Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucena y Arturo de Dios Palma.
Migrantes de la comunidad de San Miguel, del municipio de Mochitlán, que llegaron desde hace seis meses a una localidad de California están desesperados por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Desde julio de 2024 un grupo vecinos de este pueblo de Guerrero llegó al país vecino tras sortear muchas dificultades que implicó un gasto económico y el riesgo de ser detenidos por la migra o por los grupos criminales que tienen su feudo en la frontera norte. Todo para buscar oportunidades de trabajo.
Ya pasaron seis meses de su llegada a Estados Unidos y los migrantes guerrerenses de esta localidad -ubicada a 40 minutos de Chilpancingo- no consiguen empleo y ahora -con el inicio del gobierno de Donald Trump- será mucho más difícil.
Alondra, a quien le ponemos de nombre a la mujer de San Miguel para guardar su anonimato, dice que si bien es cierto en la localidad estadounidense donde vive ella y sus familiares no han visto redadas de agentes de la migra para detenerlos e iniciar un proceso de deportación, tienen mucho miedo y evitan salir a las calles para buscar empleo.
“Ya estamos aquí y pues ahora a lo que venga”, dice la migrante quien con sus dos hijas decidieron irse a Estados Unidos para juntarse con su esposo quien lleva varios años trabajando en una empacadora.
Alondra, en caso de que encuentre trabajo, será en el campo, no hay más.
Este grupo de guerrerenses viven casi hacinados en una vivienda y al día comiendo lo que sea.
San Miguel tiene una población de más de 2 mil habitantes, pero desde hace más de tres décadas la gente se va a Estados Unidos y los menos a estados del norte del país para emplearse en los campos de cultivo.
A diferencia de otras comunidades de Guerrero que emigran a Estados Unidos porque son víctimas de la violencia generada por grupos del crimen organizado, la gente de San Miguel y otras localidades de Mochitlán y del vecino municipio de Quechultenango se van por la falta de fuentes de trabajo ya que con sus tierras de labor que tienen ya no les alcanza para sostenerse económicamente.
La siembra de maíz, sandía, cacahuate y calabaza ya no da para más. Sembrando Vida, uno de los programas para el campo que presumió el gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha llegado.
El programa Sembrando Vida, beneficia al campesino con 5 mil pesos mensuales que le dan a través de una tarjeta del Bienestar.
Las tierras de cultivo en San Miguel lucen abandonadas. Incluso, al borde de la carretera después de Mochitlán, se ven anuncios de venta de tierras que hasta hace unos años se veían repletas de milpas, calabaza o de sandía.
Esta zona del centro de Guerrero de los municipios de Mochitlán y Quechultenango y la colindancia hacia Chilapa, la organización criminal de “Los Ardillos” que dirigen los hermanos Celso Ortega, Iván y Antonio Ortega, es su principal bastión.
Los escándalos de criminalidad más recientes que protagonizaron Los Ardillos fue el asesinato del alcalde perredista de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán en octubre del 2024 y en noviembre, la desaparición de 17 vendedores de la comunidad de Chautipan de los cuales, 11 fueron hallados mutilados.
Pero la gente de esta zona ya se acostumbró a convivir con este grupo criminal y no expresan de manera pública algún temor. Es más, muchos de los vecinos, se sienten seguros en sus comunidades con la presencia de esta organización criminal.
Alondra explica: “Nosotros no vinimos a Estados Unidos por la violencia, estamos aquí porque queremos trabajar y si se puede nos quedamos, pero si nos sacan no pasa nada”.
Contó que allá donde está con su familia se han topado con migrantes de otra zona de Guerrero que sí salieron huyendo porque la delincuencia los expulsó, luego de despojarlos de sus tierras y casas.
“Si a ellos los agarra la migra y los deporta no podrán regresar a su pueblo porque ya no tienen nada y los van a matar; nosotros sí podemos retornar a San Miguel, sin problemas porque tenemos casa y una parcela”, refirió.
Alondra y sus otros familiares pudieron entrar sin tantos problemas a Estados Unidos a través de la aplicación CBP que se canceló este 20 de enero unas horas después de que el republicano Donald Trump asumió la presidencia.
Pero la gente que logró entrar a través de esa cita durante el gobierno del presidente John Biden, falta que les den el asilo. Lo más seguro es de que no se los darán.
Desde hace décadas en el país, Guerrero es de los principales expulsores de mano de obra barata a los Estados Unidos.
El último reporte oficial de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales es que en todo el territorio de Estados Unidos hay un millón y medio de guerrerenses radicados.
Solo en Los Ángeles, que es una entidad que desde siempre ha sido gobernada por el partido Demócrata, radican más de 400 mil migrantes de Guerrero.
