Por: Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucen y Arturo de Dios Palma
En 2024, en Guerrero poblaciones enteras vivieron la brutalidad. El horror. Este año se desplegó por completo el catálogo de violencia: hubo días donde ciudades amanecieron tomadas por grupos armados; tardes donde la decapitación de un alcalde horrorizó a todos y noches donde las calles mostraron la bestialidad: como cuando en Chilpancingo dejaron once cadáveres desmembrados a la vista de todos.
En este año se vivió casi de todo: las principales ciudades como Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Zihuatanejo, pero también otras como Tecpan, Atoyac, San Jerónimo, Ayutla, Cuajinicuilapa y Teloloapan, se paralizaron por la violencia inclemente: se suspendieron las clases, el transporte público y el comercio.
Grupos armados masacraron a familias completas. Alcaldes salieron huyendo por amenazas y otros ni siquiera pudieron asumir el cargo. Pese a todo, la reacción de las autoridades fue casi nula, hubo municipios donde esas mismas autoridades en lugar de proteger a los ciudadanos se convirtieron en los verdugos.
Taxco es el ejemplo más claro de eso: los policías municipales asesinaron, desaparecieron y extorsionaron a la población.
Al mando, según una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), estuvo el ahora ex alcalde, Mario Figueroa Mundo.
Como el ex alcalde de Taxco siguen muchos en Guerrero.
David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, lo dice sin atajos: en Guerrero urge una operación federal Enjambre, como la que se implementó en el Estado de México donde fue detenida una alcaldesa y mandos policiacos.
Saucedo explica que las autoridades —desde el gobierno estatal, hasta los ayuntamientos— pactaron con las organizaciones criminales en los procesos electorales para llegar a los cargos.
“La anterior alcaldesa de Chilpancingo (la morenista Norma Otilia Hernández Martínez) y el alcalde (el perredista Alejandro Arcos Catalán) lamentablemente asesinado, decapitado, en algún momento tuvieron algún tipo de contacto con las mafias criminales, esto en función de que éstas tienen una base social de apoyo y pueden movilizarse para actividades electorales o de tipo político, como marchas, bloqueos, manifestaciones”, dice el especialista.
Estos acuerdos, dice Saucedo, impiden que las autoridades combatan a las organizaciones criminales.
“Tenemos gobiernos locales que no pueden combatirse a sí mismos porque ellos también forman parte de esta red político-criminal, entonces esto dificulta mucho el panorama en Guerrero”.
El especialista considera que por el momento el gobierno federal no implementará una operación Enjambre en Guerrero porque eso estaría “erosionando sus bases de sustentación”.
“El propio Morena para obtener el control del estado llegó a acuerdos, los alcaldes, la actual gobernadora llegaron a acuerdos y entendimientos con los grupos criminales, entonces se les dificulta enfrentar a los grupos criminales porque recibieron el respaldo y el apoyo económico de ellos”.
Lo que dice Saucedo se puede materializar con varios ejemplos. Volvamos a Taxco. A casi un mes de que Figueroa Mundo dejara la alcaldía, la FGE junto con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementaron una operación en la comandancia de la Policía de Taxco, detuvieron a diez agentes, todos acusados de desaparición forzada y homicidio, entre ellos el subdirector de la corporación, Cristofer Guillermo Rodríguez.
El secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, “La Sombra”, huyó y está prófugo.
Durante el gobierno de Figueroa Mundo esa ciudad se convirtió en un lugar imposible, de terror.
Era un secreto a voces la forma en que Figueroa Mundo llegó al poder. Se documentó cómo la Familia Michoacana presionó a decenas de comisarios y pueblos enteros para que votaran por el ahora ex alcalde. Eso tuvo un precio: durante la administración de Figueroa Mundo esta organización criminal endureció su presencia, estaba metida casi en todo: tomaron el control de los productos de la canasta básica, impusieron los precios y su distribución.
Toda la población sufrió la extorsión. Los asesinatos y las desapariciones aumentaron como nunca. Desaparecieron policías, trabajadores del ayuntamiento e, incluso, reporteros.
Figueroa Mundo es buscado por la fiscalía, hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada.
En Guerrero, ¿qué se debe combatir primero? ¿A las organizaciones criminales o a las autoridades?
