Acoso y pobreza, sufren familias
desplazadas de Tierra Caliente
Jesús Guerrero
Chilpancingo
6 de febrero de 2026
Desde hace casi 13 años las familias desplazadas por la violencia de Coyuca de Catalán, Tierra Caliente, están refugiadas en las comunidades de La Unión y Tepango, en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero.
Los pobladores viven sin servicios públicos, sin viviendas dignas, sin tierras para trabajar y bajo un constante acoso de las organizaciones criminales y del Estado.
Son más de cien personas de las comunidades de El Ciruelo, Hacienda de Dolores y La Laguna, en Coyuca de Catalán, que en marzo de 2013 dejaron sus hogares y el gobierno las instaló en dos terrenos y en diferentes grupos, unos en Tepango y el otro en La Unión, asentamientos distanciados uno de otro.
En marzo próximo estas familias cumplirán 13 años de de haber huido desplazadas de su lugar de origen. El único apoyo que han recibido de los distintos gobiernos estatales es la entrega de despensas, aunque con retrasos. Denunciaron que en esta administración de la morenista Evelyn Salgado Pineda, las raciones alimenticias son de baja calidad.
En el gobierno de Héctor Astudillo Flores, al grupo de desplazados que viven en La Unión, llamado “La Libertad”, se les construyeron viviendas de material, pero las dejaron en obra negra y sin servicio de agua y drenaje.
Las 37 familias de Coyuca de Catalán salieron de sus comunidades luego de que el 28 de noviembre de 2012, individuos armados integrantes de una organización criminal de Tierra Caliente irrumpieron en la comunidad de La Laguna y asesinaron a balazos a la activista ambiental Juventina Villa Mojica y a su hijo de 11 años de edad, Reynaldo Santana Villa cuando viajaban en una cuatrimoto.
En 2011 el esposo de Juventina, Reynaldo Santana y sus hijos Sergio y Joel Santana fueron asesinados a tiros por individuos al servicio de la organización criminal de esa zona.
Durante ese mismo año fueron asesinadas por el mismo grupo criminal los ambientalistas Damián Díaz Hernández, Catalina Pérez Duque, Jorge Salgado Salgado, Enrique Rodríguez y Asencio Villa.
Juventina y su esposo Reynaldo Santana eran defensores de los bosques de esa zona de Tierra Caliente y tenían una confrontación con los empresarios que saqueaban los recursos forestales.
Tras los crímenes de su esposo Rubén Santana y sus dos hijos, a finales de 2011 Juventina Villa interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir que emitiera una recomendación contra el gobierno del estado y se detuvieran y encarcerlaran a los asesinos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene el documento de la denuncia de Juventina Villa en donde da la lista de los nombres que asesinaron a sus familiares y a otros lugareños de esas comunidades.
La ambientalista acusó a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado (PGJ) por la inacción o protección que se le daba al grupo criminal.
Juventina Villa y su hijo Reynaldo fueron asesinados pese a que el gobierno de Guerrero sabía de las amenazas en su contra.
En diciembre del 2012, la Comisión de Derechos Humanos del ex Distrito Federal emitió una condena por el asesinato de Juventina Villa, en la que se precisó que ella había solicitado al gobierno de Guerrero (del perredista Ángel Aguirre Rivero) medidas de protección a ella y a otras familias de la zona que se encontraban en riesgo por la actividad de los grupos de la delincuencia.
En 2014 tras el desplazamiento de las familias de La Laguna, el gobierno promulgó la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno que contempla protección, ayuda y asistencia de las personas desplazadas internamente durante su desplazamiento y después del retorno y durante su reasentamiento.
Hoguer Morales Miranda, líder del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP) y quien asesora a las familias desplazadas de La Unión y Tepango, aseguró que nada lo que dice la Ley 487 la cumple el gobierno estatal.
El activista mencionó que en el caso de los desplazados de La Unión o “Libertad” tienen agua porque ellos excavaron un pozo, luz eléctrica porque “se colgaron” de un poste de la Comisión Federal de Electricidad y con sus propios recursos compraron un pedazo de tierra para sembrar maíz, frijol y calabaza.
“Hasta el momento ningún gobierno estatal, del PRI, PRD o de Morena, han realizado las obras de drenaje y tampoco han garantizado el acceso a la salud y la educación a los niños, niñas y jóvenes”, aseguró Hoguer Morales en entrevista.
En el caso de las familias que viven en Tepango, sus casas son de madera y de techo de lámina de cartón y también carecen de servicios públicos, aseguró el líder del FNLP.
Además, los pobladores desplazados han vivido bajo el acoso de la Fiscalía General del Estado (FGE) que revive averiguaciones previas que les integraron con fabricación de delitos a 17 de las personas.
El miércoles 4 de febrero, Plutarco Santana Mederos salió casi a las 8 de la mañana de su casa para irse a trabajar en una carpintería en Ayutla, cuando ya iba en la camioneta pasajera fue bajado por agentes Ministeriales y Ejército, quienes instalaron un retén en la carretera federal.
Plutarco tiene 29 años de edad y fue llevado a las oficinas regionales de la FGE en Ayutla, donde el Agente del Ministerio Público del Fuero Común le dijo que tenía una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, un empresario de Coyuca de Catalán, papá del ex director de la Policía Judicial, Erick Montúfar Mendoza y del ex alcalde, el priista Abel Montúfar, quien fue asesinado a balazos en mayo de 2018 cuando andaba en campaña como candidato a diputado local.
A Homero Montúfar lo asesinaron en el 2014 y según Belén Díaz, una de las desplazadas, Plutarco Santana, tenía 11 años de edad, para ella es “imposible que un niño anduviera cargando una pistola”.
Las familias desplazadas acompañadas por policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) cerraron las instalaciones de la FGE en Ayutla exigiendo al Ministerio Público la entrega de Plutarco Santana.
De acuerdo a la versión de Hoguer Morales, a las 13:30 de este miércoles la gente se plantó fuera de la FGE y tras una plática con el Ministerio Público se le dio un plazo de una hora para que liberara a Plutarco.
“Pasó una hora, no nos daban ninguna respuesta, así es que nos metimos por la fuerza a las oficinas y sacamos a Plutarco a quien el Ejército y la Policía Ministerial se lo querían llevar a Chilpancingo”, aseguró Hoguer.
El activista contó que el agente del Ministerio Público les dijo que los delitos por lo que están acusando a un grupo de desplazados ya prescribieron y además de que se iba a investigar si cuando ocurrió el secuestro y el asesinato de Homero Montúfar, Plutarco Santana, era menor de edad.
En la averiguación previa hay otras 17 personas que viven en La Unión y Tepango, entre mujeres y hombres, acusados por estos dos delitos.
La próxima semana las familias desplazadas de Coyuca de Catalán tienen programada una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para ver este tema y otros más respecto al cumplimiento de apoyos por ser desplazados.
