Feminicidio de Martha, un caso
más que Fiscalía no investigó
Arturo de Dios Palma
Fotografía: Tlachinollan
Chilpancingo
28 de octubre del 2026
En septiembre de 2024, el esposo de Martha regresó a su pueblo, ubicado en un recodo de la Montaña de Guerrero, después de haber estado cinco años en Estados Unidos.
En ese septiembre comenzó el último capítulo de la vida de Martha.
Era la mañana del 2 de febrero de 2025, Martha volvió a su casa por unas cosas. Semanas antes la dejó por el maltrato y por las constantes golpizas que le daba su esposo. Se fue a vivir con su madre y padre.
Esa mañana, Martha se encontró con su esposo en la casa. Horas después, tocaron la puerta de la casa de su madre, cuando abrió, una persona le dio el recado: tenía que ir a recoger el cadáver de su hija. Le dijeron que Martha estaba en el lavadero y de pronto se resbaló y se cayó. Le dijeron que murió del golpe.
La madre no quedó conforme con esa versión, sabía de los constantes maltratos a los que era sometida su hija. Pidió a uno de sus hijos que estaba en Tlapa que denunciara la muerte de Martha y que exigiera que acudieran a levantar el cadáver peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Después de horas de espera, la madre de Martha decidió recoger el cadáver y llevárselo a su casa.
Cuando estaban cambiando de ropa para prepararla para el velorio, descubrieron que su cuerpo estaba lleno de golpes. Tenía moretones en el estómago, en las piernas y marcas de haber sido sometida con violencia por el cuello. También descubrieron que tenían lesiones en la cara y en la cabeza.
La familia se convenció de que Martha no murió en una caída, sino que fue asesinada a golpes. Hasta el día siguiente llegaron los peritos, fueron primero a la casa del esposo y luego donde la madre.
Examinaron externamente el cadáver y no descubrieron las lesiones. En el dictamen, el médico legista sostuvo que Martha no tenía lesiones, incluso, que la muerte no era causa de un delito.
Martha, en realidad no se llamaba Martha, es un nombre ficticio para proteger su identidad y la de su familia.
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En Guerrero la violencia contra las mujeres es más recurrente de lo que dicen las estadísticas oficiales.
De acuerdo con defensoras de derechos de las mujeres, hay varios factores que invisibilizan la violencia contra las mujeres, como la manipulación de las cifras, la resistencia oficial para tipificar los asesinatos violentos de mujeres como feminicidios, las omisiones de la fiscalía para investigar estos crímenes con perspectiva de género y el miedo a denunciar.
En Guerrero, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, AC (AGCVIM) lleva un recuento puntual de los homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio. Sus cifras distan mucho de las que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La asociación contabiliza —de enero al 21 de octubre de este año— 95 homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio. Esos asesinatos han ocurrido en 28 municipios; Acapulco concentra la mayoría con 37 homicidios violentos contra mujeres. Le sigue Chilapa con seis, luego Chilpancingo y Atlixtac con cuatro. Mientras que el secretariado, de enero a septiembre, apenas ha contabilizado 15 feminicidios. El feminicidio de Martha es muy probable que haya quedado fuera de la estadística oficial porque la fiscalía —de inicio— ni delito lo demostró.
Esa diferencia entre las cifras de la asociación y el secretariado es constante.
En 2025, la asociación contabilizó 113 asesinatos violentos contra mujeres, el secretariado reportó 20 feminicidios. En 2024 igual, la asociación registró 175 y el secretariado 22 feminicidios. En 2023, fue algo parecido: 138 asesinatos reportó la asociación y el secretariado apenas contabilizó 15 feminicidios. En 2022 lo mismo: la organización registró 106 asesinatos violentos contra mujeres y oficialmente sólo 12 feminicidios.
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La impunidad en los crímenes contra mujeres es aplastante. La Montaña de Guerrero es el ejemplo más nítido. La abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, dice que del 2016 al 2026 han documentado por lo menos 168 asesinatos violentos contra mujeres.
Arias Vitinio afirma que de esos 168 sólo cuatro crímenes han llegado hasta la sentencia condenatoria y hay siete órdenes de aprehensión que no se han cumplido. Otro punto que señala la abogada es la debilidad institucional; para atender a los feminicidios en toda la Montaña hay una sola unidad especializada. De hecho, Tlachinollan ha documentado que para toda la región, donde habitan más de 400 mil habitantes, hay nueve agencias del Ministerio Público de fuero común con 22 agentes. No hay agencias ni agentes para atender delitos federales.