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Guerrero es un polvorín: operan, según un mapa elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, 16 organizaciones criminales, además de otros 12 grupos de autodefensas, más todos los policías, soldados y marinos desplegados por toda la geografía.
Toda esta pólvora es acechada por la chispa de la complicidad, cada vez más visible, entre las autoridades con el crimen.
Este año, Guerrero volvió a los primeros lugares en la lista de homicidios dolosos. Hace tres años se ubicaba en décimo, ahora está en quinto. El mejor catalizador de la violencia en Guerrero es Acapulco.
La tendencia de homicidios dolosos en este año en el puerto va en aumento. El primer semestre fue el más violento en los últimos seis años. Y se vio en las calles. Julio recordó los peores momentos: las organizaciones criminales hicieron una carnicería: tiraron por lo menos 17 cadáveres desmembrados en las calles.
Desde hace un año, en Acapulco están desplegados 10 mil soldados de la Guardia Nacional y se construyen 20 cuarteles, sin embargo la violencia no cesa. Entre empresarios y la población la constante queja es que la actuación de los guardias en los hechos de violencia sólo es para resguardar cadáveres.
El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Gabino Solano ha considerado que la Guardia Nacional tendrá éxito hasta que se integre una estrategia local.
Emma Mora Liberato es integrante del colectivo Familiares en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco. Busca a su hijo Alberto José Tellez Mora de 14 años que fue secuestrado el 20 septiembre del 2011 y que hasta ahora no tiene ningún indicio de dónde podría estar.
—¿Por qué no se detiene la violencia en Acapulco?
—Porque prevalece la impunidad. La impunidad es el factor número uno, la corrupción es otro factor. La indolencia, es otro. Y la negligencia de las autoridades. La impunidad ha fortalecido a esos grupos, se sienten tan poderosos porque saben que no los van a detener. Hacen lo que hacen porque nadie les pone un alto.
La operación de las organizaciones criminales convirtió a Acapulco en un hoyo negro: hay cientos de desaparecidos, sobre todo jóvenes. Mora Liberato explica que los jóvenes de entre 16 a 24 años son los que más están siendo desaparecidos.
Y algo peor: su colectivo ha registrado que a partir de 2021 se está incrementando el número de mujeres que están siendo desaparecidas: niñas y jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad.
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En 2024, Chilpancingo, Taxco, Acapulco, Teloloapan, Ayutla, Cuajinicuilapa, Tecpan, Atoyac y San Jerónimo se paralizaron por la violencia. Por semanas en estos municipios se suspendieron las clases, el transporte público y el comercio se vio mermado.
En los primeros cuatro municipios la parálisis estuvo relacionada con la extorsión que generan las organizaciones criminales en los sectores productivos.
En Chilpancingo, Acapulco y Taxco el rompimiento de su cotidianidad se vino después de ataques y amenazas contra el transporte público. La razón: la exigencia de un pago pero también para que hicieran funciones de vigilantes. Sectores como de las tortillerías sufrieron lo mismo.
En muchos municipios, las organizaciones criminales han tomado el control de la distribución de los productos de la canasta básica, así como sus precios.
Ese modelo de control lo implementó inicialmente la Familia Michoacana en la región de la Tierra Caliente, ahí desde hace más de una década controlan casi todo: productos, precios y distribución y cada vez influyen más en las elecciones.
El director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, considera que en Guerrero parece que están buscando imponer el modelo de Tierra Caliente en todas las regiones.
La Familia Michoacana es una de las organizaciones criminales que más se ha expandido, su territorio “tradicional” era la Tierra Caliente pero que en los últimos tres años está disputando las regiones Centro, Norte, Acapulco, la Costa Grande y la Sierra.
¿Cómo han logrado las organizaciones criminales tanto control en Guerrero?
Saucedo explica que esos dominios, las organizaciones criminales lo han logrado con el apoyo de las estructuras gubernamentales y policiales. Y, al mismo tiempo, dice el especialista, han construido una base social en los territorios que dominan.
Eso se ha convertido en una fórmula ganadora para criminales y políticos: las autoridades ceden los territorios, los criminales los rentabilizan a través de la extorsión y luego viene el pago de esos favores en las elecciones.