Un informe del gobierno estatal señala que en 2022, las remesas que llegaron a Guerrero a través de sus migrantes ascendió a 2 mil 187 millones de dólares, que al tipo de cambio a peso mexicano actual que es de 20 pesos con 28 centavos por dólar, equivaldría a 44 mil 341 millones de pesos.
De acuerdo con el Banco de México que también hace un análisis de las remesas enviadas al país, en 2023 los guerrerenses enviaron 3 mil 182 millones de dólares a sus familiares, esto equivaldría al tipo de cambio actual a 64 mil 515 millones de pesos.
Un documento por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el banco BBVA señala que Guerrero es el segundo estado del país -de los 32- con mayor dependencia de las remesas porque el dinero que envían los migrantes desde Estados Unidos equivale al 13.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad, de acuerdo con una nota publicada por el reportero del periódico El Sur, Ramón Gracida Gómez.
Un ex funcionario del consulado de México en Chicago reconoció que desde que ganó las elecciones el republicano Donald Trump existe preocupación en los migrantes mexicanos por la amenaza que este hizo desde su campaña de blindar la frontera y ordenar redadas para realizar deportaciones masivas.
Grupos de organizaciones de los estados de Los Ángeles e Illinois asesoran a inmigrantes a quienes les dan una guía para que conozcan sus derechos y un plan de seguridad en caso de que sean detenidos por la migra.
Además, les piden a los paisanos que tengan en la mano una serie de documentos personales para que se les pueda ubicar.
En Estados Unidos hay un millón de paisanos que tienen una orden de arresto por diferentes delitos que están en la mira de las autoridades estadounidenses para detenerlos en estas redadas que ya están en marcha desde este 20 de enero.
Del millón de mexicanos residentes que tienen una orden legal de detención, 55 mil guerrerenses están en esa situación.
¿Son suficientes las medidas anunciadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar a los migrantes guerrerenses deportados? Nosotros creemos que el botón de pánico y los 2 mil pesos de apoyo al ser repatriados es muy poco y con esto coinciden líderes de migrantes radicados en Estados Unidos.
En esta nueva crisis que enfrenta el país por la ejecución de varias acciones que emprendió el gobierno de Donald Trump referente a los migrantes, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sólo replica los llamados a la calma y prudencia que hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los paisanos que residen en el país vecino.
Silvia Rivera Carbajal, una ex dirigente del PRI, ahora de Morena y paisana del senador Félix Salgado Macedonio funge como titular de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales, viajó hace unos días junto con su subsecretaria, Alondra García Lucatero, a Tijuana para atender a los primeros 168 migrantes de Guerrero que fueron deportados.
Pero hasta el momento el gobierno de Salgado Pineda no ha informado qué atención se les dio a los repatriados guerrerenses.
La gobernadora morenista anunció “una estrategia integral de apoyo a las y los migrantes guerrerenses que puedan ser repatriados”.
Tanto Salgado Pineda como la presidenta Sheinbaum Pardo han dicho a los migrantes que si son expulsados serán “bienvenidos”, pero ¿garantizarán las autoridades a los paisanos un trabajo? ¿O cómo les van a garantizar su retorno a su comunidad y qué pasará con quienes fueron expulsados por el crimen organizado de sus localidades?
El ex presidente López Obrador y ahora su sucesora Sheinbaum Pardo presumen que por las remesas que envían los migrantes mexicanos son importantes para la estabilización económica del país.
Sin embargo, durante el primer mandato de Donald Trump se realizaron redadas contra migrantes y el gobierno de López Obrador endureció las medidas de contención en la frontera sur de México para evitar caravanas masivas de migrantes centroamericanos y de otros países.
Estas acciones del gobierno del morenista cumplieron un objetivo, quedar bien con su homólogo Donald Trump.
La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es un problema desde hace décadas y la principal responsabilidad recae en el gobierno mexicano que no ha garantizado que la gente permanezca en sus comunidades teniendo empleo, servicios de calidad en salud y educación para sus hijos y sobre todo seguridad.
Ninguna de estas premisas que son derechos constitucionales de la ciudadanía han sido garantizados por este gobierno ni los anteriores emanados del PRI y el PAN.
La presidenta Sheinbaum Pardo y el gobierno de los Salgado en Guerrero no se rasgan las vestiduras por los migrantes, incluso, los tienen abandonados.
De los anuncios de ayuda que presuntamente dará el gobierno mexicano a los connacionales deportados, el presidente de Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado Jiménez, arremetió contra las autoridades por los 2 mil pesos que dijeron darán a los deportados cuando ya estén en tierras mexicanas.
“Es una burla”, refirió el líder de los migrantes radicados en Estados Unidos.
Desde hace más de 20 años esta organización que ahora preside Salgado Jiménez ha sido enlace del gobierno de Guerrero con los residentes guerrerenses.
Los Clubes Unidos tiene su sede en Chicago y tienen conexión con otras organizaciones asentadas en distintas ciudades de Estados Unidos donde hay migrantes de Guerrero.
