Chilapa: una década bajo el fuego
de Los Ardillos y el abandono del Estado
Arturo de Dios Palma
Chilpancingo
13 de mayo de 2026
Esta es una historia vieja de violencia, terror, omisión e impunidad. Es, también, la historia de pueblos que durante más de una década han aprendido a vivir atrincherados, siempre listos para defenderse.
Este es el último capítulo: la organización criminal Los Ardillos, durante seis días —del 6 al 11 de mayo—, atacó a los pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa.
Los criminales cercaron los pueblos, luego entraron y quemaron casas, cortaron la energía eléctrica y la telefonía. Les dispararon desde los cerros y les lanzaron explosivos desde drones artillados.
Los pobladores hicieron lo que pudieron: niñas, niños, mujeres y adultos mayores salieron huyendo hacia Alcozacán, la comunidad vecina. Tomaron lo que pudieron y salieron corriendo con las balas detrás.
Los Ardillos no se detuvieron; llegaron hasta Alcozacán y los volvieron a atacar.
Volvieron los disparos y los pobladores volvieron a huir aterrorizados hacia los cerros para protegerse.
En esta nueva ofensiva hubo un aviso. La mañana del 6 de abril, un grupo armado mató a cuatro albañiles en la comunidad de Xicotlán. Los armados se bajaron de la camioneta y dispararon contra Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario.
Bernardino y Ernesto Hilario eran hermanos y los cuatro eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), organizaciones que durante más de una década han resistido al acoso de Los Ardillos.
Isaías Morales era promotor del consejo y “defensor de la vida, tierra y del territorio”. Hace dos años solicitó medidas cautelares ante el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero le han negado el ingreso.
El Cipog-EZ denunció que la camioneta blanca blindada huyó hacia el crucero de El Jagüey, que lleva hacia los municipios de Mochitlán y Quechultenango, el bastión de Los Ardillos, justo donde ese día estaba instalado un retén militar.
Este nuevo ataque tuvo un saldo funesto: tres hombres asesinados, seis heridos, por lo menos cuatro desaparecidos, cientos de desplazados y decenas de viviendas quemadas.
La Federación, el gobierno del estado y el municipio, durante estos seis días, fueron un espectador más.
¿Por qué no actuaron? ¿Por qué permitieron que los niños y niñas sufrieran el terror? ¿Por qué no movieron un dedo para evitar que pueblos completos salieran huyendo? ¿Por qué los abandonaron?
A finales de agosto de 2014, en la comunidad de Rincón de Chautla, pobladores de pueblos de Chilapa, José Joaquín Herrera y Zitlala acordaron constituir su Policía Comunitaria, adherida a la histórica Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Estaban cansados de los robos, de los saqueos, de los asesinatos pero, sobre todo, del acoso de las autoridades.
Lo que detonó el surgimiento de la Policía Comunitaria fue el asalto y asesinato de seis campesinos que se dedicaban a comercializar maíz y frijol; el crimen ocurrió en un camino de la comunidad de Tlachimaltepec. Decidieron no denunciar el crimen ante el Ministerio Público (MP).
“Si llegan a atrapar a los delincuentes, salen libres bajo fianza y luego van contra los que denunciaron”, dijeron ese día.
En Rincón de Chautla, afirmaron, se habían presentado casos de violación contra mujeres que quedan solas porque sus maridos emigraron a trabajar, casos que tampoco habían denunciado al MP de Chilapa por desconfianza.
“Si en la noche te duermes, el delincuente se lleva el ganado; si logras reconocer al ladrón y lo denuncias al MP, antes de que tú llegues a tu casa él ya te está esperando”, denunciaron.
Bernardino Sánchez Luna fue nombrado como el primer coordinador regional de la Policía Comunitaria de la CRAC en Chilapa. Ese día dijo: “Hemos sufrido muchas cosas, no solo la delincuencia, eso para nosotros sale sobrando, sino que ahora el gobierno quiere quitarnos lo más importante que son nuestras tierras […] ya no vamos a permitir que nuestra gente sea llevada a la cárcel; si se comete un delito aquí lo tiene que pagar, bajo investigaciones claras”.
Continuó: “Nosotros vamos a cuidar al pueblo, porque la justicia del gobierno apesta. Conocemos la justicia que aplica el Ministerio Público y, por el simple hecho de que la gente indígena no habla el español, se le sentencia 10 o 20 años; por eso decimos que la justicia del gobierno apesta demasiado”.
