Impunes policías municipales por la desaparición y crimen de Jonathan
Ramón Gracida Gómez
Acapulco, a 2 de julio de 2026.
A más de siete años de la desaparición forzada de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, su madre, Socorro Gil Guzmán, busca todavía las respuestas que den con los autores intelectuales.
Aún más, tras la reciente identificación del cráneo de su hijo —desaparecido en la cancha de la CROM de la avenida Costera cuando tenía 25 años—, Socorro se pregunta: ¿Quién ordenó y quién pagó a los policías municipales para desaparecer y asesinar a Jhonatan y a su amigo Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca? ¿Qué información tenían ambos amigos, siendo el segundo trabajador del extinto bar La Mandona, donde era obligado por los dueños a vender droga? ¿A quién encubrió el entonces fiscal regional de Acapulco, David Muñoz García, para que los nueve policías de la patrulla 388 no fueran encarcelados?
La mañana del 17 de junio, Socorro Gil, sus hijas y un grupo nutrido de activistas que la han acompañado a lo largo de estos años de búsqueda acudieron a las oficinas de la Fiscalía de Desaparición Forzada, dentro del Edificio Inteligente, donde su titular, Francisco Martínez Delgado, les informó de la compatibilidad genética del 99.9 por ciento entre las muestras de la madre de Jhonatan y los restos óseos encontrados entre el 22 y 23 de septiembre de 2022.
Martínez Delgado estuvo acompañado por el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Alejandro García Solorio, y por funcionarios del Ministerio Público del sector Garita y de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La reunión concluyó después de cuatro horas de constantes reclamos, entre ellos por la insensibilidad de notificarle a Socorro Gil por teléfono unos días antes y por el desdén hacia el porcentaje de compatibilidad genética debido a la falta de una muestra del progenitor de Jhonatan.
Tras este encuentro, Socorro Gil informó, en una conferencia de prensa en el Museo Naval, que no recibiría los restos que tenía el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco porque “no es ni la mitad del cuerpo de Jhonatan”.
El primer indicio para buscar los restos de Jhonatan era la playera de la selección de Argentina de rayas blancas y azules que traía puesta cuando salió de su casa para jugar con su amigo Carlos el día que fueron desaparecidos; conforme pasó el tiempo, Socorro Gil se enfocó en los restos óseos que dieran cuenta de la fractura que tenía Jhonatan en la cabeza, por la que le falta un pedazo de cráneo arriba de la ceja izquierda.
En noviembre de 2025, Socorro observó tres fotos de diferentes posiciones de un cráneo con la característica que buscaba, pero el registro sólo tenía el número de la carpeta del hallazgo.
“Yo sé por fuentes muy confiables del Semefo que no los ponen en los registros, los tienen arrumbados ahí como cualquier cosa y hasta que ellos quieren les hacen el registro y los pasan a los libros”, sostuvo Socorro Gil un día después de la notificación.
El dato de la fractura Socorro lo notificó a la FGE desde que le aplicaron el cuestionario *ante mortem* en la denuncia de 2018.
“¿Por qué carajos, si vieron ese cráneo, no le hicieron las confrontas o la compatibilidad conmigo para descartar si era o no mi hijo?”, reprochó.
El hallazgo de los restos óseos en la colonia Panorámica por parte de un colectivo de familiares de desaparecidos le ratifica a Socorro Gil la información que recibió a través de una llamada anónima en enero de 2021: que su hijo fue asesinado de un balazo y su cuerpo fue abandonado en esta colonia, ubicada arriba del Infonavit Alta Progreso, en las faldas del parque nacional El Veladero.
Cuando los policías municipales desaparecieron a los dos jóvenes, la morenista Adela Román Ocampo sumaba poco más de dos meses como alcaldesa de Acapulco y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) era Raúl Mejía Olguín, policía federal del área de investigación.
