Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucena y Arturo de Dios Palma.
La desaparición de 17 pobladores de la comunidad serrana de Chautipan –entre ellos dos mujeres y cinco menores de edad– y el posterior hallazgo de 11 de ellos desmembrados revela una barbarie de las organizaciones criminales y una omisión del Estado mexicano.
La impunidad impera; la ley está muerta en Guerrero. Lo que se vive es una lucha feroz por los recursos no renovables y una pugna de acaparamiento de riqueza por parte de los grupos políticos, caciquiles, criminales y económicos.
Las organizaciones criminales han dominado el territorio y a las poblaciones, a su vez estas organizaciones se desenvuelven, se expanden o mueren bajo la extorsión del Estado Mexicano; sí, de los gobernantes, del Ejército, de los caciques y empresarios que los utilizan.
El 5 de octubre, un comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el general Jorge Pedro Nieto, anunció un despliegue de 400 militares, entre ellos de fuerzas especiales e incluso tres aeronaves para la búsqueda de estas personas desaparecidas.
Además, Pedro Nieto fue contundente: “el grupo delincuencial Los Ardillos mantiene privados de su libertad a las 16 personas (desaparecidas de Chautipan)”.
El anuncio fue inútil. ¿De cuándo acá el Ejército informa de sus operaciones?, ¿Acaso nos informaron de las operaciones Telaraña, de operaciones Atoyac o del cerco a la población en El Quemado o El Charco cuando reprimieron movimientos sociales, levantamientos armados y población en general?
¿Cómo creer que el mismo Ejército que filtró la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa con un soldado y monitoreó la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014, no ha podido filtrar a la organización que desde hace 10 años se ha empoderado de más municipios de Guerrero?
¿Por qué anunció la operación, quién ordenó al general hacerlo? ¿Cuándo se movilizaron 400 militares al bastión de Los Ardillos? ¿Hubo resultados? ¿Por qué esperaron que 17 personas desaparecieran si un mes antes según Omar García Harfuch señaló a Los Ardillos como los responsables del asesinato del edil de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán? ¿A quién y para qué sirvió realmente la advertencia?
Aún falta claridad de cómo y el orden de desaparición de las 17 personas; solo se dio a conocer que desde el 22 de octubre en Tlanicuilulco, Quechultenango, algunas personas desaparecieron después de acudir a vender trastes de aluminio, después otro grupo que fue a buscarlos y entraron por la comunidad de El Epazote también perdieron contacto.
Entre las 9 y las 10 de la noche del miércoles 6 de noviembre, frente al hotel Parador del Marqués una camioneta fue abandonada con los cuerpos desmembrados de 11 de los 17 desaparecidos.
Casi a la misma hora, en Zihuatanejo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, concluía una serie de actividades con un show musical en el que la estrella fue el comediante Jorge Muñiz, con quien cantó “Si nos dejan” de José Alfredo Jiménez.
Ante las críticas, tres días después, irónicamente Evelyn Salgado acompañada de su padre el senador, Félix Salgado Macedonio, dijo en Chilpancingo que se trataba de una campaña “de fuerzas oscuras” que se oponen a su gobierno.
Evelyn Salgado nuevamente se pone enfrente de las verdaderas víctimas.
Pero, ¿cómo entender la desaparición de estas 17 personas?
El grupo político-criminal de Los Ardillos se ha empoderado desde el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, tomó fuerza aún más en el gobierno de Héctor Astudillo Flores y con el de Evelyn Salgado ha mantenido estable su impunidad.
El control territorial de Los Ardillos, comandado por los hermanos Ortega Jiménez, de acuerdo con el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, se ha centrado desde hace años en el cobro de cuota, el impuesto a la carne, el pan, el huevo, el pollo, a la tortilla, al refresco, al transporte, en los materiales de construcción y especialmente al control de los ayuntamientos.
Una de las características es que en el territorio de Los Ardillos, los ayuntamientos han tenido alternancias partidistas, pero siempre bajo su control. Es decir, han gobernado el PRI, el PVEM, Morena, PRD y hasta el PT.
El control es total, con retenes en entradas y salidas. Han acabado con los medios de comunicación, con movilizaciones y protestas. La desaparición forzada ha sido un sello característico de esta organización delictiva.
