado fue asesinado a tiros.

Desde entonces la empresa minera trabaja libremente y mantiene a su disposición al grupo de supuestos policías comunitarios que mantienen quietos a los pobladores.

De acuerdo con los pobladores de la región, este grupo armado que tiene retenes en los accesos en las localidades tiene vínculos con la organización criminal “Los Tlacos”.

Uno de los primeros retenes de este grupo armado está instalado en la entrada de la comunidad de Atzcala, donde el 4 de octubre pasado fue visto por última vez con vida el párroco Bertoldo Pantaleón, donde fue a oficiar una misa.

En 2023, entre los documentos filtrados conocidos como “Guacamaya Leaks” dio a conocer que el Ejército Mexicano tenía información de como los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la organización criminal la Familia Michoacana (FM) extorsionaban desde 2015 a la empresa minera Nyrstar en Campo Morado, minera asentada en el municipio de Arcelia.

Sin embargo, esta organización criminal cobra cuota a la mina desde antes del 2010, confió un ex funcionario del gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo.

En el mismo informe de “Guacamaya Leaks” asegura que la FM extraía uranio de la mina de Campo Morado para llevarlo al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán y embarcarlo a China.

La empresa minera belga Nyrstar que rentó 12,000 hectáreas de tierras a los ejidatarios de esa zona de Campo Morado relizaba sus operaciones extrayendo zinc, oro, plata y cobre.

En junio de 2015, los empresarios de Nyrstar cerraron con el argumento de que ya no podía pagar las extorsiones a los líderes de la FM.

Durante abril de 2017, la empresa minera canadiense Luca Minning le compró los derechos de concesión a la Nyrstar y se reanudaron las operaciones de extracción de metales en Campo Morado.

De acuerdo a las versiones de la gente de esa zona de Tierra Caliente, la minera Luca Minning aceptó las condiciones de la organización criminal pagándo el derecho de piso.

La empresa minera Capela, filial de Industrias Peñoles, está asentada en el municipio de Teloloapan donde extrae oro, plata y zinc.

En junio de este 2025, siete trailers, seis con góndolas que Capela subcontrató para el traslado de material extraído de la mina, fueron incendiadas por un grupo armado de la Familia Michoacana en la carretera federal Teloloapan-Iguala.

La quema de los siete vehículos de carga pesada fue un mensaje de esta organización criminal a la empresa minera para llegar a un arreglo con ellos.

Y es que Capela pagaba derecho de piso a la desaparecida agrupación de la supuesta policía comunitaria La Tecampanera que prácticamente fue desmantelada y ahora esa zona está bajo control de la FM.

Después del ataque armado a los siete vehículos, Capela no ha parado sus actividades debido a que llegó a un acuerdo con la organización criminal.

Mezcala que ha servido desde hace décadas para que las empresas exploten los minerales vive en una falsa prosperidad.

A principios del 2000, Mezcala tenía sus calles polvorientas, muchas de sus zonas sin servicio de luz y drenaje. Hoy es diferente, las principales vías de este localidad están pavimentadas con cemento hidráulico y cableado de servicio eléctrico subterráneo.

Una enorme iglesia, el amplio edificio de la comisaría municipal y un alumbrado eléctrico fueron construidos con el apoyo económico de la empresa minera.

Esa versión de que la explotación de las mineras dejan beneficios es una falsa ilusión porque los apoyos económicos solo llegan a los ejidatarios que rentan sus tierras y no a la demás población.

Sin embargo, los costos ambientales, sociales y de salud que provocan la actividad de las mineras son devastadores, dicen los expertos.

La visión de que las minas dejan beneficios tras explotar de manera irracional el territorio la han tenido los gobiernos locales del PRI, PRD y ahora Morena, pero incluso las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) porque sus investigadores han asegurado que esta explotación no deja daños ambientales.

