Un siglo de Ayotzinapa:
54 profesores que no fueron
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
5 de marzo de 2026
El 2 de marzo, la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa cumplió cien años. Sus aulas han visto emerger a miles de profesores para las zonas rurales del país, pero también ha vivido el estigma de ser un “semillero de guerrilleros”, tras la icónica historia de uno de sus alumnos más destacados: Lucio Cabañas Barrientos, fundador de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres.
Ayotzinapa arrastra también un historial de resistencia y represión: once estudiantes asesinados y 43 más desaparecidos por el Estado y, en algunos casos, en complicidad con organizaciones criminales.
El primer estudiante asesinado por la represión del Estado entorno a la normal de Ayotzinapa fue Juan Manuel Huikan Huikan. Ocurrió el 12 de octubre de 1988, en las inmediaciones de la escuela ubicada en Tixtla, Guerrero.
Huikan era originario de Campeche, había sido comisionado de la escuela normal rural Justo Sierra Méndez de Hecelchakan para acudir a Guerrero a defender la permanencia del bachillerato pedagógico en Ayotzinapa, que las autoridades de aquel tiempo buscaban desaparecer.
Huikan fue baleado por agentes de la Policía del Estado; recibió dos disparos en el pecho y otro en una pierna.
Este primer asesinato ocurrió en un año inestable para el país, porque en julio de 1988 fue declarado como ganador de las elecciones, el priísta Carlos Salinas de Gortari, en medio de un escándalo por la caída del sistema electoral y las denuncias de fraude.
A Salinas le heredó la presidencia de la República, el priísta Miguel de la Madrid, mientras que en Guerrero el gobernador era también el priísta, José Francisco Ruiz Massieu.
Más de dos décadas después, el 12 de diciembre de 2011 en un bloqueo que realizaban normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol en Chilpancingo, frente al hotel El Parador del Marqués, policías federales y estatales, así como agentes ministeriales los desalojaron violentamente.
Aquella mañana de represión murieron Jorge Alexis Herrera Pino, originario de Atoyac y, Gabriel Echeverría de Jesús, oriundo de Tixtla.
Las demandas de los normalistas eran una audiencia con el entonces gobernador, el perredista y ex priísta Ángel Aguirre Rivero, el reinicio de clases luego de que habían sido suspendidas por un grupo de profesores que pretendían impone a un director, así como aumentar la matrícula escolar de 140 a 170 plazas.
A pesar de que la orden del desalojo de los estudiantes provino de Aguirre Rivero a los mandos policiacos, solo hubo rotación de algunos titulares en su gabinete y del titular de la entonces Procuraduría General del Estado. Dos policías ministeriales fueron detenidos, pero fueron absueltos un año después.
El país vivía ya el ocaso del gobierno del panista, Felipe Calderón Hinojosa, quien desató una ola de violencia tras su política conocida como la “guerra contra el narco”.
El 7 de enero de 2014, estudiantes de primer año recaudaban dinero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, cerca de la colonia Buenos Aires, en el municipio de Atoyac. Cuando a bordo de un tráiler, el conductor Benjamín Torres arrolló a cinco estudiantes de la normal.
Eugenio Alberto Tamarit Huerta de 20 años de edad, originario de Tenamazapa, municipio de Tlacoapa y, Freddy Fernando Vázquez Crispín, de 23 años, originario de Tixtla, fallecieron tras ser embestidos por el pesado camión.
Los estudiantes acusaron que el “accidente” no fue fortuito y que el conductor iba a exceso de velocidad y que arrolló a los normalistas con alevosía.
Los normalistas responsabilizaron a Aguirre Rivero de la criminalización de la normal rural de Ayotzinapa, debido a que por sus movilizaciones el gobernador declaró a la prensa que los estudiantes tenían “rencor social”, los acusó de “guerrilleros” y de “delincuentes”.
El chofer responsable del homicidio fue detenido por los propios normalistas, pero en varias ocasiones las autoridades intentaron liberarlo.
Poco tiempo pasó para que los normalistas fueran nuevamente reprimidos, aunque esta vez, el ataque dejó una herida que hasta la fecha el país no ha curado.
El caso Ayotzinapa es un episodio profundamente investigado y contado: el Estado Mexicano en complicidad con la organización delictiva Guerreros Unidos y una compleja red criminal de policías municipales de la región y el Ejército desapareció a 43 estudiantes.
Además, aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragon Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio Cesar Ramirez Nava en Iguala.
Han pasado 12 años de aquellos ataques y nadie conoce aún el paradero de los 43 normalistas. Tampoco hay justicia por los tres asesinatos.
Aguirre Rivero tampoco enfrentó a la justicia y solo se separó del cargo a finales de ese año. El único que enfretó un proceso por la desaparición de los estudiantes fue el entonces presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez y, su pareja sentimental, María de los Ángeles Pineda Villa, aunque años después fueron exonerados por la desaparición de los 43.
El ataque ocurrió en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, en un año que sepultó públicamente su gobierno. Antes del caso Iguala, en junio de 2014 se registró el escándalo por la masacre de Tlatlaya, en el estado de México, donde ocurrieron ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército.
Y en noviembre de ese mismo año fue publicado el reportaje la Casa Blanca de Peña Nieto por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui, revelando una residencia de lujo del presidente de la República en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, propiedad de Grupo Higa, una empresa contratista favorecida en su admnistración.
Andrés Manuel López Obrador triunfó en las elecciones de 2018 y prometió esclarecer el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la investigación en su gobierno dio un giro cuando los funcionarios de López Obrador comenzaron a apuntar hacia el Ejército.