Bernardino Sánchez sabía de lo que hablaba. Junto con su hermano David y Anacleto Luna Gaspar, Daniel Luna Martínez, Jordán Luna Virgenio, Heliodoro Luna Virgenio, Francisco Germán Hoxpango y Cornelio Germán Hernández, fueron detenidos el 10 de mayo de 2006 en Chilapa por la Policía Ministerial por un doble asesinato que no cometieron, sin una orden de aprehensión. Todos pasaron dos años y 10 meses en el penal de Chilapa.
Salieron libres porque nunca les pudieron comprobar que asesinaron a Pedro Rodríguez Castillo y a Eusebio Villalba Celedonio el 11 de abril de 2006. Pedro y Eusebio fueron asesinados a dos kilómetros del pueblo de Bernardino Sánchez.
Así surgió la Policía Comunitaria de Chilapa, porque los pobladores de esas comunidades se sentían solos, abandonados.
En los días del surgimiento, las organizaciones criminales Los Rojos y Los Ardillos libraban una cruenta disputa.
La Policía Comunitaria quedó en medio.
Tras su fundación, la Policía Comunitaria de la CRAC con lo primero que se enfrentó fue con Los Rojos, pero casi de inmediato, en el mismo territorio, surgió un grupo armado que se autodenominó Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia.
Este nuevo grupo no surgió en la zona rural, sino en la ciudad. Su presentación fue el 9 mayo de 2015: unos 300 hombres armados tomaron el control de la cabecera municipal de Chilapa.
Estuvieron cinco días; dijeron que iban a cazar al líder de la banda criminal Los Rojos, Zenén Nava Sánchez. Hicieron todo lo que quisieron: catearon casas, instalaron retenes, desarmaron a la Policía Municipal, patrullaron la ciudad y —al irse— se llevaron a 30 jóvenes de los que hasta ahora nada se sabe. Todo lo hicieron frente a los ojos de policías y militares.
Las autoridades vincularon a este grupo armado con Los Ardillos.
La disputa entre Los Ardillos y Los Rojos dejó huellas: el “Informe especial sobre la situación en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados que imperan en el municipio de Chilapa”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pone en cifras parte del terror que se vivió: de enero de 2011 a septiembre de 2018, tan solo en Chilapa fueron asesinadas 632 personas; 290 a balazos; 54 decapitadas; 51 degolladas, 20 desmembradas, 14 calcinadas, siete por asfixia, 17 por traumatismo y el resto, 153, no se identificó la causa.
El informe muestra cómo el horror fue en aumento: 32 asesinatos en 2011; 26 en 2012; 35 en 2013; 25 en 2014; 115 en 2015; 104 en 2016, y en 2017 la cifra se disparó: 277 asesinatos. Y a todo esto se le suman más de 300 personas desaparecidas.
En agosto de 2019, en un retén de la Policía Estatal, sin ningún disparo, fue detenido Zenén Nava. Los Rojos se diluyeron casi por completo y Los Ardillos se impusieron completamente en Chilapa.
Una década después de haber iniciado la disputa por Chilapa, Los Ardillos tienen un control casi absoluto; controlan la Policía Municipal, la extorsión, los precios pero, sobre todo, lo han logrado a través del ayuntamiento.
Cada vez se dice de manera más abierta: la alcaldesa, la priista Merced Carballo Chino, es la cuñada del líder de Los Ardillos.
Los Ardillos es un grupo familiar que opera en Guerrero desde hace más de tres décadas. Lo fundó Celso Ortega Rosas, La Ardilla, asesinado el 26 de enero de 2011 y, después de eso, el control recayó en sus hijos Celso y Antonio.
Hasta antes de 2014, Los Ardillos eran conocidos como productores de amapola y otras drogas que después vendían a otros grupos. A finales de 2013, decidieron conquistar nuevos territorios.
Ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) los ubica en la región Centro, la Montaña, parte de la Sierra y Acapulco.
Pero su bastión, la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango, es impenetrable.
Desde hace años no se sabe de una incursión policiaca o de actos de violencia. Es un territorio donde nada se dispone sin su voluntad, donde su presencia es casi omnipresente.
Alguien que ha seguido su crecimiento y sus operaciones es el vocero del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Ha registrado la presencia de Los Ardillos en 12 municipios: Chilapa, Zitlala, Tixtla, Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán, Atlixtac, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo, Mártir de Cuilapan, Acatepec y Zapotitlán Tablas.
Díaz Navarro lo tiene claro: Los Ardillos han logrado tanto poder por una razón: por su capacidad para corromper autoridades y comunidades enteras.
El vocero de Siempre Vivos dice que Los Ardillos tienen en su nómina a policías municipales de Mochitlán y Quechultenango, donde está su bastión, pero también tienen a su servicio a grupos de autodefensa que operan en Chilpancingo, Chilapa y Zitlala.
