El rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, es otra vez el protagonista de una maniobra turbia. Intentó ampliar el periodo de su tercer rectorado de cuatro a seis años.

Decimos que intentó porque —en el intento— quedó al descubierto y, hasta ahora, la iniciativa de ley que envió la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, al Congreso local impide que Saldaña Almazán se quede dos años más en la rectoría.

Pero esto aún no termina, recordemos que en política, y con los políticos tan primitivos de Guerrero, todo puede pasar.

En 15 días —del 21 de agosto al 5 de septiembre— el Consejo Universitario hizo todo el proceso para construir la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la universidad en materia de no reelección.

Según el dictamen que elaboraron las comisiones de Legislación y de la Reforma Universitaria, el Consejo Universitario recibió el 21 de agosto la propuesta para reformar los artículos 28 y 29; al día siguiente la entregó a la Unidad Técnica del Consejo Universitario y, ésta, el 25 de agosto la remitió a las comisiones del Legislación y Reforma Universitaria.

Al día siguiente, ambas comisiones lanzaron la convocatoria de un foro estatal de consulta que, supuestamente, se llevó a cabo el 2 de septiembre en la que, según dice el dictamen de propuesta, participaron representaciones académicas y sindicales de las ochos regiones del estado.

Dos días después, las dos comisiones elaboraron un informe del foro. Sin embargo, el dictamen no dice lo que opinaron los universitarios, ni siquiera precisa el lugar dónde se realizó el foro.

Al día siguiente, el 5 de septiembre, las comisiones de Legislación y Reforma Universitaria elaboraron el dictamen y de inmediato ambas lo aprobaron por unanimidad. Ese mismo día lo enviaron a la Secretaría General del Consejo Universitario para que fuera incluido en el orden del día de la próxima sesión.

El 9 de septiembre el dictamen fue aprobado por unanimidad por los consejeros universitarios.

Según el dictamen la propuesta para el artículo 28 era que se eliminara la reelección, aunque no del todo: el rector, los directores de escuelas, así como los consejeros universitarios y académicos no podrán reelegirse en la elección inmediata, deberán dejar pasar un periodo. La reforma no pone límites a las veces que pueden elegirse como rector o como directores de escuelas.

Mientras la propuesta para reformar el artículo 29 fue que el periodo del rector y los directores de las escuelas pasara de cuatro a seis años y el de los consejeros de dos a tres.

La propuesta que enviaron las comisiones de Legislación y de Reforma Universitaria agregó tres transitorios, pero en los dos primeros es donde se concentra toda la polémica.

La propuesta que fue llevada al Consejo Universitario sobre los transitorios dice:

“Primero: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Guerrero.

“Segundo: La duración del cargo de las autoridades y órganos de gobierno en funciones, señalados en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero número 178, se sujetará a lo establecido en la presente reforma a partir de su entrada en vigor”.

De acuerdo con la información que difundió la rectoría sobre la sesión del 9 de septiembre, la aprobación fue por unanimidad de los 195 consejeros que asistieron.

En la Gaceta Universitaria número 130, el órgano de información del Consejo Universitario, se muestra que durante la sesión del 9 de septiembre, donde se aprobó el dictamen de reforma del artículo 28 y 29, no hubo discusión.

Según la Gaceta Universitaria, el coordinador de la comisión de Legislación Universitaria, Ramón Silva Santos tomó la palabra y en lugar de profundizar en los artículos a reformar pidió obviar la lectura:

“La propuesta que se está haciendo interna de este consejo universitario, es modificar dos artículos de esta ley, que es el artículo 28 y 29, y para no meterlos en la lectura amplia de los artículos, preceptos y justificaciones, solamente diremos que lo que se pretende cambiar es quitar la reelección inmediata del rector en turno, es decir, quitar la reelección inmediata. Ese es el primer planteamiento. El segundo, y también con mucha justificación, tanto legal como política, se ha señalado la necesidad de prorrogar algunos periodos del rector, de directores, consejeros de unidad y consejeros universitarios maestros, es decir, de cuatro años que contempla el periodo de rector, se propone que se amplíe a seis años en su cargo”.

Luego habló el abogado general de la Uagro, José Guillermo Girón Catalán, a quién ubican como el artífice de la reforma, y también omitió los transitorios.

Hubo más participantes, pero según el registro de la Gaceta no hubo ninguna intervención que hablara de los transitorios: nunca nadie estableció que la entrada en vigor sería en 2027, ni tampoco se puntualizó que la reforma sería aplicable para el rector y directores que están en funciones.

