Los agentes aseguraron que durante todo el traslado a barandilla la trataron con “respeto a sus derechos humanos”. Dijeron que fue puesta a disposición de un juez calificador pero no registraron la detención de Vianey en el Registro Nacional de Detenciones porque estaba “en mantenimiento”. 

El 21 de febrero del 2025, la madre del Vianey rindió su testimonio ante la Coddehum. El testimonio coincide con la relatoría de los hechos que hizo Vianey. La madre contó a la comisión que una mujer policía la amedrentó con la posibilidad de enviar al hijo menor de Vianey, de ocho meses en ese momento, al DIF. 

El 21 de marzo, el vecino también rindió su declaración ante la Coddehum. Ratificó la versión de Vianey. Afirmó que uno de los hombres que bebían en la calle entró a la casa de Vianey a orinar sin permiso. Confirmó que un hombre y una mujer de ese grupo la golpearon y que la policía no hizo nada para evitarlo. No recordó si a Vianey la subieron los policías o si ella se subió sola. 

En la recomendación, la Coddehum expone que la detención de Vianey fue arbitraria porque no pudieron demostrar “la legalidad de la detención”. Incluso, marca las contradicciones en el informe de los agentes: “primero dicen desconocer cómo es que Q (Vianey) se subió a la patrulla y luego tratan de justificar que cometió una falta administrativa”.

La Coddehum afirma que los agentes vulneraron sus derechos humanos de Vianey como la libertad personal porque no había ninguna de las hipótesis para restringir la libertad de la mujer. Luego afirma que durante la detención no protegieron ni garantizaron la dignidad de Vianey.

La recomendación presenta el informe médico donde afirma que Vianey fue golpeada en los brazos, piernas, muslos donde presentó moretones, raspones e inflamación. Sobre el robo de los 16,000 pesos que denunció Vianey, la recomendación afirma que no se pudo acreditar pues no se demostró la “preexistencia y su falta posterior”.

Otra causa por la que la Coddehum no dio como un hecho el robo, fue porque los policías no “refirieron sobre el recurso económico que refirió la quejosa”. 

La recomendación afirma que el 20 de febrero se “dio vista” al agente del Ministerio Público adscrito a la Coddehum porque de la denuncia podría “desprender conductas ilícitas” por parte de los agentes.

Sin embargo, la FGE, como ya es costumbre, no ha informado si investiga a estos agentes. La Coddehum reconoce que los policías municipales privaron de la libertad de manera ilegal a Vianey, que violaron sus garantías a la seguridad personal, que no pudieron acreditar de manera legal la detención y que esa detención no se acreditó en el Registro Nacional de Detenciones, lo que constituye una irregularidad, pese a todo eso hizo dos recomendaciones que, por decirlo de alguna manera, son muy complacientes con las autoridades.

La primera: pide al órgano interno de control del ayuntamiento de Chilpancingo que comience un proceso administrativo contra los seis agentes. La segunda que envíen a “cursos de capacitación y actualización” sobre derechos humanos a los policías.

Estas son las recomendaciones de la Coddehum pese a que  afirma que las acciones de los policías se podrían “desprender conductas ilícitas”. Dicho de otra manera: que actuaron como criminales. La recomendación, como casi todas, no tuvo ningún efecto.

Los policías que detuvieron ilegalmente, golpearon, violentaron sexualmente, robaron a Vianey son los mismos que durante todo este año no la han dejado de hostigar, de amenazar, de extorsionar.

Vianey asegura que durante este año, Francisco Santiago Ojeda fue ascendido a comandante en la Secretaría de Seguridad Pública.

Después de que Vianey explotó en la puerta de la oficina del tercer visitador, contó lo que está siendo esta pesadilla. Un día sí y el otro también, los policías Francisco Santiago Ojeda, Lorenza Cano Hernández y Martha Cuchillo la hostigan. Han llegado a su puesto a amenazarla con que la van a golpear, le ha quitado en varias ocasiones su mercancía. La extorsionan. Vianey afirmó que le piden 5,000 pesos para dejarla vender. Ella siempre tiene la misma respuesta: su puesto apenas y da para que ella y sus cuatro hijos, dos con discapacidad, puedan sobrevivir.

