Asola la violencia a la Montaña y la Sierra de Guerrero

Una ola de agresiones atribuidas a grupos criminales golpeó en los últimos días a pobladores de comunidades indígenas de la Montaña y de localidades en la Sierra de Guerrero, dejando víctimas mortales —entre ellas menores y adultos mayores—, familias desoladas y un territorio en disputa por el crimen organizado.

Ayer, en la comunidad indígena de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña, presuntos miembros de la policía comunitaria asesinaron a balazos a un adulto y a un menor de 13 años en un campo de sembradíos de maíz.

Según los lugareños, la tarde del martes, tres adultos y un menor de edad cuidaban a sus animales en una parcela ubicada en un cerro cerca de Totolapan —anexo de Huitzapula— cuando fueron atacados a balazos.

En el lugar murieron un adulto y el menor de 13 años, mientras que otro hombre resultó herido y fue auxiliado por los pobladores de Huitzapula.

Un burro que cuidaban las víctimas también murió durante el ataque armado.

Los vecinos contaron que los supuestos policías comunitarios que emboscaron a los cuatro habitantes pertenecen a la organización criminal de “Los Ardillos”, que mantiene bajo su control esta zona de la Montaña de Guerrero.

Hasta las 6 de la tarde del martes, las fuerzas de seguridad no habían llegado a Huitzapula para resguardar a los habitantes de la comunidad, quienes, ante esta nueva agresión, se resguardaron en sus viviendas.

Este nuevo hecho de violencia se registra luego de que el 26 de agosto el profesor Federico García Parra, vecino de Huitzapula, fuera asesinado a balazos por un grupo armado tras salir de un curso de actualización académica en la escuela primaria bilingüe Antonio Plaza, en Zapotitlán Tablas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que García Parra fue perseguido por dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta.

Cuando alcanzaron al profesor bilingüe, uno de los individuos que viajaba en la parte trasera de la motocicleta descendió y comenzó a perseguirlo. El docente pidió ayuda a los habitantes de una vivienda, pero le cerraron la puerta.

Los delincuentes le dieron alcance a García Parra y lo asesinaron a balazos casi frente al ayuntamiento y a las instalaciones de la Policía Municipal de Zapotitlán Tablas.

En septiembre de 2025, Luis Fernando García Sánchez, hijo de García Parra, fue desaparecido. Desde esa fecha, el profesor bilingüe buscaba a su hijo.

Organizaciones sociales, entre ellas Tlachinollan, suscribieron un documento en el que exigen al gobierno el esclarecimiento del asesinato del maestro.

Las organizaciones —incluido el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Luciérnaga”— denunciaron que la estrategia de pacificación puesta en marcha hace unos meses por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha dado ningún resultado, en virtud de que la violencia continúa en aumento debido a que los integrantes del crimen organizado no han sido detenidos.

Los municipios que se encuentran incontrolables por la violencia son Chilapa, Atlixtac, Olinalá, Zapotitlán Tablas, José Joaquín Herrera y Ahuacuotzingo, aseguraron las organizaciones.

***

Sin embargo, no solo es la Montaña. Comunidades de la Sierra aglutinadas en la organización “Pueblos Unidos de Autodefensa por la Paz Social” demandaron seguridad al gobierno e investiguen los hechos ocurridos la semana pasada en El Cerro de las Lumbreras, del municipio de San Miguel Totolapan, donde integrantes de otra organización criminal calcinó a cuatro hombres y asesinó a una persona con discapacidad y a un niño de 9 años.

A través de un comunicado, la organización se deslindó de esos actos de violencia.

“Nuestra comunidad no participa ni solapa acciones que atentan contra la tranquilidad de la región”, dice el comunicado.

Esta organización ofrece a los gobiernos federal, estatal y del municipio su colaboración para que se esclarezcan esos acontecimientos violentos ocurridos el 27 de agosto.

Mencionan que, como pueblos unidos por la paz, desde 2018 han estado pidiendo la seguridad institucional de manera permanente para garantizar el libre tránsito a las comunidades de la Sierra.

Según los lugareños, el ataque armado que sufrieron en El Cerro de las Lumbreras se debió a que la organización criminal busca adueñarse de sus tierras para explotar la madera y llevarse el maguey que se utiliza para la elaboración del mezcal.

Habitantes de El Cerro de las Lumbreras contaron que alrededor de las 4 de la mañana del jueves 27 de agosto, los individuos armados, a quienes identificaron como integrantes de “Los Tlacos”, empezaron los ataques armados y cinco horas después se retiraron tras incendiar viviendas y asesinar a seis personas.

Los delincuentes prepararon su incursión a este pueblo de la Sierra desde un día antes, ya que les cortaron la luz eléctrica y la señal de internet.

El 21 de agosto, la comunidad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, ubicado en la Sierra, fue atacada con disparos de arma de fuego y drones explosivos por parte de la organización criminal de La Familia Michoacana, según los testimonios.

Además, en la comunidad de Las Mesas de El Parotal, municipio de Petatlán, cuatro presuntos integrantes de La Familia Michoacana murieron a balazos tras enfrentarse con los pobladores que repelieron la agresión tras ser atacados el 28 de agosto.

Los habitantes de esta localidad, que se encuentra entre los límites de la Costa Grande y Tierra Caliente, son asediados por los grupos del crimen organizado de la FM y Los Arreola, cuyo poder de fuego ha disminuido luego de que su principal líder, Cresenciano Arreola Villa, fuera asesinado a balazos cuando estaba en su rancho en agosto de 2023 en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán.

De acuerdo con los testimonios de los lugareños de las comunidades de la Sierra, los grupos del crimen organizado quieren ampliar el dominio de los territorios de esa zona para apoderarse de las tierras y explotar los recursos forestales.

Autoridades y habitantes de la Costa Grande y Tierra Caliente denunciaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del gobierno de Guerrero poco hacen para frenar la explotación de los recursos maderables por parte de la delincuencia organizada.

Luego de la situación de violencia que se vivió en los últimos 10 días del mes de agosto en las comunidades de Los Bayados, Cerro de las Lumbreras y Las Mesas del Parotal, fuerzas de seguridad federal y estatal realizan recorridos en la zona, según las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.