¿Cómo es el pago? Con dinero y con la movilización o cooptación, según sea la necesidad, de los votantes.
La complicidad lo ha enredado todo. Saucedo afirma que las organizaciones criminales han ido sustituyendo las funciones de las autoridades, como la entrega de ayudas y con eso han construido su base social, grupos de vecinos que están dispuestos a salir a las calles para defender a los criminales que les resuelven problemas de salud o económicos.
“La base social de apoyo con la que cuentan estas organizaciones aumenta el costo de sangre que podría implicar la detención de alguno de estos líderes regionales, por eso no actúa el gobierno federal”.
—¿Hay alguna alternativa para salir de todo esto en Guerrero?
—Tendría que haber la desaparición de poderes, hay algunos ayuntamientos en los que se sabe que hay una alianza político-criminal. Se necesita un operativo Enjambre donde se capture a jefes policíacos, regidores, alcaldes, síndicos.
Mientras sigan tratando únicamente de detener a las estructuras criminales, sin tocar a las estructuras políticas y policiales, sólo se repite el mismo esquema que tenemos hasta hoy.
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En estos tres años, los Salgado han replicado el cacicazgo de los Figueroa.
En la década de los setentas en Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa ejerció un cacicazgo porque desde el poder mandaba matar o desaparecer a campesinos y estudiantes con la complicidad del Ejército. Era dueño de vidas y del erario.
En estos 50 años que Guerrero fue gobernado por un personaje siniestro como Figueroa Figueroa, han surgido políticos que detentan el poder y que tienen esas mismas características en diversas formas.
Sin duda Figueroa Figueroa, a quien le gustaba que le dijeran “El tigre de Huitzuco”, fue el maestro en cuanto a ejercer el cacizcago.
Hoy Guerrero es gobernado por Morena y aunque a la cabeza constitucionalmente figura Evelyn Salgado Pineda, quien ejerce el poder es su padre, Félix Salgado Macedonio.
Si a Figueroa Figueroa le decían “El tigre de Huitzuco” a Salgado Macedonio quien desde 1988 se ha mantenido en la política como diputado federal dos veces, alcalde de Acapulco, líder estatal partidista (PRD), tres veces senador, se auto propuso el mote de “El Toro sin cerca” porque según él, nadie lo detiene.
“No soy cacique”, dijo Salgado Macedonio en una reciente entrevista con reporteros a quienes les alegó que constitucionalmente nada le impide ser candidato a gobernador en las elecciones del 2027 para suceder a su hija.
Los guerrerenses podrían tener 12 años consecutivos gobernados por los Salgado.
El mote “cacique” viene desde la época colonial de la llamada Nueva España y describe a personajes que toman las decisiones en una comunidad y que eligen entre sus familiares (hijos, nietos, bisnietos) y allegados para los cargos públicos.
¿Acaso Salgado Macedonio no le propuso al expresidente Andrés Manuel López Obrador que su hija lo reemplazara en la candidatura a la gubernatura?, ¿acaso no fue Salgado Macedonio el que designó a los funcionarios del gabinete de su hija?
Si bien es cierto Salgado Macedonio es el artífice de la operación política para que su hija fuera la candidata y diseñó a su gabinete, no se le puede eximir de responsabilidad a Salgado Pineda del desastre político, social, económico y de violencia que existe en Guerrero.
En estos tres años de gobierno, la inacción de Salgado Pineda para atender los problemas ha sido patético.
Este año hubo cuatro grandes casos en los que Salgado Pineda en lugar de dar la cara se escondió: el feminicidio de la niña Camila; el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta; el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán y la desaparición de 17 vecinos de Chautipan y la localización de once de ellos desmembrados. En todos, la gobernadora rehuyó de la escena pública.
Lo que este año la familia Salgado consolidó fue su control de los poderes legislativo y judicial, con el nombramiento de Jesús Urióstegui García como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local y como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del magistrado Ricardo Salinas Sandoval.
Y no es que sus antecesores tuvieran una actitud contra el gobierno estatal, pero la visión de Salgado Macedonio es de poder y control absoluto.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez ambiciona en 2027 ser la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco.
