Los sobrevivientes de la violencia política ejercida por el Estado mexicano entre 1965 y 1990 han sido históricamente invisibilizados. Documentar el pasado reciente representa una oportunidad para confrontar esa historia y exigir responsabilidades por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como parte de la obligación del Estado frente a las víctimas y a la sociedad.

Los testimonios de los sobrevivientes —víctimas directas y familiares— han permitido evidenciar que Guerrero fue la entidad donde se implementó con mayor intensidad una red de persecución a través de la estrategia denominada “Operación Telaraña”. En ella, el aparato del Estado —integrado por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Dirección Federal de Seguridad y la Procuraduría General de la República— operó para reprimir a la disidencia política, cometiendo crímenes de lesa humanidad, entre ellos desapariciones forzadas —tanto transitorias como continuadas—, ejecuciones extrajudiciales, tortura sistemática, detenciones arbitrarias y prisión por motivos políticos.

Entre esos relatos, la historia de Gregorio Fernández y Lenin Fernández, padre e hijo, muestra que la violencia política de Estado no constituye únicamente un episodio del pasado, sino una práctica cuyas consecuencias persisten en el presente.

Gregorio Fernández, alias Rafael o Víctor: entre la cotidianidad y la ruptura 

La trayectoria de vida de Gregorio Fernández y su militancia política permiten comprender cómo la persecución desplegada por el Estado no se agotó en una sola generación, sino que proyectó sus efectos sobre las siguientes, al tiempo que legó una herencia de lucha y resistencia frente al olvido.

Originario de Huixtac y posteriormente establecido en la ciudad de Taxco de Alarcón, la vida de Gregorio estuvo marcada desde temprana edad por el trabajo y la precariedad.

Siguiendo el oficio de su padre, la siembra y el cultivo de la tierra constituían el principal sustento familiar.

Durante su juventud se incorporó a diversas actividades comunitarias y, entre los 15 y 17 años, trabajó en las minas de Taxco de Alarcón, donde cargaba diariamente 60 costales de otate llenos de tierra para vaciarlos en la tolva.

Las responsabilidades asumidas desde temprana edad limitaron su formación escolar, pues únicamente cursó hasta el quinto año de primaria. A los 18 años contrajo matrimonio, circunstancia que lo llevó a emplearse como bracero en Estados Unidos.

Su juventud transcurrió en un contexto político marcado por la Revolución Institucionalizada, en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía la hegemonía sobre la vida comunitaria. Su padre era convocado para recibir propaganda política que posteriormente distribuía en el pueblo, además de organizar a la población para acudir a votar.

Inicialmente, Gregorio también participó en favor del PRI; tanto él como su padre actuaban en un entorno en el que las alternativas políticas eran prácticamente inexistentes.

Posteriormente, Gregorio se integró a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.

Con el recrudecimiento de la persecución estatal, se vio obligado a desplazarse y refugiarse en los estados de Puebla y Veracruz, donde continuó desempeñando las tareas que le eran encomendadas, principalmente en apoyo a campesinos en la toma de tierras.

Los años de persecución lo obligaron a ocultar su identidad; su voz fue silenciada y sustituida por las de Rafael y Víctor, seudónimos utilizados para protegerse. Bajo la clandestinidad impuesta por la represión estatal, transitó con esas identidades durante los periodos más intensos del hostigamiento.

El encuentro que transformó la vida de Gregorio

Gregorio relata que su acercamiento al movimiento comenzó cuando empezó a convivir con algunos de sus integrantes y con el propio Genaro Vázquez Rojas. Recuerda que, al llegar a Iguala, conoció a Elpidio, amigo cercano de su padre y originario también de Güistá, quien ya formaba parte del círculo de colaboradores de Genaro.

A través de esa relación, Gregorio comenzó a entablar conversaciones con Elpidio, quien paulatinamente lo orientó e introdujo en las ideas del movimiento. En una primera etapa, los integrantes de la organización le encomendaban pequeñas tareas bajo la lógica de la confianza personal: entregar recados, realizar encargos o apoyar en actividades menores.

