Estos 43 jóvenes cumplen hoy 4,014 días sin volver a casa. Lejos estamos de saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales y, que estos sean castigados. Se desconoce lo fundamental, lo crucial: ¿dónde están los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos?

El gobierno del priista Enrique Peña Nieto heredó la impunidad del caso, al morenista Andrés Manuel López Obrador, quien en su sexenio dinamitó la investigación y cuando todo apuntaba hacia el Ejército, desmanteló todo esfuerzo por hallar la verdad.

Ahora, con la presidenta de la República, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, la investigación carece de dirección, no se quiere dar continuidad a las pesquisas planteadas por las madres y los padres y se buscan reactivar “nuevas líneas” que más bien son un intento de revivir la “verdad histórica” de Peña Nieto.

A once años del caso Iguala, la principal herencia de los gobiernos federales es la protección al Ejército.

En estos años fue documentado que en la desaparición de los estudiantes tuvieron participación militares al mando del comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, el coronel José Rodríguez Pérez, uno de los principales señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que sugieren que tuvo conocimiento en tiempo real de los hechos y que participó en el encubrimiento. Fue detenido en 2022 por su presunta relación con el caso, pero liberado en 2024.

También está inmiscuido el comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien tenía la supervisión de los batallones en la región, incluyendo el de Iguala. Y se ha corroborado como este mando infiltró a varios soldados en la normal rural, entre ellos el mismo, Julio César López Patolzin, quien en recientes publicaciones de Los Ángeles Press, se teoriza que no fue desaparecido sino incluso fue rescatado por el capitán José Martínez Crespo, la noche del 26 de septiembre de 2014.

López Patolzin viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531 que fue interceptado por policías municipales, estatales y federales en el puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala.

“Allí, 14 estudiantes fueron detenidos de manera arbitraria y trasladados al retén de El Tomatal, mientras que López Patolzin fue conducido a la comandancia municipal” de donde más tarde fue rescatado, dice Los Ángeles Press.

Por eso Saavedra Hernández es considerado el militar de mayor rango implicado en el caso.

Otro de los mandos involucrados es el comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el coronel Rafael Hernández Nieto, que al igual que Rodríguez Pérez, es señalado de haber tenido conocimiento de los hechos y de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. También fue recluido en la prisión del Campo Militar No. 1-A pero fue liberado en agosto de 2024 para llevar su caso en libertad.

Sin embargo, el entramado apuntó desde un primer momento solo a las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, donde los titulares Felipe Flores Velázquez, César Miguel Peñaloza Santana y Javier Núñez Duarte, formaban parte de la organización criminal Guerreros Unidos.

En estos años, otros mandos de seguridad detenidos son el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, en 2022 por su relación con el caso. También el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, detenido en agosto de 2022, acusado de encubrir con la construcción de la “verdad histórica” el paradero de los normalistas.

No obstante, a pesar de que también se documentó la participación en la desaparición de los estudiantes de policías federales, el entonces coordinador de esta institución en Guerrero, Omar García Harfuch, no ha sido tocado, ha evadido declarar para la investigación y hoy goza no solo de un cargo en el gabinete de seguridad de Sheinbaum sino que su carrera política se perfila hacia 2030.

Según la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), 39 elementos de las fuerzas armadas estuvieron implicados en la desaparición, sin embargo, de 14 militares detenidos, en mayo de 2024 la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo concedió la libertad provisional a ocho soldados para continuar su proceso fuera de prisión: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Estos militares estaban acusados directamente por desaparición forzada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El mayor escándalo de protección al Ejército se dio con la salida de Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a consecuencia del conflicto con altos mandos de la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero. La razón fue la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión que su unidad de investigación había solicitado en agosto de 2022.

Estas órdenes de captura incluían a militares involucrados.

La FGR se desistió de estas órdenes sin consultar a Gómez Trejo ni a su equipo, por órdenes del propio López Obrador, lo que provocó una ruptura irreparable, ya que Gómez Trejo aseguró que con esas detenciones se avanzaría en el caso.

De acuerdo con notas periodísticas de finales de 2024, indican que solo permanecen tres militares detenidos por el caso Ayotzinapa.