Una de las cuatro sentencias es la del feminicidio contra Florencia Sánchez Joaquín, me’phaa de 23 años, que ocurrió el 24 de agosto de 2014 en el municipio de Acatepec.
A Florencia la asesinó su expareja Marcelino de la Cruz Sánchez, con quien vivió cinco años. Se separaron seis meses antes del crimen. La separación ocurrió por la violencia recurrente que sufría Florencia y porque Marcelino comenzó una nueva relación. La relación terminó mal, con un pleito por algunos bienes. Marcelino comenzó a amenazarla y Florencia decidió irse a vivir con sus padres junto con sus dos hijas.
Esa noche del 24 de agosto, Florencia fue a recoger unas cosas a su casa. Una fuerte lluvia le impidió regresar con sus padres. En ese momento, Marcelino llegó junto a otros dos hombres. Entre los tres la violaron y luego la asesinaron: le dieron martillazos en la cabeza y más de diez navajazos.
La madre de Florencia denunció el crimen. Este fue el primer asesinato violento contra una mujer en la Montaña que se clasificó como feminicidio. Eso no garantizó justicia pronta, menos completa. Marcelino fue detenido en mayo de 2017 y, tres años después, fue sentenciado por feminicidio; Sin embargo, siguen libres los otros dos hombres que la violaron y la asesinaron.
La abogada de Tlachinollan afirma que sólo haya cuatro sentencias por feminicidio en la Montaña no es casual. Cuenta que en estos diez años sólo dos asesinatos violentos contra mujeres se han clasificado e investigado como feminicidios desde el inicio. Como parte del acompañamiento que ha dado a las familias de las mujeres asesinadas, han logrado reclasificar ocho asesinatos de mujeres que inicialmente la fiscalía no clasificó como feminicidio. Uno de los que lograron reclasificar fue el de Melani Ibarra López, de 25 años.
La madrugada del 28 de noviembre de 2017, en su casa en Acapulco, Melani fue asesinada por su esposo, José Luis Martínez Rodríguez, un piloto aviador de la Fuerza Aérea.
Esa noche, el esposo la asfixió tras la fractura del hueso hioides. Cuando llegó la policía y los peritos de la fiscalía, Melani estaba tirada en las escaleras del edificio donde vivían.
El esposo montó la caída, borró las evidencias y la fiscalía le creyó todo. El asesinato de Melani fue clasificado como homicidio imprudencial. La familia de Melani no quedó conforme con la versión del militar, conocían los antecedentes, la violencia que sufría, incluso, sabían de la golpiza que le dio cuando estaba embarazada.
La familia insistió hasta que la fiscalía tuvo que profundizar la investigación. Se hicieron tres necropsias, se reconstruyeron los hechos de la noche del crimen, se hizo la prueba de luminol. La versión del militar se derrumbó. En mayo de 2023 fue detenido y un año después fue sentenciado a 36 años de prisión por el feminicidio.
“En este caso se logró la sentencia gracias a la presión de la familia, pero así hay muchos casos donde la fiscalía no aplica el protocolo de feminicidio desde el inicio”, dice la abogada de Tlachinollan.
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La madre de Martha siempre supo que su hija fue asesinada. Ella sí vio las marcas de violencia que tenía su cuerpo, esas mismas marcas que la fiscalía ignoró. Sabía de la violencia sistemática que sufría. De las amenazas. De los golpes y maltratos.
No se cruzó de brazos, volvió al Ministerio Público para exigir que se investigara el asesinato de su hija. Cuando cambiaban de ropa a Martha para su sepelio, su familia fotografió su cuerpo con las marcas de la violencia. Esas fotografías fueron su principal prueba de que su hija fue asesinada. Exigió que se volviera a hacer la necropsia, para que otros peritos sí examinaran el cadáver y descubrieran las marcas de la violencia.
Su exigencia llegó hasta un juez. En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al juez la exhumación y la necropsia del cadáver de Martha.
“A ver, Ministerio Público, me pide que autorice una exhumación y una necropsia, pero tú me estás trayendo como dato de prueba un dictamen de un médico legista donde dice que no se apreciaron lesiones. Es contradictorio, me dices que no le apreciaron lesiones y la mamá de la víctima dice que sí. Entonces, ¿a quién le voy a creer?”, dijo el juez al Ministerio Público durante la audiencia, recuerda la abogada de Tlachinollan.
Al final el juez autorizó la exhumación y la necropsia. Pero la madre de Martha se enfrentó a un obstáculo: para realizarlas tenía que pagar 35 mil pesos y no los tenía.