Gregorio recuerda que, conforme fue ganando la confianza de los integrantes del movimiento, comenzó a involucrarse de manera más activa en distintas tareas de apoyo y comunicación.

Relata que, durante el encarcelamiento de Genaro Vázquez Rojas, colaboró en la distribución de propaganda y volantes, mientras el movimiento intentaba mantenerse organizado pese a la presión del gobierno.

Según su testimonio, los abogados encargados de la defensa de Genaro fueron amenazados por las autoridades, situación que terminó por alejarlos del caso. Al mismo tiempo, varios integrantes de la organización comenzaron a dispersarse por periodos prolongados, principalmente militantes provenientes de la Costa Grande. Aun así, Gregorio continuó realizando las tareas que le eran encomendadas.

Tiempo después, algunos compañeros le preguntaron si conocía la región comprendida entre Tetipac e Ixcateopan, debido a que era originario de esa zona. Gregorio aceptó acompañarlos sin saber con exactitud el propósito de aquellos recorridos. Partieron caminando desde Iguala y atravesaron distintas comunidades, entre ellas Icatepec, San Juan Unión y Atzala, donde visitaban a personas cercanas al movimiento y transmitían saludos de parte de Genaro Vázquez Rojas.

Durante esos recorridos, Gregorio descubrió que incluso algunos integrantes de su propia familia mantenían vínculos con la organización. En San Juan Unión se percató de que su suegro conocía y colaboraba con integrantes del movimiento, situación que hasta entonces desconocía.

Con el paso del tiempo comprendió que aquellas visitas tenían como propósito preparar las condiciones para la fuga de Genaro Vázquez de la cárcel de Iguala. Sin embargo, señala que las tareas más delicadas se mantenían bajo una estricta compartimentación; él cumplía con las actividades que le asignaban sin conocer plenamente los planes de la organización.

Gregorio relata que, días antes de la fuga, recibió la encomienda de distribuir propaganda en diversas comunidades de la región. Mientras realizaba ese recorrido, escuchó por la radio que varios presos habían escapado de la cárcel de Iguala y que durante el operativo se habían registrado enfrentamientos armados y personas fallecidas.

Al llegar a Ecatepec observó un ambiente de tensión: soldados, habitantes reunidos y cuerpos cubiertos con sábanas frente a la comisaría. Ahí le informaron que el Ejército había instalado retenes y perseguía a quienes habían participado en la liberación de los presos. A pesar del riesgo, Gregorio continuó su trayecto llevando consigo propaganda clandestina.

El secuestro de Jaime Castrejón Díez 

Uno de los episodios más significativos en la trayectoria de Gregorio Fernández fue su participación en las acciones relacionadas con el secuestro de Jaime Castrejón Díez, entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y empresario con amplio poder económico y político en el estado.

Gregorio recuerda que fue Genaro Vázquez Rojas quien le explicó la relevancia del personaje. Según le indicó, Castrejón Díez era propietario de la concesión de Coca-Cola en distintas regiones de Guerrero y representaba a un sector de poder estrechamente vinculado con el gobierno.

En ese contexto, la organización decidió exigir un —impuesto revolucionario— con el propósito de financiar sus actividades y demandar la liberación de presos políticos.

Como parte de los preparativos, Gregorio viajó a Chilpancingo para identificar personalmente al rector en las oficinas de la rectoría universitaria. Posteriormente, realizó labores de vigilancia para conocer sus rutas y horarios de traslado entre Taxco, Iguala y Chilpancingo.

El 19 de noviembre de 1971, mientras se dirigía a Chilpancingo, presenció de manera fortuita el momento en que un grupo de integrantes de la organización interceptó el vehículo de Castrejón Díez en las inmediaciones de Venta Vieja.

Gregorio recuerda que, apenas unos segundos después de ver pasar el vehículo de Jaime Castrejón Díez, escuchó el zumbido de otro automóvil. Al incorporarse para observar, reconoció el coche en el que viajaban sus compañeros. Poco después, el autobús en el que se trasladaba se detuvo al encontrar atravesado sobre la carretera el vehículo del rector.