¿Por qué López Obrador y ahora Sheinbaum Pardo protegen al Ejército?

Mario Patrón Sánchez, defensor de derechos humanos, afirma que se debe a pactos de silencio que se traducen en pactos de impunidad.
“Es claro que el gobierno anterior de la cuarta transformación pegó con un dique conforme iban avanzando y decidieron declinar en su búsqueda, por eso es que no han dado los folios de la Sedena y no se ha avanzado más en la investigación. El anterior gobierno (de López Obrador) fue un gobierno con una narrativa muy estridente hacia los gobiernos del PAN, pero no hacia el gobierno inmediato anterior del PRI. Indudablemente se percibe que posiblemente pudo haber una negociación y eso se traduce en pactos de impunidad”.

A once años del caso, indudablemente fue la participación del GIEI por el que hay cierta luz en la investigación. Su llegada se dio por primera vez a México en marzo de 2015, resultado de un acuerdo entre el gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los familiares de los 43.

El GIEI no fue renovado por el gobierno de Peña Nieto debido a la hostilidad y falta de cooperación, aunado a la fuerte campaña en su contra.

Con López Obrador, el GIEI regresó a México en 2019, con la promesa de una nueva investigación y acceso a archivos militares. Sin embargo, en 2023, el GIEI concluyó su trabajo en el país, señalando nuevamente la falta de colaboración por parte de las fuerzas armadas y el gobierno.

El GIEI presentó seis informes, dos durante el gobierno de Peña Nieto y cuatro en el de López Obrador.

Con el primer informe, dado el 6 de septiembre de 2015 y el segundo el 24 de abril de 2016, el GIEI desmintió la hipótesis de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, argumentó que era científicamente imposible. Echó abajo la “verdad histórica” construida en el gobierno de Peña Nieto con el que se buscó dar carpetazo a la búsqueda.

Los expertos también revelaron la existencia de un quinto autobús que no fue investigado por las autoridades, sugiriendo que el móvil del crimen podría estar relacionado con el tráfico de droga a Estados Unidos y no solo con un ataque a estudiantes avalado por el entonces alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez. El GIEI evidenció la omisión y obstrucción de la investigación por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo al Ejército.

Con el tercer informe que se dio el 2 de febrero y el cuarto el 29 de septiembre, ambos de 2022, el GIEI centró la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la Marina. Los expertos confirmaron que el Ejército tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba ocurriendo y no intervino. Además, reveló la manipulación de pruebas por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo el uso de tortura para obtener confesiones. Se demostró que las conversaciones telefónicas de los implicados no se habían investigado adecuadamente.

Con el quinto informe dado el 31 de marzo y el sexto en julio, ambos de 2023, el GIEI expuso un retroceso en la investigación debido a la falta de colaboración de las fuerzas armadas. Los expertos afirmaron que el Ejército se negó a entregar documentos clave que habrían permitido conocer la verdad sobre la noche de los hechos. Lamentó que la falta de acceso a información vital y la persistente impunidad impidieran llegar a una verdad definitiva y completa.

Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que en las cinco reuniones en el primer año de gobierno de Sheinbaum Pardo a pesar de que ha manifestado su voluntad de ayudar, los padres no ven avances concretos.

Asegura que la presidenta de la República ha prometido un nuevo equipo para profundizar en la línea de investigación de la telefonía celular, misma que planteó el GIEI desde 2022, pero los padres no ven resultados palpables.

Isidoro Vicario señala que hay varias líneas de investigación cruciales que se han estancado como los 800 folios de documentos del Ejército y, las solicitudes de extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio de Israel y del ex juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, José Ulises Bernabé, de Estados Unidos, las que siguen “en trámite” desde hace años.

Ulises Bernabé es señalado de permitir que los policías municipales sacaran a 17 estudiantes de barandillas y los entregaran a Guerreros Unidos. Además, sería un testigo de la participación del Ejército durante las horas de la desaparición.

El abogado de los padres y madres recalca que la impunidad más grave, es con las autoridades locales, la nula investigación del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y del ex procurador, Iñaky Blanco Cabrera.

La única detención recientemente ocurrió el 14 de mayo de 2025, fue contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín. Ella es responsabilizada de ocultar y destruir videos que grabaron cámaras de seguridad del exterior del Palacio de Justicia de Iguala.