El desmedido protagonismo de Citlali en medios de comunicación comenzó a causar urticaria en un gobierno donde los únicos protagonistas son dos: a Salgado Macedonio y a su hija.
Tal vez ese no era un problema directo para los Salgado, pero lo fue cuando Calixto Jiménez se mostró como parte del grupo de Jacinto González Varona, el dirigente estatal, quien también desea la candidatura por la gubernatura.
Para controlar y debilitar a los futuros contrincantes en el Congreso de Guerrero, los Salgado impusieron a un cercano que defienda sus intereses, Jesús Urióstegui García, que también ambiciona gobernar Chilpancingo en 2027.
El ex jefe de la Oficina de la gubernatura ya demostró que está dispuesto a todo para apoyar el proyecto de 12 años en el gobierno de Guerrero a los Salgado.
En estos meses, Urióstegui García al frente del legislativo se ha dedicado a legitimar a la mandataria y negociar económicamente con las demás fracciones y compañeros de partido.
Por otra parte, la llegada de Ricardo Salinas Sandoval, obedece a la malas decisiones que tomó su antecesor Raymundo Casarrubias Vázquez en el presupuesto, ese es el reproche de sus compañeros magistrados y fue la vía para que el TSJ tenga ahora a un allegado de los Salgado dirigiéndolo.
¿Para qué les sirve tener el control del Congreso y del TSJ a los Salgado?, ¿qué habrá de diferencia ahora que controlan los tres poderes de Guerrero?, ¿habrá mejor disposición de servir al pueblo, de legislar leyes necesarias como la de desaparición forzada o acelerar la justicia en la entidad?
Creemos que no servirá más que a sus intereses.
Urióstegui García como cabeza del legislativo se ha mostrado como un personaje obediente de lo que le instruyan en Casa Guerrero; alguien que ha contenido al grupo de legisladores locales de González Varona y controlado a una disque oposición endeble.
Por otra parte, el control del TSJ es mucho más complejo y, poco a poco, los Salgado lo pretenden cooptar para un objetivo a futuro: impunidad.
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Otra de las debilidades del gobierno de Salgado Pineda fue la violencia contras las mujeres.
En 2021 después del caso de un matrimonio forzado que retumbó a nivel nacional, a Salgado Pineda se le ocurrió mencionar que Guerrero se convertiría en un “santuario para las mujeres”.
Tres años después, en marzo de este 2024, el feminicidio de la niña Camila de ocho años en Taxco y el linchamiento de su presunta agresora Ana Rosa, demostró que no se ha hecho nada para alcanzar ese estatus: de poco o nada sirvió su transporte, sus tarjetas, el protocolo ni la aplicación violeta.
El caso Camila demostró la inoperancia, la omisión, la negligencia, lo ausente e indolente de las autoridades.
Este doble homicidio evidenció la incapacidad del Estado para sancionar a quienes arremeten contra la integridad de las mujeres y las niñas.
De acuerdo con el Monitor de violencia de género en el Estado de Guerrero, de enero a diciembre de 2024 han registrado 171 homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio.
Acapulco lidera con 84 homicidios con presunción de feminicidios, Chilpancingo 30, Iguala nueve, Chilapa siete, Tlapa cinco y Zihuatanejo con cuatro.
En su reciente informe, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó que no ha cambiado en regiones donde se sostiene sistemáticamente esta violencia contras las mujeres y niñas.
De octubre de 2023 a este 2024, Tlachinollan ha acompañado legalmente a seis niñas ñuu savi y me’pháá víctimas de matrimonio forzado.
En su informe destacó el caso de Rosalía, de 14 años, originaria de la comunidad de San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatónoc.
Los consuegros acordaron el matrimonio de Rosalía con Oscar de 16 años, originario de la comunidad de Francisco I. Madero. La pareja se quedó a vivir en la casa de Marcelina, madre de Rosalía, en la comunidad de San Juan Puerto Montaña.
En junio de 2024, Oscar y Rosalía se fueron a trabajar en el corte de chile a la comunidad de Jiménez, Chihuahua.
Sin embargo, en septiembre Rosalía volvió con su madre y le contó que Oscar la maltrataba, además de que le quitaba todo el dinero que ganaba en el trabajo.