Un automovilista que se encontraba en el lugar hizo señas al conductor para que detuviera la marcha y explicó a los pasajeros que “unos militares” se habían llevado al rector y que su automóvil obstruía el paso. Ante ello, solicitó apoyo para mover el vehículo. Gregorio fue uno de los primeros en descender del autobús, impulsado por la curiosidad de conocer lo ocurrido.

Entre varios pasajeros lograron retirar el automóvil de la carretera. En el lugar se encontraba la esposa de Castrejón Díez, quien pidió a un taxista que revisara el interior del vehículo y resguardara cualquier objeto de valor.

 
Al inspeccionarlo, el taxista encontró únicamente una pistola debajo del asiento, la cual fue colocada en el taxi.

Una vez despejado el camino, Gregorio continuó hasta Chilpancingo. Sin embargo, decidió no acudir con las compañeras a quienes debía solicitar información, pues consideró que ya no tenía sentido hacerlo: el rector se encontraba en poder de la organización.

Ese mismo día abordó un autobús de regreso a Iguala. Al pasar nuevamente por el sitio del secuestro, observó que la zona se encontraba rodeada de soldados que revisaban minuciosamente todos los vehículos. El autobús en el que viajaba también fue inspeccionado; sin embargo, los militares no encontraron nada y pudo continuar su trayecto sin contratiempos.

A la mañana siguiente, una mujer llegó a la casa donde vivía con un mensaje de sus compañeros: Genaro Vázquez Rojas lo esperaba en la sierra, por el rumbo de Apipilulco.

Gregorio emprendió el viaje acompañado por la mensajera. Al llegar al poblado, el esposo de la mujer ya los aguardaba con una mula ensillada y provisiones para internarse en la montaña.

Tras una larga caminata, Gregorio llegó al campamento donde se encontraban los integrantes del movimiento. Aunque intentó averiguar dónde mantenían retenido a Castrejón Díez, no logró verlo, ya que otro grupo lo custodiaba en un lugar apartado entre el monte.

Fue entonces cuando recibió nuevas instrucciones y los comunicados que debían hacerse llegar a los medios de comunicación y a la familia del empresario secuestrado.

Tras el secuestro, Gregorio fue comisionado para trasladar diversos comunicados dirigidos a los medios de comunicación y a la familia del empresario. En dichos documentos, la organización exigía la liberación de nueve presos políticos y el pago de dos millones y medio de pesos como condición para preservar la vida del secuestrado. Uno de esos mensajes fue difundido en el noticiario conducido por Jacobo Zabludovsky.

Además de transportar los comunicados, Gregorio recibió la encomienda de recoger en Ixtapaluca el dinero entregado como rescate. Posteriormente trasladó los recursos hasta Atencingo, Puebla, donde los entregó a integrantes de la organización.

De acuerdo con su testimonio, esta tarea representó una de las responsabilidades de mayor riesgo que asumió durante su militancia clandestina.

Al rememorar estos acontecimientos, Gregorio subraya que actuaba convencido de participar en una causa política orientada a transformar las condiciones de desigualdad y represión existentes en el país.

Recuerda con orgullo el grado de confianza que la organización depositó en él al encomendarle tareas vinculadas con una de las acciones más emblemáticas de la guerrilla encabezada por Genaro Vázquez Rojas.

Lenin Fernández, la música rompe el silencio

La música de Lenin Fernández evoca la memoria colectiva como una forma de romper el pacto de silencio y la impunidad sostenido desde el aparato del Estado. Su caso es un ejemplo de que la violencia política de Estado no es un hecho del pasado, sino una práctica que persiste en el presente.

