Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucena y Arturo de Dios Palma.
Si por algo recordaremos la 63 Legislatura del Congreso de Guerrero será por las irregularidades en la demolición y construcción de la nueva biblioteca Siervo de la Nación; por su improductividad legislativa; por su lentitud en nombrar cabildos de nuevos municipios. Porque no les importó aprobar una ley de identidad ni homologar el tipo penal de feminicidio y transfeminicidio. Por diputados y diputadas que simularon una consulta popular e intentaron desaparecer la legalidad de la CRAC como sistema de justicia comunitario, por hostigar a sus trabajadores y por entregar cientos de tinacos, zapatos y 30 mil despensas, además de solicitar 108 millones a un mes y medio de su partida.
Cada tres años se renueva el Poder Legislativo local, lo irónico es que en Guerrero los diputados y diputadas pasan y lo que menos hacen son leyes que mejoren la vida de los pobladores.
Ser diputado local se convirtió desde hace décadas en un trampolín político para quienes aspiran a ser alcaldes, diputados federales, senadores y, porque no, gobernadores. La cosa es seguir viviendo del erario público.
Por ejemplo, el domingo 25 de agosto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso, la morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, rindió su tercer informe de labores en el salón privado La Cartuja, en Acapulco.
El evento fue un ensayo con miras al 2027, a pesar de que apenas vamos a cumplir tres meses de las elecciones del 2 de junio, Calixto Jiménez se ve en el futuro ocupando la alcaldía del puerto.
Cientos de colonos, transportistas e invitados especiales, una veintena de diputados locales de todos los partidos, funcionarios federales y estatales acompañaron a Calixto Jiménez.
Varios dueños de medios de comunicación que tienen convenio de publicidad con el Congreso fueron obligados a cubrir el informe por órdenes de la presidenta de la Jucopo.
Su antecesora en la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, tras ganar la diputación federal en el distrito 2, ya no retomó su puesto y dejó a su suplente: el objetivo ya estaba hecho, legislar no era la prioridad sino saltar del Congreso local a un nuevo cargo federal.
El asunto no es de género, ahí está Osbaldo Ríos Manrique y Jessica Alejo Rayo o Masedonio Mendoza Basurto, los dos primeros intentaron ser síndicos de Chilpancingo, y el tercero buscó la alcaldía de Tlapa, ninguno logró un cargo en las pasadas elecciones y los tres volvieron a ocupar su curul hasta que culmine su periodo.
Pero si reviramos, hay casos como Leticia Mosso (PT) que va y viene al Congreso en distintas legislaturas; lo mismo con Héctor Apreza Patrón, Jesús Parra García, Bernardo Ortega (que recien dejó a su hijo la batuta), Alicia Zamora Villalba, Alfredo Sánchez Esquivel, Robell Uriostegui Patiño, los hermanos Reyes Torres o Raymundo García Gutiérrez.
Otro problema de los diputados locales en Guerrero es su subordinación desde hace sexenios al Ejecutivo en turno, pero también su improductividad y ausencia.
En esta 63 legislatura, los dos diputados de la región de la Tierra Caliente, Elzy Camacho Pineda (PRD) y Adolfo Torales Catalán (PRI) dejaron de asistir al Congreso porque en mayo de 2023 fueron parte del bloqueo de carreteras en su región que duró 72 horas.
Los dos legisladores junto a alcaldes de Tierra Caliente protestaron contra la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que ingresó a una bodega que supuestamente pertenecía a integrantes de la Familia Michoacana, de donde se llevaron vehículos de lujo.
Camacho Pineda y Torales Catalán estuvieron más de un año sin viajar a Chilpancingo por supuestas amenazas de una organización criminal. Lo mismo pasó con la priísta, Flor Añorve Ocampo, quien por presuntas amenazas se atrincheró en Taxco.
Pero los escándalos de esta legislatura los protagonizó la bancada morenista. Todo comenzó meses antes de transitar de la 62 a la 63 Legislatura, en medio de la pandemia de Covid-19.
Alfredo Sánchez Esquivel, quien era el presidente de la Jucopo, no solo suplicó al gobierno priísta de Héctor Astudillo la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación, inventó daños al inmueble, encargó un dictamen a modo, todo para construir un piso más encima de la biblioteca para instalar un comedor o restaurante para los congresistas.
La 63 Legislatura casi concluye y la obra de construcción quedó tirada desde 2023; el gobierno estatal ha invertido 49 millones de pesos y el avance apenas se refleja en un esqueleto metálico del edificio.
La biblioteca constituye un monumento de la negligencia, opacidad y lo más seguro, la corrupción.
Cuando fue relevado Sánchez Esquivel de la Jucopo en septiembre del 2022, Domínguez Serna prometió una investigación y castigo al responsable, hasta el momento no hay nada.
