Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa, Arturo de Dios Palma.
El asesinato del alcalde de Chilpancingo, el perredista Alejandro Arcos Catalán, va camino a la impunidad.
A una semana, todas las autoridades —municipales, estatales y federales— implementaron el manual para que este crimen se vaya al olvido: han ocultado todo. Hasta ahora se desconoce qué pasó en las últimas horas de vida de Arcos Catalán. No hay información suficiente para establecer una línea del tiempo de ese domingo 6 de octubre.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado, por ejemplo, si Arcos Catalán fue capturado o si realmente fue solo —sin escoltas ni chofer— a la comunidad de Petaquillas, al sur de Chilpancingo. Se desconoce cómo fue que sus escoltas aceptaron dejarlo ir solo a esa localidad, cuando es bien sabido que es una de las entradas al municipio de Quechultenango, el bastión de la organización criminal Los Ardillos.
No sabemos a qué hora ocurrió. Cuántas horas estuvo en cautiverio, en distintas versiones se indica que pudieron ser entre cinco y ocho horas. No se ha definido el momento en que fue asesinado. Si su familia, su equipo de trabajo sabían a dónde iba y con quién se reuniría.
Ante la ausencia por horas de Arcos Catalán, ¿por qué su familia, su equipo de trabajo no alertaron? Y sí alertaron, ¿por qué nadie fue a rescatarlo? Las versiones —porque es lo que hay hasta ahora— dicen que su equipo estuvo reunido en el ayuntamiento en espera de Arcos Catalán. ¿Confiaban en que volvería? ¿Otras veces ya había vuelto?
¿Por qué no alertaron? Insistimos. ¿Qué implicaba que alertaran? ¿Qué se supiera que había ido a reunirse con el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, como lo insinuó el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch? ¿Quisieron cuidar la imagen del alcalde a costa de su vida?
Nadie del ayuntamiento se ha atrevido a precisar si alertaron o no. Nadie.
¿Qué hubiera pasado si se alertaba de la desaparición de Arcos Catalán? ¿Lo hubieran rescatado? ¿Le hubieran salvado la vida? No se sabe, pero un intento hubiera hecho.
A una semana, aún no sabemos con certeza a qué fue el alcalde a Petaquillas, si en realidad se reunió con el líder criminal. Si era presionado, si estaba negociando algo.
A las 5:08 de la tarde del domingo 6 de octubre se supo del primer reporte del hallazgo de una cabeza cercenada en la calle Moctezuma, de la colonia Villa del Roble, cerca del antiguo libramiento que va a Tixtla.
De inmediato comenzó a circular la versión de que se trataba de Arcos Catalán, sin embargo, parte del equipo del alcalde comenzó una operación para intentar negarlo. Varias personas cercanas lo negaron y también reprocharon a la prensa que se planteara el asesinato.
Incluso, en las horas de cautiverio, el equipo de Arcos Catalán siguió publicando en las redes sociales actividades de él y del ayuntamiento como si nada estuviera ocurriendo. La última publicación de ese domingo, la hicieron a las 4:58 minutos, es decir, diez minutos antes del primer reporte del hallazgo.
La publicación era de la limpieza que realizaban funcionarios municipales y estatales en la comunidad de Tepechicotlán, pero correspondía al día jueves, donde Arcos Catalán no llegó por el asesinato del secretario general, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
Una hora después, la versión de que el cadáver correspondía a Arcos Catalán era un hervidero que nadie podía contener y que al mismo tiempo nadie se atrevía a confirmar. Ni la familia, ni el ayuntamiento, menos la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda y, mucho menos, la Fiscalía General del Estado (FGE).
La confirmación llegó hasta las 9 de la noche cuando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno confirmó el asesinato, minutos después lo hizo la fiscalía.
Desde entonces se tendió el manto de la oscuridad, como si entre todos hubieran acordado guardar silencio. Ahí comenzó el camino a la impunidad, al olvido.
Para que haya justicia en este caso, lo primero que se debe saber es la verdad: ¿Quién asesinó al alcalde de Chilpancingo? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón para llegar a esa brutalidad, a esa fuerza desmedida y después exhibir la barbarie?
En estos días , por muchos lados han surgido versiones de quienes fueron los asesinos y los motivos. Se dice, por la ubicación de Petaquillas, que fueron Los Ardillos y la razón: un desacuerdo.
¿En qué consistió el desacuerdo? No hay certezas, con precisión no se sabe. Se ha escrito que Arcos Catalán no quiso entregar a Los Ardillos la Secretaría de Seguridad Pública y la dirección de Obras Públicas. No se sabe porque nadie informa. Todo es especulación, versiones incompletas. Y tal vez esa sea la intención: que en este caso sólo haya especulaciones y versiones incompletas. Dicho de otra forma: que nunca se sepa la verdad.
Pero lo que sí sabemos es el porqué se llegó hasta este punto de brutalidad: por la impunidad.
