Integrantes de colectivos y activistas sociales expresaron su preocupación por la grave crisis de derechos humanos que existe en Guerrero y la colusión de las autoridades con las organizaciones criminales que tienen permiso para asesinar y desaparecer a la gente que se opone a sus actividades ilícitas.

Esta narrativa la escuchó durante más de dos horas la integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, Ana Lorena Delgadillo Pérez, durante un taller que impartió en un salón de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG).

Los hechos registrados recientemente en los municipios de Chilapa, Atlixtac y Olinalá, en donde grupos criminales tienen sitiadas a comunidades indígenas, fue un tema que se ventiló en el encuentro.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que otra vez en Guerrero están prendidos “los focos rojos” por la situación de violencia y criminalidad que existe contra pueblos indígenas.

“Tenemos conocimiento que en las comunidades de Chilapa (Alcozacán, Acahuehuetlán, Tula y Xicotlán) cinco personas siguen desaparecidas y de lo que ocurrió ahí es por culpa de las autoridades que no hicieron nada para prevenir esta situación”, dijo el activista.

Pobladores de las cuatro comunidades denunciaron la inacción del gobierno, que no acudió con prontitud para frenar los ataques por parte de integrantes del grupo criminal de Los Ardillos, y que dejó un saldo de seis personas muertas, cinco desaparecidas y decenas de viviendas incendiadas.

Durante su exposición, Barrera Hernández contó que en la comunidad de Huitzapula, del municipio de Atlixtac, se vive una situación similar a las localidades de Chilapa porque también están sufriendo ataques de un grupo criminal.

Contó que Tlachinollan tiene documentado que en Huitzapula (donde operan Los Ardillos) hay seis personas desaparecidas desde hace seis años.

“Obviamente lo que está pasando en estas comunidades es por el control territorial donde las autoridades han dejado que el crimen organizado tome las riendas y a la gente la sigan desapareciendo”, refirió Barrera Hernández.

El activista contó también el caso de la comunidad de El Carrizalillo, del municipio de Zumpango de Neri, donde dos comuneros que defienden el territorio fueron desaparecidos por el crimen organizado que le cobra la cuota a una empresa que explota los recursos minerales de esa zona.

Según el director de Tlachinollan, las empresas extractivistas, junto con el gobierno, están coludidas con las organizaciones del crimen organizado en Guerrero.

Durante el taller, la activista Samantha Valeria Colón Morales denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha detenido a una persona que es pieza clave en la desaparición de su esposo Iván Vicente Suástegui Muñoz, quien fue privado de su libertad en agosto de 2021 en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco.

Incluso en abril de 2025, el dirigente del Consejo de Pueblos y Ejidos Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui, quien encabezaba las labores de búsqueda de su hermano Vicente, fue asesinado a balazos en la playa Icacos, en Acapulco.

“Ese fiscal (Zipacná Jesús Torres Ojeda) no sirve para nada porque no ha resuelto el caso de mi esposo ni tampoco el de Marco Antonio”, denunció Colón Morales.

La esposa de Vicente Suástegui dijo que el fiscal solo se la pasa en sus oficinas y no atiende a las víctimas.

El pasado martes, familiares de personas desaparecidas cerraron casi seis horas un carril de la Autopista del Sol para lograr que Zipacná Jesús Torres saliera de sus oficinas y les diera una audiencia.

Durante el desarrollo del taller impartido por Ana Lorena Delgadillo, Barrera Hernández dijo que, cuando en alguna comunidad ocurren hechos de violencia como los registrados en Chilapa, las autoridades siempre salen con la versión de que los acontecimientos “fueron por un conflicto de un grupo de la delincuencia con otro grupo de la delincuencia”.

“¿Pero si ya lo sabes, por qué no tomaste medidas de prevención? ¿Por qué no actuaste?”, cuestionó Barrera Hernández.

Para el activista, en Guerrero se ha normalizado la violencia con las desapariciones forzadas y los asesinatos.

Dijo que el gobierno no se puede desligar de la responsabilidad de las desapariciones forzadas ya que, según afirmó, los grupos del crimen organizado que llevan a cabo estas acciones actúan con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades.

David Molina Rodríguez, del colectivo de personas desaparecidas Lupita Rodríguez, afirmó que en Guerrero la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no tiene independencia porque está subordinada a la Secretaría General de Gobierno.

“Nos han impuesto a comisionados que no reúnen el perfil y, mientras quien esté al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda sea un primo o el amigo del titular del Poder Ejecutivo, en nada van a ayudar a los colectivos”, afirmó.

Los activistas que buscan a sus desaparecidos le dijeron a la integrante del Grupo de Trabajo de la ONU en temas de desapariciones forzadas que a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, le pidieron que su gobierno constituya una Comisión de Búsqueda independiente y, ante la falta de respuesta, interpusieron un recurso de amparo.

Neil Arias Vitinio, integrante del equipo jurídico de Tlachinollan, dijo que no se trata de que el fiscal Torres Ojeda les diga a los colectivos que tienen un espacio para hablar, sino de que cumpla con su papel de investigar las carpetas de investigación de los casos de personas desaparecidas.

La activista reveló que ella le da acompañamiento al colectivo Luciérnaga, el cual ha documentado 60 casos de personas desaparecidas en la región de la Montaña.

Arias Vitinio aseguró que en Guerrero hay muchas personas desaparecidas que son defensores de la tierra y del medio ambiente.

Tras escuchar los testimonios de los activistas, Ana Lorena Delgadillo consideró “preocupante” la situación de Guerrero sobre el tema de las desapariciones. 

Por ello, señaló que es importante que el informe que rindió recientemente sobre las desapariciones forzadas pueda ser una herramienta para que las autoridades estatales logren implementar o adecuar políticas públicas para los defensores de los recursos naturales, de la tierra y del medio ambiente que han sido desaparecidos o desaparecidas.

La integrante del Grupo de Trabajo de la ONU dijo que no existe una estadística del número de cuántos defensores y defensoras del medio ambiente están desaparecidos y desaparecidas en Guerrero, y le solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que recabe esa información.

De esta recomendación directa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, en su exposición no hizo alusión a la petición.

Y es que Narciso Gaytán ha sido señalada por los colectivos de búsqueda de desatender las denuncias de violaciones a los derechos humanos, y solo preocuparse más por acudir a actos públicos del gobierno estatal.

“Los pueblos indígenas, defensores de la tierra, de los recursos naturales y del medio ambiente que tienen a sus familiares desaparecidos están enfrentando a los grupos más poderosos a nivel global, que están coludidos con el crimen organizado que tiene gran influencia para coludirse con las autoridades y apoderarse de los recursos naturales”, expresó Ana Lorena Delgadillo para cerrar el evento.

En una pregunta que le hizo un reportero a la presidenta de la CEDHG sobre el caso de Chilapa, Narciso Gaytán contestó que este organismo le solicitó a las autoridades estatales aplicar medidas cautelares de protección a la población a los dos días de que estalló el conflicto, o sea, el 7 de mayo.

Sin embargo, un documento oficial de la CEDHG firmado por el segundo visitador, Fernando Esteban Ramírez, la fecha es del 11 de mayo, en el que expone la grave situación que prevalece en las comunidades indígenas derivado de los ataques de presuntos miembros de la delincuencia organizada contra la población.