Con Aguirre se arraigaron
organizaciones criminales en ayuntamientos

Días antes de su detención, en Acapulco, Ángel Aguirre Rivero dijo que el gobierno federal debería implementar la Operación Enjambre en Guerrero —esa que detiene a alcaldes y alcaldesas y autoridades locales que en los hechos se han convertido en criminales— porque la intervención de las organizaciones criminales es “cierta e inocultable”.

Lo que ignoró esa vez Aguirre fue que esa “intervención” de las organizaciones criminales en los ayuntamientos comenzó a arraigarse hace 12 años, justo durante su último gobierno.

El caso emblemático en Guerrero de la alianza criminal y los ayuntamientos es la que construyó José Luis Abarca Velázquez y la organización criminal Guerreros Unidos. 

Cuando Abarca era alcalde de Iguala, Aguirre era el gobernador. Con Abarca en las calles de Iguala circulaban sin pudor el grupo armado denominado Los Bélicos —conformado por criminales y policías— que se dedicaban a mantener el orden en la ciudad, pero no sólo eso: desaparecían, asesinaban, extorsionaban, torturaban. 

Los Bélicos se movían con toda libertad porque en Iguala Abarca gobernaba de la mano de Guerreros Unidos. Todos en esa ciudad sabían que la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, era hermana de Mario y Alberto Pineda Villa operadores financieros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos.

Pineda Villa fue detenida en noviembre de 2014 acusada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.

La intervención del crimen en el ayuntamiento de Iguala fue —como lo dijo Aguirre— “cierta e inocultable”. No era un secreto ni tampoco intentaron ocultarlo. 

La noche del 8 de marzo de 2013, cuando entraba a su domicilio, en el centro de la ciudad, hombres armados le dispararon al síndico del ayuntamiento de Iguala, Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. 

El 30 de mayo de 2013, un grupo armado —tal vez Los Bélicos— desapareció al dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona junto a otras siete personas. Fueron detenidos después de haber encabezado una protesta contra Abarca.

Tres días después, sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala, fueron hallados los cadáveres de Hernández Cardona, de Ángel Román Ramírez y de Rafael Banderas Román. Los tres tenía huellas de tortura.

Uno de los cinco sobrevivientes, testificó contra Abarca. Acusó al entonces alcalde de haber disparado directamente a Hernández Cardona. 

Abarca cumple una condena por 20 años de prisión por el asesinato de Carvajal Salgado y otra de 92 por la desaparición y asesinato de Hernández Cardona y sus compañeros.

Después de estos crímenes, Abarca siguió gobernando, Los Bélicos continuaron imponiendo el terror en las calles de Iguala. Siguieron las desapariciones, los asesinatos, las extorsiones, la tortura. 

La noche del 26 de septiembre de 2014 no surgió de la nada, en Iguala el crimen estaba enraizado y nadie lo impidió, Aguirre lo ignoró.

Hace unos días, en la audiencia de vinculación en el penal del Altiplano, Aguirre dijo que tres meses antes de los ataques, asesinatos y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pidió personalmente a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República que detuviera a Abarca. 

Se atrevió a decir que si la PGR hubiera detenido a Abarca, los normalistas no hubieran vivido el terror de esa la noche del 26 de septiembre. 

Pero, ¿Por qué el gobierno de Aguirre no detuvo a Abarca un año y medio antes de la noche del 26 de septiembre, tras el asesinato del síndico de Iguala?

El homicidio es un delito del fuero común que le corresponde a las autoridades locales investigar y castigar. En ese entonces, la Procuraduría General del Estado (PGE) aún dependía directamente del gobernador, es decir de Aguirre.       

En tiempos de Aguirre, el crimen no sólo se empoderó en Iguala, de toda la región Centro, también. En 2013, la organización criminal Los Ardillos comenzó a expandirse, dejó su bastión, la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango. 

Su primer disputa fue en Chilapa con Los Rojos. A finales de 2013 comenzaron los asesinatos, las desapariciones y las incursiones armadas a la ciudad. En 2014, la violencia se desató, en pleno centro de la ciudad se enfrentaron durante 40 minutos. Nunca se supo con exactitud el saldo del enfrentamientos. 

La disputa entre Los Ardillos y Los Rojos dejó huellas: el “Informe especial sobre la situación en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados que imperan en el municipio de Chilapa”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pone en cifras parte del terror que se vivió: de enero de 2011 a septiembre de 2018, tan solo en Chilapa fueron asesinadas 632 personas; 290 a balazos; 54 decapitadas; 51 degolladas, 20 desmembradas, 14 calcinadas, siete por asfixia, 17 por traumatismo y el resto, 153, no se identificó la causa.