Arcos Catalán inició su carrera política bajo el manto del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Salió del PRI en 2011. En julio de 2012, afirmó que su salida era un “viaje sin retorno” y pronto se afilió al PRD. En el gobierno de Aguirre Rivero fue director del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (Igatipam), un año después renunció para competir por una diputación local por el PRD.
En julio de 2014, Arcos Catalán disputó por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. El coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Jucopo era Bernardo Ortega Jiménez, el hermano de los presuntos líderes de Los Ardillos.
Ortega Jiménez se había comprometido a que el tercer año de la legislatura los aguirristas asumirían la presidencia de la Mesa Directiva, pero al final la entregó al MC.
Arcos Catalán se dirigió a Ortega Jiménez y le reclamó a gritos: “No soy tu pendejo”, “tenías un compromiso”.
En ese momento, Arcos Catalán habló por teléfono con el gobernador. ”Me tocaba a mí, era un acuerdo”, gritó mientras golpeaba las paredes del Congreso, según las crónicas periodísticas.
Al día siguiente, Arcos Catalán acompañó en toda una gira por Chilpancingo a Aguirre Rivero.
La relación entre Arcos Catalán y Aguirre Rivero se fue terminando después de los asesinatos y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala. Aguirre Rivero dejó el cargo.
El 6 de diciembre de 2015, Bernardo Ortega Jiménez y Lázaro Mazón Alonso presentaron la corriente política Movimiento Alternativo Social (MAS) a la que se sumó Arcos Catalán.
Hace un poco más de un año, la ex alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, fue exhibida en un par de videos reunida con el presunto líder de Los Ardillos.
En un video se ve a Hernández Martínez con su esposo, Diego Omar Benigno González, muy tranquila hablando con el líder criminal. En un trabajo de un portal de noticias, el presunto líder explica que la ex alcaldesa fue a ofrecerle el rastro municipal.
Tras la publicación de esos videos, la imagen de la entonces alcaldesa se destrozó, pero sólo eso, no pasó nada más. Se mantuvo hasta el final de su periodo en el cargo, tampoco se sabe si la fiscalía local o federal la están investigando.
Lo único que pasó fue que Morena, su partido, primero le impidió reelegirse y, un año después, la expulsó precisamente por su aparición en los videos. Después de que terminó el proceso electoral.
La ex alcaldesa nunca pudo explicar qué hacía sentada en la misma mesa con un líder criminal y su partido de alguna forma la protegió, prefirió evitar un escándalo que les afectara en la jornada electoral, en lugar de exigir una investigación.
En el caso de Hernández Martínez era necesario que la sometiera, por lo menos, a una investigación. Que la investigación confirmara o descartara su responsabilidad, su complicidad con ese líder criminal.
En la campaña, por lo menos dos contendientes de Arcos Catalán denunciaron que Los Ardillos les impidieron hacer actos proselitistas en comunidades que según las autoridades conforman su territorio, como el valle de El Ocotito.
El representante suplente del PT ante el INE en Guerrero, Marco Antonio Barrera, en plena campaña denunció que un día hombres armados detuvieron a promotores del voto del candidato de Morena a la alcaldía Jorge Salgado Parra, en la comunidad de Mazatlán, y les dejaron claro que no tenían permiso de hacer campaña.
Luego vino el entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Chilpancingo, Víctor Martínez Toledo. Denunció lo mismo: que desde que arrancó su campaña le advirtieron que no hiciera actos de proselitismo en las comunidades del valle de El Ocotito.
Y fue más preciso: “esas personas solamente le dieron permiso a Alejandro Arcos”.
En el arranque de la campaña fue asesinado el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero, Benjamín Adame Pereyra a navajazos dentro de su casa en El Ocotito.
La versión oficial dijo que se trató de un asalto, pero también hubo otra versión: que Los Ardillos le habían ordenado no organizar ningún acto proselitista a favor del candidato de Morena en todo ese corredor de comunidades.
Este crimen, como casi todos, no quedó claro.
La elección la ganó Arcos Catalán sobre Salgado Parra con apenas unos 1,200 votos. La elección fue impugnada, pero al final los tribunales le dieron el fallo al perredista. Sin embargo, la defensa del “triunfo” la hizo Arcos Catalán con la movilización de pobladores del valle de El Ocotito.
¿Por qué sólo Arcos Catalán “tenía permiso” para hacer campaña en ese territorio? ¿Con quién lo acordó? ¿Por qué ninguna autoridad le puso atención a esto? Y sobre todo: ¿qué implicaciones tendría?
En los últimos 15 años, en Guerrero el vínculo entre autoridades y criminales es cada vez más estrecha y evidente. Sobre todo en el caso de los alcaldes. Tan sólo en los tres años de gobierno de Salgado Pineda casos de alcalde en complicidad con el crimen son muchos.
El caso extraordinario es el de Taxco. Durante el gobierno de Mario Figueroa Mundo esa ciudad se convirtió en un lugar imposible, de terror.
Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo la Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos enteros para que votaran por el ahora ex alcalde. Eso tuvo un precio: durante la administración esta organización criminal endureció su presencia, estaba metida casi en todo: tomaron el control de los productos de la canasta básica, impusieron los precios y su distribución. Toda la población sufrió la extorsión. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron como nunca.
¿Qué autoridad hizo algo? Ninguna.
A un mes de que terminara la administración comenzaron a actuar. La fiscalía detuvo a diez agentes acusados de desaparición forzada y asesinatos; la Policía Estatal y el Ejército tomaron el control de la seguridad. Un día después de que dejó el cargo Figueroa Mundo, detuvieron a su hijo mayor también acusado por el delito de desaparición. Hace unos días detuvieron a otro de sus hijos por el mismo delito.
A Figueroa Mundo lo están acorralando, todo indica que también es responsable. O ¿cómo sería posible que durante su gobierno por lo menos dos de sus hijos desaparecieron —u ordenaron desaparecer— gente y su policía estuviera infestada de delincuentes sin que él lo supiera?
Pero lo más importante: ¿en estos tres años qué hicieron las autoridades? ¿Por qué no lo detuvieron antes? ¿Por qué permitieron que en Taxco la policía aterrorizara a la población?
Además de Figueroa Mundo y Hernández Martínez hay más casos. En estos momentos en Copala hay una crisis política y social, porque pareciera que un grupo político-criminal impidió que uno distinto a ellos tomara el poder. Ahí un aspirante fue asesinado, una candidata tuvo que abandonar la campaña y el municipio, el alcalde electo fue asesinado y el alcalde electo suplente, quien tuvo que rendir protesta el 30 septiembre, está detenido acusado del delito de desaparición de personas.
Pese a tantos hechos, ¿qué hicieron las autoridades en Copala? Nada.
Volviendo al caso de Arcos Catalán, las autoridades actuaron igual, sólo vieron todo lo que estaba sucediendo y no movieron un dedo.
El alcalde pidió ayuda después del asesinato del capitán del Ejército, Ulises Hernández Martínez —quien era su propuesta para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública— y del secretario general del ayuntamiento.
En una entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, en su noticiero en Imagen Radio, Arcos Catalán dijo que estaba analizando solicitar seguridad pero que la gobernadora no le había podido responder las llamadas.
El secretario de Seguridad Pública federal de lo poco que ha dicho del caso, dijo que Arcos Catalán nunca solicitó, por escrito, seguridad.
¿En estos casos se requiere tanta burocracia? ¿Ni el gobierno del estado y la federación analizaron el nivel de riesgo que tenía el alcalde? No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que durante esos días, la gobernadora ignoró lo que estaba pasando en Chilpancingo, aunque estaba en Chilpancingo. En los seis días que gobernó Arcos Catalán, Salgado Pineda recorrió colonias y comunidades de la capital en por lo menos dos ocasiones. Nunca estuvo con el alcalde.
Arcos Catalán tal vez no era bien visto por el clan de los Salgado, encabezado por la gobernadora y su padre el senador de la República, Félix Salgado Macedonio.
En campaña, Arcos Catalán se alió con la ex alcaldesa quien se convirtió en la apestada en Morena y luego fue crítico de Salgado Pineda.
“Nosotros no cantamos, nosotros traemos soluciones propuestas y experiencias, no a venir a dar shows o demostraciones artísticas que al final de cuentas demeritan la política”, dijo Arcos Catalán en un acto de campaña en referencia a la gobernadora y su padre.
Ha pasado una semana y parece que las autoridades siguen sin hacer nada por el caso de Arcos Catalán. La fiscalía no informa absolutamente nada. Está en un silencio profundo. La gobernadora no hace ninguna referencia directa al caso.
Lo que sí están tratando es darle la vuelta a la página. El 9 de octubre, había incertidumbre de cuándo rendiría protesta el alcalde suplente, Gustavo Alarcón Herrera. En el cabildo nadie quería tomar la iniciativa y en el PRD se habla de que no aceptaría a Alarcón Herrera como el sustituto. Al mismo tiempo, en redes sociales y columnas se soltó la idea de que la viuda de Arcos Catalán, Sandra Solís Peralta, debería asumir el cargo.
Todo cambió en horas, por la noche, la gobernadora difundió que se reunió con la primera síndica Jacaranda Argentina Solís Guerrero. En la madrugada del 10 de octubre, se anunció la toma de protesta de Alarcón Herrera como alcalde.
Alarcón Herrera rindió protesta al mediodía, salió del Congreso a reunirse con Salgado Pineda y luego la acompañó al acto en el encauzamiento del río Huacapa. Desde entonces el nuevo alcalde se mueve junto con un aparatoso dispositivo de seguridad.
Este lunes, Salgado Pineda y Alarcón Herrera volvieron a encabezar una gira por Chilpancingo. El asesinato de Arcos Catalán fue ignorado.