De acuerdo con la plataforma pública de la Comisión de Búsqueda de Personas, en el municipio de Quechultenango han reportado del 2000 al 2024 apenas la desaparición de 23 personas; 10 fueron halladas con vida, cuatro fallecidas y nueve aún continúan sin saber de su paradero.
Por el lugar de la desaparición en Quechultenango –bastión principal de Los Ardillos– están reportadas la cabecera municipal, Manila, Pueblo Viejo, Pinolapa, Nanzintla, San Sebastián, Jalapa y 11 casos sin colonia de referencia.
En Chilapa hay un reporte de 395 personas desaparecidas entre los mismos años; 57 localizadas con vida, 67 muertas y 270 sin conocer su paradero.
Chilapa fue el epicentro de la crisis de la desaparición: en 2014 fueron registradas 44 desapariciones, en 2015 con 66, en 2016 con 46, en 2017 con 63, 2018 con 28, 2019 con 18, 2020 con 12, 2021 con 21, 2022 con 19, 2023 con ocho y 2024 con seis.
Respecto al lugar de desaparición resaltan las colonias y comunidades: El Epazote, San Juan, Centro de la cabecera municipal, San Rafael, Emiliano Zapata, Nuevo Amanecer y La Villa.
Mochitlán tiene un registro de 12 personas desaparecidas, cuatro localizadas con vida y ocho sin conocer su paradero.
Chilpancingo, donde Los Ardillos desde hace años han peleado con otras organizaciones delictivas el control, hay un total de mil 196 personas desaparecidas; 625 localizadas vivas, 87 muertas y 484 siguen sin conocerse su paradero.
Las colonias con más casos son Renacimiento, Vista Hermosa, Ignacio Manuel Altamirano, Bugambilias, El Calvario, El Polvorín y la comunidad de Petaquillas.
No es gratuita la violencia que vive la capital de Guerrero, Los Ardillos tampoco son el único origen de ella. Los Tlacos, organización delictiva con origen en Heliodoro Castillo también se mueve bajo una estela de impunidad.
El Cartel del Sur tampoco ha abandonado Chichihualco y se aferra al control territorial, organización debilitada pero que también asechó la capital y sus comunidades.
Sin embargo, se ha puesto poco en el ojo público una cuarta organización criminal que también mantiene un puñado de comunidades controladas: Los Jaleacos.
Los Jaleacos toman su nombre de la comunidad Jaleaca de Catalán, el asentamiento más grande ubicado en la sierra de Chilpancingo.
Los gobiernos de Chilpancingo han mantenido empobrecidas y olvidadas un corredor de comunidades que comienza en Amojileca, Omiltemi, San Vicente, Chautipan, Las Humedades, Colorada, Jaleaca de Catalán, Carrizal de Pinzón, Agua Hernández, Coacuyulillo, Azinyahualco, Tlahuizapa, La Esperanza, Zoyatepec, Tepoxtepec, Coapango, Huacalapa y El Fresno por mencionar algunas.
Los campesinos de la zona refieren que fue en el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, cuando prosperó la siembra de la amapola en esta zona serrana de Chilpancingo y Guerrero ante la nula alternativa laboral que ofrecían los gobiernos de entonces, aunado a la pobreza, la economía ilegal puruló gracias a compradores foráneos.
Todavía en 2014, vecinos de la comunidad de Chautipan denunciaron los abusos del Ejército por la destrucción de sus sembradíos de amapola, luego de que irrumpía en sus comunidades golpeando a hombres, niños y mujeres.
Cuando la economía de la amapola cayó, la única alternativa fue la tala inmoderada de una gran reserva de bosque.
En mayo de 2020, representantes del comité de ejidatarios de Chautipan exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la suspensión de permisos de tala de árboles que otorgó una empresa porque denunciaron había sobreexplotación y los mantos acuíferos se estaban secando.
Sostuvieron que 30 ejidatarios de 46 estaban a favor de la explotación de los bosques que había iniciado desde 2017 porque recibían una parte del dinero de la venta de la madera.