El informe muestra cómo el horror fue en aumento: 32 asesinatos en 2011; 26 en 2012; 35 en 2013; 25 en 2014; 115 en 2015; 104 en 2016, y en 2017 la cifra se disparó: 277 asesinatos. Y a todo esto se le suman más de 300 personas desaparecidas.

Doce años después, Los Ardillos tienen un control casi absoluto en Chilapa; controlan la Policía Municipal, la extorsión, los precios pero, sobre todo, lo han lograron el control del ayuntamiento.

Cada vez se dice de manera más abierta: la alcaldesa, la priista Merced Carballo Chino, es la cuñada del líder de Los Ardillos.

En estos años, Los Ardillos no han dejado de expandirse. De acuerdo con informes oficiales tiene presencia también en Zitlala, Tixtla, Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán, Atlixtac, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo, Mártir de Cuilapan, Acatepec y Zapotitlán Tablas.

El control de Los Ardillos no sólo es territorial, también es político. En los municipios que controlan han sido impenetrables para Morena, ni el efecto electoral del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador los ha podido derribar. 

Alguien que ha seguido su crecimiento y sus operaciones es el vocero del colectivo de familiares de desaparecidos, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.

¿Cómo han logrado crecer tanto Los Ardillos? 

Díaz Navarro responde sin titubeos: por la operación política de Bernardo Ortega Jiménez, uno de los hermanos de los líderes de Los Ardillos. Esa operación política, dice Díaz Navarro, la hizo en 2013 cuando Bernardo Ortega se convirtió en presidente del Congreso de Guerrero. 

Cada vez que se le pregunta a Bernardo Ortega por sus hermanos, se deslinda de ellos; aunque los cargos electorales que ha ganado siempre han sido en los territorios que controlan Los Ardillos.

El encumbramiento político y criminal de los hermanos Ortega Jiménez coincidió. También coincidieron que Guerrero era gobernado por Aguirre.

En el gobierno de Aguirre surgieron los grupos de autodefensa en Guerrero. Hoy muchas son fachadas de las organizaciones criminales. 

En 2013, previo al surgimiento de las autodefensas, Aguirre colapsó al sistema de seguridad y justicia comunitario más sólido en este momento: la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

En sus primeros dos años de gobierno, Aguirre empleó su mejor método: la entrega de dinero. Generó codicia y después rivalidades. Pero no lo hizo solo. Desde dentro lo ayudaron. Sus principales instrumentos fueron Bruno Plácido y Eliseo del Villar.

Las posibilidades de Bruno Plácido para dirigir la CRAC se redujeron y la madrugada del 6 de enero del 2013 echó andar su propio grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). El debut fue en Ayutla y Tecoanapa. Cientos de pobladores esbozados y con armas de bajo calibre, machetes en mano, montaron guardias sobre la carretera federal para hacer revisiones y, según dijeron, para detener a los criminales más buscados de la región.

La CRAC los acusó de paramilitares.

A días del levantamiento de la Upoeg, Aguirre acudió a los retenes de las autodefensas y se fotografió con ellos. A partir de ahí los apoyó con armamento, uniformes y, sobre todo, le dio un margen amplio para que la Upoeg creciera en la región.

Después de eso, Guerrero se infestó de grupos de autodefensas; de acuerdo a un mapa criminal de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado llegaron a operar hasta 16 grupos de autodefensas. 

Esas autodefensas en estos años ha sido utilizados para irrumpir en ciudades completas como ocurrió en mayo del 2015, cuando unos 300 hombres armados tomaron el control de la cabecera municipal de Chilapa. Se autodenominaron Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia.

Estuvieron cinco días; dijeron que iban a cazar al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez. Hicieron todo lo que quisieron: catearon casas, instalaron retenes, desarmaron a la Policía Municipal, patrullaron la ciudad y —al irse— se llevaron a 30 jóvenes de los que hasta ahora nada se sabe. Todo lo hicieron frente a los ojos de policías y militares.

Las autoridades vincularon a este grupo armado con Los Ardillos.

