Hace 33 años las familias del ejido de Tres Palos vieron cómo sus parcelas de maíz, huertas de palmeras de coco, mango y limón eran arrasadas por las máquinas.

De esa manera los habitantes de esta zona rural de Acapulco fueron despojados de 64 hectáreas de tierras para dar paso a la construcción de la autopista de 21 kilómetros Viaducto- La Venta Punta Diamante.

Tres Palos forma parte de las extensas tierras que entre 1988 y 1989, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y su cuñado el gobernador José Francisco Ruiz Massiue, expropiaron a sangre y fuego para construir lo que en esa época del PRI presumía como el futuro turístico de este puerto en ese entonces el más importante de México.

En 1989, el gobierno de Carlos Salinas emitió un decreto de expropiación de una superficie de 2 mil 305 hectáreas de tierras del ejido de Tres Palos. Las tierras expropiadas para causa de utilidad pública se utilizaron para la construcción para parte de la autopista del Sol y de la vía rápida Viaducto- Zona Diamante.

El proyecto de la vía rápida Viaducto-Zona Diamante o conocida como autopista de Metlapil se pensó para que el turismo que circula por la Autopista del Sol —que también se construyó durante el gobierno de Salinas— llegue más rápido a esta zona exclusiva de complejos habitacionales y grandes hoteles de lujo y evite transitar por las colonias paupérrimas.

Varios ambientalistas han indicado que nunca se debió de levantar este complejo de fraccionamientos habitacionales, hoteles, tiendas comerciales y centros de diversión porque es una zona de humedales por los riesgos de inundaciones.

Pero los gobiernos estatal y municipal de Acapulco coludidos con los empresarios permitieron el cambio de uso de suelo para levantar estos desarrollos.

El tiempo les dio la razón a los estudiosos del medio ambiente: los huracanes Paulina en 1997, Ingrid y Manuel en 2013, Otis en 2023 y Jhon en 2024, devastaron esta zona.

A 33 años de la construcción de la autopista Viaducto-Zona Diamante los ejidatarios y ejidatarias no han recibido un solo peso de indemnización por lo que consideran como un despojo de sus tierras.

Tras consumar el despojo de sus tierras y sin darles un pago a las familias campesinas, en 1991 durante el gobierno de Ruiz Massieu, el Congreso local aprobó otorgarle la concesión para explotar la vía al Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) durante un período de 20 años y en el 2004 los diputados de esa legislatura local lo ampliaron a 40 años.

El dueño de la empresa GMD es Jorge Ballesteros, a quien también el gobierno de Salinas le otorgó la construcción y concesión de la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco y construyó el complejo turístico Punta Diamante.

GMD fue una de las empresas favorecidas por el gobierno para su rescate financiero mediante el Fobaproa durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

En octubre de 2022, la empresa GMD con su subsidiaria en Guerrero Autopistas de Guerrero (AGSA) vendió sus acciones en 609.7 millones de pesos a Orión IEP.

Pero el asunto saltó a nivel estatal a raíz de que en abril del 2023, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda a través de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad que dirige Arturo Salinas Sandoval hizo una declaratoria de rescate para la construcción, explotación y construcción de la autopista Viaducto-Zona Diamante.

El argumento para retirarle a la empresa Orión IEP la concesión es por el incumplimiento de los acuerdos en materia de infraestructura y conservación de la vía que contrajo con el gobierno estatal.

Así desde abril de 2023 esta vía rápida hacia Zona Diamante de Acapulco es operada por Arturo Salinas Méndez y su sobrino Ricardo Salinas Sandoval, oficial mayor de la Secretaría de Administración y Finanzas y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Martín Vega González.

Arturo Salinas, su sobrino Ricardo, el papá de éste Arturo Salinas Sandoval magistrado presidente del Poder Judicial de Guerrero y, Vega González forman parte del primer círculo del grupo político de la gobernadora y su padre Félix Salgado Macedonio.

Con el nombramiento que los Salgado le diseñaron a modo a Ricardo Salinas de desaparecer la Subsecretaría de Administración y Finanzas y crearle la figura de Oficial Mayor le dan a este el poder entre otras cosas el cobro de peajes.

