Desapariciones, una crisis humanitaria que a Evelyn no le importa
Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios PalmaChilpancingo31 de agosto de 2026
En una cancha de baloncesto en Alcozacán, Chilapa, más de 600 personas de 12 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero se reunieron para debatir sobre la soberanía de su territorio y el olvido al que han sido sometidos históricamente. Entre los cultivos de maíz que rodeaban el lugar, hombres, mujeres, niñas y niños, eran custodiados por decenas de integrantes de la Policía Comunitaria.
Los pueblos exigieron una vez más, al gobierno federal la libertad de Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), vinculado a proceso por homicidio, quien fue detenido el pasado 17 de julio en San Marcos y permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Líderes indígenas y habitantes de las comunidades que conforman grupos de resistencia ante la criminalidad en la región, sostienen que la acusación en contra de Plácido Galindo fue fabricada por ser una voz incómoda para el gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero. Su demanda de libertad inmediata para el líder indígena tensa aún más la disputa política que se avecina en el estado, que renovará la gubernatura en 2027.
El Servicio Médico Forense (Semefo) entrega los cadáveres de las personas desaparecidas en pedazos. El 4 de agosto, la sala de la casa 3de Rosario Barrera Martínez estaba lista para velar la otra parte del cuerpo de su hijo, Abel Hernández Barrera.
Estaba lista también la excavación de la tumba para juntar el cráneo de Abel con el resto de su cuerpo. Eso no fue posible. En la Fiscalía General del Estado (FGE) no le entregó el cuerpo de su hijo porque, le dijeron, en la carpeta de investigación no aparece ningún dato del hallazgo, pese a que las confrontas de pruebas de ADN de Rosario con Abel resultaron positivas.
Así es de que Rosario tuvo que guardar las veladoras y posponer la excavación.
El 29 de agosto de 2022, un grupo armado sacó a Abel y a su novia del antro La Malquerida, ubicado en el andador Zapata, en pleno centro de Chilpancingo.
Un mes después, Rosario recibió la cabeza de su hijo y la sepultó.
En marzo de 2023, la FGE informó que cinco hombres y una mujer confesaron la autoría del homicidio de Abel. Revelaron que lo dividieron en dos partes: la cabeza fue hallada fortuitamente en una hielera en la colonia 4 de abril el 30 de agosto de 2022 y resto del cuerpo fue hallado regado en una calle de la colonia Benito Juárez en abril de 2023.
Desde abril de 2023, el cuerpo de Abel está alojado en el Semefo sin poder ser entregado a Rosario para su sepultura.
Jazmín Huerta Acosta ocupa gran parte de su tiempo en buscar a su papá, Miguel Huerta Torres.
La tarde del 28 de febrero del 2023, Miguel Huerta, servidor de la Nación de la Secretaría del Bienestar federal, llegó a Temaxcalapa a encabezar una reunión con los pobladores, cuando dos taxis se estacionaron fuera de la comisaría. Eran hombres y una mujer, todos armados, presuntos integrantes de la organización criminal la Familia Michoacana. Se metieron y los sacaron por la fuerza, lo golpearon, lo subieron a uno de los taxis y se lo llevaron.
Este 26 de agosto, Jazmín Huerta, acompañada por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), realizó una nueva búsqueda en el balneario Pozas Azules, en la comunidad de Atzala, en Taxco, en donde, según un informante, su papá estuvo recluido en una casa de seguridad.
Estos últimos datos de dónde habrían tenido en cautiverio a su padre son parte de las investigaciones que Jazmín Huerta realiza de manera personal, debido a que la FGE y el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda han desatendido el grave problema de las desapariciones en Guerrero.
Una persona que estuvo recluida en la casa de seguridad en Pozas Azules y que fue liberada luego de que sus familiares pagaron un rescate a sus captores fue la que le dijo a Jazmín que en ese lugar vio a su papá.
En la primera búsqueda que Jazmín Huerta realizó en Pozas Azules, iba disfrazada como agente de la FGE para no ser identificada por los integrantes del grupo criminal que operan en ese balneario y que, al parecer, al igual que en las Grutas de Cacahuamilpa, se dedican a secuestrar turistas y los liberan tras el pago de un rescate.
Durante una segunda búsqueda en Pozas Azules, Jazmín Huerta notó que los individuos de la delincuencia habrían sido avisados de su presencia por grupos de halcones que operan desde las comunidades de Huixtac, Paintla y Temaxcalapa.