En agosto de este año, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, presumió que la presidenta del Patronato Honorario del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG), Olivia Fuentes Brito consiguió que la empresa minera de Media Luna donara 100,000 dólares para la compra de equipo médico.

Olivia Fuentes y Gabriela Fuentes son integrantes del patronato del HMNG, la primera es la mamá y la segunda la tía de Rubén Hernández Fuentes, pareja sentimental de la gobernadora.

Además, en el mismo patronato del HMNG está María de Jesús Pineda, madre de Salgado Pineda.

El 26 de marzo de este 2025, Salgado Pineda acudió a la minera Media Luna, de la empresa Torex Gold a inaugurar la ampliación de su complejo y ahí frente a sus directivos elogió que la transnacional haya invertido 17 mil millones de pesos.

La gobernadora no detalló en que están impactando esos recursos a los habitantes de esta región y tampoco se refirió a los daños ambientales que provocan las minas.

En Carrizalillo la empresa Equinox Gold ni siquiera ha cumplido con la obra de abastecimiento de agua desde el 2019 y en los pueblos del Alto Balsas donde está asentada Media Luna la gente ya disminuyó su principal fuente de trabajo que es la pesca porque el río tiene contaminantes. De eso, Salgado Pineda no dijo nada.

La Uagro y su rector, Javier Saldaña Almazán hasta fundó una escuela de Minería que ha servido, en voz de sus dos principales investigadores Antonio Cervantes Núñez y Eduardo Herrera, para descartar que la operación de la minera Media Luna en la expansión de metales pesados en los ríos San Juan y Balsas afecte a los peces.

as mineras Media Luna de Torex Gold y la Equinox Gold, que operaba hasta el 2014 en Carrizalillo, han otorgado becas a los estudiantes de la Uagro, confirmando un posible conflicto de interés.

Chirrionazo

Casi nadie piensa en el peatón. El político común de Guerrero cree que el concepto “desarrollo” equivale a más concreto y menos árboles, más carreteras para automóviles y menos espacios para que el ciudadano pueda caminar, correr o andar en bicicleta o en patines.

La movilidad limpia reduciendo la huella humana también se discute poco. Ya ni hablar de servicios de transporte público planeados, de calidad y a bajo costo.

Por ello es alarmante que en la onceava edición del Congreso Peatonal en San Luis Potosí, se eligieron dos obras de Chilpancingo, la capital de Guerrero, como de las peores del país, por ser proyectos urbanos costosos y priorizar el uso del vehículo sobre la movilidad de las personas: Puente de la Obrera y la Glorieta Pleasant Hill.

Hace unos meses analizamos el costo de la glorieta ubicada en la Colonia Burócratas en la avenida Rufo Figueroa.

Más allá de solo ser una renovación “bonita” es una obra a la impunidad. No nos consta, pero estamos seguros que el proyecto no tiene ningún error, que bajo los requisitos de Contraloría cumple con todo. Por ello, que expertos urbanistas las reconozcan como obras negativas, es de resaltar, porque como estas obras, en los gobiernos de antes, en el de ahora y los que vengan no pueden ser aceptadas.

Que cumplan los parámetros internos de los gobiernos pero que en la realidad en lugar de que ayuden empeoren la movilidad ciudadana, debería ser un parámetro nuevo por el cual se castigue a las autoridades.

Las dos obras fueron presumidas además por el gobierno de Evelyn Salgado Pineda. Pero por ejemplo, también está la ciclovía que hizo en Chilpancingo el entonces alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, la cual generó un gasto millonario y pronto quedó inservible, en lugar de ayudar perjudicó a varias colonias del sur de la ciudad. También el parque lineal sobre el cauce del río Huacapa del gobierno priista de Héctor Astudillo Flores, otra obra que en lugar de generar un beneficio social, representó un gasto millonario y el cual aceleradamente ha venido a menos. Otra obra actual es la ciclovía de Ciudad Renacimiento, que Abelina López Rodríguez presumió, pero que en la práctica genera caos cotidiano.