En febrero de 2021, pobladores de Jaleaca de Catalán retuvieron a nueve enviados de las dependencias del medio ambiente estatal y federal que acudieron a revisar la tala de árboles que se realizaba en la colonia Heliodoro Castillo también llamada Chicahuales, sin embargo, el entonces comisario Marco Antonio Arcos Fuentes fue asesinado meses después de su denuncia.
El 21 de mayo de 2021, Marco Antonio entró a comer en una taquería de Chilpancingo, luego hombres armados entraron al lugar y lo acribillaron, desde entonces ninguna protesta más se ha dado por la tala inmoderada en la sierra de Chilpancingo. La sobreexplotación tampoco ha parado.
Ese no ha sido el único asesinato, el 26 de marzo de 2003, Wilfrido Álvarez Sotelo, servidor público de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue asesinado a balazos. Su muerte se debió principalmente a la protección del parque estatal Omiltemi, que abarca una superficie de más de 3 mil 968 hectáreas y es el origen de agua potable de Chilpancingo, así como una zona biológica importante en todo el país.
Los dos asesinatos siguen en la impunidad.
Chautipan está en el filo de un cerro a mil 821 metros sobre el nivel del mar, hay aproximadamente 133 viviendas en las que habitan 539 pobladores. Se ubica a una hora en vehículo de la cabecera municipal.
No hay farmacias ni hospitales adecuados; la gente vive del campo y la violencia sigue latente. Chautipan es el cruce obligatorio entre Jaleaca de Catalán y Chichihualco.
Desde 2023, Los Jaleacos y el Cartel del Sur se han enfrentado por el control de territorio, el resultado muertes, colonias y pueblos desplazados.
De acuerdo con fuentes, entre Jaleacos y Los Tlacos hay un tregua, a los primeros se les incluía en otra pactada entre Los Ardillos con los de Heliodoro Castillo que hicieron a principios de este año cuando disputaron la capital y paralizaron el transporte público durante días.
Sin embargo, parece que la tregua se rompió con el asesinato del perredista Alejandro Arcos Catalán, quien además su familia es oriunda de Jaleaca de Catalán.
En las zonas controladas por Los Ardillos se argumenta que los vendedores de trastes de aluminio originarios de Chautipan entraron a El Epazote y Tlanicuilulco a “espiar sus actividades”, como si lo que se tramara fuera una irrupción de Los Jaleacos a esa zona por presunta venganza del asesinato de Arcos Catalán.
Falsos o ciertos esos señalamientos, primero sólo criminalizan a las víctimas y alargan una cadenilla de odio y venganza.
¿Cómo evitar que esto lleve a que algún poblador de Quechultenango, Mochitlán, Chilapa o Petaquillas que acuda a la sierra a visitar a un familiar o vender alguna mercancía sea considerado también un espía y eso conlleve a que sea asesinado o desaparecido?
Como dar certeza de justicia a las familias de Chautipan, si desde el primer momento la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó chueca la investigación, al mover el vehículo de la escena donde fue hallado. Y además, aún están desaparecidas seis personas más.
¿Quiénes serán los chivos expiatorios esta vez para el gobierno de Evelyn Salgado? ¿Cómo hallar la paz en zonas precarizadas, con decenas de casos de desplazamiento y desaparecidos y controladas por estas organizaciones criminales?
La única certeza es que la justicia y la no impunidad deben ir por delante.
Chirrionazo.
Este domingo en la inauguración del edificio que albergará las oficinas de Morena se respiró pura austeridad republicana como decía el líder moral de los morenistas Andrés Manuel López Obrador.
La gobernadora, Evelyn Salgado, su papá el senador Félix Salgado, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez y uno que otro edil llegaron en vehículos de lujo y con escoltas.
La familia Salgado, Evelyn, Liz que es presidenta del DIF estatal, y Félix, su papá, se portaron generosos repartiendo a los acarreados bolsas de palomitas y chicharrones al final del evento que se convirtió en un mitin de apoyo para la gobernadora quien ahora se abstuvo de cantarse una canción.
Por cierto, Jacinto González, el líder de Morena, no informó cuánto fue lo que pagó para la adquisición del inmueble. A lo mejor habría que preguntarle al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada.