Es decir, desde abril de 2023, Ricardo Salinas es el encargado de recaudar el cobro de peaje de la Viaducto-Zona Diamante.

La otra caseta de peaje que coordina su cobro Ricardo Salinas es la del libramiento nuevo Chilpancingo-Tixtla.

En ambas vías el cobro es dinero en efectivo y no aceptan tarjetas bancarias.

Del caso de la vía Viaducto-Zona Diamante para los automovilistas les resulta demasiado caro los 150 pesos de cobro de peaje para transitar 21 kilómetros.

A más de dos años que el gobierno de los Salgado se apoderó de esta vía se ventila en los tribunales federales un litigio y en febrero de este 2025 el Primer Tribunal Colegiado Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco ordenó, mediante una resolución, que le devuelva la concesión a la empresa Orión.

En la determinación judicial se le pide al gobierno el reembolso del dinero recaudado.

En enero de 2025 se hablaba de más de 200 millones de pesos de devolución que pedía la empresa.

El amparo que le concedieron a la empresa Orión establece que el fundamento legal para proceder el rescate de la autopista lo aplicó en forma indebida la Comisión de Transporte y Vialidad ya que la ley en esa materia no la faculta para regular ese tipo de concesiones.

O sea, el director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, se extralimitó en sus funciones para declarar el retiro de la concesión de la explotación de la vía.

La suspensión de juicio de amparo a favor de la empresa no ha sido resuelto a fondo por el Tribunal, sin embargo, se establece que el gobierno del estado actuó de manera ilegal para realizar la declaratoria de rescate porque no respetó las condiciones previstas de la concesión.

Y es que el peritaje de la declaratoria de rescate la realizó una empresa privada que contrató el gobierno estatal y no uno independiente como era el acuerdo establecido entre ambas partes para evaluar las condiciones físicas de la vía.

El pasado 19 de noviembre, la subconsejera de Atención de Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo estatal interpuso un recurso ante el Tribunal Colegiado para impugnar su resolución que establece el regreso de la concesión de la vía a la empresa Orión.

El asunto del pleito legal de esta vía rápida lo lleva un grupo de abogados de un despacho externo que contrató el gobierno de los Salgado.

Jorge Salgado Parra, quien es el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo estatal, lleva los casos judiciales del gobierno estatal que son de poca relevancia jurídica.

Pese a que los Salgado ya saben -a través de los abogados externos- que el litigio judicial por la disputa de la vía terrestre rápida lo tienen perdido quieren que llegue hasta la última estancia o sea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ganar el asunto ya que la mayoría de los ministros son afines a Morena.

Otra estrategia del gobierno estatal es que el litigio se alargue hasta después que concluya el mandato constitucional de Salgado Pineda para que la Secretaría de Finanzas a través de la Oficialía Mayor sigan cobrando el peaje en la autopista generádole millonarias ganancias a las arcas estatales.

Esa red de discursos que han tejido los de Morena “por el bien de todos, primero los pobres” solamente ha sido retórica y una evidencia de ello es el caso de las familias de las comunidades de Tres Palos, Cayaco y La Poza, que pertenecen a ese ejido y que fueron afectadas por la construcción de la vía rápida Viaducto-Zona Diamante.

A los habitantes de esta zona rural de Acapulco el gobierno les expropio sus tierras en 1989 y hace 7 años interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco exigiendo que el gobierno les pague una indemnización por el derecho de vía.
La demanda está radicada en el expediente 484/2021. Pero porque hasta apenas hace unos años el ejido de Tres Palos decidió denunciar este despojo ante un Tribunal Agrario.

Enemorio González Nava, uno de los 619 ejidatarios afectados explica: “Teníamos dos opciones, aceptar (que se realizara la obra) de buena manera pagándonos o si no queríamos de todos modos iba entrar la maquinaria y pues eran tiempos de (José Francisco) Ruiz Massieu y con él no se podía decir que no porque nos iba ir mal”.

El ejidatario cuenta que nunca les pagaron sus tierras y aunque si les dieron un dinero por la pérdida de sus cosechas de maíz y la producción de mango, limones y cocos, tampoco el gobierno les cumplió con la construcción de obras sociales en las comunidades.