En 2024, trabajadores de la Secretaría del Bienestar se percataron de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dio instrucciones a la gobernadora Salgado Pineda para atender el caso de Miguel Huerta. Eso ocurrió en un acto oficial en Acapulco.
Sin embargo, la mandataria estatal no ha movido un dedo para cumplir la recomendación que le dio López Obrador.
El próximo 8 de septiembre se cumple un año de que el adolescente Alexander Rubén Santos, junto con su amigo, salieron a cortar leña en el campo en la comunidad de El Palmar, del municipio de Eduardo Neri y no volvieron. Alexander estudia el Telebachillerato.
Wendy Téllez Zamudio, mamá de Alexander, se unió a los colectivos de personas desaparecidas para buscar a su hijo debido a que la FGE no ha hecho nada para localizarlo.
Francisca Mayo Ramírez, vocera del colectivo Guerrero No + Desaparecidos, junto con varias de sus compañeras, pegaba fichas de búsqueda de sus desaparecidos en las calles de Chilpancingo cuando recibió una llamada telefónica anónima diciéndole que se trasladaran a un cerro de la comunidad de El Palmar, en donde tendrían que excavar una fosa clandestina.
Una de las condiciones que le puso la persona que le habló a doña Francisca fue que acudieran sin el acompañamiento policiaco y el colectivo no lo pensó dos veces: se trasladaron a la comunidad ubicada a 40 minutos de Chilpancingo.
Las madres de desaparecidos excavaron una fosa y hallaron fragmentos humanos y prendas de mujer. Hasta la fecha, la FGE no ha identificado a esta víctima.
Francisca Mayo busca a su hijo Jonathan Munivez Mayo, quien fue desaparecido en noviembre de 2008 en la colonia Villas Magisteriales, en la zona sur de Chilpancingo.
En noviembre próximo se cumplen dos años de que 11 vecinos de la comunidad de Chautipan fueron localizados descuartizados en la batea de una camioneta que sus victimarios dejaron abandonada a tres cuadras de las oficinas de la FGE en Chilpancingo.
Los 11 asesinados, entre ellos tres adolescentes, junto con otros seis, acudieron semanas antes a la comunidad de El Epazote, del municipio de Chilapa, para vender artículos de cocina de peltre y fueron privados de su libertad por miembros de la organización criminal de Los Ardillos.
Familiares de las víctimas de Chautipan protestaron en la fiscalía para exigir su búsqueda, pero no la hicieron.
Marco Antonio Barrera Millán, Pedro Israel Barrera Millán, Javier Barrera Millán, Jaime Cayetano Tolentino, Leandro Giovane Francisco Sacristán y Joel, de 14 años de edad, siguen desaparecidos y la FGE ya no los busca.
La crisis humanitaria de personas desaparecidas que vive Guerrero —en los últimos seis años se han registrado 4,400 desapariciones—, al gobierno que encabeza Salgado Pineda no parece que le ocupe enfrentarla y tomar medidas para frenar el problema.
Durante los seis años de gobierno de López Obrador, en ninguna ocasión recibió en audiencia a los colectivos de personas desaparecidas.
A 13 meses y días para dejar el cargo, Salgado Pineda solo ha atendido en dos ocasiones a los colectivos, y durante las reuniones le han llovido reclamos.
Durante las dos últimas décadas, Guerrero ha vivido una crisis de violencia con miles de asesinatos y desapariciones de personas, y gran parte de estos años Salgado Pineda no aparecía en la escena pública.
A Salgado Pineda y a su papá, Félix Salgado Macedonio, nunca se les vio protestando en las calles para exigir un alto a la violencia y castigo a los responsables de las desapariciones.
Desde 2011 y hasta diciembre de 2020, Salgado Pineda estuvo en la nómina del gobierno del estado cobrando como delegada en Acapulco de la Secretaría de la Mujer.
Los colectivos han denunciado la falta de empatía de la gobernadora por el dolor que sienten los familiares que tienen un desaparecido o asesinado.
Y eso se refleja en la falta de estrategias para frenar la violencia que deriva en asesinatos y desapariciones.
El 17 de julio de este año, el Congreso local aprobó la Ley 562 para Prevenir, Investigar y Sancionar las Desapariciones de Personas, luego de que en la anterior legislatura y gran parte de la actual estuvo congelada por la mayoría legislativa de Morena.
Sin embargo, en opinión de los colectivos, la ley no fue redactada en los términos que habían acordado con la propia gobernadora y los legisladores morenistas.