A más de un año en el poder de su sucesora, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, aún no revela qué avances hay en la investigación del caso Ayotzinapa. Solo se ha dado cuenta de varias detenciones especialmente en Iguala.
En un pequeño patio que está cerca de la entrada están tiradas ocho sillas escolares a las que les falta alguna estructura.
A tres metros de donde están los niños de kínder, el grupo de estudiantes de secundaria recibe clases de su profesor Mario Jesús Vázquez Hernández.
En esta escuela imparten clases Mario de Jesús, Gerson Benguiat Herrera y otra maestra que pidió se omitiera su nombre.
Los tres docentes forman parte de la plantilla de jóvenes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que ganan cinco mil pesos mensuales y no cuentan con ninguna de las prestaciones sociales que marca la Ley Federal del Trabajo.
“Nos dan cinco mil pesos mensuales en una sola emisión y otros mil 240 pesos para que podamos estudiar cualquier licenciatura o maestría, y la verdad hay mucha inconformidad porque el Conafe no nos quiere pagar un salario digno y lo que nos dan es como un servicio social”, se quejó el docente Gerson Benguiat Herrera.
Los tres niveles educativos tienen nombre y clave de registro ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
El kínder Benito Juárez tiene la clave 12KKJN1247U; la primaria Vicente Guerrero tiene el registro número 12KPR1814N. A su vez, la escuela secundaria, a la que se le está proponiendo que se lleve el nombre de Nájera Guadarrama, también tiene clave de registro ante la SEG, aseguró el profesor Gerson Beyad.
La galera que es utilizada como escuela de multigrados es un espacio donde los colonos de Nuevo México llevan a cabo sus asambleas.
Hace tres años los estudiantes eran atendidos de manera itinerante en los patios de los vecinos de la escuela.
“La gente de la colonia, que es de bajos recursos económicos, construyó este espacio al que le faltan puertas, ventanas, un techo, y lo más grave es que no hay agua ni un baño para que los estudiantes realicen sus necesidades fisiológicas”, dijo el profesor Mario Jesús Vázquez.
Por estudiar en la intemperie, los estudiantes están expuestos a la lluvia, al frío, a los inclementes rayos del sol y hasta a sufrir el piquete de un alacrán, araña o víbora.
A un costado de la galera está un extenso terreno con mucha hierba donde se anidan toda clase de animales ponzoñosos e insectos.
La tarde del 4 de octubre de 2016, en el kilómetro 4 del viejo libramiento a Tixtla, hombres armados atacaron una Urvan del transporte público, el saldo fueron cinco pasajeros muertos.
El ataque aparentó un presunto asalto, pero según relataron los mismos sobrevivientes, uno de los atacantes viajaba en la misma Urvan.
Entre los fallecidos están dos normalistas de cuarto grado, Filemón Tacuba Castro, originario de Apantla, del municipio de Ayutla de los Libres. Así como Jonathan Morales Hernández, oriundo de Saucitos, en el municipio de Tecoanapa. Ambos regresaban a la normal en Tixtla tras hacer sus prácticas.
El crimen ocurrió en el primer año del gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores. Según las propias declaraciones del mandatario estatal, cuatro hombres fueron procesados por los homicidios de los dos estudiantes y de otros dos hombres más.
Sin embargo, el entonces asesor legal de las familias de Tacuba Castro y Morales Hernández, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el asalto no se acreditó ya que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los normalistas.
Ocho años después, en el ocaso del sexenio de López Obrador y en el tercer año de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Guerrero se vivió el más reciente homicidio de un normalista.
Eran las 9 de la noche del 7 de marzo de 2024, el estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta fue asesinado a balazos a manos de policías estatales del grupo especial Jaguar cuando viajaba en una camioneta Pick Up, en un retén instalado en el viejo libramiento a Tixtla, en Chilpancingo.
Con Gómez Peralta viajaba otro estudiante que fue detenido.
Horas después del homicidio, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública estatal, Rolando Solano Rivera, dieron una conferencia afuera de Palacio de Gobierno, en la que sostuvieron que se había dado un enfrentamiento armado entre los agentes y el estudiante, así como que la camioneta tenía reporte de robo, localizaron un arma de fuego y bolsitas que contenía pesunta droga.
Las autoridades no pudieron comprobar que el estudiante Yanqui Khotan hubiera disparado un arma. Además, de los dos agentes involucrados, el agente señalado como el que disparó al normalista se fugó por varios días hasta que fue capturado.
Los dos policías continúan bajo el proceso, pero no han sido sentenciados por el homicidio.
Al igual que Aguirre Rivero, la única consecuencia en el gobierno de Salgado Pineda fue la salida del cargo de dos integrantes de su gabinete, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Rolando Solano Rivera. También destituyó en medio de una polémica a la fiscal general del estado, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Con el caso de Yanqui Kothan suman 11 normalistas asesinados y 43 más que continúan desaparecidos en un siglo de existencia de la normal rural de Ayotzinapa.
El único caso que públicamente sigue en proceso es la de los 43. Este miércoles 4 de marzo, según el periódico Reforma, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Alan Arriola Padilla, dictó una orden judicial al Ejército para entregar al Grupo Interdiscipinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) un total de 853 documentos de inteligencia que generó en Iguala durante 2014.
Ayer, durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó desconocer esta resolución del juez federal.
“No tenía conocimiento de esta resolución, la vamos a revisar y damos la información”, sostuvo la mandataria federal.