¿Cómo lo han logrado? Díaz Navarro responde sin titubear: por la operación política de Bernardo, uno de los hermanos de los líderes de Los Ardillos.
Esa operación política, dice Díaz Navarro, la hizo cuando en 2013 Bernardo Ortega se convirtió en presidente del Congreso de Guerrero.
El encumbramiento político y criminal de los hermanos Ortega Jiménez coincidió.
Sin embargo, cada vez que se le pregunta a Bernardo Ortega por sus hermanos, se deslinda de ellos; pero los cargos electorales que ha ganado siempre han sido en los territorios que controlan Los Ardillos.
El Cipog-EZ ha hecho la misma acusación. En octubre de 2022, en la carretera federal Chilapa-Tlapa, un grupo del consejo detuvo la caravana donde viajaba el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le contaron que desde hace años eran atacados por Los Ardillos “que encabeza Celso Ortega y su hermano el diputado Bernardo Ortega”, según reportó la prensa ese día.
Díaz Navarro ha seguido de cerca a Los Ardillos por una razón: los responsabiliza del asesinato de sus hermanos —Alejandrino y Hugo—, ocurrido en noviembre de 2014.
A Alejandrino y a Hugo se los llevaron hombres armados de la comunidad El Jagüey, en Chilapa, hacia Quechultenango, según las propias investigaciones de Díaz Navarro.
Durante tres días siguió a través del GPS la camioneta donde se los llevaron. El último momento que la tuvo localizable fue precisamente cuando se encontraba en la cabecera municipal de Quechultenango. Avisó a las autoridades, pero nadie se atrevió a incursionar al bastión de Los Ardillos.
Tres días después, los hermanos aparecieron cercenados en una camioneta incendiada estacionada en un camino rural de Chilapa.
A Los Ardillos les falta un territorio por controlar por completo: las 16 comunidades que defienden los policías comunitarios de la CRAC.
Hace tiempo, Bernardino Sánchez, uno de los fundadores de la Policía Comunitaria de la CRAC, explicó parte del porqué Los Ardillos han emprendido tanta crueldad contra sus pueblos.
Un día de 2016, 20 hombres con “cuernos de chivo”, empecherados, con granadas y encabezados por el presunto delincuente Constantino Chino, detuvieron a un grupo de policías comunitarios que él encabezaba. Quedaron de frente. Ninguno pudo evitarse. El líder criminal les hizo una propuesta: les entregaban armas y camionetas a cambio de que les permitieran pasar droga por todo el territorio comunitario.
Los policías comunitarios se negaron y, dijo Bernardino, vinieron las consecuencias.
Las consecuencias para los comunitarios y los pueblos han sido brutales: más de 70 pobladores asesinados, 25 desaparecidos y centenares de desplazados.
Y los que siguen en sus pueblos, su vida se ha reducido a lo mínimo: los niños no pueden ir a la escuela libremente porque recorrer los caminos es un riesgo; los hombres no pueden ir al campo a trabajar porque ahí los están cazando; nadie puede salir a comprar y los profesores y los médicos dejan de asistir cada vez que la violencia se suelta.
El acoso mantiene acorralados a todos esos pueblos; están secuestrados en sus propios pueblos.
Por ejemplo, de diciembre de 2018 a enero de 2019, los comunitarios denunciaron que 500 hombres armados rodearon la comunidad de Rincón de Chautla.
En diciembre de 2019, Los Ardillos entraron a la comunidad de Paraíso de Tepila; se llevaron a 12 personas, siete eran niños. El acoso terminó el 27 de enero, cuando los armados intentaron irrumpir en Rincón de Chautla. Los comunitarios los recibieron a balazos; 11 presuntos integrantes de Los Ardillos fueron asesinados.
En la carretera que conecta a las 16 comunidades se pasea libre el terror. Ha dejado huellas imborrables. Por ejemplo, en 2015 asesinaron de 13 disparos al candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa; uno le dio en el cráneo.
En 2018, hallaron en una casa abandonada a una precandidata a la diputación local muerta junto con dos tíos y un primo. O la masacre donde Israel Mendoza Pasado, un adolescente de 15 años, fue asesinado junto con otros nueve hombres integrantes de un grupo musical el 17 de enero de 2020, en la carretera Mexcalcingo-Chilapa, presuntamente a manos de Los Ardillos.
“Israel estaba estudiando la secundaria, quería estudiar la prepa en Chilapa y de ahí se quería dedicar a la música. Duele mucho que te quiten un hijo. Israel era muy buena gente, en la escuela se portaba bien, pero ahorita no quiero recordar; él era un angelito, ¿por qué le hicieron así?”, dijo en esos días María de Jesús, con el rostro cubierto por su rebozo, mientras esperaba que le entregaran el cadáver de su hijo.
