Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa y Arturo de Dios Palma.
¿Era necesario dispararle en la cabeza a Yanqui Kothan Gómez Peralta?
Guerrero está de nuevo metido en esa historia ominosa de la represión, del abuso policial, de la barbarie emanada desde el poder.
Yanqui Kothan era normalista de Ayotzinapa, tenía 23 años, cursaba el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Era corredor de bicicleta desde hace 10 años. Todos los años se convertía en corredor guadalupano.
Fue asesinado por un policía estatal en la salida a Tixtla, sobre el viejo libramiento, la noche del jueves 7 de marzo. El agente le disparó a un metro de distancia con un rifle de alto poder.
La bala, según el parte forense, atravesó la cabeza de Yanqui Kothan. La bala lo condenó a la muerte, al hospital general Raymundo Abarca Alarcón lo ingresaron a las 9:23 de la noche. Llegó en coma, con el cráneo fracturado y masa encefálica expuesta, según el reporte médico. No pudieron hacer nada por Yanqui Kothan. Nada. 20 minutos después, a las 9:43, murió.
Esa noche, Yanqui Kothan, Osiel y El Arenita (como le conocían al tercer normalista) llegaron a Chilpancingo, cerca del motel Petatlán se estacionaron, apagaron la camioneta, una Frontier blanca. El Arenita se bajó a la tienda a comprar cigarros.
A la camioneta llegaron los policías estatales, hostiles desde el inicio, golpearon con sus rifles los cristales. Yanqui Kothan encendió la camioneta e intentó arrancar, entonces un agente le disparó en la cabeza.
A Osiel lo bajaron de la camioneta, lo sometieron y en el piso lo patearon. Alcanzó a gritar que era normalista de Ayotzinapa.
El Arenita huyó a refugiarse al ver el ataque contra sus compañeros.
Este es el relato de esa noche que ha documentado el Centro de Defensa de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, quienes acompañan legalmente a los estudiantes en este caso.
Tras el disparo contra Yanqui Kothan vino el montaje, las mentiras, el cochinero de las autoridades.
El director del Centro Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio afirma que han podido documentar cómo los agentes alteraron la escena del crimen. Primero, dice, a Yanqui Kothan lo trasladaron en una patrulla y no en una ambulancia.
Luego, sigue, los policías se llevaron la camioneta, la Frontier blanca, donde fue asesinado Yanqui Kothan, sin que antes la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara los peritajes y recabara pruebas. El principal elemento de prueba fue sacado de la escena del crimen.
Las pruebas, los indicios que pudieron haber recogido los borraron los policías que se llevaron el vehículo.
Las mentiras siguieron. Tres horas después del asesinato de Yanqui Kothan, en la madrugada, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública, el general brigadier del Ejército, Rolando Solano Rivera, dieron una conferencia, con reporteros y reporteras seleccionados, y soltaron la versión oficial de los hechos que, hasta ahora, sostienen.
Reynoso Núñez y Solano Rivera desplegaron el montaje. Uno: que se trató de un enfrentamiento, que los normalistas iban armados y dispararon contra los policías estatales y, éstos últimos, respondieron. Dos: que detuvieron la camioneta donde viajaban los normalistas en un retén de vigilancia de vehículos robados porque recibieron un reporte de que era robada. Y tres: que los jóvenes iban alcoholizados, drogados.
Solano Rivera dijo que el ataque de los policías fue hecho “fortuito, fortuito delictivo”.
Junto a la conferencia, el gobierno de Guerrero difundió fotografías del interior de la camioneta. En las imágenes se ve un arma corta, un cartón de doce cervezas y bolsas con polvo blanco, supuesta cocaína.
Estas fotografías y los dichos de los funcionarios fueron difundidos a un ritmo vertiginoso en portales de noticias y páginas de Facebook. Las mentiras fueron disparadas desde una operación mediática que no se detiene.
El domingo en portales de noticias, páginas de Facebook y grupos de WhatsApp se difundió una columna publicada en el periódico El Universal donde supuestamente revelan la “filtración” del acta de defunción de Yanqui Kothan.
La supuesta acta dice que Yanqui Kothan y sus acompañantes iban alcoholizados y drogados.
Hacer notas sobre columnas publicadas en diarios como El Universal es poco común entre los portales y páginas de Facebook, pero esta vez lo hicieron hasta de forma coordinada, fue parte de la operación mediática que orquestó el gobierno del estado. No dudamos que haya sido una orden directa de la dirección de Comunicación Social para seguir criminalizando a los normalistas.