Contó que un día el policía Francisco Santiago Ojeda junto con otros agentes organizó una operación para quitarle a su hijo menor, esa vez no pudieron, recuerda, porque pasó una patrulla de la Guardia Nacional. La comerciante denunció lo que todos en Chilpancingo sabemos: policías y funcionarios forman parte de la estructura que extorsiona a los comerciantes de la ciudad. 

En 2023, empresarios hoteleros denunciaron la participación de los agentes en las extorsiones que sufren: “la maña… se lleva la millonada, me tocó ver a mí como llegaban a extorsionar a todos… y lo peor es que va el mañoso con cuatro policías municipales acompañándolo”.

Esa mañana del 20 de enero, Vianey llegó a la Codehum aún con dolores en el abdomen. Días antes, fue sometida a una cirugía: le quitaron un pedazo de uno de sus intestinos.  Asegura que después de los golpes comenzó a sentir dolores fuertes en el abdomen, hasta que un día no soportó y fue al hospital a que la revisaran.

Ahí un médico le explicó que parte de su intestino se le paralizó porque otros órganos lo apretaron. La mujer le acredita la causa de la cirugía a la golpiza que recibió por parte de los policías. 

—¿Por qué no se va de Chilpancingo? —propone una reportera que escucha con angustia su denuncia.  

—Porque no tengo a dónde irme, no tengo dinero para irme. 

En los últimos años, los alcaldes y alcaldes han sido factor principal para desestabilizar ciudades completas.

En la Tierra Caliente se vive una tranquilidad inquietante. Los homicidios se han reducido debido al control casi absoluto que impuso la Familia Michoacana en complicidad con los alcaldes y alcaldesas. En esta región los alcaldes y alcaldesas no hacen nada para combatir a la delincuencia, al contrario, le dan su apoyo. Recordemos mayo de 2023.

Durante tres días ocho de los nueve ediles de la región, bloquearon la carretera federal Altamirano-Iguala para impedir que la FGE se llevaran 12 vehículos —algunos de lujo— eran propiedad de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, presunto líderes de La Familia Michoacana.

De esos ocho, tres se reeligieron: la alcaldesa de Cutzamala del Pinzón, la priista Mayte Arce Jaimes; la de Tlalchapa, la morenista Tania Mora Eguiluz y el alcalde de Tlapehuala, el priista José Luis Antúnez Goicochea.

En junio de 2023, salieron a la luz las reuniones que la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, sostenía con el presunto líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

Después de los vídeos, la ciudad se convulsionó. Hernández Martínez terminó su gestión, luego Morena la expulsó pero en marzo del 2025 el Tribunal Electoral le restituyó su militancia.

Otro caso fue Taxco. El 1 de octubre del 2024, al día siguiente que Mario Figueroa Mundo dejó la alcaldía de Taxco, su hijo mayor fue detenido junto a su escolta. Los dos son procesados por el delito de desaparición de personas. El 12 de octubre fue detenido otro de sus hijos por el delito de homicidio. A casi un mes de que Figueroa Mundo dejara el cargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) junto al Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementaron una operación en la comandancia de la policía de Taxco, detuvieron a 10 agentes, todos acusados de desaparición forzada y homicidio, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez. El secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, La Sombra, está prófugo.

Durante el gobierno de Figueroa Mundo esa ciudad se convirtió en un lugar de terror. Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo La Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos para que votaran por el ahora exalcalde. Eso tuvo un precio: durante la administración de Figueroa Mundo esta organización criminal endureció su presencia, estaba metida en casi todo. Tomaron el control de los productos de la canasta básica, impusieron los precios y su distribución.

Figueroa Mundo está prófugo, la fiscalía lo busca para detenerlo por el delito de desaparición forzada.

¿En Chilpancingo qué se ha hecho para sanear a la Policía Municipal? Nada. Tampoco se ha hecho algo para hacer la suficiente, en la capital se requieren mínimo unos 600 agentes y apenas hay unos 130, según dijo el alcalde, el priista Gustavo Alarcón Herrera, en una entrevista con el periódico El Sur. 

Pero tampoco han hecho algo para hacer a la Policía de la capital eficiente, casi todo su gobierno Alarcón Herrera se la ha pasado clamando ayuda a la Federación. Todos podemos entender que con 130 agentes, muchos muy cuestionables, se pueda hacer algo para detener la criminalidad y detener la disputa entre las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos.

Pero algo tienen qué hacer el alcalde, porque si no puede ni tener el control de su policía, nada tiene que hacer en el ayuntamiento.