En 2016, en el contexto del gobierno del PRI, Lenin fue detenido de manera arbitraria en un retén militar cuando se dirigía a San Luis Acatlán para participar en un acto de reivindicación política por la muerte de Genaro Vázquez Rojas. Durante este periodo también realizaba actividades de apoyo a los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

En entrevista, Lenin recuerda este episodio:

“Me detiene el Ejército… me dicen que yo tenía una orden de aprehensión, me detuvieron cuatro horas”.

Tras su liberación, señala que continuó el hostigamiento mediante vigilancia y presencia policial frente a su domicilio, lo que generó un proceso de intimidación sostenida.

La violencia política en su trayectoria persiste años después. En 2025, Lenin Fernández fue víctima de una desaparición forzada transitoria cuando regresaba de un concierto en Cuba.

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 1 de junio, se desconoció su paradero después de abordar un taxi. Fue localizado con vida el 4 de julio, con signos de haber sido golpeado.

Reflexiona que, a diferencia de su padre —quien estuvo vinculado directamente a la guerrilla—, su experiencia como músico se sitúa en otro plano.

Para él, las artes no deberían ser objeto de persecución: “Las artes son un instrumento para el alma… jamás un instrumento por el cual deba ser perseguido político”.

Sin embargo, reconoce su dimensión política y su capacidad de transformación social: “Ahora me doy cuenta de que la música y las artes en general son un instrumento muy poderoso… forman un papel muy importante dentro de un cambio social”.

Convencido de que su voz puede ser un instrumento de libertad, cerramos esta entrevista con Lenin Fernández con un fragmento de su canción “La libertad”:

“Yo quiero vivir en un país de libertad, donde no exista la guerra, donde haya paz, donde los hombres amen la tierra, amen el viento y su dignidad”.

La memoria colectiva a partir de las historias de vida de las víctimas de la violencia política de Estado.

Gregorio considera que las historias de vida de las personas víctimas de la violencia política deben ser recordadas y no olvidadas. Señala que existe un intento sistemático por parte de los gobiernos de invisibilizar estos hechos y borrar los nombres de las víctimas.

Recuerda y finaliza la entrevista particularmente el caso de su hermana, quien fue estudiante y participó en movimientos de defensa educativa. Narra que, tras la desaparición de la Escuela Superior de Agricultura en Iguala y las movilizaciones estudiantiles para su recuperación, se produjeron actos de represión por parte de fuerzas del Estado.

Relata que su hermana fue detenida y desaparecida el 11 de noviembre de 1976, tras haber participado en actividades de protesta.

Afirma que fue acusada injustamente de estar involucrada en un secuestro ocurrido en Iguala, lo cual niega categóricamente: “Se dedicó a defender y organizar a la gente para rescatar las instalaciones. No fue cierto que estuviera involucrada en el secuestro”.

Desde entonces, sostiene que no se tiene información sobre su paradero, lo que forma parte, dice, de una larga lista de personas desaparecidas en ese periodo.

Para el entrevistado, estos hechos deben mantenerse en la memoria colectiva: “Estos compañeros nunca hay que olvidarlos… es importante porque estos gobiernos tratan de que esto no se sepa”.

Al ser cuestionado sobre el significado de la verdad, señala que implica narrar los hechos sin distorsiones ni invenciones, y dar testimonio fiel de lo ocurrido: “La verdad es un elemento muy importante… denunciar los hechos con la verdad, no inventar nada”.

Sobre la justicia, la define como la necesidad de que los crímenes no queden impunes y de mantener la exigencia de verdad y reparación:

“La justicia es que esto no quede impune”.

En cuanto a la reparación del daño, enfatiza que, más allá de lo simbólico o lo económico, lo fundamental para él es conocer el paradero de su hermana. Afirma que no puede aceptar su muerte mientras no exista certeza: “Yo la quiero ver viva”.

Al ser cuestionado sobre la actuación del Estado en los procesos de verdad y justicia, considera que no se ha avanzado lo suficiente y que incluso en gobiernos recientes persisten deudas importantes con las víctimas y sus familias

*Rodrigo Vladimir Ramírez Wences es estudiante de doctorado en Historia comparada política y social en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde desarrolla una investigación del trabajo realizado por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.