Los pueblos de esta zona de Acapulco que están a poca distancia del complejo inmobilario de la Zona Diamante que fue creado por empresarios beneficiados por los gobiernos del PRI, PAN y ahora de Morena, tienen deficientes servicios de drenaje, agua, luz y seguridad.

En agosto pasado un grupo de ejidatarios de Tres Palos cerraron esta vía a la altura de la caseta para exigir el pago de la indemnización por el despojo de las 613 de sus tierras.

La protesta fue encabezada por el presidente de Bienes Ejidales, José Inés García, quien ordenó levantar el bloqueo ante la llegada del principal operador político del gobierno de los Salgado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien se llevó a los manifestantes a las oficinas de la Promotora Turística.

El funcionario estatal se encerró en una oficina con el comisario ejidal, José Inés García, a quien le prometió que el gobierno de Salgado Pineda va a construir un boulevard en la comunidad de Tres Palos.

Los ejidatarios pensaron que por lo menos el subsecretario de gobierno les iba ofrecer gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago de la indemnización por la afectación de sus tierras.

El negocio que representa tener el cobro de peaje de la autopista es ya una de las principales prioridades del gobierno de los Salgado.

Enemorio González dice que durante los casi 33 años que llevan esperando su indemnización las empresas que tienen explotando la vía rápida han sobornado a los comisariados ejidales con dinero para contener las protestas.

En una ocasión una de las empresas les regaló a los ejidatarios de Tres Palos machetes, palas y al comisariado ejidal un tractor.

“¿No se supone que la cuarta transformación iba apoyar a los más pobres en este caso a nosotros los campesinos?”, reprochó el ejidatario.

En octubre de 2024, durante el paso del huracán Otis las comunidades de esta zona rural de Acapulco fueron de las más afectadas.

Enemorio González dice que el muro de la autopista Viaducto-Zona Diamante provocó que el agua de la lluvia no tuviera salida y se fuera hacia las comunidades inundando parcelas, viviendas y calles.

Las familias de esta zona llevan dos años esperando ayuda del gobierno federal.¨

“De los 619 ejidatarios que éramos hace 33 años cuando nos despojaron de nuestras tierras, ya solo vivimos casi la mitad y yo creo que el gobierno espera que ya nadie de nosotros quede vivo para que no pague nada de los que debe”, dice el ejidatario.

Durante los años que los ejidatarios han estado luchando para que la SCT los indemnice se puso en marcha programas para realizar el cambio de tierras ejidales a propieda privada.

Y aprovechando estas figuras jurídicas que desde el gobierno de Carlos Salinas quedaron plasmadas en la Constitución han sido aprovechadas para que empresarios o políticos adquieran predios que pertenecían a los ejidatarios.

Es el caso del diputado local morenista, Joaquín Badillo Escamilla, quien adquirió en siete millones de pesos un terreno de casi mil metros cuadrados ubicado a un costado de la vía de Viaducto-Zona Diamante.

Chirrionazo

En las calles de Chilpancingo mientras la inseguridad está a todo lo que da con asaltos, secuestros, asesinatos, extorsiones a los comerciantes establecidos y vendedores ambulantes, el alcalde Gustavo Alarcón Herrera se la pasa peleando con el gobierno estatal exigiéndole apoyo para frenar la violencia.

Claro, al edil no le precupa nada, ya que él tiene buen salario, come bien y a sus horas, pero además lo cuidan las 24 horas 12 agentes de la Guardia Nacional y otro grupo más de escoltas vestidos de civil armados hasta los dientes.

Lo que debería de hacer el alcalde es ponerse a trabajar y si no puede que mejor renuncie. Total, los Salgado ni le harán caso porque ya cayó de su gracia.

Por cierto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le importó más estar de lado del cacique de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, en su informe de labores en la zona Diamante de Acapulco que mandarle un mensaje de aliento a los familiares de la estudiante de secundaria Kimberly Marisol, de 13 años de edad, quien tras de ser privada de su libertad fue asesinada.

Ya sabemos que la gober no hace mucho por cuidar a las niñas, adolescentes y mujeres, pero por lo menos que envíe condolencias a los deudos de los feminicidios.

En cuatro años, la gobernadora puede presumir sus números imaginarios de pobladores saliendo de la pobreza, pero en los mismos años, Guerrero no se ha convertido en ningún santuario para las mujeres.