Mejía Olguín tomó protesta el primero de noviembre de 2018 y renunció el 15 de marzo de 2019; el 25 de septiembre de 2018, la Secretaría de Marina (Semar) tomó la SSP municipal, desarmó a los agentes y detuvo a dos mandos por estar implicados en delitos y por “existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos”.
El cuerpo de Carlos fue hallado un día después de su desaparición en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, detrás del restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken de la avenida Ruiz Cortines; un video actualmente extraviado registró el momento en que los policías municipales arrojaron el cuerpo.
La Acción Urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el caso de Jhonatan pide investigar si la carpeta de investigación “habría sido modificada en relación con el video mencionado por el fiscal David Muñoz García, el cual contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388”.
El 30 de enero de 2019, Muñoz García canceló la diligencia de nueve policías argumentando que él tenía un testigo “clave” que acusaría a los agentes, pero este nunca apareció y el fiscal fue despedido en 2022.
“¿A quién carajo encubrió ese fiscal para que los policías no fueran a la cárcel ni dijeran la verdad? Porque si los policías hubiesen sido encarcelados, tal vez alguno hubiera hablado sobre quién les pagó, por qué les pagaron, por qué se los llevaron y por qué les quitaron la vida”, reclamó Socorro Gil.
Socorro continúa preguntando: “¿Por qué desaparecieron a mi hijo? ¿Qué era eso que mi hijo o Carlos sabían para que los hubieran desaparecido? Siempre he pedido que el fiscal sea juzgado por la desaparición de mi hijo y por la muerte de Carlos”.
El primero de diciembre de 2018, Carlos le pidió ayuda a Jhonatan para demandar al dueño del bar La Mandona, quien lo obligaba a vender drogas; Jhonatan se lo contó a su mamá un día después y a los tres días ambos fueron desaparecidos.
Jhonatan Guadalupe nació el 22 de diciembre de 1992, egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero y estaba a punto de cumplir 26 años.
La Mandona era un concurrido bar de música grupera ubicado a unos 80 metros de la discoteca Baby’O Acapulco, en la avenida Costera. Antes de la desaparición de Jhonatan y Carlos, ya había antecedentes de hechos de violencia; el 3 de abril de 2016, hombres armados llegaron a las 5:20 de la madrugada en un vehículo, descendieron y mataron a balazos a tres hombres que salían del establecimiento comercial.
Uno de ellos era un trabajador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), convirtiéndose en el cuarto empleado del organismo municipal asesinado en las dos semanas anteriores, en un municipio que entonces gobernaba el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
El 7 de mayo de 2017, la entonces coordinadora del programa Pensión para Adultos Mayores de la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Esmeralda Valle González, y otra mujer se agredieron mutuamente dentro de La Mandona, lo que provocó que el guardaespaldas de la funcionaria federal disparara al aire.
Valle González fue removida de su cargo y, dos días después, el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, dijo que la Policía Federal fue la primera dependencia que acudió al bar, por lo que le correspondía poner a los agentes a disposición de la FGE para la investigación.
Cinco meses después de la desaparición de Carlos, otro trabajador de La Mandona desapareció a manos de hombres armados: la contadora Laura Carrillo, quien salió del bar el 23 de mayo de 2019 antes de las 9 de la noche. Su carro fue encontrado en la colonia Vista Alegre, pero ella no.
Como parte de la investigación de la desaparición de Jhonatan, el Comité de la ONU requiere al Estado mexicano citar a los dueños del bar La Mandona.
Durante la conferencia matutina del 23 de junio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso; Socorro Gil respondió que la carpeta por desaparición forzada ya la tiene la FGR, por lo que ahora faltaría abrir la carpeta por homicidio.
La Colectiva Memoria, Verdad y Justicia —fundada en mayo de 2022 tras el regreso de la familia de Jhonatan de su exilio forzado por amenazas— acompaña otro caso de desaparición perpetrada por policías municipales de la patrulla 104, ocurrido el 25 de mayo de 2023 en la colonia Ciudad Renacimiento; la víctima es José Alberto García Balanzar.