Parte de esa operación, es todo el montaje que ordenó la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, en Palacio de Gobierno.
Desde el viernes fue blindado por murallas metálicas, ballenas de concreto, carros blindados, reforzaron los accesos. Decenas de policías y soldados de la Guardia Nacional (GN) lo vigilaban detrás de rejas y desde los techos.
El Palacio y sus alrededores están convertidos en el escenario para un combate.
Salgado Pineda construyó un ambiente de zozobra, de miedo, de terror. En redes sociales, se difundieron mensajes advirtiendo que los normalistas arribarían a Chilpancingo a protestar y que arrasarían con todo lo que tuvieran enfrente. Con esto intentó nuevamente criminalizar, estigmatizar a los estudiantes, poner a la gente en su contra.
Salgado Pineda debería dar certezas, por ejemplo, anunciar la renuncia del general brigadier, del secretario General de Gobierno y del director de Comunicación Social por la represión y por mentir.
Pese a todo, como pasan las horas, el montaje del gobierno de Salgado Pineda se ha ido derrumbado.
Al día siguiente del asesinato, el director del Centro Minerva Bello y la madre de Yanqui Kothan dieron una conferencia de prensa en Tixtla. Presentaron el certificado de defunción.
El documento es contundente. Primero: Yanqui Kothan murió del balazo que recibió en la cabeza. Segundo: Yanqui Kothan y el otro normalista detenido dieron negativo a alguna sustancia tóxica, no iban alcoholizados y drogados.
Ese día en la conferencia, la madre de Yanqui Kothan dijo que ni su hijo ni el joven detenido dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir: no hallaron pólvora en su cuerpo. No dispararon ningún arma. No hubo enfrentamiento.
El abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dice que de acuerdo al estudio de balística que se realizó, en la camioneta se hallaron cuatro impactos de bala y todos tenían la dirección de fuera hacia dentro. Es decir, sólo los policías dispararon.
Sobre la pistola hallada en la camioneta, el abogado dice que en el peritaje no hallaron casquillos que coincidan con esa arma.
Rosales Sierra hace un listado de irregularidades en el caso. Uno: el gobierno de Guerrero se negó a entregar los videos grabados en las cámaras del C4. Dos: Reynoso Núñez y Solano Rivera asumieron la versión de los policías pese a que todo era mentira. Tres: la policía detuvo a Osiel y a El Arenita pero sólo reportan la detención de Osiel. Cuatro: en la detención de El Arenita, dicen que portaba un arma larga, pero nunca la presentan. Cinco: Reynoso Núñez y Solano Rivera en la conferencia, a las 2 de la madrugada, dicen que ya pusieron a disposición a Osiel, pero eso fue falso, fue puesto a disposición hasta las 7 de la mañana del 8 de marzo.
En este último punto, Rosales Sierra afirma que el secretario General de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública solaparon una detención ilegal, una violación flagrante a los derechos humanos de los estudiantes.
Rosales Sierra consideró que la responsabilidad penal no sólo debe caer sobre los tres policías que atacaron a los normalistas, sino también contra Reynoso Núñez y Solano Rivera por mentir y encubrir actos delictivos.
Este lunes, en su habitual conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contradijo la versión del gobierno de Salgado Pineda.
López Obrador fue contundente:
“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar pero, el joven no disparó, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron, ya está el expediente en manos de la Fiscalía General (de la República). No vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. (…) Los policías están detenidos en Guerrero y ya están a disposición de la fiscalía de la República”.
La FGE reforzó la versión de que entre normalistas y policías no hubo un enfrentamiento. Informó que abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra policías estatales.
El homicidio calificado de acuerdo al Código Penal tiene una agravante mayor porque implica que el perpetrador, en este caso la Policía Estatal, tuvo ventaja sobre la víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) también desmintió la versión del gobierno de la familia de los Salgado. Atrajo la investigación porque detectó que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, es decir, los policías no repelieron un ataque sino que abusaron de la fuerza.
El asesinato de Yanqui Kothan lastimosamente no muestra nada nuevo, sólo se suma a la larga lista de represión, de abuso policial, de criminalización de los jóvenes y, seguramente, de impunidad.
En los últimos trece años han sido asesinados diez normalistas de Ayotzinapa. Hacemos el recuento para que no se nos olviden: En 2011 en la autopista del Sol, en Chilpancingo, policías ministeriales del estado y agentes federales mataron a Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En enero de 2014 fueron asesinados los normalistas Freddy Fernando Vázquez Crispin y Eugenio Alberto Tamarit Huerta, en la carretera federal Acapulco a Zihuatanejo, a la altura del municipio de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 fueron asesinados por policías y presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón.
