Exigen pueblos de Chilapa libertad para Jesús Plácido y garantías de retorno
Israel Fuguemann | Animal Político
Chilapa
13 de agosto de 2026
En una cancha de baloncesto en Alcozacán, Chilapa, más de 600 personas de 12 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero se reunieron para debatir sobre la soberanía de su territorio y el olvido al que han sido sometidos históricamente. Entre los cultivos de maíz que rodeaban el lugar, hombres, mujeres, niñas y niños, eran custodiados por decenas de integrantes de la Policía Comunitaria.
Los pueblos exigieron una vez más, al gobierno federal la libertad de Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), vinculado a proceso por homicidio, quien fue detenido el pasado 17 de julio en San Marcos y permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Líderes indígenas y habitantes de las comunidades que conforman grupos de resistencia ante la criminalidad en la región, sostienen que la acusación en contra de Plácido Galindo fue fabricada por ser una voz incómoda para el gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero. Su demanda de libertad inmediata para el líder indígena tensa aún más la disputa política que se avecina en el estado, que renovará la gubernatura en 2027.
Violencia y desplazamiento: las comunidades aún esperan regresar a casa
El retorno de las personas desplazadas a sus hogares es una promesa que no se ha cumplido. “No ha regresado nadie de Tula; siguen refugiados en nuestra comunidad, al igual que los de XIcotlán”, dijo Sixto Mendoza Limpia, promotor regional del CIPOG-EZ. El vocero y activista detalló que el freno principal es la destrucción y la falta de voluntad política para atender la situación: sus viviendas no han sido reconstruidas y no existen garantías mínimas de seguridad para su retorno.
Durante los ataques ocurridos del 6 al 11 de mayo por parte de un grupo criminal, Xicotlán se convirtió en el epicentro de la embestida. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó ocho personas asesinadas en esa comunidad y cuatro de los cinco desaparecidos que se contabilizaron en aquellas jornadas. En total, las cifras de las comunidades expuestas en la asamblea son de 87 personas asesinadas, 25 desaparecidas y alrededor de 800 habitantes en situación de desplazamiento forzado.
Frente a la mesa donde líderes comunitarios hablaron, una pizarra con fotografías, copias de identificaciones y retratos familiares clasificaba la información con dos palabras escritas a mano: “asesinados y desaparecidos”. El archivo agrupa rostros y nombres que sintetizan la situación que durante años han vivido en la región; es el expediente comunitario de la violencia que llevan años documentando.
A la numeralia del despojo se suma la espera burocrática. También hay familias que siguen aguardando los restos de sus seres queridos. Sixto relató el caso de una mujer cuyo esposo fue asesinado el 10 de mayo, pero su cuerpo todavía no ha sido entregado para recibir sepultura. Sin él, simplemente, el duelo no se puede procesar.
Para romper el ciclo de violencia, las comunidades exigen puntos de control fijos en las colindancias de Colotepec y Tula, además de presupuesto para levantar las casas caídas. Sin seguridad en sus territorios, dicen, el regreso es inviable.
La organización comunitaria tiene una historia ligada a esa necesidad de defensa. La Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores surgió en 2014, cuando comunidades de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala decidieron organizarse ante la violencia y la falta de respuesta de las autoridades. Su estructura forma parte de la CRAC-PC, creada en 1995.
En la asamblea, David Sánchez, coordinador de la CRAC-PF, resumió la posición de las comunidades: “lo único que hacemos es defender nuestro territorio”. Para ellos, el concepto es amplio: abarca la tierra arable, los bosques y el agua. Las comunidades también reivindicaron su derecho a la libre determinación y a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución.
Ante la crisis, los pueblos buscan forzar una salida política. Las 12 comunidades comenzaron a explorar una ruta hacia la autonomía municipal basada en sus usos y costumbres, una propuesta que, según Sixto, ya fue presentada formalmente ante el Congreso de Guerrero.
El panorama en Alcozacán es complejo. Mientras las guardias comunitarias vigilan desde el perímetro de la cancha y las familias nahuas sopesan un exilio prolongado, las fotos en la pizarra recuerdan que el costo humano sigue aumentando: Jesús Plácido Galindo continúa preso, convertido ahora en el símbolo de una exigencia mayor: recuperar la seguridad de la Montaña Bajay conseguir respuestas para quienes no pudieron volver.