El 20 de julio, la mandataria estatal recibió a más de una decena de colectivos en la residencia oficial de Casa Guerrero; una de las peticiones que le hicieron fue que regresara dicha ley al Congreso para que se le hicieran algunas modificaciones, entre las cuales destaca que se estableciera la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
A principios del 2026, los colectivos ya tenían un primer borrador de la iniciativa, por lo que interpusieron un amparo para demandar que el Congreso incluyera en la ley la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La autonomía implica que el comisionado tiene que reunir el perfil, es decir, contar con conocimiento en derechos humanos, atención a víctimas, búsqueda de personas y conocimiento de ciencias forenses e investigación criminal.
También que el comisionado ya no sea nombrado por la persona titular del Ejecutivo ni esté bajo las órdenes de la Secretaría General de Gobierno.
El encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda es Alejandro García Solorio, quien tiene una maestría y doctorado en administración pública por la Universidad Sentimientos de la Nación (USN), institución universitaria que opera desde 2002.
Durante la reunión del 20 de julio, David Molina Rodríguez, vocero del colectivo “Lupita Rodríguez”, le entregó a la gobernadora una copia del escrito del amparo que se interpuso ante un juez federal de Chilpancingo, en donde demandan la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La mandataria estatal no leyó el escrito y, para evadir el asunto, habló del tema de salud que le había planteado un colectivo de Iguala.
“A la gobernadora no le interesó hablar a profundidad lo que contenía la ley que, hay que reconocer, tiene muchas cosas que nosotros planteamos, pero tiene otras que los diputados omitieron”, contó David Molina.
Sin embargo, la mandataria estatal se vio forzada a decirles a los colectivos que dicha ley aprobada por el Congreso no sería publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y que la regresaría al Congreso para que se le hicieran las modificaciones.
Pero Salgado Pineda incumplió su promesa, ya que el 14 de agosto la citada ley se publicó en el Periódico Oficial con la misma redacción que aprobó el Congreso.
Arturo Solís Felipe, excomisionado de la CEBP y quien renunció a este cargo en marzo de 2025, consideró que la citada ley tiene cosas positivas y que, si le faltan algunos puntos propuestos por los colectivos, estos se pueden resolver “con la buena voluntad” de las autoridades.
En diciembre de 2025, en la primera reunión que Salgado Pineda tuvo con los colectivos de desaparecidos en Palacio de Gobierno, Socorro Gil Guzmán, madre del desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, exigió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les aumentara a cuando menos 4,000 pesos al mes a los familiares de las víctimas un apoyo de canasta básica.
“A ver, usted vea qué se puede hacer con pinches 2,000 pesos al mes”, le reclamó en esa ocasión Socorro Gil a la mandataria estatal, quien apretó las mandíbulas visiblemente enojada.
Salgado Pineda dio la orden a la encargada de despacho de la CEAV, Enedina Medrano Serrano, de que a partir de enero de 2026 a los familiares de las víctimas de desaparecidos y asesinados se les entreguen 3,000 pesos mensuales.
Medrano Serrano tampoco cumple con el perfil para estar en ese cargo y, de acuerdo a las versiones de los colectivos, el único mérito que tiene es haber participado en los actos de campaña política de Salgado Macedonio y Salgado Pineda en 2021.
Los familiares de las víctimas siguen recibiendo con retraso los 3,000 pesos mensuales por parte de la CEAV.
Hasta este domingo 30 de agosto, el gobierno estatal no liberaba este pago correspondiente a un mes.
Chirrionazo
La antipatía del gobierno estatal es demasiada que este domingo, luego de que madres y padres, hijas e hijos, hermanas y hermanos, esposas y esposos de desaparecidos marcharon en la capital, integrantes del colectivo No+Desaparecidos colocaron en la fachada del Palacio de Gobierno lonas con las fotografías de sus familiares ausentes. Sin embargo, poco le importó a la gobernadora porque envió a personal de Gobernación para retirar horas después dichas lonas.
No solo eso, la dirigencia estatal de Morena, que encabeza Jacinto González Varona, lideró en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado la última de las asambleas por la “soberanía” antes de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de a conocer al coordinador o coordinadora estatal, es decir, el precandidato a la gubernatura. No obstante, su asamblea sirvió para una guerra de porras de algunos aspirantes que asistieron.
Ni González Varona ni los aspirantes ni sus militantes que se dicen de “izquierda” mencionaron o se solidarizaron con las familias y las víctimas de desaparecidos. La ambición por el poder es demasiada que se desconectan de la terrible realidad que vive el país.