Esa vez, desaparecieron a 43 normalistas, que una década después nadie sabe de ellos.
En 2016, cuando viajaban en una Urvan del transporte público, asesinaron a los normalistas, Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro.
El caso de Yanqui Kothan deja claro que el sistema político mexicano, ese que construyó el PRI, está por encima de cualquier partido político. No hay matices, no hay diferencia, todos reprimen, todos usan a las policías para aplastar a quienes les resultan incómodos y, como el viejo régimen, todos se encubren.
En el asesinato de Yanqui Kothan no podemos desdeñar el contexto. Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con normalistas de Ayotzinapa estaban regresando de una jornada de lucha en la Ciudad de México y que tuvo como colofón el derribamiento de una de las puertas del Palacio Nacional.
Pero desde hace meses, la relación entre el presidente y las madres y los padres está casi rota. Lopez Obrador está en plena operación para reventar la investigación de la desaparición de los normalistas. Los hechos así lo dicen. Primero sacó de la investigación al fiscal especial, Omar Trejo, quien tenía la confianza de los padres, luego a Alejandro Encinas, quien era el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. De ahí se lanzó contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En estos momentos busca dividir a los padres y madres. Busca sembrar intriga contra sus abogados y contra Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que desde el inicio han estado con ellos.
El presidente, faltándole el respeto a los padres y madres de los 43, ha dicho que los abogados los manipulan y que por eso se reunirá con ellos sin sus asesores legales.
López Obrador tiene la intención de desproteger a los padres y madres, quitarle el derecho a tener un defensor.
La tensión entre el presidente y los padres y madres es por 800 folios que el Ejército oculta en sus archivos. En esos folios están las intervenciones que hicieron militares a celulares de policías de Iguala y criminales justo cuando estaban atacando y desapareciendo a los jóvenes esa noche y madrugada de septiembre del 2014.
Es información relevante porque ahí se puede saber el paradero de por lo menos 17 jóvenes que fueron sacados de la barandilla de Iguala y entregados a presuntos criminales.
Pero también en esa información, puede quedar exhibida la participación del Ejército y el presidente ha preferido proteger a los militares antes de hallar la verdad en este caso.
López Obrador sabe que la lucha de los padres y madres es legítima, es digna, es justa y que a ellos no podrá desacreditarlos, llamarlos conservadores, que tienen intereses electorales.
El presidente se topó con pared, porque si alguien tiene calidad moral son precisamente ellos, si en los últimos años alguien ha mostrado cómo se lucha dignamente en este país, han sido los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Hasta el momento no hay indicio sólido para determinar que el asesinato de Yanqui Kothan tiene relación con la protesta en Palacio Nacional, pero no se puede descartar. Es necesario que se explore esa línea de investigación.
Aunque se ve difícil, el gobierno de López Obrador tiene las manos metidas en todo el aparato de seguridad y justicia de Guerrero. Su gobierno “propuso”, el eufemismo que utilizan para evitar la palabra impuso, a la fiscal general del estado, la teniente del Ejército, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y hace unas semanas “propuso” al general brigadier, Rolando Solano Rivera. Dos integrantes del Ejército, dos murallas para llegar a la verdad.
El asesinato de Yanqui Kothan es claramente un asesinato extrajudicial, es un mensaje para todos los demás normalistas que están en lucha acompañando a los padres y madres de los 43.
CHIRRIONAZO. La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez este lunes en su conferencia matutina soltó la lágrima de cocodrilo.
Utilizó el chantaje para quejarse de que es víctima de las cúpulas de Morena que ya la hicieron a un lado de las “encuestas” fantasmas para las candidaturas a la alcaldía o diputaciones locales que quedan.
En noviembre pasado Norma Otilia se decía indispensable para Morena. Y que si pretendía su partido ganar en Chilpancingo: “necesitan a Norma Otilia”.
Ella resaltó que se había convertido en una marca. Pero aunque no lo acepte y llore, de brincos y maromas su reunión con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, le ha dejado una marca inborrable a nivel nacional.
¿Brincará a otro partido para continuar en la política? ¿Qué partido le abrirá sus puertas con tremendos antecedentes de nexos con organizaciones criminales? ¿Morena no la lanzará para un puesto porque saben algo más de su investigación en la FGR?
La alcaldesa morenista asegura que encabeza las encuestas y preferencias, que la gente pide su continuidad, una mentira que sólo ella se cree, algo similar a la del senador Félix Salgado Macedonio, de que el pueblo pidió su reelección.