A lo largo de su sexenio, López Obrador tuvo múltiples reuniones con los padres de los 43. El 27 de agosto de 2024 fue la última, de ese encuentro, los padres manifestaron su descontento y declararon que la relación con el gobierno había “fracasado” en la promesa de hallar la verdad y dar con el paradero de sus hijos.

Tras la salida de Gómez Trejo, la relación entre los familiares y el presidente se volvió tensa debido a la falta de resultados concretos y el presidente se volcó en ataques constantes contra los asesores legales de los familiares.

López Obrador destruyó el poco avance que inició con su gobierno. Incrustó a su amigo, Rosendo Gómez Piedra, en sustitución de Gómez Trejo como fiscal de la UEILCA el 5 de octubre de 2022.

Gómez Piedra es acusado de utilizar recursos públicos para fines personales. Exigía dinero a su personal, pidiendo 20 por ciento del monto de los bonos de desempeño que él mismo asignaba. Fue denunciado por asignar vehículos y personal para asuntos personales, convirtiendo a empleados públicos en sus asistentes privados. Nunca tuvo independencia. Su salida se dio en mayo de este año por exigencia de los padres.

Si Gómez Piedra falló fue por órdenes de López Obrador.

Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, asegura que los encuentros con Sheinbaum Pardo han sido “insatisfactorios” porque no hay nuevas líneas de investigación.

“Estamos abandonando las líneas de investigación que nos costaron 10 años. Tenemos líneas de investigación con pruebas palpables, con argumentos y la presidenta piensa que con la nueva tecnología y no sé qué tanto ella va a sacar nuevas líneas, pero no es cierto”, dice don Mario.

Cuestiona que en menos de un año se contradijo con el retorno del GIEI, primero les dijo que sí los haría volver, pero después en una conferencia matutina dijo que no, que si se conforma un nuevo GIEI sería con nuevos integrantes, lo que para ellos no es conveniente.

“¿En qué cabeza cabe que nosotros queremos unos expertos nuevos para que nos den una información durante un año? Si están disponibles los expertos que puedan venir a arriar las líneas de investigación que costaron 10 años”.

Para don Mario, el gobierno actual continúa encubriendo a Aguirre Rivero e Iñaki Blanco y las investigaciones están girando entorno a la verdad histórica de Peña Nieto.

En vísperas de cumplirse los once años de la desaparición forzada de sus hijos, asegura que en el sexenio de López Obrador se desaprovechó la oportunidad de llegar a la verdad.

“Sí hubo la oportunidad de llegar a la verdad, desgraciadamente todas las líneas de investigación llegaban al Ejército, toparon con el Ejército y ahí ya no se pudo avanzar”.

¿Por qué cree usted que con el ejército se topó y ya no quiso avanzar Obrador?

“Porque se iba a descubrir tanta porquería que había en el Ejército, tanto con la Marina, Hay mucha más porquería dentro del Ejército que desafortunadamente tuvo más participación de la que nosotros creemos”.

¿Han pensado en poner un ultimátum a la presidenta para que dé resultados?

“Después de la jornada de lucha vamos a tener una reunión entre todos y creo que se va a tener que dar el ultimátum, porque no le veo chiste que otra vez empecemos como antes, más y más reuniones que ha determinado momento después va a servir para que nos ofendamos o sean infructuosas”.

El caso Ayotzinapa sigue más que vivo. La corrupción, el encubrimiento, la impunidad se han heredado entre gobiernos del PRI y Morena.

¿Cuál será el costo que pagará el Ejército por la protección política? Peor aún: ¿cuál es el costo que pagaremos los mexicanos por tanta impunidad heredada?

Chirrionazo

En el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes en Chilpancingo se vio el acarreo en su máxima expresión y los ejecutores de esto corrió a cargo de dos nuevos caciques de Guerrero: Félix Salgado Macedonio y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán.

Félix “movilizó” a funcionarios y trabajadores del gobierno del estado y Javier Saldaña a los estudiantes y trabajadores académicos y administrativos de la UaGro.

Saldaña y Félix bien que aprendieron las mañas de su anterior partido el PRI, en esto de “acarrear” a la gente a los mítines.