No se hizo mención pero en el dictamen que presentaron las comisiones de Legislación y Reforma Universitaria sí estaban los dos transitorios.

Como es sabido, Saldaña Almazán mantiene un control férreo entre todos los universitarios, incluidos la mayoría de los 195 consejeros universitarios. A casi toda la universidad la tiene cooptada, por supuesto, con sus honrosas excepciones. Dicho más claro: tiene al Consejo Universitario sometido y a sus órdenes. Para que no quede duda: los consejeros aprueban lo que Saldaña Almazán les ordena. Y en esta ocasión la orden fue aprobar el dictamen.

¿Por qué se omitió la lectura del dictamen?

¿Esa fue la intención original: que todo quedara ambiguo?

¿Se omitieron los transitorios en la sesión del Consejo Universitario deliberadamente?

¿La aprobación se manejó de manera sigilosa precisamente para que las intenciones del Saldaña Almazán no quedaran al descubierto?
Todo parece que sí, Saldaña Almazán no tomaría el riesgo de estar en una sesión donde lo cuestionaran por sus intenciones de querer permanecer dos años más en la rectoría.

Esa laguna en la sesión, esa falta de claridad en lo que se aprobó en el Consejo Universitario es lo que está provocando la turbiedad en el proceso legislativo.

Para abonar a la turbiedad, Saldaña Almazán tardó un mes para enviar el dictamen de propuesta aprobado por el Consejo Universitario a la gobernadora para que lo remitiera, convertido en iniciativa de reforma al Congreso del estado.

El 22 de octubre, la gobernadora envió la iniciativa de reforma al Congreso, pero no coincidió con el dictamen que elaboraron las comisiones de Legislación y Reforma Universitaria y que fue aprobado por el Consejo Universitario.

El cambio surgió precisamente en los dos transitorios. La iniciativa de reforma que envió Salgado Pineda dice textualmente:

“Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, y será aplicable a partir de la elección en el año 2027.

“Segundo. La duración del cargo de las autoridades y órganos de gobierno en funciones, señalados en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero número 178, no se sujetarán a la ampliación de plazo que establece la presente reforma”.

De inicio, se pensó que Salgado Pineda había modificado el dictamen que aprobó el Consejo Universitario, pero fue el propio Saldaña Almazán quien aseguró que no hubo modificación.

La iniciativa de reforma lo confirma: “Que el día ocho de octubre de dos mil veinticinco recibí de la Universidad Autónoma de Guerrero el dictamen aprobado por su Honorable Consejo Universitario, el cual señala textualmente lo siguiente:”, dice el documento que envió la gobernadora al Congreso. Es decir, no le movió ninguna coma, la envió “tal cual señala textualmente”.

¿El dictamen se modificó?

Esa es la pregunta que invade toda la discusión. No hay certeza de lo que se aprobó en el Consejo Universitario el 9 de septiembre, tampoco hay un mecanismo para verificar qué se aprobó.

Ahora todo está en el Congreso, pero ahí tampoco hay garantía de que se aclare todo este enredo. Han sido muy pocos los diputados y diputadas que se han manifestado abiertamente sobre la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Uagro.

De acuerdo al periódico El Sur, el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros pidió que se investigue porque hay dos documentos y afirmó que eso “empaña” el proceso legislativo. Además, dijo que es una buena oportunidad para hablar del nivel académico de la Uagro y no sólo de elecciones y reelecciones.

Mientras que la diputada, Diana Bernabé Vega ha expresado que enviados de Saldaña Almazán han exigido la aprobación de la reforma a cambio de apoyo, con marchas y mítines, a favor de Morena.

Bernabé Vega también ha denunciado la forma irregular en la que se llevó a cabo la construcción de la propuesta de reforma por parte del Consejo Universitario, subordinado a Saldaña Almazán. El primer punto es la falta de una consulta a los universitarios que está ordenada en la misma Ley Orgánica de la Uagro. El segundo punto es que los consejeros no votaron la aprobar los transitorios, porque no fueron leídos, menos puestos a discusión.

Pese a todo, el Congreso local puede aprobar la reforma y dar por concluido este capítulo, sin que se investigue la existencia de los dos documentos, sin que exija una explicación del porqué en la sesión del 9 de septiembre no se leyó, ni se sometió a la discusión y mucho menos se votaron los transitorios. El Congreso también pudiera pasar por alto que no fueron consultados los universitarios.