Ante esta situación, Marcelina pidió la intervención de la Comisaría de San Juan Puerto Montaña para exigirle a Oscar que devolviera una parte del dinero que Rosalía ganó con esfuerzo en Chihuahua, pero se negó.
Rosalía trabajó un mes y 24 días por los que ganó 14 mil 195 pesos, cantidad que su mamá reclamó. Además, Rosalía suplicó no volver a vivir con Oscar, porque era muy violento. Refirió que en una ocasión llegó a golpearla y que hasta el hermano de éste se sumó a la agresión.
Rosalía dijo que Oscar se molestó porque ella exigía que se repartieran el dinero que ganaban entre los dos, ya que necesitaba comprar sus artículos personales.
El caso Camila y el narrado por Tlachinollan ejemplifican que Guerrero está lejos de solucionar la violencia de género y que las dos alertas existentes puedan concluir en 2025 como lo planteó hace unas semanas la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón.
Tlachinollan consideró además que la Fiscalía General del Estado tiene un subregistro especialmente de los feminicidios debido a que las carpetas de investigación no se califica el hecho como tal y optan por tipificarlos como homicidios simples, dolosos y calificados.
Ese subregistro tiene como finalidad política ocultar los altos índices de feminicidios en el estado y aparentar que han descendido, indicó Tlachinollan.
Según las cifras más actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a octubre de 2024, Guerrero ocupa el lugar 14 en el país con 19 feminicidios.
Tlachinollan sostiene que Evely Salgado se aprovecha de ese subregistro y destaca que se debe a la implementación de políticas públicas que garantizan la seguridad y bienestar de las mujeres, pero esos índices no coinciden con la realidad.
“Hasta este momento en los ocho municipios de Guerrero que tienen la Alerta por Violencia de Género y la Alerta por Agravio Comparado decretada el 5 de junio de 2020, no se han visto resultados tangibles que reviertan la violencia feminicida y las desapariciones forzadas cometidas por particulares en agravio de mujeres y niñas, así como los matrimonios forzados en comunidades indígenas”, reprocha la ONG.
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Este 2024, el descontrol del gobierno en Guerrero se reflejó especialmente en Acapulco, que en menos de un año vivió el desastre por dos huracanes con características distintas: Otis y John.
Lo que Otis destruyó y la población con esfuerzo comenzaba a levantar, John terminó por arrebatárselo nuevamente: las consecuencias de una mala planeación política de apoyo económico directo terminó por deteriorar Acapulco.
Este año, antes y después de John, la cotidianidad se convirtió en protestas y bloqueos principalmente por damnificados que exigían el censo y la entrega de apoyos.
Acapulco está hundido completamente: desastre naturales, corrupción, violencia, falta de empleo, falta de turismo, poca inversión gubernamental, servicios públicos mediócres, el golpe a la organización colectiva por parte del gobierno federal y grandes poblaciones de pobreza son el caldo de cultivo perfecto para la crisis que enfrenta.
¿Cómo resolver el desastre, la violencia y la pobreza extrema de Acapulco? Las autoridades han tomado de moda la frase atacar las causas, pero en ninguna de sus políticas se observa disminuir el mayor número de personas en situación de pobreza extrema en el país.
Acapulco en 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registró a 126 mil 672 habitantes en condición de pobreza extrema y fue noveno lugar con mayor número de personas en situación de pobreza con 394 mil 861.
Es decir, de una población de 757 mil 367 habitantes para ese año, el 16.73 por ciento vivía en pobreza extrema y el 53.14 por ciento en pobreza.
Si el puerto tenía esos números antes de dos huracanes, toma sentido que el gobierno federal hace todo lo posible por desaparecer al Coneval y así ofrecer cifras acorde a sus políticas y decisiones.
Este año cierra como el más violento en lo que va del sexenio de Evelyn Salgado Pineda: mujeres y hombres, pero también entre ellos menores de edad; estudiantes, campesinos, comerciantes, empresarios, transportistas, candidatos, alcaldes y un magistrado entre las miles de víctimas. Todo indica que esta lucha por el poder entre los grupos políticos, económicos y delincuenciales continuará en 2025 con miras a la sucesión de la gubernatura.