En noviembre 2018, el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero salió a la publica, su primer encargo fue desplazamiento de comunidades de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Unas 1,800 personas salieron huyendo después de balaceras. Muchos no ha podido volver. Después de ese supuesto grupo comunitario desplazó esos pueblos, el control de esa zona la tomó la organización criminal Los Tlacos. 

Las autodefensas son un modelo que heredó Aguirre. 

En el gobierno de Aguirre no sólo se enraizó el crimen, la represión también. 

A Aguirre una masacre lo encumbró y una represión —también— lo tiene en el penal del Altiplano. 

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada. La fiscal, Ernestina Godoy Ramos informó que después de un reanálisis de investigación del caso Ayotzinapa, se detectaron indicios de Aguirre ordenó la destrucción de los videos que grabaron las cámaras 12 y 15 ubicadas fuera del Palacio de Justicia de Iguala que captaron como policías municipales y presuntos integrantes de la organización criminal Los Guerrero Unidos, detuvieron y se llevaron a casi la mitad de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos esa noche del 26 de septiembre del 2014.

En 1996, Aguirre asumió la gubernatura tras la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, que obligó a renunciar a su jefe político, Rubén Figueroa Alcocer. 

Los tres años que gobernó también lo marcó la represión: el 7 de junio del 1998, en la comunidad de El Charco, en Ayutla, el Ejército rodeó la primaria Caritino Maldonado Pérez y asesinó a 11 personas que sostenían una reunión donde discutían sobre su autonomía y la división que se estaba dando dentro del movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En su gobierno se persiguió al EPR con brutalidad tal cualquier tipo de disidencia. En septiembre del 1996, desaparecieron al profesor Gregorio Alfonso Alvarado López en pleno centro de Chilpancingo, lo acusaron de pertenecer al EPR, como el comandante “Hermelegildo”. 

Con Aguirre, en octubre de 1996, el Ejército detuvo al primer combatiente del EPR, Andrés Tzompaxtle Tecpile. Durante cuatro meses lo desaparecieron y lo sometieron a torturas hasta que escapó. 

De caso de Alvarado López y de Tzompaxtle Tecpile, Aguirre tuvo conocimiento y lo hizo público. 

En 2010, el PRI le negó la candidatura a la gubernatura, el PRD de inmediato se la entregó y también el partido. Ganó con amplio margen la elección. En este segundo periodo repitió su fórmula: la brutalidad no tuvo límites contra la lucha social y la disidencia. 

La brutalidad en números: 15 dirigentes sociales, campesinos, ecologistas y estudiantes  fueron asesinados, dos dirigentes ecologistas y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y cuatro promotores de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota (Cecop), Marco Suástegui Muñoz, encarcelados. 

El 7 de diciembre del 2011, Tecpan fueron detenidos por policías estatal, ministeriales, militares y presunto integrantes de una organización criminal, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). Ambos siguen desaparecidos. 

El 12 de diciembre de ese año, en la autopista del Sol, en Chilpancingo, policías federales, estatales, y ministeriales dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa que protestaban por mejoras para su escuela. Sobre la carretera quedaron los cadáveres de  los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. 

“Me ordenaron limpiar y la carretera está limpia”, dijo el general del Ejército, Ramón Miguel Arriola Ibarra, entonces subsecretario de Seguridad Pública estatal, al final de la represión. 

El 28 de noviembre del 2012, fue asesinada la nueva dirigente de la OCESP, Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa de 17 años de edad, en la comunidad de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán. Villa Mojica encabezó el desplazamiento de cientos de pobladores que eran atacados y acosados por las organizaciones criminales. 

El 30 de mayo del 2013, un grupo armado desapareció al dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona junto a siete personas más.

La represión continuó, el 5 de agosto del 2013, en Coyuca de Benítez dentro de un vehículo fueron hallados los cadáveres del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores y de Samuel Vargas Ramírez. Tenían huellas de tortura y el tiro de gracia. 

Rocio Mesino Mesino durante el gobierno de Aguirre fue perseguida, encarcelada y asesinada. En marzo del 2013 fue encarcelada en el penal de Acapulco. El 19 de octubre, cuando supervisaba un puente colgante, en la comunidad de Mexcaltepec, en Atoyac, un hombre se le acercó y le disparó.

El 10 de noviembre, fue asesinado el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en Coyuca de Benítez.

El momento cumbre de la represión en el gobierno de Aguirre fue la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala: policías municipales, estatales, militares y presuntos criminales asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes y desaparecieron a 43 más.

Esa noche fue, también, el quiebre en la carrera política del ex gobernador.