Como un grito de auxilio, los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC presentaron públicamente a un grupo de niños armados. La acción causó una avalancha de críticas orquestadas desde el gobierno de Guerrero, en ese entonces encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores.
La acción acaparó la atención de casi todos, hasta de López Obrador, que habló de los niños armados; pero eso fue todo. Los pueblos siguieron desprotegidos, abandonados.
Esos dos hechos, la masacre y la presentación de los niños armados, cimbraron a muchos, incluida la propia Policía Comunitaria de la CRAC. Ahí se hizo visible la ruptura: se dividió en dos grupos. Los hermanos Sánchez Luna se replegaron a la comunidad de Ayahualtempa, en José Joaquín Herrera, y el grupo encabezado por Jesús Plácido Galindo, hijo de Cirino Plácido —ambos originarios de San Luis Acatlán, en la Costa Chica—, se estableció como base del Cipog-EZ en Alcozacán.
Ambas fracciones se acusaron de recibir dinero de parte del gobierno de Astudillo Flores para dejar de denunciar la masacre y dejar de presentar a los niños armados.
La división ha beneficiado a Los Ardillos. El 31 de octubre de 2025, el grupo de Ayahualtempa se enfrentó a balazos con la fracción del Cipog-EZ.
Esa vez, Bernardino Sánchez fue detenido y sometido a un proceso de reeducación.
El Cipog-EZ acusó al grupo de Ayahualtempa de haberse unido a Los Ardillos.
Bernardino Sánchez murió el 10 de marzo de este año mientras estaba sometido al proceso de reeducación. Una de las versiones dice que fue envenenado; el Cipog-EZ lo ha negado.
A Los Ardillos los ubican en por lo menos 12 municipios: Chilapa, Zitlala, Tixtla, Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán, Atlixtac, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo, Mártir de Cuilapan, Acatepec y Zapotitlán Tablas.
Estos municipios son vastos en recursos naturales: cuentan con bosques, mantos acuíferos, minerales y una gran superficie de tierra fértil para el maíz, la calabaza, las moras, las piñas, las lechugas, los rábanos, los jitomates, los ajos y las cebollas. Fértil, también, para el maguey, la mariguana y la amapola.
Pero más de dos mil hectáreas de su superficie ya están concesionadas a empresas mineras para que sean explotadas durante 50 años.
De acuerdo con información alojada en el portal de internet de la Secretaría de Economía (SE), de 2006 a 2013, en Ahuacuotzingo y Olinalá se otorgaron cinco concesiones.
En Ahuacuotzingo, en 2006 se otorgó la concesión con número de título 228263, para explotar 500 hectáreas, con un vencimiento hasta 2056.
Dos años después, en 2008, se otorgó el título de concesión número 231794, que permite la explotación de 300 hectáreas en el lote denominado San Martín y que concluye hasta 2058.
En 2012, la SE también otorgó la concesión número 239793 a la empresa Honorio Alcocer Rendón y Socios, para la explotación de un lote denominado Las Juntas, que culminará en 2062.
Y en 2013, se otorgaron dos concesiones para la empresa Minera el Patrón, S.A. de C.V., con títulos 242533 y 242534, con una superficie a explorar cercana a las dos mil hectáreas en el lote llamado 7 Leguas Fracción 4 y 5, en el municipio de Olinalá, que colinda con Ahuacuotzingo.
Sus conexiones entre cada uno de estos municipios son caminos rurales intrincados, solos, olvidados y poco vigilados. Pero también conectan con otras regiones.
Chilapa, el más grande en territorio y población, conecta con los municipios de Tixtla y Quechultenango, de la región Centro, y con el municipio de Acatepec, en la región de la Montaña. Su principal carretera lleva a Tlapa.
Ahuacuotzingo conecta con Copalillo, en la región Norte, y con Olinalá, de la Montaña. También una de las carreteras de Ahuacuotzingo que entronca con Olinalá lleva al poblado de Paso Morelos, que se acerca al estado de Morelos y a la Ciudad de México.
Zitlala, el más pequeño en población y presupuesto, comparte límites con Apango, en la región Centro, y con Copalillo, en la región Norte.
José Joaquín Herrera limita con Quechultenango, en la parte alta de ambos municipios, y además colinda con Acatepec.
Mientras que Atlixtac colinda con Tlapa, Zapotitlán Tablas y Acatepec; todos en la región de la Montaña alta. Todo este territorio está en disputa.