Otro escándalo nunca aclarado por Sánchez Esquivel fue la compra de cientos de tinacos, 30 mil despensas y cientos de pares de zapatos que recibieron los legisladores para repartir en sus distritos en julio de 2022.
Ya como presidenta de la Jucopo, Domínguez Serna, a costo del Congreso, se centró en proyectar su imagen con miras a la alcaldía de Acapulco, lo cual no logró.
Lo que sí obtuvo fue por primera vez un paro laboral cuando el nuevo sindicato de trabajadores del Congreso tomaron las instalaciones y la acusaron de hostigamiento.
En el fondo se trató de la disputa entre Domínguez Serna y Sánchez Esquivel, pero desató la furia de Yoloczin que incluso, fueron exhibidas capturas de pantalla de conversaciones donde la morenista amenazó a los trabajadores para que concluyeran el paro.
Morena no marcó una diferencia a otras legislaturas lidereadas por el PRI o el PRD. Peor aún, consiguieron lo que gobierno de Ángel Aguirre Rivero o Héctor Astudillo Flores desearon: por ejemplo, la desaparición de la Ley 701.
En junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la falsa consulta que hizo el Congreso de Guerrero para reformar la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, que aprobaron en 2022.
Fue así que se dejó de reconocer el sistema de reeducación y a las policías comunitarias, especialmente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y se le subordinó a ser auxiliar de las policías de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó la legislación como un golpe al sistema de justicia comunitario, una burla a los derechos de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández afirmó al periódico El Sur de Acapulco que en un gobierno de Morena la decisión reflejaba “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia”.
El retroceso estaba hecho y nada lo cambiaria, ni movilizaciones ni protestas. Nada.
La manera de trabajar de los diputados fue camaleonica; hubo aprobación de cuentas públicas casi sin revisión pero hubo dilación excesiva con el nombramiento de cuatro cabildos instituyentes, también un año pasó para que una comisión respondiera una propuesta para legislar sobre lactancia materna.
Apenas en mayo de este año, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ manifestaron que a pesar de que en octubre de 2022 se reconoció el matrimonio igualitario en una reforma al Código Civil, los legisladores no homolagaron el tipo penal de feminicidio y transfeminicidio, que podrá visibilizar los crímenes de odio en Guerrero. Tampoco discutieron sobre la identidad de género para que las personas trans tengan reconocimiento de su identidad.
Hace dos semanas se filtró a los medios un documento oficial del director de Administración del Congreso, con la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal de una ampliación de presupuesto de 108 millones de pesos, que en primer momento se dijo era para un bono de despedida para cada uno de los 46 diputados salientes.
Citlali Calixto atajó el daño y dijo que sería para pagar liquidaciones a 300 trabajadores, algo incierto.
En los tiempos cuando el PRI controlaba el Congreso, cada fin de año cuando se aprobaban las cuentas públicas o el presupuesto de egresos, los diputados recibían un recurso de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal denominado “cajita feliz”.
A días de que los legisladores concluyan la 63 Legislatura, seguramente dirán que fue histórica, que como nunca aprobaron leyes, que trabajaron incansablemente y que gracias a ellos hubo gobernabilidad.
Dicen que cuando repites mucho una mentira se vuelve verdad, pero es momento que ese tipo de verdades dejen de repetirse.
Morena se perfila para tener 25 de 46 legisladores en la 64 Legislatura, 33 junto a los partidos aliados del PT y PVEM. ¿Habrá mas excusas para no aprobar una ley para atender el problema de los desaparecidos?, ¿para qué ocupará esa mayoría Morena en el Congreso?
Chirrionazo.
En la franquicia Movimiento Ciudadano (MC) se están dando con todo ahora con la renovación de la dirigencia estatal de este partido.
Cuando se publicó la convocatoria para el proceso de renovación de la presidencia, Sebastián de la Rosa Peláez, se apuntó para ser el ungido pero fue aplacado por la dupla de ex priístas de Héctor Astudillo y Mario Moreno.
Uno pensaba que ya todo estaba listo para que entre el ex gobernador y el ex alcalde de Chilpancingo se pusieran de acuerdo para ver a quien ponían en la dirigencia de su franquicia, pero se pelearon.
Por un lado MMA se apuntó para dirigir el MC, pero Astudillo, le dio la espalda e impulsa a la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz.
La asamblea para la elección de la dirigencia estaba programada para este domingo 25 de agosto en Chilpancingo pero se aplazó para el 22 de septiembre en Acapulco.
Proponemos que en la reunión de los emecistas se instale un ring para que se saquen el hipo y el que gane que sea el próximo líder del partido naranja.