Todo eso puede pasar, sin duda, estamos en Guerrero.

Saldaña Almazán se convirtió en uno de los mejores aliados del clan de los Salgado encabezado por la gobernadora y su padre, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio.

En el Congreso, el empleado del clan de los Salgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Uriostegui García, puede ser el encargado del trabajo sucio y defender al cómplice de sus jefes.

El rector ha puesto, como lo hizo con el PRI, a la Uagro a disposición de los intereses político-electorales de Morena. Eso le ha dado rendimientos para su causa: perpetuarse en la universidad.

En los 12 años como rector, ningún gobernador (Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Martínez, Héctor Astudillo Flores) y ahora la gobernadora lo han molestado con el pétalo de una auditoría.

¿Ninguna irregularidad han hallado en el manejo del presupuesto de la Uagro en 12 años?

Sospechas hay muchas de malos manejos, pero ningún mandatario se ha decidido a investigarlo. Acá recordamos —porque es preciso no olvidar— algunos cuestionamientos a su riqueza.

Hace unos años, el ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, se refirió a Saldaña Almazán como “el rector más rico del país”.

En 2018, Aguirre Rivero escribió en sus redes sociales: “¿Cómo un rector de una Universidad tan pobre como la nuestra puede comprar caballos de dos o tres millones de pesos? La Universidad Autónoma de Guerrero debe ser sometida a una minuciosa auditoría, que se investiguen las propiedades del Rector Javier Saldaña y se conocerán muchas cosas”.

El jefe del clan de los Salgado cuando recibió su constancia de senador electo en 2018 dijo: “No puede ser que haya un pueblo pobre con un gobernante rico, ni puede ser que haya una Universidad pobre, donde se rechazan a los jóvenes estudiantes, con un rector rico, tampoco se puede”.

Con Saldaña Almazán en la universidad se acabó el razonamiento, la protesta, porque han construido una falsa hipótesis de que lo ideal para la universidad es la unidad.

A la Uagro la convirtió en una tumba cuando se trata de criticar la violencia que vive Guerrero, incluida la que sufren sus propios universitarios. A decenas de profesores y estudiantes los han asesinado, desaparecido y la universidad, la de Saldaña Almazán, ha preferido el silencio cómplice.

La cooptación ha sido su método, pero Saldaña necesitó una estructura para ponerlo en práctica. Construyó un ejército que le operara política y electoralmente, que abarcara toda la universidad. ¿Cómo lo logró? Con los recursos de la propia universidad.

De acuerdo al Convenio Marco de colaboración que firma la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Guerrero, la Uagro en 2023 recibió un subsidio gubernamental de 3 mil 145 millones 359 mil 562 pesos.

De esos, 2 mil 295 millones 359 mil 560 pesos los transfiere la SEP, y el resto, 850 millones, el gobierno del estado.

Del monto total, 2 mil 21 millones 441 mil 986 pesos son para sueldos, prestaciones de los universitarios; mil 27 millones 984 mil 542 pesos son para Gastos de Operación. El resto lo gasta la universidad en el pago de estímulos al personal docente y gasto de operación peso a peso.

Con el rubro de Gastos de Operación, antes de su muerte, Román Ibarra Flores contó que Saldaña Almazán construyó su ejército de operadores.

“Saldaña sometió al Consejo Universitario para que le aprobara disponer de esos recursos y los utilice para pagar esos espacios que la SEP no se lo está autorizando. Incluso, la SEP desde 2019 le pidió que los despidiera. En 2019 eran 600, ahora 2,000”, dijo el abogado.

Con Saldaña Almazán, la Uagro ha sufrido una caída de su matrícula desde hace diez años. El documento elaborado por la propia universidad “Tendencia de estudiantes de primer ingreso y matrícula total del nivel Superior 2013-2023 y su costo promedio por alumno”, lo muestra.

Ese es el legado de Saldaña Almazán.

 

Chirrionazo

El nuevo cacique de Guerrero Félix Salgado Macedonio anda pidiendo que las aspirantes y los aspirantes a suceder a su hija Evelyn Salgado Pineda le paren a sus precampañas cuando él con todo el aparato de gobierno se anda promoviendo desde el 2021.

Y lo peor es de que nadie, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la líder nacional de Morena Luisa María Alcalde frenan a Félix.
Al senador ya le deberían de decir el clásico: “sereno moreno”.