Acusa EUA a Rubén Rocha y
a funcionarios de presuntamente
trabajar para el Cártel de Sinaloa
Marcos Vizcarra, Daniel Villaman y Alexandra Figueroa | Revista Espejo
Sinaloa
29 de abril de 2026
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como otros nueve funcionarios y ex funcionarios de la entidad, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y de armas a favor de “Los Chapitos”, grupo criminal perteneciente al Cártel de Sinaloa.
“Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cártel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el acusado y actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, se señaló en el expediente.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos en Nueva York, Rocha Moya —junto con el senador y ex secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; el empresario y ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; los ex directores de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el ex director de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán— trabajó o forma parte del Cártel de Sinaloa.
“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en el documento.
De acuerdo con el expediente, los 10 hombres protegieron a los líderes del cártel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; además, habrían facilitado información sensible sobre policías locales y fuerzas militares respecto a sus operativos para apoyar actividades delictivas, como el transporte de droga ilegal.
“Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos, y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico”, se lee en el expediente.
El gobierno estadounidense indicó que los funcionarios han trabajado con y para diversos criminales, pero sobre todo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
“Junto con los acusados, han perpetuado un ciclo de corrupción alimentado por el narcotráfico, en el que proporcionan sobornos a los acusados y a otros políticos y agentes del orden público a cambio de su protección y apoyo”
, se indicó.
Rocha Moya habría trabajado con “Los Chapitos” desde su campaña política.
Como parte de las pruebas, la acusación recogió el secuestro masivo de militantes y operadores del PRI durante el 6 de junio de 2021, día de la elección en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya con el partido Morena.
“Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de ‘Los Chapitos’, entre otros aspectos, ordenaron a sus miembros que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”, se estableció en el expediente.
Rocha Moya, ya electo y como gobernador, se habría reunido en distintas ocasiones con “Los Chapitos”, en las que presuntamente prometió apoyar el trasiego de drogas.
“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de ‘Los Chapitos’ en su elección, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local, así como en determinadas agencias encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con el grupo en la administración de Rocha Moya han protegido sus operaciones de tráfico de drogas”, se destacó en el expediente.
Respecto al resto de los funcionarios, el gobierno de Estados Unidos señaló que fueron quienes apoyaron en las operaciones. Como ejemplo, el senador Enrique Inzunza Cázarez, cuando fue secretario de Gobierno, así como el empresario Enrique Díaz Vega, siendo secretario de Administración y Finanzas, se habrían encargado de colocar a funcionarios corruptos y de ser los enlaces principales con la organización.
“Como miembros de alto nivel del gabinete, tanto Enrique Díaz Vega como el acusado Enrique Inzunza Cázarez ayudaron a los líderes de ‘Los Chapitos’ a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas y actuaron como enlaces con Rocha Moya, incluyendo la transmisión de comunicaciones sobre el apoyo brindado a cambio de protección. Además, antes de las elecciones de junio de 2021, Díaz Vega entregó a los líderes los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que pudieran amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda”, se estableció en la relatoría.
Por otro lado, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra habría sido sobornado en distintas ocasiones para no detener a ninguno de los líderes. Misma situación se señaló respecto a los exdirectores de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, así como con el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y su jefe de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito.
Otro de los funcionarios que habría sido sobornado es el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, junto al comandante de la Policía Municipal, Juan Valenzuela Millán.
Llega a la FGR petición de EUA para extraditar al gobernador
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación; al tiempo, precisó que los documentos entregados no incluyen elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad penal de las personas señaladas.
El posicionamiento de la SRE surge luego de que este miércoles el gobierno estadounidense publicara que se han presentado cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes señala por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y tráfico de armas.
A través del comunicado 097/2026, la dependencia federal detalló que las solicitudes fueron recibidas el pasado 28 de abril a las 18:00 horas y serán revisadas conforme a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición bilateral vigente entre México y Estados Unidos.
La SRE señaló que, tras una revisión jurídica preliminar, la documentación remitida por la Embajada de Estados Unidos carece de pruebas que permitan sustentar de manera inmediata las solicitudes de detención provisional.
“Los documentos (…) no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, indicó la dependencia.
No obstante, aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos probatorios suficientes conforme al sistema jurídico mexicano, así como la viabilidad legal de proceder con dichas solicitudes.
La cancillería también adelantó que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que se hizo pública la información, al señalar que los tratados internacionales vigentes contemplan disposiciones específicas sobre confidencialidad en este tipo de procedimientos.
Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno de Sinaloa han informado sobre acciones derivadas de estas solicitudes.
Rechaza gobernador acusación de EUA
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones en su contra formuladas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con actividades criminales. Aseguró que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.
A través de un posicionamiento público difundido en redes sociales, el mandatario estatal sostuvo que los señalamientos serán desmentidos con contundencia y en el momento oportuno.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, señaló.
Agregó que el “ataque” no es únicamente a su persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación “y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, agregó en su posicionamiento.
Finalmente, dirigió un mensaje a la ciudadanía sinaloense asegurando que se demostrará la falta de sustento de las acusaciones.
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, indicó.