Recurrió al esposo de Martha para que entre los dos pagaran los 35 mil pesos, pero el hombre se negó. La exhumación y la necropsia se hicieron hasta que la madre pudo reunir el dinero.
El resultado confirmó el asesinato: el cadáver de Martha tenía fracturas en la cara y en las costillas.
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Marina Reina Aguilar es la coordinadora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.
Lo tiene bien claro: “Las autoridades dicen que los feminicidios van a la baja, eso tiene que ver con la manipulación de las estadísticas. ¿Quién las controla? El Estado. ¿Qué le conviene al Estado? Decir que van a la baja. Todas las muertes dolosas contra las mujeres tienen que ser investigadas como feminicidios. ¿Y qué está pasando? No las están clasificando así. Dicen: ´se pueden reclasificar en el proceso´. Eso quiere decir que las autoridades no las están clasificando como feminicidios y eso tiene que ver con las cifras convenientes para el Estado”.
Para Reina Aguilar esa resistencia tiene que ver con la debilidad institucional, la falta de personal en todas las regiones, las malas prácticas —como la mala integración de las carpetas de investigación—, la corrupción y que las autoridades buscan evitar el costo que implica el número real de los feminicidios.
La activista también alerta de otra omisión: las autoridades tampoco están clasificando las tentativas de feminicidio.
“Las tentativas de feminicidio las están clasificando como lesiones agravadas. Eso invisibiliza la violencia extrema contra las mujeres”, dice.
En la baja de feminicidios hay otro aspecto, dice la activista: la falta de denuncias. Explica que en regiones como la Montaña, Costa Chica y Tierra Caliente no se están denunciando todos los feminicidios.
Pone un ejemplo reciente: “Hace días me hablan del DIF. Me cuentan que en Quechultenango asesinaron a una señora. La asesinaron porque a su hija la agredieron sexualmente. La señora intentó defenderla y la mataron. La familia no denunció, ¿por qué? Por miedo. Le dije a la del DIF que le diera mi teléfono a la familia. ¿Sabes cuándo me hablaron? Nunca”.
— ¿Qué impacto social tiene la resistencia para clasificar los feminicidios?
—Uno, la impunidad, pero también no clasificarlos impacta en la credibilidad de las instituciones. Hay muchas mujeres que dicen: ´¿para qué voy? Nada más voy a perder mi tiempo´. Esa credibilidad se tiene que recuperar y la única forma de hacerlo es el acceso a la justicia. También hay impactos en los familiares, en los hijos, hijas; estos feminicidios truncan proyectos de vida. Hay hijos e hijas que dejan sus estudios, hay traumas en las familias. Luego dicen ´que vaya a terapia´, sí, que vayan, pero eso no lo va a resolver todo. Hay situaciones que el Estado no puede resolver, como devolver a una madre.
¿Sabes cuántas sentencias hay por feminicidio o por homicidio doloso contra mujeres?
—El porcentaje de sentencia es muy bajo. No tengo el dato. Pero si hacemos un comparativo, ¿cuántas denuncias se presentan al año?, ¿cuántas se judicializan?, ¿cuántas tienen sentencia? Pero hay otro tema: ¿cuántas son condenatorias y cuántas absolutorias? Es difícil saber porque eso era sólo por transparencia, pero ahora es más complicado. Me he dado cuenta de que hay varias absolutorias y no porque sean inocentes, sino porque en el proceso se cometieron muchos errores, como la mala integración de las carpetas de investigación. Y luego hay corrupción, sigue habiendo colusión entre los acusados y las autoridades. Hay mucha negligencia, la fiscalía no trabaja por sí sola, si las víctimas no impulsan las carpetas no avanzan. Yo les digo a las víctimas: si ustedes abandonaron su carpeta, la fiscalía también la abandonó.
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El feminicidio de Martha se confirmó tras la necropsia; la fiscalía se vio obligada a iniciar una investigación. El 20 de octubre se hizo la inspección ocular en el lugar del crimen.
Esta inspección tuvo que haberse hecho desde febrero de 2025, es decir, hace un año y ocho meses. No se hizo porque la fiscalía inició la carpeta por muerte no constitutiva de delito.
En la inspección estuvo la madre de Martha. Al terminar se dirigió a su casa, a unos 500 metros de distancia; en el camino se encontró con el esposo de su hija.
“¿Por qué sigues investigando la muerte de tu hija si ya está muerta?”, le soltó el hombre. Luego le dispararon.
“La mamá tiene una lesión en el hombro, ahora estamos trabajando en otra carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa, porque parece que su intención es matar a la suegra”, dice la abogada.