Desde el gobierno del priísta Héctor Astudillo se ha perdido la buena relación y se agravó cuando los gobiernos federal, estatal y municipal redujeron el presupuesto del programa 2X1 que antes era 3X1.
Este programa es una mezcla de recursos que aportan los migrantes con sus remesas y los gobiernos y que se utiliza para realizar obras sociales en las comunidades de donde son originarios los guerrerenses.
En el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, las organizaciones de migrantes acusaron al entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Héctor Vicario Castrejón, de haberse quedado con parte de sus aportaciones que hacían los migrantes que serían destinado para la construcción de una iglesia, una calle o una escuela en su pueblo de donde eran originarios.
La mala relación de las organizaciones de migrantes guerrerenses sigue en pie y hasta peor con el actual gobierno de Salgado Pineda.
“El gobierno de Evelyn Salgado ni siquiera apoya para la repatriación de los paisanos que han fallecido y mucho menos ahora lo hará en apoyar a la gente que sea deportada”, sintetizó Salgado Jiménez.
El dirigente migrante añadió que ahora las autoridades recomiendan mejor cremar a los migrantes fallecidos para disminuir los costos de traslado a sus comunidades de origen.
Los grupos del crimen organizado que dominan amplias zonas de Guerrero han provocado desde el 2012 más de 24 mil personas desplazadas de sus pueblos.
Familias enteras que han sido expulsadas de sus comunidades despojados de sus tierras, ganado, parcelas, vehículos y casas han emigrado a Estados Unidos donde tienen algún familiar.
Durante el 2017 y 2018, se registró una fuerte avalancha de desplazados por la violencia en las comunidades de los municipios de Zitlala, Chilapa y Leonardo Bravo.
Los gobiernos federal y estatal nunca le garantizaron a la gente su retorno a sus pueblos y los dejaron en el abandono.
Teodomira Rosales Sierra, directora de la organización Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, asegura que 290 familias desplazadas de comunidades de Leonardo Bravo se fueron a Estados Unidos.
“Con las medidas que ya impuso el presidente Donald Trump, la gente que está allá (en Estados Unidos) está preocupada porque en cualquier momento los pueden deportar”, dice la activista.
Y se pregunta: ¿si los sacan de Estados Unidos, a dónde irán?
“Ellos ya no pueden regresar a sus pueblos porque no tienen nada y si vuelven los matan”, menciona Rosales Sierra.
La crisis migratoria no inició expresamente con Trump, los gobiernos mexicanos de todos los partidos y los tres órdenes de gobierno han sido corresponsables de las oleadas de migración al no garantizar a los mexicanos y en nuestro caso a los guerrerenses las libertades fundamentales y los servicios públicos dignos.
No han procurado que el migrante no salga prácticamente huyendo de su lugar de origen ante la falta de empleo, la pobreza y la violencia, por ello, sino garantizaron eso ¿cómo esperamos que garanticen una ayuda a los deportados?
El análisis debe continuar a una segunda etapa, no sólo en qué harán las autoridades nacionales para recibir a los migrantes deportados sino más importante: qué harán para que más personas no se vean forzadas a abandonar su tierra y a sus familias y migrar a un país forjado por migrantes pero donde la xenofobia republicana vive un empoderamiento.
Chirrionazo.
El ex priísta y ex panista, Gustavo Alarcón Herrera ya se notó que no tiene nada de carisma y lo peor un plan de gobierno.
Resulta que este viernes 24 de enero, Alarcón Herrera junto con un grupo de ediles y funcionarios se metió a sus oficinas y celebró un mini informe de sus 100 días de gobierno en el que omitió hablar de la inseguridad que se vive en Chilpancingo ni tampoco mencionó el asesinato de Alejandro Arcos Catalán.
Ese mismo viernes en la madrugada un joven fue asesinado a balazos en la zona de bares y cantinas del andador Zapata. Es voz populi que en la mayoría de estos antros prolifera la venta de droga y ninguna autoridad ha sido capaz de clausurarlos. Acaso, ¿les están untando la mano?
El alcalde capitalino Alarcón Herrera ni pio dijo sobre este asunto que ocurrió cerca de donde él despacha, pero eso sí, custodiado por 20 agentes de la Guardia Nacional que no lo dejan solo ni para ir al baño. ¡Qué horror!
Los que también son un horror y demuestran su desfachatez son Mario Moreno Arcos y la senadora morenista Beatriz Mojica Morga, quienes se reunieron en la Ciudad de México.
Según el ex priísta y ex emecista fue el primer acercamiento porque lo están invitando a integrarse a Morena. La descomposición del partido guinda se acelera cada vez más.
Pero, ¿qué opinan los morenistas de hueso colorado de esto? Lo que expresen los priístas no nos sorprenderá, porque muchos ya están en Morena.
